BUENOS AIRES, 14 de Noviembre de 2007

 

RESOLUCIÓN N° 15.780

 

                        VISTO los expedientes N° 76/03 y 268/03, y

 

                        CONSIDERANDO:

Que esta COMISION NACIONAL DE VALORES (C.N.V.), encaró una verificación contable “inaudita parte” en los libros y registros contables de GAROVAGLIO Y ZORRAQUÍN S.A. (en adelante “GYZ”) la emisora que tramitó por Expte. N° 76/03.

Que asimismo, en el Expte. N° 268/03 se efectuó el seguimiento de la situación relacionada con sus controladas y vinculadas, en especial, las operaciones relacionadas con la cancelación de la deuda a favor de Federico ZORRAQUÍN, mediante el pago con créditos que poseía GAROVAGLIO Y ZORRAQUÍN S.A. en COMPAÑÍA ELABORADORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. (en adelante “CEPA”), del inmueble entonces sede social de la emisora y el pago de PESOS TRES MILLONES ($3.000.000).

                        Que como resultado de lo actuado se han observado las siguientes cuestiones:

 

I. LIBROS CONTABLES Y SOCIALES y DOCUMENTACIÓN RESPALDATORIA

                        Que la emisora no puso a disposición de este Organismo documentación respaldatoria, válida y suficiente que evidencie la existencia de respaldo justificativo de las siguientes operaciones:

I.1) Documentación respaldatoria adquisición del 70 % de CEPA:

                        Que requerido a la sociedad la presentación de documentación respaldatoria de la adquisición del 70 % de la participación en CEPA, la emisora acompañó, entre otras piezas, copia del contrato de transferencia de acciones de CEPA de fecha 1/8/1997 (fs. 415/454), acta de ajuste de precios, de comprobación y reconocimiento (fs. 455/461), informes de evaluadoras especializadas, extractos bancarios, informe de auditor sobre ajuste extracontable (fs. 644/666).

                        Que de acuerdo con los papeles de trabajo del auditor externo, acompañado por nota 10656 (fs. 306), y el informe de fs. 1.814, resulta que la compra del 70% de CEPA se efectuó por un precio total de u$s 84.000.000, y el primer tramo pagado el 29/7/1997 de u$s 42.000.000 fue verificado –según los auditores externos- con extracto bancario. El saldo de u$s 40.450.395, neto del  ajuste de precio de u$s 1.549.605, se habría pagado mediante tres pagos, el 29/10/1997 u$s 32.800.000; el 29/10/1997 u$s 7.013.510; y el tercer pago el 30/10/1997 u$s 666.388, quedando una diferencia inmaterial de u$s 29.503.

                        Que la emisora puso a disposición un recibo de fecha 29/10/1997 (fs. 450 y 950) firmado por los vendedores, respecto al segundo tramo u$s 40.450.395 y minuta financiera sobre individualización de beneficiarios de cheques por un monto de $ 7.679.898 (fs. 2.022), que corresponde al pago del 29/10/1997 y extracto del CITIBANK NA cuenta 0/801288/014 (fs. 379 y 384) y registros contables (fs. 488) y 30/10/1997, extracto de la cuenta corriente SWISS BANK N.Y. por u$s 32.800.000 (fs. 379, 382 y 1.967).

                        Que si bien la emisora puso a disposición extracto bancario de la transferencia por el primer tramo por un monto de u$s 42.000.000 (fs. 1.331), no puso a disposición evidencia de la existencia de recibos expedidos por los compradores del 70% de CEPA con respecto a este tramo, lo que resulta en principio un tratamiento distinto al seguido respecto al segundo tramo.

                        Que no fue puesto a disposición de la verificación, la individualización que de acuerdo con el contrato firmado por los vendedores debía indicar a la sociedad la cuenta donde hacer la transferencia o pago, que según consta a fs. 1.967 habría sido a la cuenta MBA BANCO DE INVERSIONES S.A., y que una vez materializada la operación de compra habrían sido acreditados por la mencionada institución en las cuentas de los vendedores en MBA BANCO DE INVERSIONES S.A..

                        Que la situación expuesta, no permite en principio corroborar que la totalidad de los fondos fueron efectivamente abonados a los vendedores.

I.2) Documentación respaldatoria venta del campo SAUCEMELÚ:

                        Que mediante escritura de fecha 16/11/99 (fs. 404/412) la emisora vendió a SACFIL S.A. el campo denominado SAUCEMELÚ por u$s 6.750.000, lo que incluía no sólo el terreno, sino también pradera, sembrado, instalaciones e IVA.

                        Que de la mencionada escritura surge: “Bajo tales conceptos se realiza esta venta por la suma total convenida de SEIS MILLONES SETECIENTOS CINCUETA MIL DÓLARES ESTADOUNIDENSES, importe que los representantes de la sociedad vendedora reciben íntegramente en este acto de manos del representante de la compradora, en dólares billetes y a entera satisfacción por ante mi doy fe”.

                        Que requerida a la sociedad la presentación de documentación respaldatoria que acreditara el efectivo ingreso de los fondos al patrimonio de la sociedad, la emisora no puso a disposición evidencia de la existencia de documentación respaldatoria respecto al ingreso efectivo al patrimonio de la sociedad de los dólares que habría recibido conforme la escritura del 16/11/99, provenientes de la venta del campo SAUCEMELÚ por u$s 6.750.000.

                        Que en su lugar, la emisora presentó como constancias registrales, la acreditación en la cuenta bancaria 0/8001288/01 del CITIBANK N.A. Sucursal Buenos Aires.

                        Que no obstante lo expuesto, la emisora no puso a disposición de la verificación evidencias que permitan corroborar que el depósito efectuado en la cuenta nombrada, haya sido producto de la venta del campo SAUCEMELÚ, que este pago haya provenido de SACFIL S.A, y la liquidación de las divisas recibidas por la venta del campo.

                        Que además, tampoco acompañó evidencia de documentación respaldatoria de la que surja el depósito en la cuenta del CITIBANK N.A. Sucursal Buenos Aires, 0/8001288/01 de los dólares billetes que según la escritura debería haber recibido, de forma que exista una correlación entre el acto de escrituración y las registraciones contables acompañadas por la emisora.

                        Que por otra parte, de los papeles de trabajo presentados por el auditor (fs. 1.895), resulta que en relación a las praderas, sembrado e instalaciones, por un total de $ 670.000 más IVA, de $ 140.700 se consideró como documentación de respaldo la Nota de Débito 1565 de fecha 15/12/99, cuando la fecha de escrituración es el 16/11/99. Dicha nota de débito no fue puesta a disposición por la emisora. Cabe señalar, que a diferencia de la escritura del campo LA ADELA, en este caso, no consta en la escritura mención a la venta de las praderas, sembrado e instalaciones.

                        Que asimismo, en su descargo, los auditores señalan que “Por razones del sistema informático, la nota de débito hace referencia a una factura cuyo número es 0 (cero), dado que habitualmente las notas de débito se vinculan con ajustes o intereses aplicables a la facturación”. Es decir, que de lo expuesto, resultaría que se habría utilizado un documento que generalmente es utilizado para otros fines.

                        Que por lo expuesto, no resulta posible prima facie considerar que la emisora ha acompañado evidencias de la existencia de documentación respaldatoria suficiente respecto a la operación de venta del campo SAUCEMELÚ ni del efectivo ingreso de los dólares provenientes de dicha venta según la escritura celebrada con SACFIL S.A. (sociedad relacionada con el grupo controlante).

I.3) Documentación respaldatoria venta del campo LA ADELA:

                        Que por escritura del 27/11/00 (fs. 392/403 y 632/642) la emisora vendió a Mabel Vigil de ZORRAQUÍN el campo denominado LA ADELA por un total de u$s 2.852.528 y a SACFIL S.A. los derechos de pradera del campo por total $ 112.527,37, IVA incluido. La documentación y registración contable tenida en cuenta surge del cuadro de fs. 1.815.

                        Que en la citada escritura, se consignó que con anterioridad la vendedora había recibido un anticipo por u$s 1.000.000.

                        Que requerida a la sociedad para que acompañara documentación respaldatoria que acredite el ingreso de los fondos anticipados, la emisora adjuntó, según constancias de fs. 806 y 830 copia de una nota enviada a CITIBANK N.A. SUCURSAL BS. AS. donde se indica que con fecha valor 8/11/00 está recibiendo a favor de GYZ en la cuenta 10990028 de CITIBANK N.A. SUCURSAL BS.AS. en CITIBANK NEW YORK, e instruye la transferencia a la cuenta 0-801288-014 de GYZ de la suma de $999.800 y adjunta además la parte pertinente del extracto.

                        Que, sin embargo, no se han obtenido evidencias de que los fondos provinieron de Mabel VIGIL DE ZORRAQUÍN, y en concepto del anticipo por la venta del campo LA ADELA.

                        Que por otra parte, en cuanto al saldo de precio, de u$s 1.852.528, la emisora acompañó como documentación respaldatoria, comprobantes de liquidación de comercio exterior de BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. (fs. 807/811), de los cuales se advierte que indican una fecha valor el 27/11/00 y una fecha de vencimiento 27/12/00, posterior a la escritura, además, de estos comprobantes, surge como datos de la operación “Orden de pago- Ot. Conceptos (Dólares)” y  concepto “Liquidación Cierre de Cambio...”. Es decir, que no surge el origen y titularidad de quien liquidó las divisas, y que esta liquidación haya sido por la venta del campo LA ADELA. Tampoco son referidos en la escritura de venta, que se limita a consignar que el pago se recibió con anterioridad.

                        Que por último, como documentación respaldatoria de la venta de los derechos de pradera del campo a SACFIL, la emisora puso a disposición la Nota de Débito N° 0004-0001875 (fs. 548), del 22/11/00, pero no acompañó documentación referida al pago efectuado por SACFIL S.A., lo que debió ser solicitado a ésta conforme luce a fs. 1.985.

                        Que la nota de débito, se trata de un documento que según la práctica y concepción contable, es aquella emitida por el comprador al vendedor, que señala la intención del comprador de reducir (debitar) la cuenta por pagar con el vendedor como resultado de una devolución o rebaja en compra. (Glosario de contabilidad. www.monografias.com).

                        Que la jurisprudencia ha señalado que “… las notas de débito resultan inidóneas “per se” para generar la obligación, pues no son más que un medio instrumental en el cual se sintetizan o plasman los hechos antecedentes que dieron lugar a una acreencia …” (CNCom, Sala C, 1995/04/18, en la causa A.E.I.S.A. c Tecne Fidias S.A. J.A., 1996-II200, Fraudes y Libros Contables, Alfredo R. Popritkin. Ed. La Ley, Cap. 2, Año 2.004, pág.30.).

                        Que como conclusión, resulta -prima facie- que la emisora no ha puesto a disposición documentación respaldatoria válida y suficiente que evidencie de manera inequívoca la recepción de los fondos por parte del CITIBANK N.A. producto de la venta del campo LA ADELA, ni evidencia que la transferencia recibida en la cuenta del CITIBANK N° 10990028, luego transferida a la cuenta 0-801288-014 por u$s 1.000.000, en concepto de la venta del campo LA ADELA, provino de Mabel Vigil de ZORRAQUÍN, ni documentación respaldatoria del pago por parte de SACFIL S.A. por las praderas, ni haber acompañado documentación respaldatoria concordante con la recepción de los fondos como parte del pago del campo LA ADELA de u$s 1.852.528, y la documentación respaldatoria de la liquidación de divisas.

I.4) Documentación respaldatoria préstamo del 30/5/00 efectuado por SACFIL S.A. a GYZ:

                        Que con fecha 30/5/00 SACFIL S.A. efectuó un préstamo a la emisora por $ 1.000.000 (fs. 1.693 y 1.816).

                        Que requerida a la sociedad la puesta a disposición de los extractos que acrediten el efectivo ingreso de los fondos provenientes del préstamo señalado, el mismo no fue puesto a disposición.

                        Que los argumentos expuestos por la emisora en cuanto a que no resulta necesaria la guarda de extractos bancarios, no concuerda con las presentaciones parciales e incompletas de extractos bancarios de otros períodos y de otras cuentas bancarias.

                        Que en consecuencia, resulta que no se ha puesto a disposición documentación respaldatoria válida y suficiente que permita corroborar el ingreso de los fondos provenientes del préstamo recibido de SACFIL S.A. el 30/5/00 por $ 1.000.000.

I.5) Documentación respaldatoria préstamo sindicado CITIBANK y BANCO RÍO DE LA PLATA S.A.:

                        Que con fecha 29/4/99 CITIBANK y BANCO RÍO DE LA PLATA S.A. otorgaron a la emisora un préstamo sindicado por un total de u$s 9.480.000 (fs. 1.742/43 y 1.817/18).

                        Que de acuerdo con las explicaciones brindadas por la emisora, y los auditores externos, los fondos fueron inicialmente recibidos en préstamos anteriores, que luego se consolidan en el préstamo sindicado citado.

                        Que en el marco de la verificación se solicitó a la emisora constancias documentales del efectivo ingreso de los fondos prestados y extractos bancarios correspondientes que permitan analizar los movimientos y destino de estos fondos.

                        Que la emisora no puso a disposición los extractos bancarios y demás documentación respaldatoria que permita corroborar lo solicitado.

                        Que en consecuencia, resulta que no se ha puesto a disposición documentación respaldatoria válida y suficiente que permita verificar el depósito original de los fondos que con posterioridad conformaron el préstamo sindicado recibido el 29/4/99 de CITIBANK y BANCO RÍO DE LA PLATA S.A. por un total de u$s 9.480.000, ni documentación respaldatoria que permita constatar los movimientos y aplicación de estos fondos.

I.6) Documentación respaldatoria préstamo de Finpak S.A. a GYZ  por u$s 5.100.000.

                        Que a los fines de cancelar el préstamo sindicado otorgado por BANCO RÍO DE LA PLATA S.A. y CITIBANK, la emisora recibió un préstamo de FINPAK S.A. que tuvo vigencia entre el 29/01/2000 y 30/3/2001, novándose luego a favor de SACFIL S.A., y que posteriormente conformaron la deuda de GYZ con SACFIL S.A. por $ 11.700.000 (fs. 472, 563/64, 834, 867/69, 919/23, 1.817/23, 1.742/43).

                        Que no obstante lo expuesto, la emisora no puso a disposición documentación respaldatoria que evidencie que el préstamo fue efectuado por FINPAK S.A., sino que por el contrario, en el marco de la verificación se constató que los fondos habrían sido directamente provistos por SACFIL S.A. (fs. 815 y 1.817).

                        Que, asimismo, no fueron puestos a disposición elementos de convicción que justifiquen la razón por la que los mutuos, inicialmente firmados en pesos, fueron refinanciados en dólares. (fs. 815, 871/949 y 1.817).

I.7) Refinanciación Préstamos SACFIL S.A. a GYZ.

                        Que de acuerdo con el contrato de fs. 561/570 del Expte. N° 76/03, se firmó un contrato de refinanciación entre SACFIL S.A. y GYZ por $11.700.000. A fs. 1.817/1.823, surge cuadro de análisis de la registración y documentación de respaldo analizada hasta la conformación del saldo indicado.

                        Que el préstamo en cuestión provino de la renegociación por parte de SACFIL S.A. de varios préstamos en dólares estadounidenses otorgados por SACFIL S.A. a FINPAK S.A., y SACFIL S.A. a GYZ de cuyo origen da cuenta el informe contable de fs. 9/13 del Expte. N° 268/03 y fs. 834 del Expte 76/03.

                        Que las condiciones de los préstamos antes de la renegociación eran: u$s 5.631.000 vto. 30/03/03 a tasa LIBOR más 4% anual; u$s 5.382.495 vto. 31/03/02 a tasa LIBOR más 4% anual, y u$s 250.000 vto. 30/05/02 a tasa LIBOR más 5% anual. A la suma de los montos indicados se le adicionaron intereses por u$s 439.246 y se le restaron $ 2.741 en concepto de cancelación parcial, por lo que el préstamo se consolidó en la suma de $11.700.000 (conf. fs. 567),  con vencimiento el 30/01/02 y con intereses compensatorios a tasa LIBOR para operaciones a 30 días, más 4 % anual e intereses punitorios del 150 % de la tasa activa del BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA para operaciones de descuento.

                        Que a su vencimiento, 30/01/02 el crédito fue cedido por SACFIL S.A. a la Sra. Mabel VIGIL DE ZORRAQUÍN, quien ese mismo día lo donó a su hijo Federico ZORRAQUÍN.

                        Que el crédito nominal de $11.700.000 devengó intereses compensatorios y punitorios entre el 29/12/01 y 5/11/02 por $ 7.575.905, por lo que el monto de la deuda más intereses arrojó un total de $19.275.905. Dicho importe fue cancelado el 13/11/02 mediante la dación en pago de inmuebles de la calle Céspedes 3853, 3857/63 y 3850/74, créditos verificados como quirografarios contra CEPA por $11.371.948 y dinero en efectivo por $3.000.000.

                        Que en los estados contables al 31/03/02, se indica como Préstamos Comunes (nota 2i) a vencer en el primer trimestre (nota 2r) en el Pasivo Corriente por $11.810.782, suma que incluye el capital de $11.700.000 más los intereses devengados desde el 28/12/01, fecha del contrato de refinanciación, hasta la fecha de cierre. Además, se consigna que la tasa promedio de los préstamos que devengan intereses es del 6 % anual (nota 2s); en los estados contables al 30/06/02, se indica como Préstamos Documentados (nota 2h) vencidos (nota 2q) en el Pasivo Corriente por $15.294.239, suma que incluye el capital de $11.700.000 más los intereses devengados, no constando que se consigne la tasa promedio de los préstamos que devengan intereses; verificándose en los estados contables al 30/9/02, similar situación.

                        Que en consecuencia, resulta una eventual omisión en los estados contables al 31/3/02 el no consignar los intereses punitorios, que ascendían al 150% de la tasa activa del BNA para operaciones de descuento respecto al préstamo a vencer, que mantenía la sociedad con SACFIL S.A., consignándose sólo una tasa de interés del 6% anual y una eventual omisión en los estados contables al 30/6/02 y 30/9/02, en relación a los préstamos que mantenía con SACFIL S.A., de toda referencia a tasas de interés devengadas.

I.8) Documentación respaldatoria inversiones registradas como Anexos C y D de los estados contables de la emisora desde el año 1997 en adelante:

                        Que con el objeto de conocer los movimientos efectuados por la emisora en el rubro inversiones conforme Anexos C y D de los estados contables desde el año 1997 en adelante, se solicitó la puesta a disposición de la documentación respaldatoria correspondiente, en particular, los extractos bancarios y comprobantes de inversiones respectivos (ver fs. 187/188), lo que fue reiterado en diversas oportunidades (ver fs. 1.796).

                        Que pese a los repetidos requerimientos, la emisora no puso a disposición documentación respaldatoria válida y suficiente que evidencie los saldos y movimientos de los fondos inicialmente registrados en los Anexos C y D de los estados contables de la emisora desde el año 1997 en adelante (ver fs. 1.508, 1.960 y 2.170).

                        Que la presentación de comprobaciones de los saldos finales en los períodos de los estados contables presentados por los auditores externos y miembros de la comisión fiscalizadora, no resultan suficiente para permitir al Organismo conocer con certeza los movimientos y destino de las inversiones aludidas.

I.9) Firma de Libros Actas de Directorio y Comisión Fiscalizadora:

                        Que oportunamente, de acuerdo con la compulsa efectuada con fecha 15/8/02, de acuerdo con lo que resulta del acta de verificación de fecha 15/8/02 que luce a fs. 2.403, se constató que las actas de Directorio N° 10, 11, 12, 16, 19, 21, 22, 23, 26, 32, 38, 40, 42, 44, 52, 53, 55, 56, 65, 67, 71, 89, 138, 235, 240 y 234 y Comisión Fiscalizadora N° 114, no se encontraban regularmente suscriptas.

                        Que posteriormente, por nota 17.206 del 22 de agosto de 2002, obrante a fs. 2.404, la emisora acreditó su regularización.

                        Que no obstante ello, no puede desconocerse que al momento de la verificación las actas no se encontraban regularmente suscriptas.

I.10) Contrato de Fideicomiso de Garantía Cepa 2003:

                        Que con fecha 26/3/03 el Directorio de GYZ resolvió aprobar y celebrar un fideicomiso de garantía en virtud del cual transfirió la propiedad fiduciaria de 10.730.400 acciones de su tenencia accionaria en CEPA, que representaban el 51 % de todas las acciones en circulación de dicha sociedad, reservándose el usufructo de los derechos políticos y limitando la garantía solo a las acciones fideicomitidas.

                        Que requerida explicaciones respecto al criterio contable seguido para reflejar lo expuesto, la sociedad señaló que siguió el criterio aprobado en la reunión plenaria del 1° de julio de 1997 de la Comisión de Estudios sobre Contabilidad del CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, Informe N° 28 “Tratamiento contable del Fideicomiso”.

                        Que asimismo informó por Nota 9.529 (fs. 2.378) que el criterio bajo el que se ha contabilizado la operación es el indicado en el punto 4.2.2. “Tratamiento cuando la transmisión fiduciaria no se asimila a una operación de venta”.

                        Que la emisora no ha acompañado las constancias de asientos contables y documentación de respaldo respectiva.

                        Que el punto 4.2.2. del Informe 28 señala: “…Cuando no se dan las condiciones mencionadas en el punto 4.2.1 para el tratamiento de la transmisión fiduciaria como una operación de venta, el tratamiento contable será el siguiente:” 4.2.2.1. (En la contabilidad del fiduciante): “…Los bienes fideicomitidos deberán ser reclasificados en la contabilidad del fiduciante en una cuenta que refleje su afectación al fideicomiso, reflejándose, además, como activos y pasivos las prestaciones y contraprestaciones vinculadas o relacionadas con la operación en cuestión. Así, por ejemplo, el tratamiento contable relacionado con la obtención de un préstamo con garantía fiduciaria, implicará la reclasificación o exposición aclaratoria de los bienes afectados al fideicomiso en garantía y la contabilización del activo y pasivo originados por el mutuo. Las transacciones posteriores que se realicen durante el ciclo de vida del fideicomiso serán registradas en los libros del fiduciante en base la información recibida del fiduciario…”

                        Que en virtud de lo expuesto, resulta una eventual falta de adecuada explicación en notas a los estados contables presentados desde el 30/9/03 (presentado por ID 4-26587-D y ID-4-26673-D) en adelante hasta el 30/6/07 (ID-4-83554-D) y del porcentaje de acciones que están a nombre del fiduciario, y además, no surge de los estados contables al 30/6/03 en adelante, la reclasificación que establece el Informe N° 28 (ver fs. 2.331/32, 2.335/2.374, 2.378 y 4.280). Si bien el Informe N° 28 trata como una recomendación el criterio contable a seguir, teniendo en cuenta que la aplicación de dicho informe fue voluntaria por parte de la emisora, debería haberse efectuado en forma íntegra y explicada adecuadamente en notas.

I.11) Conclusiones:

                        Que los hechos descriptos en los puntos I.1 a I.10 importan un eventual incumplimiento a lo establecido en las siguientes Normas: artículos 33, apartado 3°, 43, 44, 51, 67, 68, del Código de Comercio; artículos 59, 63 inciso 1 apartado b), 64 inciso I apartado c) y 65 punto 1) inciso j), 73 y 274 de la Ley N° 19.550; artículos 1°, 2° y Anexo I, puntos XXIII.11.1 y XXIII.11.5 del Capítulo XXIII de las Normas; Resolución Técnica de la FEDERACIÓN ARGENTINA DE CONSEJOS PROFESIONALES DE CIENCIAS ECONÓMICAS N° 8, Capítulo II, punto H, Capítulo III, punto A, 2 a., Capítulo IV, punto A, 2 b. y Capítulo VII puntos A y C.; Resolución Técnica N° 9, Capítulo III, punto A, 3, Capítulo IV, punto A, y Capítulo VI, puntos A.1.d, A.5.b. y A.12, y C., Resolución Técnica N° 10, Segunda Parte, punto B, en cuanto a los principios, cualidades o requisitos generales de la información contable, punto 1,1ª (veracidad), 1,1 b (objetividad), 1,1 g (precisión), 1,1 h (confiabilidad), 1, 3 a (pertinencia), 1, 2 b (integridad), 1, 3 c (significación); normas generales de valuación y medición del patrimonio y resultados, 2, 6 (Reconocimiento de variaciones patrimoniales), y punto 3.1 del Título B de la segunda parte de la Resolución Técnica N° 10 normas particulares de valuación y medición del patrimonio y resultados y; receptadas actualmente por Resolución Técnica N° 16 de la citada Federación, e Informe 28 emitido por la Comisión de Estudios sobre Contabilidad del CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.

                        Que los registros contables deben ser un elemento imprescindible en todo tipo de ente para su utilización en las distintas áreas del mismo. Deben ser claros tanto para la toma de decisiones como para el seguimiento de documentación y deben contenerse en un sistema que se adapte a las distintas necesidades del ente.

                        Que sabido es que la mencionada “documentación respaldatoria”, la cual es emitida por el titular de la contabilidad, es exigida como complemento a la registración contable y es obligación del comerciante su conservación (arts. 43 y 67 del Código de Comercio).

                        Que tanto la doctrina como la jurisprudencia son contestes en que la documentación respaldatoria “… es el nexo entre los asientos y los documentos existentes que justifiquen la naturaleza de las operaciones registradas” (Anaya, Jaime L. y Podetti, Humberto A. Código de Comercio Comentado, tomo II, Ed. Omeba, 1.967).

                        Que la función del respaldo documental hace al objetivo del comerciante, cual es el conocimiento constante y exacto de la realidad económica de sus operaciones y “…cada elemento contable influye en el sistema al punto que una inexactitud convierte en poco confiable el cumplimiento de las finalidades informativas del conjunto” (Garrigues Joaquín, Tratado de Derecho Mercantil”, vol 3).

                        Que como lo señala Luisa Fronti de Garcia y colaboradores (Temas de Contabilidad, Registros Contables, Ed. Macchi, 1988, pag. 63 en  “Si bien la jurisprudencia ha tomado muy en cuenta los libros de comercio, no debe olvidarse que la falta de documentación respaldatoria hace ineficaz los asientos contables”, y “… cada vez se le da mayor importancia al comprobante, es decir, a la documentación respaldatoria de los asientos contables. Estos no tienen validez, sin dicha documentación, dado que el sistema debe ser integrado y es una condición sine qua non, para que exista, la correlación de las registraciones con la respectiva documentación”.

                        Que asimismo, como se señalara en una de las conclusiones arribadas en la Comisión III en las Primeras Jornadas de Actuación Profesional de Graduados en Ciencias Económicas: “…Las registraciones contables sin comprobantes no tiene validez y los comprobantes sin registración no forman parte de un sistema contable integrado, por lo que no cumplen con los fines de este, sin perjuicio de su validez jurídica intrínseca” (Registros Contables, Temas de Contabilidad, Luisa Fronti de García y colaboradores, Ed. Macchi, 1.988, pág. 72).

                        Que, como dice, Alfredo R. Popritkin (“Fraudes y Libros Contables”, Ed. La Ley, 2004, pág. 11) “No basta que la contabilidad cumpla con todos los preceptos anteriores para que sea válida; resulta necesario, además que se conserve la documentación que dio origen a las transacciones”. “Esto es razonable porque de lo contrario un comerciante podría registrar operaciones inexistentes sin que nada se pueda decir sobre ello.”.

                        Que “La legalidad de los registros está condicionada a la existencia de documentación de respaldo de los periodos sujetos a la verificación del profesional”.

                        Que “Toda operación tiene su origen en una transacción que se respalda por algún documento; en algunos casos se trata de documentación emitida o intervenida por terceros (vg. Recibo, remito) y en otros de documentación emitidos por el propio titular de la contabilidad (vg. Factura emitida a clientes, orden de pago).”

                        Que si “Hay asientos que tienen origen en cálculos o cómputos internos del comerciante (vg. Amortizaciones, previsiones, provisiones), en cuyo caso la documentación estará constituida por el propio cálculo o papel de trabajo que debe ser conservado. Existe entonces, documentación contable de mayor valor que otra, en función de quién la emite o interviene, pero en un caso u otro esta documentación es útil y necesaria a los fines probatorios, y por lo tanto, debe conservarse para ser exhibida en la oportunidad que corresponda”.

                        Que “Toda la documentación debe conservarse adecuadamente ordenada y resultar de rápido y fácil acceso …”. “… Se establece que cuando el funcionario o empleado que realice una fiscalización exija la presentación de libros, anotaciones, documentos, comprobantes y demás elementos de juicio, el responsable deberá exhibirlos en forma ordenada y clasificada que resulte más adecuada para la verificación que se realiza…”. (Alfredo Popritkin, obra citada, pág. 30).

                        Que “Los libros y documentación que se deben llevar, son aquellos que permitan integrar un sistema de contabilidad, es decir, conformar un conjunto coherente, armónico y debidamente vinculado, de forma tal que cualquier lector con conocimientos técnicos contables, pueda obtener la información que el comerciante está obligado a producir.” y “Un sistema contable integrado debe ser, entonces, autosuficiente, es decir, el sistema por sí solo debe posibilitar, por ejemplo, el conocimiento del saldo de una cuenta …, la manera en que se formó ese saldo … o las razones que dieron origen a las operaciones …).”,  “Todos aquellos registros, programas y salidas de computación que son de utilidad para la organización, conforman el sistema contable, y por lo tanto, son susceptibles de revisión al momento de una verificación contable”.  (Alfredo Popritkin, obra citada, pág. 46).

                        Que “…No basta contar con libros formalmente bien llevados, sino que los mismos deben estar acompañados con la documentación que ha dado origen a las operaciones que motivan el litigio y son objeto de verificación contable.” (Alfredo Popritkin, obra citada, pág. 46).

                        Que asimismo, Joaquín Rodríguez Valencia (Organización contable y administrativa de las empresas, Joaquín Rodríguez Valencia, Ed. Thomson, Tercera Edición, 2.002, pág.123)  señala: “…la documentación es el medio por el cual se llegan a coordinar los hechos y las operaciones financieras. Por lo tanto, las funciones generales de la documentación contable son las siguientes: Captar las operaciones. Consiste en tener conocimiento de las operaciones a través de un documento que contenga los pormenores de las mismas. Comprobar las operaciones. Consiste en que el propio documento esté debidamente autorizado con las firmas de las personas responsables. Justificar las operaciones. Es la razón de ser de la operación basada en las políticas establecidas. Su forma objetiva está constituida por la aprobación de los funcionarios responsables mediante su firma de autorización, la cual será válida si han obrado dentro de sus facultades, de lo contrario, la operación estará comprobada, pero no justificada. Los documentos, en su aspecto de órdenes, sirven para movilizar los valores de la empresa y, debidamente autorizados, establecen un control sobre los mismos. Las funciones hasta aquí expuestas no bastarán para los fines de la contabilidad, pues es necesario registrar en los libros el movimiento de los valores o contabilizarlo, operación que consiste en determinar cuantitativamente cuáles cuentas resultaron afectadas, estableciéndose con ellos las relaciones de causa-efecto que se hayan originado con motivo del hecho económico que se trata de registrar. Por lo tanto, los documentos contabilizadores son aquellos de los cuales se toman datos para practicar asientos.”

                        Que finalmente, José Luis Pungitore (Sistemas Administrativos y Control Interno, José Luis Pungitore, Ed. Osmar D. Buyatti, 2.006, pág. 44 y 51) señala: “… Por otro lado, y adicionalmente a la formalización por escrito de las operaciones, debemos destacar la importancia de contar en cada caso con la correspondiente documentación de respaldo. Es decir, la factura del proveedor en caso de una compra, la rendición de gastos y sus correspondientes comprobantes en el caso de viáticos, etc. al margen de que emitamos un cheque para su pago y documentemos internamente la operación emitiendo la correspondiente Orden de Pago...”; “…la función de archivo es muy importante para una organización, simplemente porque la información bien archivada es adecuadamente recuperada en el momento oportuno. Recordemos que la información y documentación archivada puede tener carácter operativo, o de control.”, “También es de destacar la importancia de contar con un plan de cuentas acorde a las necesidades y que permita suficiente segregación en lo que respecta a las operaciones que queremos controlar o destacar.”

                        Que en suma, como ya se ha manifestado, la doctrina coincide en que “una contabilidad regular en su método técnico y consecutividad de asientos está fundamentada en intereses supraindividuales y suprasocietarios” (Obarrio, Manuel, Curso de Derecho Comercial, tomo I p. 70, Buenos Aires 1.924 y Dealecsandris, R. y Quian, R. “Los estados contables” en “Conflictos Societarios”, Bs.As. 1.983).

                        Que, “En síntesis, la obligación de llevar libros de contabilidad se justifica actualmente desde un triple punto de vista: 1°) por el interés del propio comerciante que los lleva, porque así puede conocer en todo momento su propio estado financiero y orientar, en consecuencia, su gestión mercantil; 2°) por el interés de quien contrata con él, porque en dichos libros puede apoyar sus propias defensas; 3°) por el interés general del comercio y de la sociedad, ya fuere porque en caso de quiebra se podrá, sobre la base de los libros, reconstruir la conducta comercial del fallido, garantizando los derechos de los acreedores y descubriendo los fraudes y las operaciones desleales, ya porque interesa al público en general conocer el estado patrimonial de ciertas entidades que operan con capitales de pequeños ahorristas que invierten en ellas sus fondos, ya porque el Estado quiere llevar el contralor del resultado de la explotación de las empresas con propósitos fiscales.” (Rodolfo A. Fontanarosa, Parte General T° 1, 5ª. Edición., pag. 329).

                        Por último, a mayor abundamiento, la CSJN ha desestimado la validez probatoria de las registraciones contables manifestando que “…todas las registraciones contables deben estar respaldadas por los comprobantes correspondientes y sólo de la fe que estos merezcan surgirá el valor probatorio de aquéllas.” (CSJN, 15/5/2001, Arfin S.A. c D.G.I. La Ley, 2001-E, 574).

 

II.  PARTES RELACIONADAS Y DEBER DE INFORMAR

                        Que por otra parte, a la luz de las constancias obrantes en los expedientes 76/03 y 268/03, se observó:

                        Que, en relación al préstamo de SACFIL S.A. señalado en el punto I.7), se advirtió que previo a formalizar la operación, por reunión de Directorio del 5/11/02 (fs. 628/29 Expte. N° 76/03), se resolvió requerir a dos firmas evaluadoras su opinión, entre ellas a EVALUADORA LATINOAMERICANA CALIFICADORA DE RIESGO S.A..

                        Que conforme luce en el Expte. N° 268/03, EVALUADORA LATINOAMERICANA CALIFICADORA DE RIESGO S.A., no podía realizar tal valuación toda vez que su objeto social no lo permitia (conf. Res. 14.490 CNV).

                        Que además, no consta que se hubiese comunicado a esta Comisión en forma inmediata que SACFIL S.A., de acuerdo con el informe de contador de fs. 7/13 del Expte. N° 268/03, era titular de un crédito contra la sociedad al 28/12/01 por $ 11.700.000, y que Federico ZORRAQUÍN era titular de un crédito contra la sociedad por $ 11.810.781,37 al 30/1/02.

                        Que asimismo, no se habría sometido a la previa aprobación por el Directorio y Comisión Fiscalizadora de GYZ, que al 28/12/01 SACFIL S.A. era titular de un crédito contra la sociedad por $ 11.700.000, y que Federico ZORRAQUÍN era titular de un crédito contra la sociedad al 30/1/02 por $ 11.810.781,37, cuando tanto SACFIL S.A. como Federico ZORRAQUÍN serían partes relacionadas, en el primer caso en virtud de que desde el 19/10/00 Federico J.L. ZORRAQUÍN y Mabel VIGIL DE ZORRAQUÍN serían accionistas de SACFIL S.A., y directores accionistas de GYZ, y en el segundo caso Presidente y accionista de la sociedad.

                        Que además, la emisora no habría comunicado a esta Comisión en forma inmediata la decisión de aceptar la propuesta de Federico ZORRAQUÍN que fue aprobada por reunión de Directorio del 5/11/02 y cuya aceptación se trató en la reunión de Directorio del 13/11/02, respecto de la cancelación del crédito de Federico ZORRAQUÍN con los inmuebles de Céspedes 3853, la cesión en pago del crédito que GYZ tenía contra CEPA y el pago de $ 3.000.000 en efectivo.

                        Que por otra parte, del Informe de EVALUADORA LATINOAMERICANA CALIFICADORA DE RIESGO S.A (conf. fs. 588 del Expte. N° 76/03), y del informe de BANCO PRIVADO DE INVERSIONES S.A. (fs. 596, Expte. N° 76/03), surge que se habrían estimado distintas propuestas concursales para la elaboración de los informes mencionados.

                        Que sin perjuicio de lo expuesto, la propuesta del acuerdo preventivo de CEPA fue remitida por GYZ a esta Comisión el 8/11/02.

                        Que conforme la documentación remitida al Organismo (fs. 19/47), se advierte que la propuesta de acuerdo preventivo difería en gran medida a las premisas tenidas en cuenta por las evaluadoras independientes.

                        Que se advierte, que el directorio al momento de su aprobación realizada el 13/11/02, habría estado en conocimiento de la existencia de diferencias entre las premisas consideradas por las evaluadoras y las informadas con fecha el 8/11/02, no obstante lo cual no consta que hubiesen adoptado medidas de diligencia, lealtad y buen gobierno tendientes a complementar los informes de las evaluadoras teniendo en cuenta las limitaciones al alcance tenidas al momento de efectuarse las evaluaciones, y el momento de su aprobación.

                        Que en los hechos mencionados en los párrafos anteriores se advierte la posibilidad de infracción a lo establecido en los artículos 73 y 77 de la Ley N° 17.811 (conf. Texto Dec. 677/01), artículos 5°, inciso a), 8° del Decreto N° 677/01, artículos 1°, 2°, 3°, primer párrafo e incisos 4), 16) y 20) del Capítulo XXI de las Normas (N.T. 2.001 y mod.) y, a lo establecido en los artículos 59, 271 y 274 de la L.S.C. 

                        Que el artículo 73 de la Ley N° 17.811, exige que, tratándose de actos o contratos con partes relacionadas, la operación debe someterse a la aprobación previa de la asamblea, cuando las condiciones previstas no hayan sido calificadas como razonablemente adecuadas al mercado por el comité de auditoría o por dos firmas evaluadoras.

                        Que si bien el artículo citado, no se encontraba operativo por no contar a esa fecha con reglamentación de esta Comisión (la misma fue dictada con fecha 26 de marzo de 2002), no pudo haber dejado de informarse el hecho, tal como lo establece el artículo 73 citado anteriormente.

                        Que la habitualidad de este tipo de operaciones no son eximentes de su información al Organismo como hecho esencial, prueba de ello es que este tipo de operaciones tiene especial tratamiento en las Resoluciones Generales N° 400 y 421, por considerarse un hecho esencial y relevante.

                        Que no es menos importante en el derecho comparado el cumplimiento del deber de informar, desde que: “La idea directriz de la nueva orientación (que procede del mundo anglosajón –del denominado securities law) es la puesta en práctica de una política de máxima publicidad de los datos relevantes de determinados sujetos que intervienen en el mercado de capitales, entre los cuales se encuentran las sociedades anónimas, que tenga en cuenta los distintos interesados partícipes en el mercado de capitales. Esta política en su orientación inicial exige la adopción de medidas para que circule una información suficiente, veráz y fiable, …” (Derecho de Sociedades Anónimas – Derecho de Información del accionista- Gaudencio Esteban Velasco, Vol I, pag. 185).

                        Que el artículo 77 de la Ley N° 17.811 al referirse al deber de lealtad con que deben actuar los directores: se refiere a: a) La prohibición de hacer uso de los activos sociales y la de hacer uso de cualquier información confidencial, con fines privados; b) La prohibición de aprovechar, o de permitir que otro aproveche, ya sea por acción o por omisión, las oportunidades de negocio de la sociedad; c) La obligación de ejercer sus facultades únicamente para los fines para los que la ley, el estatuto, la asamblea o el directorio se las hayan concedido; d) La obligación de velar escrupulosamente para que su actuación nunca incurra en conflicto de intereses, directo o indirecto, con los de la sociedad, y en caso de duda acerca del cumplimiento del deber de lealtad, la carga de la prueba corresponde al director.

Que el artículo 5º inciso a) del Anexo aprobado por Decreto Nº 677/01 impone a los administradores de entidades emisoras que realizan oferta pública de valores negociables y a los integrantes de su órgano de fiscalización, estos últimos en materia de su competencia, el deber de informar en forma inmediata a este Organismo, acerca de todo hecho o situación que, por su importancia, sea apto para afectar en forma sustancial la colocación de valores negociables o el curso de su negociación.

                        Que el incumplimiento al artículo 5° inc. a) del Decreto N° 677/01 -como así también a los arts. 2° y 3° de las NORMAS - constituye una infracción de peligro abstracto, que se consuma por la propia violación a la norma y no requiere un efecto negativo sobre la cotización (v. CNAC, Sala A, in re “Establecimiento Modelo Terrabusi S.A. s/ transferencia paquete accionario a Nabisco”, 5/12/97, con fundamentos del Fiscal de Cám., 22/10/97).

                        Que en el ámbito de la oferta pública, un administrador debe actuar “con la diligencia de un buen hombre de negocios en la preparación y divulgación de la información suministrada al mercado” (art. 8º, Anexo Dec. Nº 677/01).

                        Que el artículo 2º del Capítulo XXI de las Normas (N.T. 2001 y mod.), impone a los participantes en el ámbito de la oferta pública y en particular a los administradores e integrantes del órgano de fiscalización de las emisoras el deber de informar a esta COMISION NACIONAL DE VALORES, en forma inmediata –en los términos del artículo 5º inciso a) del Anexo aprobado por Decreto Nº 677/01 y conforme lo dispuesto en el Capítulo XXVI- todo hecho o situación que, por su importancia, sea apto para afectar en forma sustancial la colocación de los valores negociables de la emisora o el curso de su negociación.

                        Que este deber de comunicar información veraz y completa conlleva la obligación de formular todas las aclaraciones o rectificaciones necesarias para que la información divulgada no sea confusa, engañosa o incompleta.

                        Que el art. 3º del Capítulo XXI de las NORMAS (N.T. 2.001 y mod.) enuncia a título ejemplificativo una serie de supuestos considerados por la normativa con idoneidad para afectar la colocación o curso de negociación de los valores negociables.

                        Que en las ejemplificaciones del artículo 3º del Capítulo XXI de las NORMAS (N.T. 2.001 y mod.) –que no cabe lugar a duda deben ser informadas en forma inmediata y que poseen el carácter de relevantes-, se encuentra la obligación de comunicar “Hechos de cualquier naturaleza que afecten o puedan afectar en forma sustancial la situación económica, financiera o patrimonial de las sociedades controladas y controlantes en el sentido del artículo 33 de la Ley Nº 19.550, inclusive la enajenación y gravamen de partes importantes de su activo” (inc. 16).

                        Que inc. 4º del citado artículo (Cap. XXI de las NORMAS, N.T. 2.001 y mod.) ordena informar la decisión sobre inversiones extraordinarias, operaciones financieras o comerciales de magnitud que tengan incidencia sobre la situación de la entidad.

                        Que reforzando lo anterior, cuando un hecho se considera relevante y es comunicado a la CNV, todos los hechos o situaciones relacionadas con él deben ser igualmente comunicados para que de esta manera exista una continuidad en la información, lo cual tiende a evitar errores o confusiones por parte del inversor.

                        Que la eventual infracción se configura con la sola aptitud de generar un perjuicio de cualquier naturaleza que éste fuera, por el incumplimiento de la normativa de la CNV.

III. Sistemas Informáticos:

                        Que en el curso de la verificación, y en respuesta a requerimiento efectuado por este Organismo, por Nota 15.379 la emisora señaló: “Reiteramos lo dicho en nuestra respuesta anterior sobre el tema respecto de que el sistema contable utilizado por GYZ “CG” no tenía integrado un sub-sistema de cuentas corrientes. La información del sub-sistema de cuentas corrientes tanto de clientes como de proveedores se volcaba a la contabilidad a través de una interfase. Obviamente todo tipo de seguimiento y análisis de las cuentas corrientes deudoras y acreedoras se hacía utilizando dicho sub-sistema, empleado hasta el momento de migrarse al actual sistema contable”.

                        Que, por otra parte, en relación a una observación realizada a la emisora con motivo de haber utilizado la cuenta Ajuste por Inflación Bienes de Uso, en la registración del campo LA ADELA, se señaló, conforme surge a fs. 2.385: “El sistema contable que utilizaba GyZ en el año 2.000 (luego reemplazado), tenía limitaciones que no permitía modificar patrones informáticos de determinadas cuentas del plan de cuentas contables original.”

                        Que en virtud de lo expuesto, resulta –en principio- que se habrían realizado modificaciones al sistema informático, no existiendo constancia de haberse obtenido la correspondiente autorización ante el Organismo.

                        Que por otra parte, cabe señalar que tampoco obra en los registros de esta Comisión, constancia de haberse tramitado pedidos de autorización para llevar el registro en forma computarizada o efectuar modificaciones al sistema llevado por la emisora.

                        Que lo expuesto, resulta un eventual incumplimiento a lo establecido en los artículos 61 de la L.S.C. y artículos 23 y 24 del Capítulo V de las NORMAS (N.T. 2.001 y mod.) por no haber comunicado las modificaciones del sistema informático de la sociedad  ni haber solicitado la autorización a la autoridad de control.

IV. Otras Consideraciones:

                        Que el examen global de las circunstancias y de todos los hechos analizados en esta Resolución, determina evaluar si el comportamiento de los administradores de la sociedad se desarrolló conforme a los artículos 59 y 274 de la Ley Nº 19.550.

                        Que los artículos 59 y 274 de la Ley Nº 19.550 establecen que los administradores y representantes de la sociedad deben obrar con la lealtad y diligencia de un buen hombre de negocios y que responden ilimitada y solidariamente hacia la sociedad, los accionistas y los terceros por el mal desempeño de su cargo, así como por violación de la ley, el estatuto o el reglamento.

                        Que la conducta de los administradores y fiscalizadores de la emisora debe sentarse sobre la base de la conducta de “un buen hombre de negocios”.

                        Que para la doctrina la noción de buen  hombre de negocios implica que, debe tener una auténtica responsabilidad profesional, o sea capacidad técnica que será apreciada de acuerdo a las circunstancias, de momento, lugar y funciones, adecuando su conducta de conformidad con las reglas empresarias (Verón, Sociedades Comerciales, Ley Nº 19.550 – Tomo 1, pág. 455, Ed. Astrea, 1.993).

                        Que debe tenerse presente que esta conducta responde a un principio de “lealtad”. El concepto significa según el Diccionario de la Real Academia Española la “legalidad, verdad y realidad”.

                        Que relacionando con el concepto jurídico puede decirse que ello se traduce “con una adhesión inquebrantable, al estricto cumplimiento en los ordenamientos … a los que adhirió desde el día que aceptó el cargo … Su exteriorización como conducta, tiene por finalidad proteger los intereses cuya administración le ha sido confiada evitando su confusión con los intereses personales o de terceros”. (García Tejera, Norberto, Deberes de conducta de los directores de sociedades anónimas, pág. 29, Ed. Ad Hoc, 1.999).

                        Que de acuerdo a ello se concuerda que la conducta de los administradores y fiscalizadores debe tender, teniendo en cuenta que son custodios de bienes ajenos a: i) Conservar los bienes de la sociedad, debiendo mantener los mismos en el patrimonio social y justificar su enajenación o transmisión, manteniendo su producido o dando cuenta de su destino o aplicación; ii) Evitar a través de una política comercial prudente, el agravamiento de la responsabilidad patrimonial de la sociedad. (Nissen, Ricardo Ley de Sociedades Comerciales, T.2, pág. 47, Ed. Abaco, 1.993).

                        Que esto se entiende como la observancia de una conducta leal y diligente por parte de los directores, administradores y fiscalizadores de las emisoras, haciendo prevalecer, sin excepción, el interés social de la emisora en que ejercen su función y el interés común de todos sus socios por sobre cualquier otro interés, implementando mecanismos preventivos del interés social, de modo de reducir el riesgo de conflictos de intereses permanentes u ocasionales en su relación personal con la emisora o en la relación de otras personas vinculadas con la emisora.

                        Que asimismo, debe tenerse en cuenta que este deber se refiere en particular a actividades en competencia con la emisora y, en general, a toda situación que genere o pueda generar, conflicto de intereses.

                        Que relacionado con el deber de lealtad podemos comprender que las acciones comprendidas en este deber deben tender al cumplimiento del interés social, velando para que las acciones de los administradores y fiscalizadores nunca incurran en un conflicto de intereses.

                        Que todo lo manifestado hasta aquí confluye en que debe prevalecer el interés social representado por el interés común a todos los socios y no en beneficio del interés particular de algunos socios a expensas de los restantes.

                        Que la pauta debe cumplirse inexorablemente en las sociedades abiertas, incluidas en el régimen de oferta pública, con accionistas externos, que no se encuentran relacionados con los mayoritarios por ningún vínculo.

                        Que aparece aquí el conflicto entre el interés grupal y el interés social, cuando la administración responde al interés del grupo al que representa y que tiene directorios “interconectados”, como en las presentes circunstancias en que el directorio de una compañía relacionada a otra compañía a través de uno o varios directores comunes, “de tal modo que pareciera que los negocios manejados por estos están en cierto grado, bajo un mismo control” (Felicia Burlando de Acuña, El interlocking en el Directorio, El Directorio en las Sociedades Anónimas, pág. 82, Ed. Ad Hoc, 1.999).

                        Que se da en estas circunstancias el doble juego de intereses, por un lado el interés social de la sociedad donde funciona el órgano y el interés grupal, generando decisiones fuera del órgano natural en virtud del interés grupal, sin participación ni consejo de los órganos societarios propios como la asamblea, “cediendo el interés social de cada componente ante la noción más difusa y menos jurídica: el interés del grupo” (David Baigún-Salvador D. Bergel, El Fraude en la Administración Societaria, pág. 77, Ed. Depalma, 1.991).

                        Que sin embargo, el hecho de que exista un interés del grupo, que de hecho existe y no puede ser de otra manera, ya que no es ilegal ni antijurídico, no justifica que los administradores se aparten de los principios fundamentales de la ley como el deber de lealtad hacia la sociedad en que ejercen el cargo, generando un conflicto de intereses entre ésta y las otras sociedades que forman el grupo, debiendo abstenerse de actuar cuando las situaciones generen tal conflicto de intereses.

                        Que, “…no existe en nuestra ley elemento alguno que pueda fundar una exoneración o atenuación de responsabilidad en el administrador que hubiera cumplido en forma infiel su mandato para con la sociedad, aún cuando lo hubiese sido en beneficio del grupo o de una de sus unidades integrantes.” (David Baigún- Salvador D. Bergel- El Fraude en la Administración Societaria, pág. 79, Ed. Depalma, 1.991), máxime cuando existen partes relacionadas.

                        Que ello también se advierte con el posicionamiento del interés social en el seno del grupo societario, ya que, la fijación de políticas generales para el grupo, pareciera deponer el interés social diferente en cada una de las sociedades relacionadas con el grupo mayoritario.

                        Que no parece conveniente desnaturalizar la esencia del grupo, sino de destacar cuando por esa razón aparece la responsabilidad de los administradores. Se trata de destacar que el principio de lealtad debe siempre responder a los intereses sociales de la sociedad que administran y no responder al vínculo personal que los une entre sí, sin atender al “doble juego de lealtades” que pudieran tener.

                        Que por ello, se cree que este deber de lealtad debe traducirse en una conducta que no esté en contra de los intereses de la sociedad, que tenga en miras la satisfacción del interés común, “… no satisfaciendo los intereses de la mayoría, sino los comunes a todos los socios. … De no cumplirse con esta obligación, los administradores se convertirían en instrumentos de la opresión de los socios minoritarios por los mayoritarios, hipótesis particularmente peligrosa debido a que los administradores serán normalmente elegidos por quienes representan a la mayoría del capital” (Guillermo Cabanellas de las Cuevas – Derecho Societario- Parte General- Los órganos societarios, pág. 238, Ed. Heliasta, 1.993).

                        Que también se ha expresado que “... ha sido correcto extender la sanción a directores y síndicos, conforme lo autoriza el artículo 12 de la Ley N° 22.315, por cuanto en una sociedad anónima bursátil están sujetos a determinadas obligaciones y son pasibles de responsabilidad administrativa – directa o indirecta – en razón de la exigencia de proteger al inversor en títulos cotizables, en vista a la canalización del ahorro colectivo hacia los mercados de capitales, para proveer al desarrollo de la industria y del comercio...” (Expte. Nº 73.976 “Comisión Nacional de Valores c/ Electromac S.A. s/posible incumplimiento al Capítulo XXVI de las Normas (N.T. 2.001).

                        Que en las sociedades sometidas al régimen de oferta pública los síndicos son responsables por las infracciones cometidas por la sociedad por obligaciones que le corresponden a los directores, y asimismo, son responsables a tenor de lo dispuesto por el artículo 294 incisos 5º y 9º de la LSC (Acuerdo Nº 2522 CNV del 20-12-74).

                        Que claramente se expidió el entonces Fiscal de Cámara – Dr. Calle Guevara – refiriéndose a la culpa in vigilando de los administradores de una sociedad: “...Esa responsabilidad se extiende, desde mi punto de vista a los síndicos sociales. Es cierto que éstos no ejercen la dirección de la sociedad. Empero, ellos son los encargados por la ley de una fiscalización constante, rigurosa y eficiente de las disposiciones del directorio, por lo que sus funciones a los efectos de la normal marcha de la sociedad son más importantes individualmente que las de cada uno de los directores. La falta deliberada o no del debido ejercicio de las múltiples obligaciones que la ley les impone – entre otras las de control, asistencia, convocatoria a asambleas (LSC, artículos 294/296) - los hace incurrir en gravísima falta...” (conf. dictamen Nº 66.266 del 27-4-92, in re “Comisión Nacional de Valores – Cía. Argentina del Sud S.A. s/verificación contable”, a cuyos fundamentos remitió la Sala “C” de la Ccom., sentencia del 7-10-92 cit. en Res. Nº 13.275 del Expte Nº 1.006/99 – “Papelera Tucumán s/retardo en presentación de información contable”).

                        Que el fundamento para que los directores y síndicos de una sociedad anónima bursátil estén sujetos a determinadas obligaciones y sean pasibles de imputación de responsabilidad administrativa, directa o indirecta, se halla en la exigencia de proteger al inversor en títulos cotizables, en vista a que la canalización del ahorro colectivo hacia los mercados de capitales tiende al desarrollo de la industria y del comercio.

                        Que a la luz de tales principios, el eventual reproche dirigido contra los directores se encuentra justificado en razón del eventual incumplimiento de sus deberes orgánicos impuestos por la Ley N° 19.550 (arts. 59 y 274), y las normas de esta CNV, ya que no surge de autos que hayan realizado, en forma personal, los actos necesarios y suficientes para evitar los hechos que dieron lugar a la imputación administrativa.

                        Que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha determinado que las funciones asignadas a las bolsas para dictar normas generales, verificar su cumplimiento, emitir autorizaciones y aplicar sanciones exceden el marco estricto del derecho privado, para adoptar las características típicas del ejercicio del poder de policía que compete al Estado; afirmó el Tribunal que de los términos de la Ley N° 17.811 se desprende que su propósito no es sólo regular ciertas relaciones entre particulares, sino que apuntan a un objetivo eminentemente público; crear las condiciones e instrumentos necesarios para asegurar una efectiva canalización del ahorro hacia fines productivos.

                        Que, cuando se obstaculiza el ejercicio del poder de policía del Estado al incumplir el deber de información, se crea una situación de grave riesgo para el público que eligió invertir sus ahorros en títulos negociables.  Como dice Alejandro Nieto, a diferencia de lo que sucede en el derecho penal, en el derecho administrativo sancionador la regla es la de los “ilícitos de riesgo”; la infracción de la norma constituye cabalmente la esencia de la infracción (Conf. “Derecho Administrativo Sancionador” pág. 37/38, 1.993, Tecnos, Madrid).

                        Que no acreditaron haber convocado a una asamblea (conf. art. 294 inc. 7, Ley Nº 19.550) para poner en conocimiento de los accionistas las operaciones realizadas por la sociedad con el principal accionista.

                        Que cuando una sociedad incumple las disposiciones legales y las normas de la CNV, a las cuales se sujetó en forma voluntaria, está contraviniendo el orden legal, y si ese acto es señalado por los síndicos al tomar conocimiento de ello y la conducta no es corregida por el directorio de la sociedad, el artículo 294 de la Ley Nº 19.550 les brinda herramientas para que la cuestión sea resuelta por el órgano de decisión – que es la asamblea de accionistas – hecho que cumplido en tiempo y forma permite el deslinde de responsabilidades por parte de los síndicos (conf. Resoluciones Nros. 14.365 del 5-12-02 y 14.464 del 10-4-03 – Expedientes Nros. 796/02 “Banco General de Negocios s/presentación de balance” y 841/02 “Aceitera General Deheza s/posible incumplimiento presentación estados contables”).

                        Que el artículo 271 de la Ley Nº 19.550 dispone que: “El director puede celebrar con la sociedad los contratos que sean de la actividad en que ésta opere y siempre que se concierten en las condiciones de mercado...”, y de esas operaciones debe darse cuenta a la asamblea.

                        Que conforme sostiene MASCHERONI “Se ha considerado que la asamblea de accionistas, como depositaria de la voluntad social, es la indicada para determinar si un contrato en que es parte un director (....) puede o no ser conveniente, útil o necesario para la sociedad” (“El directorio de la sociedad anónima”, pág. 103).

                        Que según SASOT BETES – SASOT “...La convocatoria de la asamblea por el síndico...está justificada si el órgano de administración procede irregularmente en el ejercicio de sus funciones o que frente a las observaciones efectuadas por la sindicatura no adopta las medidas que correspondan para subsanar o terminar con tales irregularidades... siendo la sindicatura un órgano de actuación permanente y continua, está en excelentes condiciones para graduar cuándo se hace necesaria la reunión de los accionistas para tomar decisiones, y además, el síndico está obligado a contestar en el acto asambleario las preguntas que le formulen los accionistas sobre la documentación puesta a consideración por el directorio, lo que le impediría poder negarse a responder sobre las consideraciones que le merezcan las notas sobre los acontecimientos posteriores al cierre del balance” (“Sociedades Anónimas – Sindicatura y Consejo de Vigilancia”, pags. 130,138 y 155 – Ed. Ábaco –Depalma, 1980).

                        Que tanto los actos de administración societaria que efectúe el órgano de administración, como los actos de disposición societaria deben satisfacer el interés social, el que, además de responder a un interés objetivo común de los socios, se compadece con la realización de operaciones que conduzcan a la obtención de un beneficio, y si bien la propia Ley de Sociedades admite la aplicación de fondos en operaciones ajenas a la explotación de la sociedad (inversiones, participación en otras sociedades), ello no debe interpretarse como una desviación del objeto social.

                        Que en el supuesto de dificultades de financiamiento, el procedimiento apropiado es que los accionistas suministren los recursos por vía de un aumento del capital social, cuando no pueden satisfacerse las exigencias del art. 271 de la Ley N 19.550.

                        Que las medidas tendientes a lograr mayores márgenes de transparencia en los mercados de capitales tienen como objetivo igualar a todos los participantes en cuanto a su posibilidad de acceso a la información, pero no en cuanto a la efectiva posesión de la misma. 

                        Que aún cuando el acto fuera aprobado por el directorio o sindicatura, en su caso, el órgano de administración debe dar cuenta de esas operaciones a la asamblea que considere los resultados económicos del ejercicio en el cual esos actos fueron celebrados, de conformidad también con lo establecido por el art. 65, inc. 1 ap. J) de la L.S.C.

                        Que por otra parte, de acuerdo a las normas legales vigentes, cuando existen operaciones encuadradas en los términos del artículo 271 de la L.S.C. la aprobación del directorio debe ser previa.

                        Que por tratarse la emisora de una empresa holding, las decisiones o hechos que se produzcan con sus partes relacionadas, cobran mayor significación y deben ser materia de comunicación, en la medida que revista el carácter de relevante.

                        Que cuando se evalúa la significatividad, debe considerarse un criterio amplio que no se limite a una operación individual, sino a las consecuencias que la suma de hechos ha ocasionado en la situación patrimonial, económica y financiera de la sociedad, y de sus partes relacionadas.

V. Encuadramiento Legal:

                        Que por lo expuesto precedentemente podría configurarse una posible infracción a lo dispuesto por las siguientes normas: artículos 33, apartado 3°, 43, 44, 51, 67 y 68 del Código de Comercio, artículos 59, 61, 63 inciso 1 apartado b), 64 inciso I apartado c) y 65, punto 1), inciso j), 73, 271 y 274 de la Ley N° 19.550 y modif., artículos 73 y 77 de la Ley N° 17.811, conf. Texto Dec. 677/01, artículos 5°, inciso a) y 8° del Decreto N° 677/01, artículos 23 y 24 del Capítulo V de las Normas (N.T. 2.001 y mod.), Capítulo XXI, artículos 1°, 2°, 3°, primer párrafo e incisos 4), 16 y 20) de las Normas (N.T. 2.001 y mod.), Capítulo XXIII de las Normas, artículos 1°, 2° y Anexo I, puntos XXIII.11.1 y XXIII.11.5, de las Normas (N.T. 2.001 y mod.) y Resolución Técnica de la FEDERACIÓN ARGENTINA DE CONSEJOS PROFESIONALES DE CIENCIAS ECONÓMICAS N° 8, Capítulo II, punto H, Capítulo III, punto A, 2 a., Capítulo IV, punto A, 2 b. y Capítulo VII, puntos A y C.; Resolución Técnica N° 9, Capítulo III, punto A, 3, Capítulo IV, punto A, y Capítulo VI, puntos A.1.d, A.5.b. y A.12, y C. Resolución Técnica N° 10, Segunda Parte, punto B, en cuanto a los principios, cualidades o requisitos generales de la información contable, punto 1,1ª (veracidad), 1,1 b (objetividad), 1,1 g (precisión), 1,1 h (confiabilidad), 1, 3 a (pertinencia), 1, 2 b (integridad, 1, 3 c (significación); normas generales de valuación y medición del patrimonio y resultados, 2, 6 (Reconocimiento de variaciones patrimoniales), y punto 3.1 del Título B de la segunda parte de la R.T. Nº 10 normas particulares de valuación y medición del patrimonio y resultados y; receptadas actualmente por R.T. Nº 16 de la citada Federación, e Informe Nº 28 emitido por la Comisión de Estudios sobre Contabilidad del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuya determinación requiere la previa sustentación de un sumario administrativo para así conocer con certeza los alcances de la situación.

                        Que por ello, corresponde instruir sumario a GAROVAGLIO Y ZORRAQUÍN S.A. y a sus directores y síndicos titulares a la época de los hechos examinados, a los efectos de determinar su responsabilidad por las posibles infracciones anteriormente señaladas.

                        Que el artículo  294 inciso 9° de la Ley N° 19.550 establece el deber por parte de los síndicos de vigilar que el resto de los órganos sociales den debido cumplimiento a la ley, estatuto, reglamento y decisiones asamblearias.

                        Que en el marco de las posibles infracciones señaladas corresponde que el sumario incluya a los integrantes de la Comisión Fiscalizadora de GAROVAGLIO Y ZORRAQUÍN S.A., al momento de los hechos examinados, por la posible infracción a lo establecido en el artículo 294, inc. 1º, 5° y 9° de la Ley de Sociedades Comerciales.

                        Que la investigación sumarial tiene por objeto “precisar todas las circunstancias y reunir los elementos de prueba tendientes a esclarecer la (eventual) comisión de irregularidades e individualizar a los responsables y proponer sanciones” (Carlos A. APESTEGUÍA, “Sumarios Administrativos”, pág. 34, ed. 2.000).

                        Que la formulación de cargos, en resguardo de los derechos de los sumariados, deberá efectuarse respecto de GAROVAGLIO Y ZORRAQUÍN S.A. y de sus directores y síndicos titulares al momento de ocurrencia de los presuntos incumplimientos.

                        Que en virtud de lo dispuesto por el artículo 1º, inciso c) del Capítulo XXIX de las NORMAS (N.T. Nº 2.001) y modificatorias, se deja constancia en forma expresa que las referidas posibles infracciones reciben en esta instancia un encuadramiento legal meramente provisorio.

                        Que la presente Resolución se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 10, 12 y 13 de la Ley N° 17.811 (texto mod. Dec. Nº 677/01).

                       

                         Por ello,

LA COMISION NACIONAL DE VALORES

RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Instruir sumario a GAROVAGLIO Y ZORRAQUÍN S.A. y a sus directores titulares a la época de los hechos examinados, Sres. Federico ZORRAQUÍN, D.N.I. Nº 13.565.642; Luisa ZORRAQUÍN de DE MARCO, D.N.I. Nº 13.565.977; Ramón ZORRAQUÍN, D.N.I. Nº 17.364.173; Víctor Luis SAVANTI, L.E. Nº 4.099.260; Enrique Lucio GARCÍA MANSILLA, L.E. Nº 7.592.964; José Raúl PALACIO, L.E. Nº 4.540.230; José Antonio SÁNCHEZ ELÍA, D.N.I. Nº 14.217.040; Carlos Marcelo AGOTE, D.N.I. Nº 10.809.389; Nicolás PARRONDO, D.N.I Nº 26.258.255; Daniel Dante LEONARDI, D.N.I. Nº 11.068.385; Ambrosio NOUGUES, D.N.I Nº 11.478.807; Daniel Eduardo DE CARLONIS, D.N.I. Nº 11.912.937; Miguel Alfonso FEROLA, D.N.I. Nº 10.118.746; por la posible infracción a lo dispuesto por las siguientes normas: artículos 33, apartado 3°, 43, 44, 51, 67 y 68 del Código de Comercio, artículos 59, 61, 63 inciso 1 apartado b), 64 inciso I apartado c), 65, punto 1), inciso j), 73, 271 y 274 de la Ley N° 19.550 y modif., artículos 73 y 77 de la Ley N° 17.811 , conf. Texto Dec. 677/01, artículos 5°, inciso a) y 8° del Decreto N° 677/01, artículos 23 y 24 del Capítulo V de las Normas (N.T. 2.001 y mod.), Capítulo XXI, artículos 1°, 2°, 3°, primer párrafo e incisos 4), 16 y 20) de las Normas (N.T. 2.001 y mod.), Capítulo XXIII de las Normas, artículos 1°, 2° y Anexo I, puntos XXIII.11.1 y XXIII.11.5, de las Normas (N.T. 2.001 y mod.) y Resoluciones Técnicas de la FEDERACIÓN ARGENTINA DE CONSEJOS PROFESIONALES DE CIENCIAS ECONÓMICAS N° 8, Capítulo II, punto H, Capítulo III, punto A, 2 a., Capítulo IV, punto A, 2 b. y Capítulo VII, puntos A y C.; Resolución Técnica N° 9, Capítulo III, punto A, 3, Capítulo IV, punto A, y Capítulo VI, puntos A.1.d, A.5.b. y A.12, y C. Resolución Técnica N° 10, Segunda Parte, punto B, en cuanto a los principios, cualidades o requisitos generales de la información contable, punto 1,1ª (veracidad), 1,1 b (objetividad), 1,1 g (precisión), 1,1 h (confiabilidad), 1, 3 a (pertinencia), 1, 2 b (integridad, 1, 3 c (significación); normas generales de valuación y medición del patrimonio y resultados, 2, 6 (Reconocimiento de variaciones patrimoniales), y punto 3.1 del Título B de la segunda parte de la R.T. N° 10 normas particulares de valuación y medición del patrimonio y resultados y; receptadas actualmente por R.T. N° 16 de la citada Federación, e Informe Nº 28 emitido por la Comisión de Estudios sobre Contabilidad del CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.

ARTICULO 2º.- Instruir sumario a los miembros titulares de la Comisión Fiscalizadora a la época de los hechos examinados, Sres. Miguel Carlos GARCÍA HAYMES, L.E. Nº 8.267.803; Carlos SRULEVICH, D.N.I Nº 13.137.292; Gustavo Héctor BUNGE, L.E. Nº 8.259.374; Marcelo Ernesto GARCÍA, D.N.I. Nº 12.276.431; Hugo Alberto LUPPI, L.E. Nº 4.518.895; Mario WAINSTEIN, L.E. Nº 4.280.786; Daniel DEL CASTILLO, L.E. Nº 8.659.496; Adrián Pardo de RETES, D.N.I. Nº 16.062.333; Pedro Javier LINAZA, D.N.I. Nº 14.610.569; Carlos Ramón SOLANS SEBARAL, D.N.I. Nº 18.779.976; Adriana Graciela RAFAELLI, D.N.I. Nº 12.633.758 y María Cristina LARREA, D.N.I. Nº 11.836.926; por la posible infracción a lo dispuesto por el artículo 294, incisos 1°, 5° y 9º de la Ley Nº 19.550.

ARTICULO 3º.-  Designar conductor del presente sumario al Sr. Director

ARTÍCULO 4º.- Encomendar a la Subgerencia de Sumarios la designación del profesional de apoyo dentro de los TRES (3) días de la presente Resolución (conf. art. 1º, inc. d) del Capítulo XXIX “Procedimiento Sumarial” de las NORMAS (N.T. 2.001 y mod.).

ARTÍCULO 5º.- A los fines previstos por los artículos 12 de la Ley Nº 17.811 (mod. Dto. Nº 677/01) y 8º del Capítulo XXIX de las NORMAS (N.T. 2.001 y mod.), se fija audiencia
preliminar para el día 10 de enero de
2008 a las 11 horas.

ARTÍCULO 6º.- Correr traslado de los cargos a los sumariados por el término y bajo apercibimiento de ley, con copia autenticada de la presente Resolución.

ARTÍCULO 7º.- Regístrese, notifíquese a la sociedad, a la BOLSA DE COMERCIO DE BUENOS AIRES a los efectos de su publicación en su Boletín Diario, a la SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE JUBILACIONES Y PENSIONES e incorpórese en el sitio web del Organismo www.cnv.gov.ar. Fdo. Eduardo HECKER – Presidente -; Alejandro VANOLI – Vicepresidente - ; Dr. Eduardo O. HELMAN – Director -.