BUENOS AIRES,  10 de Julio de 2008.

 

RESOLUCIÓN Nº 15.922

           

                        VISTO el Expediente Nº 1944/07  rotulado “BOTBOL, José s/ Omisión de informar hechos trascendentes”, lo dictaminado por la Subgerencia de Fiscalización Jurídica a fs. 119/124  y por la Gerencia de Investigaciones y Prevención del Lavado de Dinero a fs.   125/131 y,

 

                        CONSIDERANDO:

                        Que las presentes actuaciones se iniciaron por denuncia (fs. 1/3) de un accionista de CELULOSA ARGENTINA S.A. quien hizo saber que la emisora omitió informar al Organismo la existencia de sendas demandas judiciales entabladas por el propio denunciante, que tramitan respectivamente ante el Juzgado Nacional de 1ª. Instancia en lo Civil y Comercial Federal N° 7 Secretaría N° 13 de esta Capital Federal rotulada “BOTBOL, José c/ Estado Nacional y otros s/ Nulidad de acto administrativo” y  ante el Juzgado de Primera Instancia del Distrito Civil y Comercial Nº 13 de Rosario, Provincia de Santa Fe caratulada “BOTBOL, José y otra c/ Celulosa Argentina S.A. s/ Nulidad”.

                        Que asimismo el denunciante en su ratificación de fs. 11/12 destacó que la sociedad en los estados contables al 31 de Mayo y 31 de Agosto de 2007 tampoco dio cuenta  de las acciones judiciales descriptas, y en el proyecto de reestructuración societaria enviado a la BOLSA DE COMERCIO DE BUENOS AIRES con fecha 15.11.07, pretende obtener un préstamo con instituciones financieras extranjeras y un aumento de capital tanto en el mercado local como internacional, por lo cual, la omisión informativa conspira contra la transparencia que debe privar en el ámbito de la oferta pública.

                        Que a los efectos de acreditar los extremos de la presentación del denunciante, se requirió la colaboración de la Subgerencia de Emisoras, la que solicitó a la sociedad (fs. 45/46)  que informara sobre la existencia de dichas acciones judiciales, y a la Subgerencia de Fiscalización Jurídica, a fin de que certifique el estado de trámite de dichas actuaciones.

                       Que de acuerdo al resultado de dichas diligencias de investigación la Subgerencia de Emisoras informó que no se registraron comunicaciones por parte de CELULOSA ARGENTINA S.A. con relación a las acciones entabladas por José BOTBOL, como tampoco se registró información de dichas acciones, en los estados contables de la sociedad.

                       Que a fs. 48/9 CELULOSA  ARGENTINA S.A. con fecha 18 de marzo de 2008 respondió que el Expediente N° 8797/05 rotulado “BOTBOL, José c/ Estado Nacional y otros s/ Nulidad de Acto Administrativo” en trámite ante el Juzgado Nacional de 1ª. Instancia en lo Civil y Comercial Federal N° 7 Secretaría N° 13 de esta Capital Federal, no fue informado al Organismo por considerar que el mismo no constituye un hecho relevante, habida cuenta las escasas chances de prosperar, como consecuencia de su fragilidad jurídica y su enorme extemporaneidad.

                       Que en dichas actuaciones según constancia de fs. 119/120 la emisora había procedido a contestar la demanda y oponer excepciones.

                       Que en cuanto al Expediente N° 308/ 1991 “BOTBOL, José y otra c/ Celulosa Argentina S.A. s/ Nulidad” la emisora señaló que tanto ese juicio como el caratulado “HADDAD, Sobje c/ CELULOSA ARGENTINA S.A. s/ Nulidad”, se encontraba acumulado al juicio “COMPAÑÍA VICTORIA S.A. c/ CELULOSA ARGENTINA S.A. s/ Nulidad de Asamblea”, se encuentran concluidos por acuerdo conciliatorio informado a esta COMISIÓN NACIONAL DE VALORES con fecha 7 de septiembre de 2000.

                        Que adicionalmente CELULOSA ARGENTINA S.A. señaló a fs. 50 que en reiteradas oportunidades incluyó información sobre el mencionado juicio a este Organismo acompañando copias de diversas comunicaciones agregadas a fs.52/97.                                                   Que en relación a la acción judicial señalada en segundo término no se observa un incumplimiento al deber de informar, dado que oportunamente se hizo saber al Organismo.

                        Que siendo ello así, dicha conducta no parecería dar cumplimiento a lo previsto en el Decreto N° 677/01, Capítulo II artículo 5° el cual establece que: “Las personas mencionadas en el presente artículo deberán informar por escrito, o en la forma que disponga la reglamentación a la COMISIÓN NACIONAL DE VALORES en forma directa, veraz, suficiente y oportuna con las formalidades y periodicidad que ella disponga…inc. a) Los administradores de entidades emisoras que realizan oferta pública de valores negociables y los integrantes de su órgano de fiscalización, estos últimos en materia de su competencia acerca de todo hecho o situación que por su importancia sea apto para afectar en forma sustancial la colocación de valores negociables o el curso de su negociación. La obligación de informar aquí prevista rige desde el momento de presentación de la solicitud para realizar oferta pública de valores y deberá ser puesta en conocimiento de la Comisión Nacional de Valores en forma inmediata…”.         

                       Que igualmente, el artículo 2º del Capítulo XXI de las NORMAS (N.T. 2001) señala:“Los administradores de entidades emisoras que realicen oferta pública de valores negociables y los integrantes del órgano de fiscalización, éstos últimos en materia de su competencia, deberán informar a la Comisión en forma inmediata –en los términos del artículo 5º inciso a) del Anexo aprobado por Decreto 677/01 y conforme lo dispuesto en el Capítulo XXVI- todo hecho o situación que por su importancia sea apto para afectar en forma sustancial la colocación de los valores negociables de la emisora o el curso de su negociación”.

                       Que de acuerdo a las obligaciones impuestas a los participantes en el ámbito de la oferta pública, se encuentra en el Capítulo XXI de las NORMAS (N.T. 2001) artículo 3° inciso 9º el deber de denunciar las “Causas judiciales de cualquier naturaleza que promueva o se le promuevan, de importancia económica significativa o de trascendencia para el desenvolvimiento de sus actividades, causas judiciales que contra ella promuevan sus accionistas  y las resoluciones relevantes en el curso de todos esos procesos”.

                        Que por otra parte las NORMAS (N.T. 2001) de la COMISIÓN NACIONAL DE VALORES en los artículos 10 y 11 del Capítulo XXVI establecen claramente quienes son los sujetos obligados para enviar la información a través de la AUTOPISTA DE INFORMACIÓN FINANCIERA, indicándose en el inc. a)  -art. 10- a las emisoras como entidad obligada a remitir la información relevante, máxime cuando la misma podría por su importancia económica afectar en forma sustancial la colación de sus valores negociables.

                        Que desde el punto de vista objetivo, la omisión en el cumplimiento de la obligación de informar por parte de las entidades que se encuentran en el régimen constituye una lesión a la transparencia en el ámbito de la oferta pública, en la medida que la observancia de reglas específicas impuestas para el correcto funcionamiento del sistema se encuentra orientada a la protección del público inversor.

                       Que por tal motivo, la sociedad que se encuentra en el régimen de la oferta pública no posee en su faz informativa la discrecionalidad de seleccionar la información que debe brindar al Organismo, o bien la potestad de parcializar su interpretación a los efectos de  cohonestar su actuación.

                        Que el análisis del tenor de la respuesta por parte de CELULOSA ARGENTINA S.A. que surge a fs. 48/9 en relación a la omisión informativa respecto del proceso ante la justicia de la Capital Federal “ut supra” señalado, revela que siguiendo su propia consideración no le ha atribuido a la acción judicial que le fuera entablada, ninguna posibilidad de triunfo, al afirmar que “CASA cuenta con importantes elementos para oponerse al progreso y extemporáneo reclamo de Botbol que seguramente habrá de ser rechazado”, omitiendo, que la norma exige denunciar no solo las causas judiciales de importancia económica significativa que le  promuevan, sino también las causas judiciales que contra ella le promuevan sus accionistas.

                        Que sin duda, no puede obviarse el deber informativo dado que resulta fundamental en el ámbito de la oferta pública, no solo porque con ello se coloca en un plano de igualdad a los inversores, sino que hace a la transparencia del mercado, por lo que cualquier desvío en este aspecto implica alterar normas fundamentales por las que el Organismo debe velar, de allí la exigencia  a las entidades  de la puesta a disposición del público inversor de la totalidad de la información requerida por las NORMAS (N.T. 2001 y mod.)  a fin de que los interesados cuenten con la posibilidad de adoptar las decisiones que crean convenientes respecto de su inversión.

                        Que ello, sin duda contribuye a eliminar el concepto de que “las ventajas informativas de los equipos dirigentes  les dan cierto margen de maniobra para perseguir su propio provecho y no el de los accionistas (Inés MACHO STADLER y David PEREZ CASTILLO “Introducción a la Economía de la Información” pag. 18 ed. 1984)

                      Que por lo tanto, la eventual omisión informativa de una entidad emisora hace necesario respecto de quienes integran el directorio de la misma, el análisis de su responsabilidad con mayor estrictez dado que actúan en un ámbito de actuación diferenciado.

                      Que es importante remarcar que se espera de los integrantes del Directorio de cualquier sociedad anónima, y con mayor razón de una entidad que se encuentra en el régimen de oferta pública un comportamiento propio de “un buen hombre de negocios” de conformidad con  lo que prevé el artículo 59 de la Ley de Sociedades Nº 19.550.                                                  Que la diligencia de un buen hombre de negocios importa la exigencia de que en el ejercicio de sus funciones el administrador observe los recaudos básicos que posibiliten el adecuado funcionamiento societario y el cumplimiento de las obligaciones a su cargo, que en el caso concreto referido a estos actuados, implicaba dar cumplimiento al deber de informar.                       

                        Que de igual forma, el eventual incumplimiento normativo antes apuntado respecto de los integrantes del órgano de conducción, alcanza a los miembros de la Comisión Fiscalizadora dado que ellos son los encargados por la ley de una fiscalización constante, rigurosa y eficiente del directorio de la sociedad, por lo que sus funciones a los efectos de la normal marcha de la sociedad es más importante individualmente que la de cada uno de los directores.

                        Que la actuación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora de la sociedad deber ser analizada a la luz de las disposiciones de los artículos 294 inciso 9º; 296 y 297 de la Ley Nº 19.550, que determina que los mismos serán responsables por la omisión en el contralor de los órganos sociales en el cumplimiento de las normas a su cargo, la ley, el estatuto,  reglamento y decisiones asamblearias.

                        Que del mismo modo, la omisión informativa denunciada incluye en el plexo de responsabilidad al Comité de Auditoría, en tanto que el artículo 15 inciso b) del Decreto 677/01 exige a ese órgano, “Supervisar el funcionamiento de los sistemas de control interno y del sistema administrativo-contable, así como la fiabilidad de este último y de toda la información financiera, o de otros hechos significativos que sea presentada a la COMISION NACIONAL DE VALORES y a las autoridades autorreguladas en cumplimiento del régimen informativo aplicable”.

                        Que por lo tanto, a los efectos de acreditar efectivamente la omisión informativa en que habría incurrido la entidad, así como la responsabilidad de sus Directores, Comité de Auditoría y Comisión Fiscalizadora a la época del hecho investigado y asegurar el  derecho de defensa, resulta necesaria la apertura de una investigación sumarial, la cual tiene por objeto precisar todas las circunstancias y reunir los elementos de prueba tendientes a esclarecer la eventual comisión de irregularidades e individualizar a los responsables y proponer sanciones.

                       Que en atención a las razones de hecho y de derecho expuestas, el encuadramiento normativo de la conducta descripta, podría configurar la posible infracción a lo dispuesto en el artículo 5º inciso a) del Decreto N° 677/01; artículos 2º y 3º inciso 9º del Capítulo XXI; artículo 10 inciso a)  y artículo 11 del Capítulo XXVI de las NORMAS (N.T. 2001) y artículo 59, 294  inciso 9°), 296 y 297 de la Ley Nº 19.550.

                      Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 1º inciso c) del Capítulo XXIX de las NORMAS (N.T. 2001 y mod.) y modificatorias, se deja constancia que las posibles infracciones recibirán un encuadramiento legal meramente provisorio.    

                      Que la presente Resolución se dicta en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 10 y 12 de la Ley Nº 17.811 (texto mod. Decreto. Nº 677/01).

 

                        Por ello,

LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES

RESUELVE:

ARTICULO 1º.- Instruir sumario a CELULOSA ARGENTINA S.A., y  a sus Directores Señores Nicolás CALCAGNO ORIBE (Pasaporte Nº 1.677.565-1), Ricardo José PEDRIDO (C.I. Nº 7.634.543), Gonzalo María GOÑI ALTUNA (Pasaporte Nº 1.342.776-8);  Hugo ILHARRESCONDO (D.N.I. Nº 6.004.705), Liberato TURINELLI DUCASSOU (Pasaporte Nº 1.008.544-4) y Norberto Raúl VALOTTA (C.I. Nº 3.122.936) por posible infracción a los artículos 5º inciso a) del Decreto N° 677/01; artículos 2º y 3º inciso 9) del Capitulo XXI de las NORMAS (N.T. 2001 y mod.); artículos 10 inciso a) y 11 del Capítulo XXVI de las NORMAS (N.T. 2001 y mod.) y artículo 59 de la Ley N° 19.550. 

ARTICULO 2°.- Instruir sumario a los miembros del Comité de Auditoría integrado por los Sres. Hugo ILHARRESCONDO, Liberato TURINELLI DUCASSOU y Norberto Raúl VALOTTA de las demás condiciones personales indicadas en el artículo anterior en orden a la presunta infracción a lo dispuesto por el artículo 15 inciso. b) del Decreto N° 677/01.-

ARTICULO 3º.- Instruir sumario a los miembros titulares de la Comisión Fiscalizadora, Sres. Antonio Juan LATTUCA (L.E. Nº 6.047.066), Néstor Carlos Carmen  GAMARRA (L.E. Nº 6.048.290) y Alberto BANDE (L.E. Nº 4.403.798) por posible infracción a la dispuesto por los artículos  294 inciso 9°, 296 y 297 de la Ley Nº 19.550 en función de la supuesta omisión informativa de los administradores de la sociedad en orden al art. 5° inciso a) del Decreto N° 677/01, artículos 2° y 3° inciso 9° del Capítulo XXI de las NORMAS (N.T.2001); y artículos 10 inc. a) y 11 del Capítulo XXVI de las NORMAS (N.T.2001).

ARTICULO 4º.- Designar Conductor del sumario al Sr. Dr. Héctor O. Helman, Director.

ARTÍCULO 5º.- Encomendar a la Subgerencia de Sumarios la designación del profesional de apoyo dentro de los TRES (3) días de la presente Resolución (conf. art. 1º, inc. d) del Capítulo XXIX de las NORMAS (N.T. 2001 y mod.).

ARTÍCULO  6º.- A los fines previstos por el artículo 12 de la Ley Nº 17.811 (texto mod. por Dto. Nº 677/01) y artículo 8º del Capítulo XXIX  de las NORMAS (N.T. 2001 y mod.), se fija audiencia preliminar para el día 23 de septiembre de 2008 a las 11:00 horas.                              

ARTICULO 7º.-  Correr traslado de los cargos a los sumariados por el término y bajo apercibimiento de Ley con copia autenticada de la presente Resolución.

ARTÍCULO 8º.- Regístrese y notifíquese con copia autenticada de la presente Resolución a
la BOLSA DE COMERCIO  DE  BUENOS  AIRES  a  los efectos de la  publicación  en  su

Boletín Diario e incorpórese en el sitio web del Organismo en www.cnv.gov.ar. Firmado; Eduardo HECKER, Presidente; Alejandro VANOLI, Vicepresidente; Dr. Héctor O. Helman, Director.