BUENOS AIRES,  22 de Abril de 2008.

 

RESOLUCIÓN Nº 15.861

           

                        VISTO el Expediente Nº 1948/07  rotulado “BOTBOL, José s/ Omisión de Informar hechos trascendentes. Telefónica Holding de Argentina S.A.”, lo dictaminado a fs. 22/29, 38/40 por la Subgerencia de Fiscalización Jurídica  y a fs. 30/33 y 41 por la Gerencia de Investigaciones y Prevención del Lavado de Dinero, y

 

                        CONSIDERANDO:

                        Que las presentes actuaciones se iniciaron a fs. 1/2 por denuncia del Sr. José BOTBOL en su condición de accionista, contra TELEFÓNICA HOLDING DE ARGENTINA S.A., mediante la que hizo saber que con fecha 27 de Febrero de 2007 la referida sociedad emisora resultó notificada de una demanda judicial entablada por el propio denunciante, la cual tramita por ante el Juzgado Nacional de 1ª. Instancia en lo Civil y Comercial Federal N° 7 Secretaría N° 13 bajo la carátula “BOTBOL, José c/ Estado Nacional y otros s/ Nulidad de acto administrativo”,

                       Que resultando la entidad emisora una sociedad que realiza oferta pública de valores negociables, sus administradores y los integrantes del órgano de fiscalización deben informar a la COMISIÓN NACIONAL DE VALORES (CNV) en forma inmediata todo hecho o situación que por su importancia sea apto para afectar en forma sustancial la colocación de los valores negociables de la emisora o el curso de la negociación.

                        Que asimismo el denunciante en su ratificación de fs. 9/10 destacó que en  los estados contables al 31 de Marzo de 2007, 30 de Junio de 2007 y 30 de Septiembre de 2007 no existe nota alguna dando cuenta de la causa judicial, ni se ha informado a la CNV.

                        Que así las cosas, y a los efectos de acreditar los extremos de la presentación del denunciante, se requirió la colaboración de la Gerencia de Emisoras, la cual hizo saber a fs. 4  que de acuerdo a la consulta de la Autopista de Información Financiera (AIF), no surge que TELEFÓNICA HOLDING DE ARGENTINA S.A. haya informado con carácter de hecho relevante la demanda judicial “ut supra” indicada, como tampoco información relativa al juicio en cuestión en los estados contables trimestrales antes señalados.

                        Que por su parte, la Subgerencia de Fiscalización Jurídica ha constatado la traba de la litis según la certificación que obra a fs. 39 y el carácter de parte demandada de la entidad investigada.

                       Que de acuerdo a la normativa aplicable, concretamente en el Decreto N° 677/01, Capítulo II artículo 5° -verdadero pilar de la transparencia del mercado- se establece el deber de informar a la CNV por escrito o en la forma que disponga la reglamentación en forma directa, veraz, suficiente y oportuna, los hechos y circunstancias que a continuación detallan.

                      Que en este aspecto la norma determina que: “Las personas mencionadas en el presente artículo deberán informar por escrito, o en la forma que disponga la reglamentación a la COMISIÓN NACIONAL DE VALORES en forma directa, veraz, suficiente y oportuna con las formalidades y periodicidad que ella disponga…inc. a) Los administradores de entidades emisoras que realizan oferta pública de valores negociables y los integrantes de su órgano de fiscalización, estos últimos en materia de su competencia, acerca de todo hecho o situación que por su importancia sea apto para afectar en forma sustancial la colocación de valores negociables o el curso de su negociación. La obligación de informar aquí prevista rige desde el momento de presentación de la solicitud para realizar oferta pública de valores y deberá ser puesta en conocimiento de la Comisión Nacional de Valores en forma inmediata…”.         

                       Que dicha norma fue reflejada en el artículo 2º del Capítulo XXI de las NORMAS (N.T. 2001) al reglamentar que: “Los administradores de entidades emisoras que realicen oferta pública de valores negociables y los integrantes del órgano de fiscalización, éstos últimos en materia de su competencia, deberán informar a la Comisión en forma inmediata –en los términos del artículo 5º inciso a) del Anexo aprobado por Decreto 677/01 y conforme lo dispuesto en el Capítulo XXVI- todo hecho o situación que por su importancia sea apto para afectar en forma sustancial la colocación de los valores negociables de la emisora o el curso de su negociación”.

                       Que dentro de las obligaciones impuestas a los participantes en el ámbito de la oferta pública se encuentra en el Capítulo XXI de las NORMAS (N.T. 2001) el artículo 3° inciso 9º, por el que se deben denunciar las “Causas judiciales de cualquier naturaleza que promueva o se le promuevan, de importancia económica significativa o de trascendencia para el desenvolvimiento de sus actividades, causas judiciales que contra ella promuevan sus accionistas  y las resoluciones revelantes en el curso de todos esos procesos”.

                        Que del mismo modo las NORMAS (N.T.2001) de la COMISIÓN NACIONAL DE VALORES en los artículos 10 y 11 del Capítulo XXVI establecen claramente quienes son los sujetos obligados a enviar la información a través de la AIF, indicándose en el inc. a)  -art. 10- a las emisoras como entidades obligadas a remitir la información relevante, cuando la misma podría por su importancia económica afectar en forma sustancial la colación de sus valores negociables.

                        Que desde el punto de vista objetivo, la omisión en el cumplimiento de la obligación de informar por parte de las entidades que se encuentran en el régimen constituye una lesión a la transparencia en el ámbito de la oferta pública, en la medida que la observancia de reglas específicas impuestas para el correcto funcionamiento del sistema se encuentra orientada a la protección del público inversor.

                      Que es dable destacar la importancia que posee en el derecho comparado el deber de informar: “La idea directriz de la nueva orientación (que procede del mundo anglosajón- del denominado securities law) es la puesta en práctica de una política de máxima publicidad de los datos relevantes de determinados sujetos que intervienen en el mercado de capitales, entre los cuales se encuentran las sociedades anónimas, que tenga en cuenta los distintos interesados partícipes en el mercado de capitales. Esta política en su orientación inicial exige la adopción de medidas para que circule información suficiente, veraz y fiable, …”(Derecho de Sociedades Anónimas – Derecho de Información del accionista - Gaudencio Esteban Velasco, Vol I, pag. 185). 

                      Que, por lo tanto, la eventual omisión informativa de una entidad emisora, hace necesario respecto de quienes integran el directorio de la misma, el análisis de su responsabilidad con mayor estrictez dado que actúan en un ámbito de actuación diferenciado.

                      Que es importante remarcar que se espera de cualquier sociedad anónima, y con mayor razón de una entidad que se encuentra en el régimen de oferta pública un comportamiento propio de “un buen hombre de negocios” por parte de sus administradores de conformidad con  lo que prevé el artículo 59 de la Ley de Sociedades Comerciales Nº 19.550.                                 

                      Que la diligencia de un buen hombre de negocios importa la exigencia de que en el ejercicio de sus funciones el administrador observe los recaudos básicos que posibiliten el adecuado funcionamiento societario y el cumplimiento de las obligaciones a su cargo, que en el caso concreto referido a estos actuados implicaba dar cumplimiento al deber de informar.                       

                       Que por lo expuesto precedentemente podría configurarse una posible infracción a lo dispuesto por las siguientes normas: artículo 5º inciso a) del Decreto N° 677/01; artículos 2º y 3º inciso 9º del Capítulo XXI; artículo 10 inciso a)  y artículo 11 del Capítulo XXVI de las NORMAS (N.T.2001) y artículo 59 de la Ley Nº 19.550.

                        Que de igual forma, el eventual incumplimiento normativo antes apuntado respecto de los integrantes del órgano de conducción, alcanza a los miembros de la Comisión Fiscalizadora dado que ellos son los encargados por la ley de una fiscalización constante, rigurosa y eficiente del directorio de la sociedad, por lo que sus funciones a los efectos de la normal marcha de la sociedad es más importante individualmente que la de cada uno de los directores. La falta deliberada o no del ejercicio de sus obligaciones que la ley le impone los hace incurrir en grave falta (conf. Dictamen Nº 66.266 del 27.04.92 in ré “Comisión Nacional de Valores – Cía. Argentina del Sud S.A. s/ Verificación Contable”, a cuyos fundamentos remitió la Sala “C” de la Ccom., sentencia del 07.10.92 cit. en Res. 13.275 del Expte. Nº 1.006/99 – “Papelera Tucumán s/ retardo en presentación de información contable”).

                        Que la actuación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora de la sociedad deber ser analizada a la luz de las disposiciones de los artículos 294 inciso 9º, 296 y 297 de la Ley Nº 19.550, que determinan no solo que los mismos serán responsables por la omisión en el contralor de los órganos sociales en el cumplimiento de las normas a su cargo, sino que también son solidariamente responsables con los directores por los hechos y omisiones de éstos últimos.

                        Que del mismo modo, la omisión informativa denunciada incluye en el plexo de responsabilidad al Comité de Auditoría, en tanto que el artículo 15 inciso b) del Anexo al Decreto 677/01 exige a ese órgano, el deber de supervisar el funcionamiento de los sistemas de control interno y del sistema administrativo-contable, así como la fiabilidad de este último y de toda la información financiera, como de otros hechos significativos que sea necesario informar a la CNV.

                        Que a los efectos de acreditar efectivamente la omisión informativa en que habría incurrido la entidad, así como la responsabilidad de sus Directores, Comité de Auditoría y Comisión Fiscalizadora a la época del hecho investigado y asegurar el  derecho de defensa, resulta necesaria la apertura de una investigación sumarial, la cual tiene por objeto “precisar todas las circunstancias y reunir los elementos de prueba tendientes a esclarecer la eventual comisión de irregularidades e individualizar a los responsables y proponer sanciones” (Carlos A. APESTEGUÍA, “Sumarios Administrativos”, pag. 34, ed. 2000).

                      Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 1º inciso c) del Capítulo XXIX de las NORMAS (N.T. 2001 y mod.) y modificatorias, se deja constancia que las posibles infracciones reciben un encuadramiento legal meramente provisorio.    

                      Que la presente Resolución se dicta en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 10 y 12 de la Ley Nº 17.811 (texto mod. Decreto. Nº 677/01).

 

                        Por ello,

LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Instruir sumario a TELEFONICA HOLDING DE ARGENTINA S.A.,  a su Presidente Señor José María ALVAREZ PALLETE LÓPEZ, D. N. I. Español N° 50.705.869, a su Vicepresidente Señor Mario Eduardo VÁZQUEZ D. N. I. N° 5.601.952, y a sus Directores Titulares Juan Ignacio LÓPEZ BASAVILBASO D. N. I. N ° 11.266.891, Víctor José DÍAZ BOBILLO D. N. I. N° 13.881.796 y Ernesto Jaime FERRER CANADELL L. E. N° 8.145.775 por posible infracción a los artículos 5º inciso a) del Decreto N° 677/01, artículos 2º y 3º inciso 9) del Capítulo XXI de las NORMAS (N.T. 2001 y mod.), artículos 10 inciso a) y 11 del Capítulo XXVI de las NORMAS (N.T. 2001 y mod.) y artículo 59 de la Ley N° 19.550; y a los últimos tres Directores nombrados en su condición de miembros del Comité de Auditoría  en orden a la presunta infracción a lo dispuesto por el artículo 15 inc. b) del Decreto N° 677/01. 

ARTÍCULO 2º.- Instruir sumario a los miembros titulares de la Comisión Fiscalizadora, Sres. Santiago Carlos LAZZATI, L.E. N° 5.619.023, Edgardo Alejandro SANGUINETTI D.N.I. N° 8.463.386  y Eduardo Luis LLANOS, D.N.I. N° 4.432.032, por posible infracción a la dispuesto por los artículos 294 inciso 9), 296 y 297 de la Ley Nº 19.550 en función de la omisión informativa prevista en el art. 5° inciso a) del Anexo al Decreto N° 677/01, artículos 2° y 3° inciso 9) del Capítulo XXI de las NORMAS (N.T. 2001 y mod.); y artículos 10 inc. a) y 11 del Capítulo XXVI de las NORMAS (N.T. 2001 y mod.).

ARTÍCULO 3º.- Designar Conductor del sumario al Sr. Héctor O. Helman – Director.

ARTÍCULO 4º.- Encomendar a la Subgerencia de Sumarios la designación del profesional de apoyo dentro de los TRES (3) días de la presente Resolución (conf. art. 1º, inc. d) del Capítulo XXIX de las NORMAS (N.T. 2001 y mod.)).

ARTÍCULO 5º.- A los fines previstos por el artículo 12 de la Ley Nº 17.811 (texto mod. por Dto. Nº 677/01) y artículo 8º del Capítulo XXIX  de las NORMAS (N.T. 2001 y mod.), se fija audiencia preliminar para el día 18 de Junio de 2008 a las 11:00 horas.                              

ARTÍCULO 6º.-  Correr traslado de los cargos a los sumariados por el término y bajo apercibimiento de Ley con copia autenticada de la presente Resolución.

ARTÍCULO 7º.- Regístrese y notifíquese con copia autenticada de la presente Resolución a
la BOLSA DE COMERCIO  DE  BUENOS  AIRES  a  los efectos de la  publicación  en  su

Boletín Diario e incorpórese en el sitio web del Organismo en www.cnv.gov.ar. Firmado: Eduardo HECKER, Presidente; Alejandro VANOLI, Vicepresidente; Dr. Héctor O. Helman, Director.