Resolución Nº 15.256

                                                        

                                                            BUENOS AIRES, 1º de diciembre de 2005.

RESOLUCIÓN Nº 15.256

 

           VISTO el Expediente N° 1446/03, y

 

           CONSIDERANDO:

                       Que como objeto del presente expediente, su formación aparece determinada por una denuncia efectuada  por la Sra. Ana Mariel Chiarello (fs. 1, 98 y cc.), en condición de cuotapartista del FONDO COMÚN DE INVERSIÓN 1784 FIX 2001 (en adelante “el Fondo”), por medio de la cual manifiesta: (i) Al solicitar las composiciones de cartera del Fondo de las fechas 30/11/01 y 20/12/01 (en adelante “las fechas controvertidas”) las informaciones brindadas por los órganos activos del Fondo (1784 S.A. SOCIEDAD GERENTE DE FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN, en adelante “la sociedad gerente”; y BANKBOSTON N.A. Sucursal Buenos Aires, en adelante “la sociedad depositaria”) en los años 2001, 2002 y 2003, siempre en relación a esas dos mismas fechas, varían en sus porcentajes, resultando la información proporcionada dispar e incierta; (ii)  La falta de entrega del Reglamento de Gestión al momento de la suscripción.

                                   I.- ANTECEDENTES

                                   Que en lo atinente a la información errónea brindada a lo largo de los años 2001, 2002 y 2003 respecto siempre, como se dijo precedentemente, de la composición de la cartera del Fondo a las fechas controvertidas, la causante acompaña una serie de elementos y documentos; a saber: 1) Fax del año 2001 remitido por la sociedad depositaria, a través de la actuación de su agencia San Justo (“el Banco”), al domicilio de la denunciante en donde puede leerse (conf. fs.52 y cc.), la siguiente composición al 20/12/01: BONTE 02: 30%; LETE 90: 30%; PLAZOS FIJOS: 40% ; 2) Información sobre la composición al 30/11/01 (fs. 68) entregada, según se dice, en el año 2002 como consecuencia del pedido formulado por escrito el 16/1/02 en el Banco (fs. 61): BONOS DEL TESORO: 26,61%; LETRAS DEL TESORO: 30,72%; BANCOS: 14,17%; DISPONIBILIDADES 28,50%; 3) A fs. 21/22, Carta  Documento OCA CAL0061862-0  y su  continuación  en CAL0061863-7 del 28/2/02

(“la Carta Documento”), en  responde  a las  sucesivas cartas presentadas por la causante en el Banco en las jornadas del 6, 15 y 19 de Febrero (fs. 71/73, 76 y 78), suscripta conjuntamente por la sociedad gerente y la sociedad depositaria, en donde se consignan, entre otras, las siguientes cuestiones: “…Al 30.11.01 el 40% de la cartera del Fondo se encontraba invertida en plazos fijos, tal como se le informó a Ud. Esos plazos fijos fueron liquidados convirtiéndose en disponibilidades en cartera del Fondo (40%). Por los rescates efectuados desde aquella fecha hasta el 20.12.01 (último día del año 2001 en que el Fondo operó), aquel porcentaje (40%) que representaban las disponibilidades en cartera del Fondo se redujo a 22%. Por otra parte, los instrumentos de endeudamiento público y bonos del Fondo (Lete 90 y Bonte 02) se  valuaban a  precio  de mercado  según lo dispuesto por las Normas de la Comisión Nacional de Valores (“CNV”)…”; “…A partir de la vigencia de la nueva operatoria de pago de rescates del Fondo en especie (adoptada en función de la Resolución General Nro. 384 de la CNV), los mencionados títulos del Fondo dejaron de valuarse a precio de mercado y se  valúan al 100% de su valor nominal. Como consecuencia de ello, los títulos representan un porcentaje mayor en la cartera del Fondo y se provoca una disminución del porcentaje del efectivo (de aquel 22%) a un 14%...”; “…Negamos haber realizado inversiones por el Fondo después del 20.12.01…”; 4) A fs. 83/96, distintas composiciones de la cartera del Fondo desde Agosto de 2001 hasta que el Fondo dejó de operar, solicitadas en el año 2003 (conf. fs. 82, 84), de donde surgen, entre otras cuestiones, los siguientes guarismos: (i) Al 30/11/01 (fs. 94): BONTE 02: 29,00%; LETE 90: 34,05%; PLAZOS FIJOS: 11,73%; DISPONIBILIDADES: 25,22%; (ii) Al 20/12/01 (fs. 95): BONTE 02: 33,32%; LETE 90: 44,13%; PLAZOS FIJOS: 20,59%; DISPONIBILIDADES: 1,96%.

                                     Que, por separado, además, la denunciante, a fs. 98, consigna que el reglamento de gestión del Fondo no se lo entregaron en el momento de suscribirse al mismo.

                                  Que ante el escenario planteado, el Organismo, a través de la intervención de la SUBGERENCIA DE FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN (“la SFCI”) realizó, en forma preliminar,  verificaciones  “in situ”  en  la sede de la sociedad gerente (fs. 10, 25, 39 y cc.) con  el objeto de precisar y determinar de  manera  fehaciente las  cuestiones planteadas y obtener las precisiones  que  surgen de los registros contables de la propia sociedad administradora; y así pudo conocerse, con los porcentuales aplicados sobre la cartera del Fondo, lo siguiente: a) Al 30/11/01: BONTE 02: 29,66%; LETE 90: 34,25%; DISPONIBILIDADES: 31,75%; PLAZO FIJO: 15,93%; b) Al 20/12/01: BONTE 02: 33,32%; LETE 90: 44,13%; DISPONIBILIDADES; 1,96%; PLAZO FIJO: 25,86%.

                                   Que, complementariamente, las inspecciones realizadas en las oficinas de la sociedad gerente tuvieron por objeto, asimismo, confirmar la veracidad de la Carta Documento y su contenido, agregada por la denunciante.

                                    Que sobre este punto, la sociedad gerente, a fs. 40, no sólo confirmó la veracidad de la citada Carta Documento, sino que, además, agregó y reconoció que “las diferencias entre la información contable y la información contenida en la carta documento de referencia, responde a un error de tipeo en la confección de la misma, originada en la situación excepcional de reclamos masivos relacionados con la normativa de emergencia económica dictada a finales del año 2001 y principios del año 2002” (sic).

                                     Que, a su turno, y habiendo intervenido el sector contable de la SFCI (fs. 204/238), a fs. 234/235 se consideró y coincidió con que, a tenor de los informes producidos por el grupo de verificaciones del sector a fs. 15/16 y 43/44, los porcentajes de los rubros activos en cartera no concuerdan para una misma fecha, ya que los datos que surgen de los registros contables no coinciden con los aportados por la denunciante, ni con los que constan en  la  Carta  Documento  recibida  por  la  denunciante  y  emitida por los órganos del Fondo.

                                     Que habiéndose requerido a los órganos del Fondo la documentación de respaldo que acreditara la recepción del reglamento de gestión por parte de la Sra. Chiarello (conf. punto k) de fs. 106), se obtuvo como respuesta (fs. 196) que, como consecuencia de un incendio ocurrido  el día 23/12/02, en la agencia San Justo de la sociedad depositaria (a la cual concurría la Sra.  Chiarello), se  vio  afectado  parte  del  archivo  y  por  lo  tanto  no  se  pudo  localizar  la  solicitud  de  suscripción;  a  su  vez,  en  la  contestación  de  fs.  202/203  

se   presentó copia   de    la certificación    del    sumario judicial   fechada   el 30/12/02

– Incendio 23 de Diciembre de 2002 “damnificado BankBoston” (sucursal San Justo).

                                   Que, sobre el particular, la profesional interviniente del sector contable de la SFCI destaca a fs. 235 que: a) este acontecimiento no fue oportunamente informado al Organismo como hecho relevante (ver fs. 202); b) no consta como nota a los Estados Contables (EE.CC) del Fondo cerrados al 31/12/02; c) tampoco es mencionado en el Informe de Auditor ni en el de la Comisión Fiscalizadora; d) surge  una  observación  adicional señalada por el Auditor sobre los mencionados EE.CC que, si bien se encuentran transcriptos al Libro Inventario y Balances, surgen de registros extracontables ya que se encuentra pendiente su transcripción al Libro Diario rubricado (206/231).

                                   II.- SOBRE FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN, LEALTAD Y DILIGENCIA DEL BUEN HOMBRE DE NEGOCIOS, MANDATO y TRANSPARENCIA

                                    Que rápidamente, y a mérito de lo expuesto, vemos que existe una total contradicción sobre la información brindada a la denunciante respecto de su inversión, ya sea que ésta fuere suministrada en el año 2001, 2002 o 2003; o que la misma haya sido proporcionada por la sociedad gerente o por la sociedad depositaria.

                                   Que la Ley de Fondos Comunes de Inversión N° 24.083 (LFCI), el Decreto Nº 174/93, las NORMAS de esta COMISIÓN NACIONAL DE VALORES (CNV) y el reglamento de gestión de cada FCI, regulan las relaciones entre la sociedad gerente, la sociedad depositaria y los cuotapartistas.

                                   Que por imperio legal y reglamentario (arts. 3 y cc. de la Ley N° 24.083, art. 41 y cc. del Capítulo XI de las NORMAS – (N.T. 2001) - ), la dirección y administración de los Fondos Comunes de Inversión, y la representación de los intereses colectivos de los cuotapartistas se encuentra a cargo de una entidad, con habilitación legal para realizarla, de carácter profesional y remunerado, y salvo en caso de tratarse de una entidad financiera, con objeto social exclusivo, debiendo  ajustar su actuar a  normas  de prudencia y proceder con la diligencia de un buen hombre de negocios en el exclusivo beneficio de los intereses colectivos de los cuotapartistas.

                                    Que,  a su turno, y dentro de la división de tareas básicas de un fondo común de inversión, la LFCI, a través del artículo 14, asigna las de depósito y custodia de los bienes que integran el haber del Fondo a una sociedad que se denomina “depositaria”. A su vez, ambas sociedades ejercen un control recíproco la una respecto de la otra, en el exclusivo ejercicio de sus funciones como tales (como gerente o depositaria).

                                   Que según reza el artículo 4º de la LFCI “La sociedad gerente y la depositaria, sus administradores, gerentes y miembros de sus órganos de fiscalización son solidaria e ilimitadamente responsables de los perjuicios que pudiera ocasionarse a los cuotapartistas por el incumplimiento de las disposiciones legales pertinentes y del reglamento de gestión”.

                                   a) EL BUEN HOMBRE DE NEGOCIOS

            Que al ser la sociedad gerente una sociedad anónima, le corresponde también

dar cumplimiento a los deberes establecidos por la Ley Nº 19.550 de Sociedades Comerciales (LSC), conforme Resolución Nº 14.155 del 4/04/02 en el Expte. Nº 1197/01.

            Que así, esta CNV es autoridad de aplicación de la normativa antes citada en virtud de lo prescripto por los artículos 32 y 35 de la LFCI, 6º inciso f) de la Ley Nº 17.811 (LOP).

                                   Que al ser la sociedad gerente, como se dijo, una sociedad anónima, es innegable la aplicación al presente caso del artículo 59 de la LSC, al disponer que Los administradores y los representantes de la sociedad deben obrar con lealtad y con la diligencia de un buen hombre de negocios. Los que faltaren a sus obligaciones son responsables, ilimitada y solidariamente, por los daños y perjuicios que resultaren de su acción u omisión .

                                   Que el artículo 59 de la LSC señala el principio legal aplicable a todos los administradores sociales, al determinar dos cartabones de conducta básicos: el deber de obrar con lealtad y el obrar con la diligencia de un buen hombre de negocios.

                                   Que, en este sentido, el deber de obrar con lealtad es la contrapartida de la confianza depositada por los socios en la designación, y se vincula con el plexo de facultades de las cuales  ha  sido  investido  el  administrador  para  el  cumplimiento  del  objeto  social:

facultades que, obviamente, han de ser ejercidas  en el  interés social ( cfr. BAIGUN, David y

BERGEL, Salvador D. “El Fraude en la Administración Societaria”, Ed. Depalma, 1991); y al decir de PUIG BRUTAU “se trata de una situación que impone el deber de atender a lo ajeno con preferencia a lo propio .

                                    Que no se trata de exigir una conducta extraordinaria, heroica o sacrificada; simplemente el administrador debe priorizar la defensa y atención de los intereses que le han sido confiados a su administración.

                                   Que, por su parte, la diligencia de un “buen hombre de negocios” importa la exigencia de que en el ejercicio de sus funciones el administrador observe los recaudos básicos que posibiliten el adecuado funcionamiento del ente, tanto en la gestión operativa como en la organización interna, y para ello se torna imprescindible que el administrador – conforme a la naturaleza y relevancia de la empresa – se conduzca con la capacidad, contracción al trabajo y conocimientos técnicos que contribuyan al mejor logro del objeto social.

                                   Que es evidente que no resulta lo mismo, a los fines de determinar y calibrar la responsabilidad, administrar una modesta sociedad cerrada de familia que un fondo común de inversión o un banco, donde es dable exigir capacidad técnica adecuada y mayor contracción al trabajo.

                                   Que en resumidas cuentas, la diligencia de un buen hombre de negocios establecida por el artículo 59 de la LSC fija un estándar de conducta, y el legislador ha pretendido en él idoneidad y eficiencia en el desempeño de las funciones de los administradores y representantes de la sociedad; y el patrón de apreciación de conducta que brinda el artículo 59 de la LSC – “diligencia del buen hombre de negocios” – impone la previsión de acontecimientos que no resultan absolutamente desacostumbrados en el ámbito de la actividad de la que se trata según la experiencia común (Cám. Nac. Com., Sala D, 9/11/95, “Estancia Procreo Vacunos S.A. c. Lenzi Carlos, y otros”).

                                   Que, a su vez, tal como acertadamente enseña Alberto VERON (“Sociedades  Comerciales, Ley 19.550 y  modificatorias Comentada, Anotada y Concordada” Tomo I), la

noción de “buen hombre de negocios” establece una auténtica responsabilidad profesional, ya que implica capacidad técnica, experiencia, conocimientos.

                                   b) DEL MANDATO

                                    Que por lo expuesto, y  corolario de ello, la  naturaleza  jurídica  de mandato de la relación que vincula a los órganos de los FCI con los cuotapartistas, y lo establecido en los artículos 221 y 222 del C.Com., determina la aplicación supletoria de las normas del CC.

                                    Que la LSC en sus artículos 59, 274, 296 y concordantes regulan de modo idéntico al artículo 4° de la LFCI  la responsabilidad de directores, administradores y síndicos de las sociedades anónimas. También, en virtud del artículo 121 de la LSC los representantes legales de una sociedad constituida en el extranjero con sucursal en el país, contraen las mismas responsabilidades que para los administradores prevé esta ley.

                                    Que, como  hemos visto, la normativa aplicable es pacífica al considerar que

la relación primaria entre los inversores y los órganos del Fondo se subsume en la figura de un mandato representativo.

                                               Que, de manera anuente, reconocida doctrina (conf. PAOLANTONIO, Martín E.,“Fondos Comunes de Inversión” – Ed. Depalma, 1994) entiende que, de la clasificación jurídica que vincula a los cuotapartistas y los órganos del Fondo, se sigue que las obligaciones genéricas de éstos se corresponden con las del mandatario o representante, lo que conlleva, entre otros, ciertos deberes tales como el de fidelidad (que es el deber básico de todo gestor de asuntos ajenos – arts. 1907 y 1908 C. Civ. -), de llevar a cabo la gestión encomendada (desarrollando las actividades necesarias para su ejecución en los términos convenidos, arts. 1904 y 1905 del C. Civ., conforme al reglamento de gestión y las NORMAS de la CNV; un deber de custodia y conservación (que importa la obligación del mandatario o representante de poner a resguardo, y en su caso entregar, los bienes y efectos que tenga en su poder, entregados por el dominus o recibidos para éste (art. 1911 del Civil; lo que en la separación de funciones típicas de  la  organización de los Fondos Comunes  de  Inversión es  la  tarea primordial de la sociedad depositaria conf. art. 14 de la Ley 24.083); un   deber   de   comunicación   e   información   (lo   que   implica  la   necesidad   de   tener

               al principal enterado o al corriente de la marcha de la gestión y de las  actividades llevadas  a cabo - art. 1909 C.Civ. - ,en materia de fondos comunes de inversión está expresamente regulado por los arts. 27 y 28 de la Ley N° 24.083).

                                               Que es importante remarcar que el que encarga a otros negocios jurídicos “suyos”, en los cuales será parte sustancial, confía y cree en el encargado.

                                               Que, en este sentido, en la base del mandato continúa existiendo la confianza, y podrá esa confianza no sostenerse en la amistad, el conocimiento de toda la vida, el compañerismo o la frecuentación; es sabido ya que, por lo normal, el mandante no conoce o conoce poco o sólo comercialmente al mandatario moderno; empero tiene fe en esa persona que se dedica a gestionar negocios de otros, y  la fe radica ahora en  la  profesionalidad, en la experiencia que ello significa, en la habitualidad, en el tener una empresa con ese objeto; es decir, no es fe en el amigo,  sino en la experiencia   (cit.   MOSSET   ITURRASPE,   “Mandatos”,   Rubinzal-Culzoni   Editores,   1996).

                                               Que en tanto gratuito u oneroso, el mandato tiene en su base una relación personal, un vínculo entre colaborador y dueño, que se inspira en la confianza aludida, que es también entendimiento, cordialidad, pensar y querer en común.

                                               Que de los deberes del mandato representativo, enunciado en los considerados precedentes, ha quedado claro que uno de los primordiales, y que se vincula claramente con el caso “sub examine”, es el deber de comunicación e información, traducido en la necesidad de tener al principal enterado o al corriente de la marcha de la gestión del Fondo, de las actividades llevadas a cabo, y de todo aquello que se emparente con la administración de los valores del cuotapartista confiados al profesional, esto es, a la sociedad administradora.

                                               c) DE LA TRANSPARENCIA

                                               Que considerando que los fondos comunes de inversión pertenecen a las alternativas de colocación de capital cuya complejidad dificulta que el inversor pueda entender   acabadamente   el   negocio  básico   que   se   propone   realizar  y,   por  ello,  los ordenamientos   jurídicos   imponen,  como   elemento de  protección, rigurosas obligaciones

              informativas.

                                               Que, asimismo, considerado  el  reglamento de  gestión de un Fondo Común de Inversión como un verdadera especie del contrato de adhesión es de destacarse que “…el profesional y el profano son  dos  de  los  rostros que exhibe la desigualdad y la protección a

              favor de este último se sustenta en una suerte de “presunción de ignorancia legítima”. Es por ello que la interpretación de los contratos de adhesión se rige por el principio “contra preferentem”, directiva válida en nuestro derecho a partir de lo dispuesto por los arts. 953, 1071, 1198 C.C. y art. 218, inc. 3, C.Com., en caso de duda debe entenderse en contra del predisponente o del autor de las cláusulas , de los modelos o de los formularios…”(C. Nac. Cont. Adm. Fed., sala 2da., 05/05/1998 – Circulo de Inversores S.A. v. Secretaria de Comercio e Inversiones / DISP. DNCI. 2167/98. / Causa N° 6638/97).

                                               Que al respecto es rector el artículo 42 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL al instaurar un verdadero estatuto de los “derechos del consumidor”, que se traduce en una obligación de brindar información adecuada y veraz, libertad de elección, y condiciones de trato equitativo y digno.

                                   Que en consonancia con los estándares descriptos precedentemente, el Régimen de Transparencia de la Oferta Pública instituido a través del Decreto N° 677/01, recoge los cartabones mencionados, basando su cometido básico en el fortalecimiento de la   protección  de los inversores y mejora del sistema de información para adaptarlo a los estándares de los mercados mejor consolidados.

                                    Que, con el objeto del establecimiento de un marco regulatorio adecuado tendiente a elevar el nivel de protección del ahorrista en el mercado de capitales argentino, fue dictado el aludido Decreto N° 677/01, el cual se encuentra inspirado en la consagración jurídica  de  principios  tales  como los de “información plena”,  “transparencia”, “eficiencia”, “protección   del   publico  inversor”,   “trato  igualitario   entre inversores”,   entre   otros.

                                   Que   tal   como  ha  quedado  demostrado, en  nuestro  país  existe  un  marco   normativo   pleno   que   reconoce  y  garantiza   válidamente   el   contenido   de   los  principios citados.

                                   Que como consecuencia de lo expuesto “la intervención estatal en materia de  oferta  pública  de   títulos  valores  se  orienta  a   la  protección  del  público  inversor, especialmente a los que forman el medio común de los habitantes y que por carecer de la información   necesaria  pueden   padecer   en   mayor   grado   la   actividad   de   empresas  

improvisadas o carentes de la solidez exigida para un seguro y productivo destino del ahorro

público (C. Nac. Com., sala B, 20/12/2001 – Comisión Nacional de Valores v. Nougués Hermanos S.A.) J.A 2003-II-síntesis).

                                   III.- EL CASO Y LOS INCUMPLIMIENTOS VERIFICADOS

                                   Que, en efecto, se ha hablado de la confianza, que es uno de los elementos tenidos en mira en la realización de un negocio jurídico de la índole del presente, esto es, inversión de riesgo en un fondo común de inversión que se caracteriza, en este caso, por tratarse de un mandato representativo.

                                   Que, así las cosas, la denunciante confió el manejo de sus valores, al contratar, en sociedades que por su condición profesional y remunerada tienen el deber de preconizar un acentuado sentido equitativo.

                                   Que tratándose de entidades que hacen captación del ahorro público, y a la luz del carácter distintivo que la ley asigna a determinadas sociedades (sociedades gerente y depositaria), por la especialización de su objeto o por la habilitación legal para actuar como administradora de carteras, y no otras, tienen el deber de dotar a todos los inversores (aquellos de mayor y menor especialización) de toda la información posible, priorizando el interés de los cuotapartistas, y brindar cuanta respuesta le fuese requerida, de manera completa, cabal, integra y oportuna.

                                   Que tales deberes, entre otros, a cargo de los mandatarios de la denunciante (cada uno en la esfera del desarrollo de sus actividades propias como sociedad gerente y sociedad depositaria) aparecen, a priori, violados a raíz de la desinformación a la cual se ha visto sometida la Sra. Chiarello.

                                   Que,   entonces, el   cuadro   de situación   al   cual nos   enfrentamos   es

relativamente claro:   la  denunciante, como   copartícipe  de un  instrumento  de inversión

colectiva, solicita  y  recibe información  respecto  de la composición de la cartera del Fondo Común de Inversión al cual pertenece, variada y dispar en distintas oportunidades.

                                   Que,  como “ut supra” se indicara, la fuente generadora de tal información alcanza justamente a los DOS (2) órganos activos del Fondo: esto es, la sociedad gerente y la sociedad depositaria, siendo justamente estas entidades las encargadas por mandato legal de dotar a su cliente de absolutamente todo tipo de información cierta, veraz y oportuna  acerca de la inversión, de su inversión.

                                   Que, por sobre todo, resulta a todas luces reprochable que, en distintos años 2001, 2002 y 2003, ambos órganos le hayan suministrado información y documentación que no se correspondía con la realidad que a su vez era inconsistente entre sí, y que en su conjunto discrepa de aquella que se desprende de la documentación contable elaborada por la sociedad  gerente  y  presentada al Organismo, y que a juicio del grupo de verificaciones es la que debería tomarse como definitiva y real.

                                   Que también resulta observable que lo que la denunciante solicitó en distintos años, siempre se refirió a las mismas fechas: 30/11/01 y 20/12/01, y el resultado obtenido fue siempre distinto.          

                                   Que ello es sumamente preocupante, por cuanto, la denunciante, desconociendo la verdad, transitaba por una realidad que le impedía o le pudo haber impedido la toma de decisiones sobre su futuro, dado que los elementos que le brindaban sus mandatarios eran inciertos y no verosímiles.

                                   Que es necesario destacar que la inobservancia de los deberes de información y, eventualmente, de asesoramiento, puede conducir al inversor a tomar decisiones inapropiadas que signifiquen, a la postre, la pérdida total o parcial del capital invertido: por ello, la violación de esas obligaciones genera responsabilidad..

                                    Que  lo  solicitado  por  la  Sra.  Chiarello  no reviste el carácter de imposible, dificultoso o sobrenatural: simplemente, requirió en distintas  oportunidades (años 2001, 2002   y 2003)   datos   e información   relativos   a la   composición   de la cartera  

del Fondo  al  cual pertenece;   que   encima se   referían   siempre a   las   mismas fechas: 30/11/01 y 20/12/01, obteniendo respuestas infundadas, dispares e incongruentes con  la realidad.

                                   Que,   en suma,   ninguno   de   los   sujetos  encargados   de   suministrarle información y prestarle una atención adecuada cumplimentó su cometido básico de  actuación en  orden  a  su  carácter  profesional   y  a  la  responsabilidad  que   se  suscita  en

consecuencia, dando ello como resultado un obrar no diligente; y prueba de ello es que lo requerido por la denunciante a sus mandatarios no es ni más ni menos de lo que la ley exige.

                                   Que en lo atinente a la falta de constancia de entrega del reglamento de gestión a la luz de lo indicado por las sociedades gerente y depositaria en orden al incendio ocurrido en la agencia San Justo del Banco, a raíz del cual se vio afectado parte del archivo, no pudiendo localizar la documentación de suscripción firmada oportunamente por la Sra. Chiarello (fs. 196), es de destacarse que, por un lado, no registra la depositaria haber comunicado al Organismo el “incendio” ocurrido el 23/12/02; y, por el otro, respecto del siniestro no existen antecedentes que permitan reputar técnicamente la existencia del hecho y/o autoría del mismo; además, la causa se encontraba archivada en la oportunidad referida a fs. 266/267.

                                   Que, de todas formas, la sociedad depositaria admite (fs. 266) que la documentación relacionada con las suscripciones y rescates se deriva para su custodia a una firma especializada “pasados tres días de suscripta la misma”, por  lo  cual,  en  principio,  el  denominado  incendio,  al  resultar  bastante  posterior  a  la  suscripción  no  debería  tener   incidencia  sobre  la  falta  de  acreditación  de  la  entrega  del  reglamento  de  gestión.

                                   Que la falta de registro (fs. 275) del envío de la documentación para su guarda concuerda con lo expuesto precedentemente.

                                   Que merece destacarse, y no resulta menor, que los sujetos investigados ya hayan sido sancionados por el Organismo en diversas oportunidades a través de las Resoluciones Finales N° 14.816 del 3/6/04  y N° 14.790 del 6/5/04 , que  culminaron   con la 

aplicación de multa y apercibimiento respectivamente.  

                                   Que en lo atinente a la Resolución N° 14.631, y que tramitó  en el Expte. N°

840/02,  hay que recordar que la investigación se originó a raíz de DOS (2) denuncias, una de ellas, - Expte. N° 87/02 -, formulada por la misma denunciante que la actual (Ana Mariel Chiarello) en  su carácter de  copartícipe  del  mismo  Fondo que  el  actual: F.C.I. 1784 FIX 2001, por  irregularidades  ocurridas en  el  transcurso del  año  2001, y  que  por cuerda se

encuentra agregado sin acumular al presente expediente, de conformidad con lo indicado a  fs. 261.

                                   IV.- CONCLUSIÓN

                                   Que en homenaje a  lo  hasta aquí  señalado  corresponde instruir sumario administrativo a 1784 S.A. SOCIEDAD GERENTE DE FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN y a BANKBOSTON N.A. Sucursal Buenos Aires, sus directores titulares y representante legal a la fecha de los hechos investigados, por el presunto quebrantamiento de las previsiones legales contenidas en los artículos 902, 909, 1904, 1905, 1907, 1908, 1909 del Código Civil; artículos 43 in fine, y 67 del Código de Comercio; artículo 59 de la Ley de Sociedades Comerciales N° 19.550; artículos 4, 14 inc. b) de la Ley N° 24.083; artículos 41 del Capítulo XI y 2 del Capítulo XXI de las NORMAS de la CNV (N.T. 2001); y de las Secciones  1 del Capítulo 5 y 1.1.2 del Capítulo 6  de  las  Cláusulas Generales del Reglamento de Gestión del Fondo Común de Inversión 1784 FIX 2001.

                                   Que,  asimismo,  corresponde instruir  sumario  a los  síndicos titulares, a la

fecha de los hechos investigados, de 1784 S.A. SOCIEDAD GERENTE DE FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN por la presunta infracción de los artículos  10  de  la  Ley  Nº 24.083  y  294  inciso   de  la  Ley de Sociedades Comerciales.

                                   Que es dable mencionar que la investigación sumarial tiene por objeto “precisar todas las circunstancias y reunir los elementos de prueba tendientes a esclarecer la (eventual)   comisión   de   irregularidades  e  individualizar  a  los  responsables  y  proponer sanciones”  (Carlos A. APESTEGUÍA,  “Sumarios  Administrativos”,  pág. 34, ed. 2.000);  y que, de  acuerdo  con  lo  establecido  en  el  artículo   inciso  c) del Capítulo XXIX de las

NORMAS (N.T. 2.001) (Mod. RG 400/01)  se  deja constancia “que las posibles infracciones reciben un encuadramiento legal meramente provisorio”.

                                   Que la presente resolución se  dicta  en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 6º inciso a), 12 y concordantes de la Ley Nº 17.811 y artículos 32 y 35 de la Ley Nº 24.083 (sust. por Decreto Nº 677/01), y el artículo 1º del Decreto Nº 174/93.

             Por ello,

                        LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES

                                                                          RESUELVE:

ARTICULO 1º.- Instruir sumario a: 1784 S.A. SOCIEDAD GERENTE DE FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN, sus directores titulares a las fechas de los hechos investigados, Sres.:  María Laura  TRAMEZZANI (DNI  14.886.441),  Claudio  Enrique

GRASSO (DNI Nº 14.689.909), Marina Marta FRAGUÍO (DNI 13.549.684), Pablo Ignacio SABALAIN (DNI Nº 22.432.463), Alejandro Miguel SANTOS (DNI N° 21.843.096), María Florencia GRECO (DNI N° 17.388.278), y Eduardo A. RAZZETTI (DNI N° 14.433.675); y a BANKBOSTON N.A. SUCURSAL BUENOS AIRES, su representante legal a la fecha de los hechos investigados, Sr. Manuel Ricardo SACERDOTE (L.E. Nº 4.404.828), por el presunto quebrantamiento de las previsiones contenidas en los artículos 902, 909, 1904, 1905, 1907, 1908, 1909 del Código Civil; artículos 43 in fine, y 67 del Código de Comercio; artículo 59 de la Ley de  Sociedades Comerciales N° 19.550; artículos 4, 14 inc. b) de la Ley N° 24.083; artículos 41 del Capítulo XI y 2 del Capítulo XXI de las NORMAS de la CNV (N.T. 2001); y de las Secciones 1 del Capítulo 5 y 1.1.2 del Capítulo 6 de las Cláusulas Generales del  Reglamento   de   Gestión  del  Fondo  Común  de  Inversión  1784  FIX  2001.

ARTÍCULO 2º.- Instruir sumario a los síndicos titulares, a las fechas de los hechos investigados, de 1784 S.A. SOCIEDAD GERENTE DE FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN, Sres.: Ryuiti ASIYA (DNI Nº 18.109.449), Ignacio Javier CASAS RÚA (DNI Nº 12.661.503),   Corina Inés  PANDO  (DNI   10.564.256),  y Mirta  Silvia  MALETTA (DNI N° 13.394.776)  por  la presunta  infracción  de los  artículos  10 de  la Ley Nº 24.083 y 294 inciso 9º de la Ley de Sociedades Comerciales.

ARTÍCULO 3º.- A los fines previstos por los artículos 12 de la Ley Nº 17.811 (mod. Decreto 677701) y 8º  del Capítulo XXIX de las NORMAS (N.T.2001), se  fija audiencia  preliminar para el día  3 de enero de 2006, a las 11 horas.                            .

ARTÍCULO 4º.- Designar conductor del sumario al Sr. Director José Luis PUNGITORE.

ARTÍCULO 5º.- Encomendar  a la  Gerencia  de Fiscalización  y Control la designación del  profesional de apoyo dentro de los TRES (3) días de la presente resolución (conf. artículo 1º, inciso d) del Capítulo  XXIX  de las  NORMAS (N.T. 2001),  incorporado por la Resolución

General Nº 400/01).

ARTÍCULO 6º.- Correr   traslado de  los  cargos a  los  sumariados por  el  término y  bajo apercibimiento de Ley con copia autenticada de la presente Resolución.

ARTÍCULO 7º.- Regístrese  y notifíquese  con copia autenticada de la presente Resolución a

la BOLSA DE COMERCIO DE BUENOS AIRES, a los efectos de su publicación en su Boletín Diario e incorpórese en el sitio web del Organismo en www.cnv.gov.ar.

 

Firmado: Narciso MUÑOZ – Presidente; Dr. Emilio FERRE – Director; José Luis PUNGITORE – Director.