BUENOS AIRES, 11 de octubre de 2007

 

RESOLUCIÓN N° 15.755

 

                        VISTO el expediente N° 1544/07, caratulado “ACINDAR s/Deber de Informar”, y

 

                        CONSIDERANDO:

                        Que en virtud de la aparición de una nota periodística en el diario Ámbito Financiero el día 14 de septiembre de 2007, se observó que tanto el volumen como el precio de cotización de las acciones y de las opciones sobre acciones de la sociedad ACINDAR INDUSTRIA ARGENTINA DE ACEROS SOCIEDAD ANONIMA, (en adelante ACINDAR), comenzaron a aumentar significativamente.

                        Que ante ello se puede inferir que se vió alterado el curso de la negociación de las acciones de ACINDAR.

                        Que tal información no fue brindada por los administradores y fiscalizadores de la sociedad como un hecho relevante de acuerdo a la normativa vigente.

                        Que, corresponde establecer si el Directorio de la emisora estaba en conocimiento de la misma y, en su caso si omitió su divulgación.

                        Que de acuerdo a lo mencionado en el punto anterior se advierte la posibilidad de infracción a lo establecido en los artículos 5°, inciso a), 8° del Decreto N° 677/01 y, a lo establecido en el artículo 59 de la Ley N° 19.550.

                        Que no es menos importante en el derecho comparado el cumplimiento del deber de informar, desde que: “La idea directriz de la nueva orientación (que procede del mundo anglosajón –del denominado securities law) es la puesta en práctica de una política de máxima publicidad de los datos relevantes de determinados sujetos que intervienen en el mercado de capitales, entre los cuales se encuentran las sociedades anónimas, que tenga en cuenta los distintos interesados partícipes en el mercado de capitales. Esta política en su orientación inicial exige la adopción de medidas para que circule una información suficiente, veráz y fiable, …” (Derecho de Sociedades Anónimas – Derecho de Información del accionista- Gaudencio Esteban Velasco, Vol I, pag. 185).

                        Que el artículo 5º inciso a) del Anexo aprobado por Decreto Nº 677/01 impone a los administradores de entidades emisoras que realizan oferta pública de valores negociables y a los integrantes de su órgano de fiscalización, estos últimos en materia de su competencia, el deber de informar en forma inmediata a este Organismo, acerca de todo hecho o situación que, por su importancia, sea apto para afectar en forma sustancial la colocación de valores negociables o el curso de su negociación.

                        Que en el ámbito de la oferta pública, un administrador debe actuar “con la diligencia de un buen hombre de negocios en la preparación y divulgación de la información suministrada al mercado” (art. 8º, Anexo Dec. Nº 677/01).

                        Que este deber de comunicar información veraz y completa conlleva la obligación de formular todas las aclaraciones o rectificaciones necesarias para que la información divulgada no sea confusa, engañosa o incompleta.

                        Que la eventual infracción se configura con la sola aptitud de generar un perjuicio de cualquier naturaleza que éste fuera, por el incumplimiento de la normativa vigente.                

                        Que el examen global de las circunstancias y del hecho analizado en esta Resolución, determina evaluar si el comportamiento de los administradores de la sociedad se desarrolló conforme al artículo 59 de la Ley Nº 19.550.

                        Que el artículo 59 de la Ley Nº 19.550 establece que los administradores de la sociedad deben obrar con la lealtad y diligencia de un buen hombre de negocios y que responden ilimitada y solidariamente hacia la sociedad, los accionistas y los terceros por el mal desempeño de su cargo, así como por violación de la ley, el estatuto o el reglamento.

                        Que la conducta de los administradores y fiscalizadores de la emisora debe sentarse sobre la base de la conducta de “un buen hombre de negocios”.

                        Que para la doctrina la noción de buen  hombre de negocios implica que, debe tener una auténtica responsabilidad profesional, o sea capacidad técnica que será apreciada de acuerdo a las circunstancias, de momento, lugar y funciones, adecuando su conducta de conformidad con las reglas empresarias (Verón, Sociedades Comerciales, Ley Nº 19.550 – Tomo 1, pág. 455, Ed. Astrea, 1.993).

                        Que debe tenerse presente que esta conducta responde a un principio de “lealtad”. El concepto significa según el Diccionario de la Real Academia Española: “legalidad, verdad y realidad”.

                        Que relacionado con el concepto jurídico puede decirse que ello se traduce “con una adhesión inquebrantable, al estricto cumplimiento en los ordenamientos … a los que adhirió desde el día que aceptó el cargo … Su exteriorización como conducta, tiene por finalidad proteger los intereses cuya administración le ha sido confiada evitando su confusión con los intereses personales o de terceros”. (García Tejera, Norberto, Deberes de conducta de los directores de sociedades anónimas, pág. 29, Ed. Ad Hoc, 1.999).

                        Que esto se entiende como la observancia de una conducta leal y diligente por parte de los administradores y fiscalizadores de las emisoras, haciendo prevalecer, sin excepción, el interés social de la emisora en que ejercen su función y el interés común de todos sus socios por sobre cualquier otro interés, implementando mecanismos preventivos del interés social, de modo de reducir el riesgo de conflictos de intereses permanentes u ocasionales en su relación personal con la emisora o en la relación de otras personas vinculadas con la emisora.

                        Que se ha observado que algunos de los miembros del Directorio de ACINDAR prestan funciones en la sociedad controlante.

                        Que todo lo manifestado hasta aquí confluye en que debe prevalecer el interés social representado por el interés común de todos los socios y no en beneficio del interés particular de algunos socios a expensas de los restantes.

                        Que la pauta debe cumplirse inexorablemente en las sociedades abiertas, incluidas en el régimen de oferta pública, con accionistas externos, que no se encuentran relacionados con los mayoritarios por ningún vínculo.

                        Que por ello, se cree que este deber de lealtad debe traducirse en una conducta que no esté en contra de los intereses de la sociedad, que tenga en miras la satisfacción del interés común, “… no satisfaciendo los intereses de la mayoría, sino los comunes a todos los socios. … De no cumplirse con esta obligación, los administradores se convertirían en instrumentos de la opresión de los socios minoritarios por los mayoritarios, hipótesis particularmente peligrosa debido a que los administradores serán normalmente elegidos por quienes representan a la mayoría del capital” (Guillermo Cabanellas de las Cuevas – Derecho Societario- Parte General- Los órganos societarios, pág. 238, Ed. Heliasta, 1.993).

                        Que también se ha expresado que “... ha sido correcto extender la sanción a directores y síndicos, conforme lo autoriza el artículo 12 de la Ley N° 22.315, por cuanto en una sociedad anónima bursátil están sujetos a determinadas obligaciones y son pasibles de responsabilidad administrativa – directa o indirecta – en razón de la exigencia de proteger al inversor en títulos cotizables, en vista a la canalización del ahorro colectivo hacia los mercados de capitales, para proveer al desarrollo de la industria y del comercio...” (Expte. Nº 73.976 “Comisión Nacional de Valores c/ Electromac S.A. s/posible incumplimiento al Capítulo XXVI de las Normas (N.T. 2.001)”.

                        Que en las sociedades sometidas al régimen de oferta pública, los síndicos son responsables por las infracciones cometidas por la sociedad por obligaciones que le corresponden a los directores, y asimismo, son responsables a tenor de lo dispuesto por el artículo 294 incisos 5º y 9º de la LSC (Acuerdo Nº 2522 CNV del 20-12-74).

                        Que claramente se expidió el entonces Fiscal de Cámara – Dr. Calle Guevara – refiriéndose a la culpa in vigilando de los administradores de una sociedad: “...Esa responsabilidad se extiende, desde mi punto de vista a los síndicos sociales. Es cierto que éstos no ejercen la dirección de la sociedad. Empero, ellos son los encargados por la ley de una fiscalización constante, rigurosa y eficiente de las disposiciones del directorio, por lo que sus funciones a los efectos de la normal marcha de la sociedad son más importantes individualmente que las de cada uno de los directores. La falta deliberada o no del debido ejercicio de las múltiples obligaciones que la ley les impone – entre otras las de control, asistencia, convocatoria a asambleas (LSC, artículos 294/296) - los hace incurrir en gravísima falta...” (conf. dictamen Nº 66.266 del 27-4-92, in re “Comisión Nacional de Valores – Cía. Argentina del Sud S.A. s/verificación contable”, a cuyos fundamentos remitió la Sala “C” de la Ccom., sentencia del 7-10-92 cit. en Res. Nº 13.275 del Expte Nº 1.006/99 – “Papelera Tucumán s/retardo en presentación de información contable”).

                        Que el fundamento para que los directores y síndicos de una sociedad anónima bursátil estén sujetos a determinadas obligaciones y sean pasibles de imputación de responsabilidad administrativa, directa o indirecta, se halla en la exigencia de proteger al inversor en títulos cotizables, en vista a que la canalización del ahorro colectivo hacia los mercados de capitales tienda al desarrollo de la industria y del comercio.

                        Que lo manifestado respecto de los síndicos resulta de aplicación al Consejo de Vigilancia.

                        Que las medidas tendientes a lograr mayores márgenes de transparencia en los mercados de capitales tienen como objetivo igualar a todos los participantes en cuanto a su posibilidad de acceso a la información.

                        Que por lo expuesto precedentemente podría configurarse una posible infracción a lo dispuesto por las siguientes normas: artículos 5°, inciso a) y 8° del Anexo aprobado por el Decreto N° 677/01 y artículo 59 de la Ley N° 19.550 cuya determinación requiere la previa sustentación de un sumario administrativo para así conocer con certeza los alcances de la situación.

                        Que por ello, corresponde instruir sumario a la sociedad y a sus directores titulares, a los efectos de determinar su responsabilidad por las posibles infracciones anteriormente señaladas.

                        Que el artículo 281, en sus incisos a) y g) de la Ley N° 19.550 establece el deber por parte de los consejeros de vigilancia de fiscalizar la gestión del directorio y las demás funciones y facultades atribuidas por la mencionada ley a los síndicos.

                        Que en el marco de las posibles infracciones señaladas corresponde que el sumario incluya a los integrantes del Consejo de Vigilancia de la sociedad, por la posible infracción a lo establecido en el artículo 281, incisos a) y g) de la Ley de Sociedades Comerciales.

                        Que la investigación sumarial tiene por objeto “precisar todas las circunstancias y reunir los elementos de prueba tendientes a esclarecer la (eventual) comisión de irregularidades e individualizar a los responsables y proponer sanciones” (Carlos A. APESTEGUÍA, “Sumarios Administrativos”, pág. 34, ed. 2.000).

                        Que la formulación de cargos, en resguardo de los derechos de los sumariados, deberá efectuarse respecto de ACINDAR INDUSTRIA ARGENTINA DE ACEROS SOCIEDAD ANONIMA y de sus directores y consejeros de vigilancia titulares al momento de ocurrencia de los presuntos incumplimientos.

                        Que en virtud de lo dispuesto por el artículo 1º, inciso c) del Capítulo XXIX de las NORMAS (N.T. Nº 2.001) y modificatorias, se deja constancia en forma expresa que las referidas posibles infracciones reciben en esta instancia un encuadramiento legal meramente provisorio.

                        Que la presente Resolución se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 10, 12 y 13 de la Ley N° 17.811 (texto mod. Dec. Nº 677/01).

                       

                        Por ello,

LA COMISION NACIONAL DE VALORES

RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Instruir sumario a ACINDAR INDUSTRIA ARGENTINA DE ACEROS SOCIEDAD ANONIMA y a sus directores titulares, Sr. Arturo Tomás ACEVEDO, Carlo PANUNZI, Jorge N. VIDELA, Jefferson de PAULA, Marcos Afonso MAIA, Paulo Geraldo de SOUSA, Norberto Luis FEOLI y Jorge Carlos GRINPELC; por la posible infracción a lo dispuesto por las siguientes normas: artículos 5°, inciso a) y 8° del Anexo aprobado por el Decreto N° 677/01 y artículo 59 de la Ley N° 19.550.

ARTICULO 2º.- Instruir sumario a los miembros titulares del Consejo de Vigilancia: Sres. José María CARUSO, Fernando MIRANDA y Cecilia Andrea RUBIO, por la posible infracción a lo dispuesto por el artículo 281, incisos a) y g) de la Ley Nº 19.550.

ARTICULO 3º.-  Designar conductor del presente sumario al Sr. Director

ARTÍCULO 4º.- Encomendar a la Subgerencia de Sumarios la designación del profesional de apoyo dentro de los TRES (3) días de la presente Resolución (conf. art. 1º, inc. d) del Capítulo XXIX “Procedimiento Sumarial” de las NORMAS (N.T. 2.001 y mod.).

ARTÍCULO 5º.- A los fines previstos por los artículos 12 de la Ley Nº 17.811 (mod. Dto. Nº 677/01) y 8º del Capítulo XXIX de las NORMAS (N.T. 2.001 y mod.), se fija audiencia preliminar para el día 12 de noviembre de 2.007 a las 11 horas.

ARTÍCULO 6º.- Correr traslado de los cargos a los sumariados por el término y bajo apercibimiento de ley, con copia autenticada de la presente Resolución.

ARTÍCULO 7º.- Regístrese, notifíquese a la sociedad, a la BOLSA DE COMERCIO DE BUENOS AIRES a los efectos de su publicación en su Boletín Diario, e incorpórese en el sitio web del Organismo www.cnv.gov.ar.

 

Dr. Héctor O. Helman - Director

Alejandro Vanoli – Vicepresidente

Eduardo Hecker - Presidente