BUENOS AIRES, 17/09/2009

 

RESOLUCION Nº 16.197

 

VISTO el Expediente Nº 62/2009 rotulado “RIGOLLEAU S.A. S/ VERIFICACION CONTABLE”, lo dictaminado por la Subgerencia de Emisoras a fs. 33/35, a fs. 36/37, fs. 39/40 y fs. 70; por la Gerencia de Emisoras a fs. 41 y fs. 71 y por el Coordinador Jurídico General a fs. 83/86 y;

                        

CONSIDERANDO:

Que las presentes actuaciones se originan a partir de una verificación contable dispuesta por la Subgerencia de Emisoras con fecha 16.01.2009 respecto de la sociedad RIGOLLEAU S.A.

Que como consecuencia de la misma, se constató que ni los libros ni la documentación se encontraban en el domicilio registrado de la Av. Santa Fe 3312 Piso 14 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

                        Que al respecto, el artículo 11 inciso a.6) del Capítulo XXVI de las NORMAS (N.T. 2001 y mod) dispone que las emisoras deben remitir por la Autopista de Información Financiera [en adelante A.I.F.] la información relacionada a la “sede social inscripta”.

                        Que tal información, funcionalmente, debe caracterizarse por su inmediata claridad y fehaciencia (arg. Pto. XXVI.7,8 (5)).

                        Que la difusión por la sociedad a través de la A.I.F. (fs. 72/73) consignando que contaba – simultáneamente – con dos sedes sociales inscriptas ubicadas: una, en jurisdicción de la provincia de Buenos Aires y la restante en el inmueble donde se constituyó la funcionaria actuante, lo que recién fue corregido a instancias del Organismo, no parece satisfacer la exigencia.

                        Que por lo demás, a partir del reconocimiento de la personalidad de la sociedad, por aplicación del principio de unidad, resulta consecuencia obligada entender que la persona de existencia de ideal debe contar con un único domicilio general; también en este caso “la individualidad de la persona se proyecta en la unidad de su domicilio” (Arauz Castex; “Derecho Civil – Parte General”, N° 621).

                        Que su ubicación vincula a la persona con determinada jurisdicción administrativa y judicial (Mascheroni; “Sociedades Anónimas”, p. 35, ed. 1984).

                        Que en el caso concreto que se examina, la ubicación, por ejemplo, impone o excluye la actuación por esta Comisión Nacional de las prerrogativas contenidas en la Ley N° 22.169.

                        Que el domicilio, en sentido genérico o específico, es único.

                        Que universalmente se considera que “desde una óptica jurídica, el domicilio es un concepto fundamental para el Derecho. En efecto, tal consideración se pone de manifiesto por el hecho de que la persona requiere siempre de un lugar determinado para ejercer el contenido de su posición jurídica, a saber, para ejecutar sus derechos y cumplir sus obligaciones” (Ángel Marina Garcia-Tuñon; VV.AA. “Derecho de Sociedades Anónimas”, T.l, p. 235, ed. 1.991).

                        Que por ello, la atribución simultánea de dos sedes sociales constituye un elemento de confusión que no satisface, formal y funcionalmente, la exigencia cuyo cumplimiento requiere el artículo 11, a.6) del Capítulo XXVI las NORMAS (N.T. 2001 y mod.), cuya dicción consta en singular.

                        Que por otro lado, se compulsaron los libros legales y contables de la sociedad, lo que se llevó a cabo en el domicilio legal de RIGOLLEAU S.A. sito en Lisandro de la Torre 1651, Berazategui, Provincia de Buenos Aires (fs. 5/10).

Que en el libro de actas de la Comisión Fiscalizadora, entre las actas N° 192 y N° 213, las firmas de los integrantes de la misma se encontraban litografiadas y no estaban en original, observándose también la existencia de blancos sin anular.

Que del relevamiento del libro Inventario y Balances se observó que la foja N° 2 se encontraba en blanco, y que las firmas de los balances al 30.11.2007, 28.02.2008, 31.08.2008 y 30.11.2008 se encontraban litografiadas y no en original.

Que mediante nota CNV N° 1981/Emi de fecha 27.04.2009 se requirió a la sociedad subsane las mencionadas anomalías.

Que de la verificación realizada posteriormente, con fecha 12.05.2009 (fs. 32), surge que del libro de Inventario y Balances N° 66 sólo se ratificaron parcialmente las firmas litografiadas.

                        Que el artículo 48 del Código de Comercio, al ocuparse del Libro de Inventarios y Balances de llevado indispensable (art. 44 id.), establece que “los inventarios y balances generales se firmarán por todos los interesados en el establecimiento que se hallen presentes al tiempo de su formación”.

Que la adecuación reglamentaria en el ámbito diferenciado de la oferta pública, particularmente el artículo 10 del Capítulo XXIII de las NORMAS (N.T. 2001 y mod), exige que los Estados Contables en general estén firmados “por el presidente o por el director en ejercicio de la presidencia, por el representante de la comisión fiscalizadora o del consejo de vigilancia y por el contador público independiente (estos últimos a los efectos de su identificación con los informes respectivos)”.

Que los extremos analizados en el presente implicarían un incumplimiento a las previsiones que emanan del artículo 48 del Código de Comercio y del artículo 10 del Capítulo XXIII de las NORMAS (N.T. 2001 y mod).

                        Que la circunstancia bajo examen referida al eventual incumplimiento del artículo 11 inciso a.6) del Capítulo XXVI de las NORMAS (N.T. 2001 y mod), potencialmente implica un déficit de diligencia por parte de los responsables, impropia de un buen hombre de negocios – artículo 59 de la Ley de Sociedades Comerciales – cuya intervención en el tráfico, por su profesionalidad, crea confianza; tratándose de deberes impuestos por “la normativa de la Comisión Nacional de Valores” (artículo 8° inc. a) apartado IV del Régimen de Transparencia de la Oferta Pública aprobado por Decreto N° 677/01).

                        Que la “diligencia” a que se refiere la norma, se entiende como la capacidad técnica, experiencia y conocimientos del sujeto que administra la sociedad (cfr. Verón , “Sociedades Comerciales, Ley 19.550 y modificatorias. Comentada, Anotada y Concordada T.1).

                        Que, asimismo, reconocida doctrina indica que “el ‘buen hombre de negocios’ muestra un estándar de conducta que denota un elemento de conocimiento y destreza en las cuestiones vinculadas al tráfico mercantil” y agrega que se trata de “una persona diligente, que conoce suficientemente las reglas y normas del comercio, quien difícilmente pueda ser sorprendido en una actuación por cuestiones atinentes a representación, contenido, o instrumentación de obligaciones en el ejercicio de sus funciones”(Vítolo, Daniel Roque, La Ley 2007 E, 1313- Responsabilidad Civil Doctrinas Esenciales Tomo VI, 1077).

                        Que teniendo en cuenta los hechos expuestos precedentemente, cabría tener por configurada una posible infracción a los artículos 59 de la ley Nº 19.550 y 8° inciso a.IV) del Decreto 677/01 por parte de los directores de la emisora investigada, quienes no habrían actuado en consonancia con la pauta exigida al “buen hombre de negocios”.

Que, en relación a las atribuciones y deberes del síndico, el artículo 294 de la ley N° 19.550 en su inciso 9° establece la obligación de “Vigilar que los órganos sociales den debido cumplimiento a la ley, estatuto, reglamento y decisiones asamblearias”, todo ello sin perjuicio de aquellos deberes que la ley determina y los que le confiera el estatuto.                         Que los hechos analizados permiten inferir un probable incumplimiento por parte de los miembros de la Comisión Fiscalizadora de RIGOLLEAU S.A. a lo dispuesto por el artículo 294 inciso 9° de la ley N° 19.550.

                        Que de acuerdo con el artículo 15 inciso b) del Régimen de Transparencia el Comité de Auditoría debe “supervisar” “toda la información financiera o de otros hechos significativos que sea presentada a la Comisión Nacional de Valores… en cumplimiento del régimen informativo aplicable”, lo que aparentemente  no se verificó con la errada difusión de dos sedes sociales.

                        Que ello implica un posible incumplimiento a lo normado por el artículo 15 inciso b) del Decreto 677/2001.

Que es dable mencionar que la investigación sumarial tiene por objeto precisar todas las circunstancias y reunir los elementos de prueba tendientes a esclarecer la eventual comisión de irregularidades e individualizar a los responsables y proponer sanciones (Carlos Apesteguía “Sumarios Administrativos” pág. 34 ed. 2000).

Que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 1º inciso c) del Capítulo XXIX de las NORMAS (N.T. 2001 y mod.) se deja constancia de que las posibles infracciones reciben un encuadramiento legal meramente provisorio.

Que la presente se dicta en virtud de las facultades conferidas por la Ley Nº 17.811 y las implícitas que de ella derivan.

 

Por ello,

LA COMISION NACIONAL DE VALORES

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1º.- Instruir sumario a RIGOLLEAU S.A. y a sus Directores Titulares al momento de los hechos examinados, Sres. Enrique Francisco CATTORINI (L.E. 7.736.319), Humberto Omar CATTORINI (L.E. 5.532.497), Eduardo STURLA (D.N.I. 13.597.527), Carlos David WILLGING (D.N.I. 20.913.216) y Hugo Alberto STAUBER (D.N.I. 7.788.932), por presunta infracción a lo establecido por el artículo 48 del Código de Comercio, artículo 10 del Capítulo XXIII de las NORMAS (N.T. 2001 y mod), artículo 11 inciso a.6) del Capítulo XXVI de las NORMAS (N.T. 2001 y mod), artículo 59 de la Ley N° 19.550 y artículo 8° inciso a.IV) del Decreto 677/01.

ARTÍCULO 2º.- Instruir sumario a la Comisión Fiscalizadora de RIGOLLEAU S.A. y a sus integrantes al momento de los hechos  Sres. Juan Carlos PEÑA (D.N.I. 4.402.219), Sebastián Carlos PEÑA (D.N.I. 27.710.595) y Juan Carlos ISMIRLIAN (D.N.I. 10.777.736) por presunta infracción a lo establecido por el artículo 294 inciso 9° de la Ley N° 19.550.

ARTÍCULO 3º.- Instruir sumario al Comité de Auditoría de RIGOLLEAU S.A. y a sus integrantes titulares al momento de los hechos Sres. Cristian SEGAL (D.N.I. 14.692.598), Carlos David WILLGING (D.N.I. 20.913.216) y Eduardo STURLA (D.N.I. 13.597.527) por eventual incumplimiento a lo establecido por el artículo 15 inciso b) del Decreto 677/2001. ARTÍCULO 4º.- A los fines previstos por los artículos 12 de la Ley Nº 17.811 (texto mod. por Dto. Nº 677/01) y 8º del Capítulo XXIX de las NORMAS (N.T. 2001), se fija audiencia preliminar para el día 21 de Abril de 2010 a las 11:00 horas.

ARTÍCULO 5°- Designar Conductor del sumario al Sr. Pablo Mercante.

ARTICULO 6°- Encomendar a la Subgerencia de Sumarios la designación del profesional de apoyo dentro de los TRES (3) días de la presente Resolución (conf. art. 1º, inc. d) del Capítulo XXIX de las NORMAS (N.T. 2001).

ARTÍCULO 7º.- Correr traslado de los cargos a los sumariados por el término y bajo apercibimiento de Ley con copia autenticada de la presente Resolución.

ARTICULO 8º.- Regístrese y notifíquese a la BOLSA DE COMERCIO DE BUENOS AIRES a los efectos de la publicación en su Boletín Diario e incorpórese en el sitio Web del Organismo www.cnv.gov.ar. Firmado: Eduardo Hecker (Presidente); Alejandro Vanoli (Vicepresidente); Dr. Héctor O. Helman (Director).