“COMISION NACIONAL DE VALORES C. RENAULT ARGENTINA S.A.”.

17.977/02                                                                                                      13-14-15

 

Buenos Aires, 16 de septiembre de 2003.

Y VISTOS:

1.      Apeló Renault Argentina S.A. y sus directores y miembros de la comisión fiscalizadora, contra la decisión de la Comisión Nacional de Valores que les impuso una multa por infracción al deber de informar.

Los memoriales obra a de fs. 1577/1593 y 1594//1599, y a fs. 1610/1617 corre agregada la respuesta del organismo.

2.      a) La nulidad de una decisión sólo procede cuando adolece de vicios o defectos de forma o construcción que la descalifican, es decir cuando se ha dictado sin sujeción a los requisitos de tiempo, lugar y forma prescriptos, pero no en hipótesis de errores in iudicando, que –de existir- pueden ser reparados por medio del recurso de apelación y en el que el tribunal de Alzada puede examinar los hechos y el derecho, con plena jurisdicción (v. esta Sala en: “Maragna, José Luis y otro”, del 11/4/91); como sucede en el caso a raíz de la apelación deducida.

b) Los fundamentos expuestos por la Sra. Representante del Ministerio Público Fiscal ante esta Cámara en su dictamen de fs. 1633/1635, que la Sala comparte y a los que se remite por razones de brevedad, conducen a desestimar los recursos.

Sin perjuicio de ello, ha de señalarse lo que sigue.

Las normas involucradas no están dadas por un mero formalismo, sino para garantizar un negocio cuya importancia excede los meros intereses individuales, ya que están impuestas en garantía del interés público.

En tal virtud, no es dable detenerse en la circunstancia alegada de que la omisión incurrida no produjo consecuencias que afectaran de alguna manera la colocación de títulos o el curso de su negociación en los mercados; pues el razonamiento es erróneo y coloca a la cuestión sobre una base que puede dar lugar a abusos.  De ser ello así, podría dejarse de lado cualquier norma que garantice las operaciones de bolsa, pues no habrá sanción si no se prueba luego un perjuicio (v. esta Sala, “Peters Hnos. S.A.”, del 26/4/91).

La intervención estatal en la materia se orienta a la protección del público inversor especialmente los que forman la media común de los habitantes y que por carecer de la información necesaria pueden padecer en mayor grado la actividad inadecuada de las empresas (v. precedente de este Tribunal, “Hulytego S.A.”, del 3/4/03).  La captación del ahorro público justifica pues la rigidez en el juzgamiento de la cuestión y en la exigencia de acatar estrictamente los ordenamientos normativos.

De otro lado no son atendibles las quejas de los directores y del órgano de fiscalización por no haberse efectuado una imputación subjetiva o diferenciada de responsabilidad.

En efecto, los administradores de una sociedad deben actuar con lealtad y con la diligencia de un buen hombre de negocios y son responsables por las faltas en los términos de la L.S. 59.  La responsabilidad del directorio de una sociedad anónima nace de la sola circunstancia de integrar el directorio, de manera que cualesquiera que sean las funciones que efectivamente cumple un director, su conducta debe ser juzgada en función de la actividad obrada –o no realizada- por el órgano.  Ello, aunque el imputado alegue funciones nominales o que no haya actuado efectivamente en relación con los hechos que se reputan disvaliosos, o no haya tenido conocimiento de ellos; porque es función de cualquier integrante del órgano de conducción la de controlar la calidad de la gestión empresaria.  Su incumplimiento da lugar a una suerte de culpa in vigilando, pues el distingo entre la condición de administradores y su ejercicio efectivo en torno a una cuestión concreta, antes de dispensarlos de responsabilidad, la agrava, porque comporta no haberse interesado debidamente de la actuación del ente (v. esta Sala, “Banco Medefín S.A.”, del 23/4/96).

Esa responsabilidad se extiende a los síndicos sociales, aún cuando no ejerzan la dirección de la sociedad.  Porque son los encargados por la ley de una fiscalización constante, rigurosa y eficiente del actuar del directorio (v. esta Sala, precedente, “Banco Medefín”, citado).

3.      Por todo ello, se resuelve: Desestimar los agravios y confirmar la resolución recurrida.  Con costas (cpr. 69).

Notifíquese y devuélvase.

 

FIRMADO: Martín Arecha – Rodolfo A. Ramirez – Helios A. Guerrero – Gerardo Santicchia – Secretario.