BUENOS AIRES,  29 de Julio de 2010.

 

RESOLUCIÓN Nº  16.374

 

                                                                             

                        VISTO el Expediente N° 1180/2010 rotulado: “PAPEL PRENSA s/ DENUNCIA DE SINDICOS TITULARES EN REPRESENTACION DEL E.N. c/ COMITÉ EJECUTIVO”, lo dictaminado por la Subgerencia de Fiscalización Jurídica a fs. 287/296 y fs. 297/301  y por la Gerencia de Investigaciones y Prevención del Lavado de Dinero a fs.  302/ 305 y,

                       

                        CONSIDERANDO:

                        Que las presentes actuaciones se iniciaron por denuncia de los Dres. Daniel Gustavo REPOSO y Agustín Carlos Alberto TARELLI, en su carácter de síndicos titulares en representación del Estado Nacional en la Comisión Fiscalizadora de PAPEL PRENSA S.A. [se entiende PAPEL PRENSA S. A. I. C. F. y M.], por severas irregularidades en el funcionamiento del Comité Ejecutivo de la empresa, puesto que desde el año 1992 sus integrantes no han adoptado resolución ni confeccionado acta alguna de las deliberaciones del  órgano colegiado, con las formalidades de los libros de comercio.

                        Que –según la denuncia- no obstante la absoluta inactividad registrada durante más de dieciocho (18) años, “sus miembros han percibido los honorarios aprobados por las respectivas asambleas generales ordinarias, en pago de los servicios que no prestaron, configurando ello verdaderos pagos sin causa, y el consiguiente perjuicio patrimonial para la sociedad” (Textual fs. 1).

                        Que la directora de la emisora en representación del Estado Nacional Lic. Beatriz PAGLIERI, integrante del Comité Ejecutivo de la empresa, puso en conocimiento de los denunciantes copia del “Libro de Actas para Reuniones del Comité Ejecutivo N°1” que pertenece a Papel Prensa S.A. Industrial Comercial. Forestal y de Mandatos,  con domicilio en Bartolomé Mitre 739 4° piso, que consta de doscientos cincuenta páginas”, caratulado por el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial de Registro de la Capital Federal bajo el expediente B 07316.

                        Que los denunciantes destacaron, que la última acta del libro antes referido es la N° 92, correspondiente a la reunión llevada a cabo el 24 de junio de 1992, transcripta a fs. 215/216, encontrándose en blanco las fojas subsiguientes.

                        Que de igual forma señalaron que “de la compulsa efectuada de los antecedentes, no existe constancia de resolución adoptada por el mencionado Comité, después de la última reunión del 24 de junio de 1992” y que “no obstante la falta de actividad en cada uno de los ejercicios mencionados, dicho cuerpo fue debidamente integrado…”, mencionando “a posteriori” el listado de su composición en los últimos años, el que se encuentra transcripto a fs. 2/3 y 9/14.

                        Que de acuerdo a lo indicado por los denunciantes: existe gravedad institucional dada la inactividad detectada desde el 24 de junio de 1992 hasta el presente, de un órgano permanente de la sociedad, que tiene a su cargo  según el artículo 14 del Estatuto Social “la gestión de los negocios ordinarios de la sociedad bajo la vigilancia del Directorio”, percibiendo sus integrantes, sin causa, los honorarios establecidos para el pago de servicios que no prestaron.

                        Que como constancia de la denuncia presentada, adjuntaron copia del “Libro Actas para Reuniones de Comité Ejecutivo N° 1” de la sociedad de referencia, el cual se encuentra agregado a fs. 18/234 de las presentes actuaciones.

                        Que a fs. 235/6 la Gerencia de Investigaciones y Prevención del Lavado de Dinero, determinó el inicio de las actuaciones, y dispuso un conjunto de medidas tendientes a acreditar la verosimilitud de la denuncia, como a la autenticación de la documentación aportada como prueba documental.

                        Que así se procedió a la ratificación de la denuncia, la cual tuvo lugar a fs. 242 en la que se agregó (fs. 241) la nota de la Lic. Beatriz PAGLIERI  en la cual puso en conocimiento de la Comisión Fiscalizadora de la sociedad, el estado del Libro de Actas de Reuniones del Comité Ejecutivo N°1.

                        Que asimismo, se practicó  una verificación en la sede de la emisora a fin de autenticar la documentación aportada, labrándose el acta respectiva a fs. 247/8, comprobándose que las copias obrantes en el expediente se correspondían en cuanto a su autenticidad con las obrantes en el original verificado, dejándose constancia que el libro compulsado era el único libro de reuniones del Comité Ejecutivo de la sociedad.        

                        Que en principio, a los efectos del análisis del hecho denunciando, ésta COMISION NACIONAL DE VALORES (CNV) no ha de abrir juicio con relación a la presunta “falta de actividad” (textual fs. 2) por parte del Comité Ejecutivo, o a la “percepción sin causa de honorarios establecidos para el pago de servicios que no se prestaron”, debe tenerse en cuenta que el Comité Ejecutivo constituye un órgano colegiado y facultativo tiene a su cargo la gestión de los negocios ordinarios.

                        Que es precisamente la Ley de Sociedades Comerciales (LSC) en su art. 269 la que permite su creación cuando establece que “El estatuto puede organizar un comité ejecutivo integrados por directores que tengan a su cargo únicamente la gestión de los negocios ordinarios. El directorio vigilará la actuación de ese comité ejecutivo y ejercerá las demás atribuciones legales y estatuarias que le correspondan”.

                        Que el legislador al introducir en el texto legal el instituto referido, tendió a facilitar y descongestionar la administración de las sociedades anónimas, por medio de un recurso técnico que brinda servicios a las empresas de gran envergadura, destacándose que el mismo “no es un órgano distinto y diferenciado del directorio, sino una parte de éste”.                                               Que es indudable que el Comité Ejecutivo solo puede funcionar si su organización ha sido expresamente prevista por los estatutos, en forma colegiada y exclusivamente por directores.

                        Que el estatuto social de PAPEL PRENSA S.A.I.C.F. y de M. (ID 4-34680-D) estableció en su artículo 14: “El Directorio tiene todas las facultades para administrar y disponer de los bienes, incluso aquellas para las cuales la ley requiere poder especial conforme a los artículos 1881 del Código Civil y 9 del Decreto Ley 5965/63. … Asimismo se crea un Comité Ejecutivo compuesto de cinco miembros, uno de los cuales será director propuesto por el Estado Nacional. Los cuatro restantes serán designados por los accionistas de la clase “A”, que tengan la calidad de garantes mancomunados y solidarios del contrato de adjudicación. Decaída esta responsabilidad, sólo conservará calidad de miembro nato del Comité Ejecutivo el director propuesto por el Estado Nacional, debiendo elegirse por el Directorio y entre los miembros titulares, los restantes integrantes del Comité Ejecutivo. Funcionará con la presencia de tres (3) de sus miembros y resolverá por la mayoría de votos. Tendrá a su cargo únicamente la gestión de los negocios ordinarios de la sociedad bajo la vigilancia del Directorio. Su remuneración será fijada por la asamblea e imputada a gastos generales”.

                        Que tratándose entonces de un órgano colegiado, es alcanzado por las disposiciones del art. 73 de la ley 19.550 que dispone  “Deberá labrarse en libro especial, con las formalidades de los libros de comercio, acta de las deliberaciones de los órganos colegiados. Las actas del directorio serán firmadas por los asistentes. Las actas de las asambleas de las sociedades por acciones serán confeccionadas y firmadas dentro de los cinco (5) días, por el presidente y los socios designados al efecto”.

                         Que por ello NISSEN indica que “la naturaleza del órgano que se estudia impone que sus integrantes lleven un libro de actas, en los términos del artículo 73, LSC, donde debe dejarse constancia de los acuerdos tomados, lo cual, permitirá al directorio vigilar su actuación” (Ley de Sociedades Comerciales  Buenos Aires, Ed. Abaco 1995 T. 4 pag. 351).

                        Que en el mismo orden de ideas HALPERIN, señaló que el comité de referencia “es órgano de integración plural, colegiado, por lo que funcionará con el quórum y resolverá con la mayoría que establezca el estatuto que lo organiza, para los asuntos que requieran decisión colectiva, ya que a su vez puede delegar en uno de sus integrantes la ejecución de sus decisiones. Deberá labrar acta de sus reuniones (art. 73 parr. 1°), pudiendo asistir los demás directores, con voz pero sin voto, en razón de la responsabilidad por el obrar del comité (art. 269), así como también deberá asistir el síndico (art. 294 inc. 3°) y el consejo de vigilancia en su caso (art. 281 inc. g)” (“Sociedad Anónima” Buenos Aires, Depalma.1998 pag. 508).

                        Que vale recordar que el Directorio societario, no diluye su responsabilidad por la designación de un Comité Ejecutivo, al que debe vigilar al mismo tiempo que ejerce las funciones que no le pueden ser delegadas. La responsabilidad que mantiene el Directorio se funda en que no se modifican sus funciones en cuanto a vigilancia, adquiriendo responsabilidades por el ejercicio de ella y por la elección de los miembros del Comité formalizada en su seno (RICHARD – ESCUTI (h) – ROMERO, en Manual de Derecho Societario, página 300).

                        Que  teniendo presente tanto los hechos que dieron origen a estas actuaciones como las constancias de la presente investigación, se reitera que no se habrá  de abrir juicio con relación a la presunta “falta de actividad” (textual fs. 2) o a la percepción “sin causa de honorarios establecidos para el pago de servicios que no se prestaron…” (textual fs .4), por parte de los miembros del Comité Ejecutivo -señalado por los denunciantes-, por considerar que dichos hechos no han sido acreditados en forma específica con las pruebas hasta aquí colectadas, pudiéndose inferir,  por el momento, la falta de cumplimiento de las formalidades de asiento en el libro de actas del Comité Ejecutivo.

                        Que dada entonces la específica actuación que le corresponde a la CNV en orden a las facultades que le otorgan las disposiciones de los arts. 6° y 7° de la Ley N° 17.811 y art. 1° inc.c) de la Ley N° 22.169 se advierte ante la falta de transcripción de las actas de deliberaciones por parte del Comité Ejecutivo de “PAPEL PRENSA S.A.-desde el 24.06.1992 hasta el 12.07.2010-, la posible infracción a lo dispuesto por el artículo 73 de la Ley N° 19.550 al no haberse dado estricto cumplimiento a las formalidades que dicha normativa exige para los órganos colegiados.

                        Que en atención a lo expuesto, se impone evaluar la conducta de los administradores de la sociedad en los términos del artículo 59  en función del art. 269 de la Ley Nº 19.550, dado que los mismos debieron obrar con la diligencia de un buen hombre de negocios, para controlar y vigilar la actuación del Comité Ejecutivo.

                        Que la pauta de conducta referida a la diligencia del “buen hombre de negocios”, en la actualidad, no se conforma con que el administrador de la sociedad actúe como un buen hombre común, sino que le exige una especial aptitud profesional. El buen hombre de negocios no es ya un ciudadano medio, sino que es una persona con aptitud profesional específica para el tipo de negocios que tiene a su cargo, medida que es común encontrar en personas que administran negocios de igual o parecida naturaleza (ZALDIVAR, Enrique y otros “Cuadernos de Derecho Societario” T. I Macchi Bs. As. 1973 Página 305).

                        Que este criterio de apreciación constituye un cartabón o estándar jurídico para apreciar la debida diligencia del director en el desempeño de sus funciones, precisando la obligación que el art. 902 del Código Civil impone al obrar,  que establece “cuanto mayor sea el deber de obrar con prudencia y pleno conocimiento de las cosas, mayor será la obligación que resulte de las consecuencias posibles de los hechos”.

                        Que asimismo dicha conducta, también se exige al órgano de fiscalización, el cual debe obrar de igual modo en el ejercicio de sus funciones conformando un verdadero “órgano de control” en atención a las especiales funciones que  la ley le asigna, como la de fiscalizar la administración de la sociedad, pudiendo examinar los libros y documentos, siempre que lo juzgue conveniente, por lo menos una vez cada tres meses, y sobre todo “vigilar” que los órganos sociales den debido cumplimiento a la ley, estatuto, reglamento y decisiones asamblearias (art. 294 inc. 1° LSC).

                         Que “vigilar”, de acuerdo a la acepción utilizada por el art. 294 inciso 9° de la LSC no es una función estática, sino dinámica que impone a los síndicos el deber de recabar las medidas necesarias para verificar la existencia de irregularidades o bien que los órganos sociales den efectivo cumplimiento a las obligaciones que tienen a su cargo.

                        Que respecto de la Comisión Fiscalizadora no se exige un control sobre la gestión de la administración, ni se requiere la emisión de un juicio sobre la pericia demostrada por el órgano de administración, sino únicamente la fiscalización del cumplimiento debido y oportuno de las normas (vgr. Resolución CNV N° 15.111 “Plusdiner S.A”, y  “Resolución CNV N° 15.039 CINBA”, entre otras).

                        Que tampoco aparecerían ajenos al reproche los integrantes del Consejo de Vigilancia por constituir un órgano de control, que entre sus funciones específicas se encuentra la de fiscalizar la gestión del Directorio, y/o vigilar la ejecución de sus decisiones sin perjuicio de las demás funciones y facultades atribuidas en la LSC a los síndicos.

                        Que en conclusión, habida cuenta que de la investigación llevada a cabo surgiría en principio una conducta contraria a los lineamientos básicos que emanan del art. 59 y 73 del la LSC  respecto de los administradores societarios, y el eventual incumplimiento de obligaciones  asignadas a los integrantes de la Comisión Fiscalizadora en orden a lo previsto en el art. 294 inc. 1° y 9°, como la referida al art. 281 inc. a) f) y g) de la misma ley respecto de los miembros del Consejo de Vigilancia del mismo cuerpo normativo, se dispone la apertura de una investigación sumarial respecto de los miembros de los órganos mencionados.

                        Que sin incurrir en prejuzgamiento alguno, la investigación sumarial tiene por objeto precisar las circunstancias y reunir los elementos de prueba tendientes a esclarecer la eventual comisión de irregularidades individualizando a sus responsables (conf. Carlos A. Apesteguía “Sumarios Administrativos” pag. 34 ed. 2000) y ejercer el derecho de defensa (CN. art. 18), destacándose que el presente encuadre es meramente provisorio.                                     

                              Que la presente se dicta en atención a las facultades atribuidas por los arts. 10 y 12 de la Ley N° 17.811 y N° 22.169  y las que de ellos deriven:

 

                                   Por ello,

                                   LA COMISION NACIONAL DE VALORES

                                                           RESUELVE:

ARTICULO 1°.-Instruir sumario a los miembros del Comité Ejecutivo de PAPEL PRENSA S.A.I.C.F y M., al momento de los hechos bajo análisis Sres. Héctor Horacio MAGNETTO, DNI. 04.970.875; Bartolomé Luís MITRE, DNI 4.304.546; José Antonio ARANDA, LE. 05.054.106; Gerardo José GONZALEZ; Julio César SAGUIER, DNI 14.310.337; José Claudio ESCRIBANO, L.E 4.265.792; José FERRARI, LE 4.571.053; Agustina FERNANDEZ; Alejandro MACFARLANE, DNI 17.364.764; Alberto Jorge GOWLAND MITRE, LE. 04.430.002; María CARMODY; José Luís TAMAGNINI; Martín Jorge BASALDUA, DNI 10.661.585; Inés FORMOSO; Alicia Cora HUBERMAN, DNI 5.619.053; Alejandro Julio SAGUIER, DNI. 14.602.814; Oscar Pedro Ernesto FERRARI, DNI  10.134.032; Eduardo Marcelo KOHAN, DNI 8.288.986; Carlos Mauricio MAZZON, DNI. 24.705.573; Héctor Mario ARANDA, DNI. 10.419.846; Jorge Carlos RENDO, DNI. 10.360.723; Francisco Iván ACEVEDO, DNI. 18.337.959; Juan DRUCKER, LE. 07.672.858; Alberto MAQUIEIRA, LE. 04.513.964; Daniel FERNANDEZ MUÑOZ y Beatriz PAGLIERI DNI. 06.401.651 en orden a la presunta infracción a los artículos 59 y 73 de la Ley N° 19.550.

ARTICULO 2°.- Instruir sumario a PAPEL PRENSA S.A.I.C.F y M. y a sus Directores Titulares al momento de los hechos examinados Sres. Miguel Dante DOVENA C.U.I.T  20-08649238-6; Lucio Rafael PAGLIARO LE. 04.645.599; Alberto César José MENZANI  LE. 04.364.140; Norma Beatriz ROSENDE LC. 06.422.574; Héctor Horacio MAGNETTO, DNI. 04.970.875; Juan DRUCKER  LE. 07.672.858; Alejandro Julio SAGUIER DNI. 14.602.814; José Antonio ARANDA LE. 05.054.106; Roberto Miguel TORRES DNI. 06.903.720; Julio César SAGUIER,  DNI. 14.310.337;  Héctor Mario ARANDA, DNI. 10.419.846; Alberto Ángel FERNANDEZ DNI. 13.482.686; Carlos Mauricio MAZZON DNI. 24.705.573; Francisco Iván ACEVEDO, DNI. 18.337.959; Alberto G. MAQUIEIRA, LE. 04.513.964; Jorge Carlos RENDO, DNI. 10.360.723; Alejandro Alberto URRICELQUI, DNI. 13.481.883; Jorge Alberto BAZAN, DNI. 10.202.393; Guillermo GONZALEZ ROSAS, LE. 04.445.906, Beatriz PAGLIERI, DNI. 06.401.651; Pablo Aldo CERIOLI, DNI. 14.758.726, Eduardo Omar GALLO, DNI. 11.182.713; Raúl Daniel AGUIRRE SARAVIA CUIT 20-12548198-2 ; Martín Gonzalo ETCHEVERS, CUIT 23-20561164-9; Federico Carlos MOLINA, DNI 5.071.959; Alberto Jorge GOWLAND MITRE, LE. 04.430.002; José FERRARI, LE 4.571.053; Julio Eduardo AISENSTEIN,  LE 4.535.666; Alicia Cora HUBERMAN, DNI 5.619.053; Armando Federico FRANCHI, DNI 11.618.539; Norberto LÓPEZ ISNARDI, DNI 11.633.882; Oscar Pedro Ernesto FERRARI, DNI  10.134.032; Martín Jorge BASALDUA, DNI 10.661.585; Eduardo Marcelo KOHAN, DNI 8.288.986; Carlos Marcelo VILLEGAS; Daniel M. FERNÁNDEZ MUÑOZ e Inés FORMOSO en orden a la presunta infracción a los artículos 59, 73 y 269 de la Ley N° 19.550.

ARTICULO 3°.-Instruir sumario a los miembros de la Comisión Fiscalizadora de PAPEL PRENSA S.A.I.C.F. y M. al momento de los hechos analizados, Sres. Jorge Carlos RENDO, DNI. 10.360.723; Alejandro Gabriel TURRI, DNI. 16.749.842; Carlos Manuel VIDAL, LE. 07.691.385; Mariano Antonio DE LOS HEROS BATTIN, CUIT: 20-17802058-8; Alberto Jorge GOWLAND MITRE, LE. 04.430.002; Francisco Iván ACEVEDO, DNI. 18.337.959; Ana María GONZÁLEZ, DNI. 11.383.031; Viviana Emilia OGANDO, DNI. 14.547.752; Carlos Alberto DI CANDIA, DNI. 07.787.685; Ricardo Urbano SIRI, LE 4.526.978; Arturo Jorge ZAERA, DNI 10.194.588 y Jorge Luís CANEPA en orden a la presunta infracción al artículo 294 incisos 1° y 9° de la Ley N° 19.550.

ARTICULO 4°.-Instruir sumario a los miembros del Consejo de Vigilancia de PAPEL PRENSA S.A.I.C.F. y M., al momento de los hechos examinados Sres. Saturnino HERRERO MITJANS, LE. 04.089.622, Luís María Julio SAGUIER, L.E. 17.962.105; Juan Javier COMESAÑA, DNI. 07.594.002; Eduardo Antonio HAEFLIGER, LE. 04.417.876; Jorge Carlos RENDO, DNI.10.360.723, Marcelo TRIVARELLI, DNI. 20.597.740; Carlos COLLAZO, DNI. 08.632.183; Alberto Jorge GOWLAND MITRE, LE. 04.430.002; Hernán Pablo VERDAGUER, DNI. 20.360.029; Alejandro Julio SAGUIER, DNI. 14.602.814; Alberto Ricardo GONZALEZ ARZAC, CUIT 20-05165020-5; Eduardo Alberto LOHIDOY, CUIT 20-20513097-8; Gustavo Mirko SCHLOSSBERG, DNI. 12.600.129; Marcelo Daniel TRICÁRICO, DNI 16.202.566 y Álvaro Gonzalo VIDAL, DNI 14.315.359; por la posible infracción al artículo 281  incisos a), f),  g) de la Ley N° 19.550.

ARTICULO 5°.- A los fines previstos por el artículo 12 de la ley N° 17.811 (texto modificado por el Decreto 677/01) y artículo 8° del Capítulo XXIX de las NORMAS (N.T. 2001 y mod.)  se fija audiencia preliminar para el  17 de Noviembre de 2010 a las 11,00 hs.

ARTICULO 6°.- Designar Conductor del sumario al Dr. Héctor O. HELMAN, Director.

ARTICULO 7°.-Encomendar a la Subgerencia de Sumarios la designación del profesional de apoyo dentro de los TRES (3) días de la presente Resolución (conf. Artículo 1° Inciso d) del Capítulo XXIX de las NORMAS (N.T. 2001 y mod.).

ARTICULO 8°.- Correr traslado de los cargos a los sumariados por el término y bajo apercibimiento de Ley con copia autenticada de la presente Resolución.

 

ARTICULO 9°.- Regístrese, notifíquese a la BOLSA DE COMERCIO DE BUENOS AIRES a los efectos de la publicación en su Boletín Diario e incorpórese en el sitio web del Organismo www.cnv.gov.ar . Firmado: Alejandro VANOLI, Presidente; Hernán FARDI, Vicepresidente; Dr. Héctor O. HELMAN, Director.