PODER JUDICIAL DE LA NACION

 

 

119392/00 Comisión Nacional de Valores c. Sociedad Comercial del Plata S.A.

 

Buenos Aires, diciembre 16 de 2003.

Y VISTOS:

I-    Los administradores e integrantes de la comisión fiscalizadora de Sociedad Comercial del Plata dedujeron a fs. 610/20 y 623/7, respectivamente, recurso extraordinario contra lo decidido a fs. 602/5.  Expresan en ambos escritos que con la resolución confirmatoria de la sanción de multa se ha incurrido en arbitrariedad con el consiguiente menoscabo del goce de derechos y garantías de rango constitucional.  A fs. 630/2 la Comisión Nacional de Valores contesta el recurso de fs. 623/7.

II- Habrá de discernirse infra –luego de tratar la cuestión referida a la arbitrariedad- si el caso halla emplazamiento en la previsión del art. 14 de la ley 48.

1.      La doctrina de la arbitrariedad no tiene por objeto corregir en tercera instancia fallos presuntamente equivocados, sino cubrir defectos graves del pronunciamiento, por apartamiento inequívoco de la normativa vigente o carencia de fundamentación (C.S.J.N., 11-4-85, E.D.114-144; Fallos, 311:345 y 571).

En el sub-lite con la imputaciòn de arbitrariedad sólo se pone de manifiesto una inteligencia distinta a la de la resolución resistida. El tenor de las refutaciones muestran por sí mismo que al fallo preceden consideraciones suficientes para sustentarlo, y que no se encuentra fundado en la mera voluntad de los juzgadores (Fallos: 304:112;303:1526;313:473;313:1222).

El discurso en examen procura enjuiciar el proceder arbitrario de la alzada, mas no hace sino trasuntar diversa interpretación de las conclusiones asumidas en el decisorio, las que mas allá de la disconformidad que provoquen en el quejoso, hallan adecuado cauce en el marco de una racional administración de justicia (doctrina del fallo de la C.S.J.N., in re “Banco Ganadero Argentino S.A. y otros c/Pcia. De Buenos Aires”, del 2-7-91).

Cierto es que los quejosos sostuvieron que la sentencia involucró materia comprendida en el art. 14 inc. 1 y 2 de la ley 48. Mas no es cierto que se invocara como fundamento de la decisión el dec. 677/01, sino que al citarlo únicamente se hizo referencia a lo expresado en los considerandos del mismo (v.fs.602 párrafo tercero), en tanto destacan la necesidad de que en el mercado deben prevalecer principios tales como los de “información plena”, “transparencia” y ”protección del público inversor”. Es perceptible que la solución que se proveyó se fundó (cfr. Dictamen del Procurador Fiscal) en disposiciones aplicables en la especie (art.10b, ley 17.811, arts. 1071 y 1198 cciv, art.29, ley 23.576, art. 59 L.S.C, art. 54, capítulo VI de las Normas (N.T.1997) y art. 294 inv. 9º. Ley 19550). En tales condiciones, son improcedentes los recursos (art.15 ley cit,; Fallos 305:2096, id. 307:2131, entre otros).

                        Mas también es cierto que media aquì discurso encaminado a cuestionar la inteligencia proporcionada por esta Alzada – con remisión al dictamen fiscal- sobre el alcance de algunos aspectos de la ley 17.811, que no habrían sido adecuadamente ponderados al resolver. Ello justifica la apertura de la vía extraordinaria en los términos previstos por el art. 14, 3 de la ley 48.

                        II. Se resuelve: conceder los recursos de apelación extraordinarios interpuestos a fs. 610/20 y 623/7. Con costas únicamente con relación al de fs. 623/7 en tanto hubo contradicción (art. 69,cpr). Notifíquese. Oportunamente, elévese el expediente a la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación, con oficio de estilo.

La señora Juez de Cámara Dra. Ana I. Piaggi no interviene por hallarse excusada (art. 109 RJN).Enrique M. Butty. María L. Gómez Alonso de Díaz Cordero. Es copia fiel de su original obrante a fs. 649/51 de los autos de la materia.