Expediente 78.025/2003 - “Comisión Nacional de Valores c/ Banco Unión Comercial Industrial s/ calificación”

 

Buenos Aires, 29 de diciembre 2004

           

                        Y VISTOS:

1.a) Fitch Argentina Calificadora de Riesgo S.A., David Roberts, Ernest Elsner, Hernan Cheyre Valenzuela, José R. Valente Vías, Jaime Vatter, Gabriel Rubinstein, Sergio Bonacosa y Ana Gavuzzo apelaron la resolución de fs. 637-661; sus agravios corren a fs. 668-672 y reciben respuesta de la C.N.V. a fs. 692-693.

b) Critican los recurrentes el monto de la multa impuesta por considerarlo excesivo y no ajustado a derecho.

2. Los fundamentos del dictamen fiscal de fs. 696-697, compartidos por este Tribunal, son adecuados para desestimar el recurso interpuesto.

Procede imponer la sanción de multa por infracción al art. 2 de la RS 226 cuando –como en el caso- se verifica que el ente omitió considerar un balance a fin de calificar determinados valores que había sido publicado en el boletín diario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires con 40 días de anticipación.

No enerva lo expuesto que –según los apelantes- el dictamen observado haya carecido de efectos nocivos para terceros, ya que no es menester que el incumplimiento de sus deberes haya inducido a engaños en casos concretos. Ello es así, pues el control que ejerce la C.N.V. tiene un tangible e incontrovertible fin que apunta a preservar la fe pública. Por consiguiente, el argumento en relación a la inexistencia de perjuicio a terceros resulta inaudible.

Más allá de las consecuencias, lo que no puede soslayarse es el objetivo, claro –y hasta reconocido- incumplimiento.

Es que en el ámbito de control estatal, lo que interesa es el correcto cumplimiento de las obligaciones al sujeto responsable en función del interés general en aras del cual han sido instituidas, en el caso, la tutela del ahorro público, pues el daño constituye un presupuesto de responsabilidad civil, en tanto que la responsabilidad administrativa presupone una infracción, o sea el incumplimiento de un deber que generó un riesgo, desconectado en principio de sus consecuencias.

3. Respecto a la cuantía de la multa, tiene dicho este Tribunal que ésta se origina en expresas normas legales adecuadas al servicio a prestar y es de aplicación por derivación del poder disciplinario ínsito a la actividad jurisdiccional. Debe ajustarse a los antecedentes concretos del caso, a la actuación que le hubiere cabido al síndico, a su conducta, a la gravedad del hecho imputado y a la razonabilidad, proporcionado todo ello entre imputación y sanción (CNCom., esta Sala, in re: “Vivono Hnos. Soc. Colectiva s/ quiebra s/ inc. de apelación (art. 250 C.P.C.C.)”, del 13-8-93).

Adviértase en la especie que son los mismo recurrentes quienes reconocen ser reincidentes, siendo la sanción aplicada proporcional no sólo a la falta cometida sino al interés público y preventivo que se persigue con su aplicación.

La resolución en crisis debe ser confirmada.

Finalmente, adviértase lo poco serio del fundamento que sindicó a la falta cometida como de relativa importancia; este no debe permitírseles a los sancionados. Su conducta debe apreciarse conforme al standard de responsabilidad agravada exigible del profesional titular de un emprendimiento con alto nivel de especialización, que por su propia voluntad se sujetó a la autoridad de control y requirió habilitación para el ejercicio de una específica actividad.

4. Desestímase el recurso de fs. 668-672, con costas (art. 68 C.P.C.C.). Notifíquese y devuélvase. La señora Juez de Cámara - Dra. Ana I. Piaggi no interviene por hallarse en uso de licencia (art. 109 R.J.N.).

 

Firmantes: Dra. María Lilia ALONSO de DIAZ CORDERO y Dr. Enrique M. BUTTY.-