BUENOS AIRES, 4 de abril de 2007

 

RESOLUCION N° 15.611

                                   

VISTO el expediente Nº 793/2002 del registro de esta COMISIÓN NACIONAL DE VALORES caratulado “CARLOS CASADO S.A. s/ Sumario”, y

 

CONSIDERANDO:

I.- Antecedentes.

Que por Resolución Nº 14.269 (fs. 353/360), esta COMISION NACIONAL DE VALORES (CNV) instruyó sumario a CARLOS CASADO S.A., sus directores titulares al momento de los hechos examinados, señores Luis María CAVANAGH, Diego Eduardo LEÓN y Ángel María CAVANAGH por la posible infracción a los artículos 2º del Capítulo XVII de las NORMAS (N.T. 1997) –actualmente art. 2º del Cap. XXI de las NORMAS (N.T. 2001)-, 43, 48 y 51 del Código de Comercio, 63 inciso 1 apartado b) y 64 inciso I apartado c) de la Ley de Sociedades Comerciales Nº 19.550; punto 8.1.8.1.1.1. del Capítulo XVIII de las NORMAS (N.T. 1997) -actualmente pto. 11.1 del Anexo I del Capítulo XXIII de las NORMAS (N.T. 2001)- en relación con (i) el punto A,2,a. del Capítulo III (Normas generales de exposición contable del estado de situación patrimonial) y punto A,2,b. del Capítulo IV (Normas generales de exposición contable del estado de resultados) de la R.T. Nº 8, (ii) punto A,3. del Capítulo III (Normas particulares de exposición contable del estado de situación patrimonial), punto A,2. del Capítulo IV (Normas particulares de exposición contable del estado de resultados) de la Resolución Técnica Nº 9; y (iii) -cualidades o requisitos generales de la información contable-: punto 1,1a (veracidad), 1,1b (objetividad), 1,1g (precisión), 1,1h (confiabilidad), 1,3a (pertinencia), 1,3b (integridad), 1,3c (significación), -normas generales de valuación y medición del patrimonio y resultados-: 2,6 (Reconocimiento de variaciones patrimoniales), y -normas particulares de valuación y medición del patrimonio y resultados-: 3,1 del título B de la segunda parte de la Resolución Técnica Nº 10; y a sus consejeros de vigilancia titulares al momento de los hechos examinados señores Pedro PERISSE, Guillermo PRYOR y Andrés Eduardo del PIANO por posible infracción a los artículos 281 incisos a) y
g) y 294 inciso 9º de la Ley de Sociedades Comerciales Nº 19.550.

Que la instrucción se fundó en la posible demora en la comunicación de seis operaciones realizadas con los denominados Bonos Oro 1935, emitidos por la República del Paraguay identificadas en la Resolución citada precedentemente con los números 1, 2, 6, 7, 15 y 16; con 41, 5, 3, 1, 3 y 3 días corridos de demora, respectivamente; la falta de comunicación en forma espontánea y oportuna de una operación (fs. 354) de venta de (3) láminas a un precio de $ 150.000; la resolución de una operación de venta de (200) láminas por $ 5.000.000, todas de la misma especie y en la omisión de la contabilización de un activo, atendiendo a que el 25/9/98 (fs. 35 y 83/84) vendió (100) Bonos Oro 1935 de la República del Paraguay (operación 6 de fs. 354) por el precio de U$S 5.000.000, operación que resultó rescindida el 5/4/99 (fs. 266) sin registrar la venta, ni su rescisión, “sin perjuicio de lo cual el día 5/4/99 (fecha de rescisión), CARLOS CASADO SA. (operación 13, id), hizo entrega de 12 láminas de Bonos Oro 1935 por los importes en concepto de seña a cuenta de precio otorgadas por el comprador en los días 25/9/98 ($150.000), 19/10/98 ($175.000) y 11/11/98 ($500.000) por un total de $825.000, las cuales fueron registradas contablemente (fs. 103)”.

Que la omisión aludida representó en los estados contables al 30/9/98 el 12,71% del activo, 63,03 % del pasivo, 15,92% del Patrimonio Neto, 47,67% de los Resultados No Asignados y el 2.370,53% de los resultados del período (fs. 306/307); y en los estados contables al 31/12/98 el 10,88% del activo, 57,68 % del pasivo, 13,408% del Patrimonio Neto, 47,47% de los Resultados No Asignados y el 474,61% de los resultados del período (fs. 306/307).

Que la tramitación desarrollada a partir de la orden de instruir sumario exterioriza en forma plena el aseguramiento del derecho de defensa de los imputados (conf. fs. 372, 376, 379 vta, 495, 508/513, 515, 519/525, 567/573, 588/593, etc.).

Que notificados todos los sumariados debidamente de la Resolución que instruyó sumario (fs 362/367), presentaron en tiempo hábil y forma conjunta sus descargos, constituyeron domicilio y acompañaron la prueba documental obrante a fs. 381/487.

Que con fecha 29 de octubre de 2002 (fs 527), se llevó a cabo la audiencia preliminar establecida en el artículo 8º del Capítulo XXIX de las Normas (N.T. 2.001) que reglamenta el procedimiento sumarial, presentándose los señores Luis María CAVANAGH, Ángel María CAVANAGH y Pedro PERISSE donde se examinaron en forma individual los hechos constituyentes de cada uno de los cargos contenidos en la Resolución Nº 14.269.

Que por Disposición de fecha 31 de octubre de 2002 (fs 529), se declaró la cuestión como de puro derecho y se corrió traslado a los sumariados para que presenten Memorial, sin registrarse oposición.

Que notificados los sumariados de la Disposición citada precedentemente, por nota Nº 23.318 (fs 536/543), el Sr Luis María CAVANAGH, por derecho propio y en su carácter de Presidente de CARLOS CASADO S.A. presentó memorial.

Que cabe dejar señalado (fs. 1), con relación al objeto de las operaciones, que los títulos habían sido dados de baja de la contabilidad en septiembre de 1986 y que fueron nuevamente registrados doce años después.

II. Descargo de los sumariados

Que en cuanto a la posible infracción a lo dispuesto por el artículo 2º del Capítulo XXI de las NORMAS (N.T.2001), los sumariados alegaron como causa eximente de responsabilidad el escaso monto de la operación Nº 1, por tratarse de “La venta de 2 láminas a $50.000”.

Que respecto a la operación N° 2 señalaron que constituyó “una opción de compra”, no una compraventa; “no existió una operación firme por $ 5.000.000, obsérvese que se dio en carácter de prima o premio sólo la cantidad de $200.000 (apenas el 4% del monto en cuestión)”.  Se remite al instrumento de fs. 78 que, entre otras constancias, contiene: como rúbrica “BOLETO DE COMPRA VENTA”; la denominación de las partes como “El Vendedor” y “El Comprador”; un señalamiento, atinente al último, sobre “que la compra la realiza por sí y en Comisión para tercero”; la expresión “El Vendedor vende a El Comprador la cantidad de 200 (Doscientos) Bonos Oro …” y otra sobre “El PRECIO total de Venta”; junto a la referencia sobre una entrega “en concepto de seña y a cuenta de precio”; la estipulación de un término para abonar el “saldo de precio”; una estipulación expresa acerca de que “la mora se producirá de pleno derecho sin necesidad de ninguna notificación judicial y/o extrajudicial”; otra del mismo carácter facultando a “El Vendedor” (quien “podrá declarar rescindido”) para rescindir “el presente Boleto de Compra Venta”, reteniendo el importe dado en seña “como indemnización…”; a la par se previó la posibilidad de rescisión por “El Comprador”, habilitado para reclamar la devolución de la seña doblada “con más el 24% de interés anual”; asimismo, “El Comprador puede demandar a El Vendedor el cumplimiento de El Boleto de Compra Venta con más una cláusula penal…”; por otra parte, la pieza de fs. 80 constituye un “Anexo al Boleto de Compra-venta”, que reitera los conceptos anteriores, lo que también refleja el instrumento de resolución de fs. 81.

Que respecto a la operación N° 6 se reiteró lo expresado a propósito de la operación anterior; desconociendo la naturaleza de la compraventa, se señala que “no se pactó la posibilidad de exigir el cumplimiento y esto es justamente por tratarse de una opción de compra”; “no existió una operación en firme por $ 5.000.000”.

Que atento a la remisión efectuada al “Anexo obrante a fs. 86”, cabe dejar constancia que del mismo y del principal al que accede (fs. 83/86) se desprenden idénticas referencias a las expuestas anteriormente.

Que con referencia a la omisión en la contabilización de la operación N° 6 (fs. 356) efectuada el 25/9/98, como de su posterior rescisión el 5/4/99, con la consiguiente afectación de la información suministrada en los estados contables, se desconoce el cargo en la inteligencia que “la operación de fecha 25/9/98 no fue una compraventa”.

Que en el descargo, se señala que “…se trató claramente de una opción de compra: al momento de la firma no se entregó la cosa mueble (100 láminas título oro del Paraguay 1935) ni se pagó la suma de $ 5.000.000 y, en caso de incumplimiento por parte del comprador, no se le podía exigir su cumplimiento”. Por lo cual fueron contabilizadas sólo las sumas ingresadas “como anticipo de venta”, no el precio total.

Que con relación a la operación 7, -que se vincula con la operación N° 6- no puede ser relevante “la información de una prórroga para el pago”, cuando “la venta había sido denunciada, motivo por el cual, ninguna obligación más pesaba sobre CARLOS CASADO S.A.”.

Que respecto a la operación N° 15 se consideró “irrelevante informar que se abonó el saldo de la operación 12” pues con anterioridad se le había informado a la Comisión la venta de las 88 láminas”, y se señala que “La venta había sido denunciada, motivo por el cual, ninguna obligación más pesaba sobre CARLOS CASADO S.A.”.

Que en cuanto a la operación N° 16 se señala que “Informar la consignación es absolutamente irrelevante”.

Que sin perjuicio de lo expresado (fs. 486 vta) se reconoce que la sociedad “informa absolutamente todo a la Comisión –incluso operaciones de ninguna o poca entidad-a fin de garantizar la más absoluta transparencia en sus operaciones”.

Que con alcance general, la emisora afirma que la previsión reglamentaria “no establece un plazo expreso para efectuar la comunicación”, se carece de “un plazo determinado y cierto”; y que no se produjo “daño alguno al ahorrista o inversores ya que todas y cada una de las ventas fueron acabadamente publicitadas”; no habiéndose registrado reclamos por parte de “accionistas, ahorristas o inversores cuestionando déficit en la información y afectación de sus derechos por ausencia de transparencia”.

Que los dichos recogidos en el acta correspondiente a la audiencia celebrada el 29/10/02 (fs. 527/528) comprenden una insistencia en configurar la naturaleza del instrumento que se controvierte como “una opción de compra” y no (de) un contrato de compraventa” “en virtud de que no se pactó la posibilidad de exigir su cumplimiento” (respuesta primera pregunta); y el reconocimiento que no se informó la prórroga del plazo de la operación número seis, por “un problema de índole administrativa” (respuesta segunda pregunta).

Que, según lo adelantado, la cuestión tramitó como de derecho.

Que los términos de la memoria producida, por los interesados, esencialmente, reiteran el contenido del descargo inicial.

Que en resumen, se cuestiona que a) la omisión sea de información “que pueda afectar en forma sustancial la colocación de los valores negociables de la emisora o la evolución de los precios y del volumen en los mercados”. Admitiendo que “pudo existir alguna demora en la información de las prórrogas – sin que estas sean sustanciales en los términos de ley –” el retardo se atribuye a genéricas “razones de índole administrativa”, lo que significa admitir la primera en virtud de deficiencias atribuibles exclusivamente al emisor. b) Se repite respecto de “la operación de fecha 25/9/98 (Boleto de fs. 83 y Anexo de fs. 86)”: “no fue una compraventa”; “se trató claramente de una opción de compra: al momento de la firma no se entregó la cosa mueble (100 láminas título oro del Paraguay) ni se pagó la suma de $ 5.000.000 y, en el caso de incumplimiento por parte del comprador, no se le podía exigir su cumplimiento”.

Que aparece resaltado: “En el ANEXO AL BOLETO DE VENTA DE BONOS ORO AÑO 1935 DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY CELEBRADO CON FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DE 1998 ENTRE CARLOS CASADO S.A. (fs. 86) dice en su cláusula Tercera: El importe documentado en este acto en caso de incumplimiento por el COMPRADOR de su obligación de pagar el saldo de precio ajustado será retenido por la VENDEDORA en concepto de indemnización conjuntamente con los otros importes recibidos antes de ahora quedando resuelto de pleno derecho”.

III.- Análisis de los descargos

Que requerida la intervención de la Gerencia de Intermediarios (fs. 545) como elemento de conocimiento adicional en orden a determinar, con relación a “los documentos de fs. 78/80 y 82/86, si se trata de contratos de compraventa o contratos de opciones” (cfr. fs. 526 y 544), en el marco de la especialidad correspondiente a la Subgerencia de Mercados de Futuros y Opciones, se registró la intervención de fs. 546/547 y 548, en la que se sienta la conclusión de que “los documentos obrantes a fs. 78/80 y 82/86 no revisten las características de los contratos de opciones”.

Que el aporte de conocimiento efectuado, entre otros extremos, pone de resalto que “… en los contratos de opciones la opción le otorga a su titular el derecho a hacer algo, sin estar obligado a ejercer ese derecho. En el caso de no ejercer ese derecho no se incurre en un incumplimiento contractual. En el contrato de compraventa existe una obligación, que se encuentra en cabeza de las partes, de transferir a la otra la propiedad de una cosa, y esta de recibirla y pagar por ella un precio cierto en dinero (C.Civil art. 1323)”; “...se expresa el precio inicial abonado por el comprador en concepto de seña y a cuenta de precio que, en caso de incumplimiento y resuelta la rescisión del contrato, el vendedor podrá retener como indemnización del daño sufrido. En los contratos de opciones el comprador de una opción de compra paga al vendedor una “prima” que le da el derecho durante el transcurso del contrato de comprar la cosa”; “En los documentos no se encuentra expresada la posibilidad de optar por una realización o no del contrato (característica inherente a los contratos de opciones), sino en cambio existe expresamente una “obligación” de una parte de transferir a la otra la propiedad de una cosa y de la otra de pagar por ella un precio cierto en dinero”; “En los documentos se establece expresamente que en el caso de que el comprador no pague el precio acordado en el contrato este incurrirá en un incumplimiento y el vendedor podrá declarar rescindido el contrato. En los contratos de opciones el comprador de una opción de compra que no ejerza el derecho de comprar la cosa no incumple el contrato ya que este no tiene obligación de hacerlo sino que en cambio, lo que tiene es el derecho a comprar la cosa”.

Que a diferencia de las menciones consignadas en los instrumentos objeto de examen especializado, “en los contratos de opciones el comprador de una opción de compra paga al vendedor una “prima” que le da el derecho durante el transcurso del contrato de comprar la cosa. Si el comprador no ejerce la opción de compra pierde la prima que había abonado para tener la posibilidad de ejercer la opción de compra”.  “.. las operaciones analizadas reúnen las condiciones de una compraventa en donde ambas partes (compradora y vendedora) tienen el derecho a exigir su cumplimiento”.

Que la emisora y cinco de los imputados (fs. 574/575) se expidieron sobre el análisis efectuado por los profesionales de la Subgerencia referida.

Que en el marco de un conjunto de afirmaciones dogmáticas reiteran que “la circunstancia saliente que debe merituarse para catalogar al convenio como opción y no como un contrato definitivo está dada por el hecho de que si el comprador no pagaba el precio adeudado CARLOS CASADO S.A. como Vendedora no podría exigir el cumplimiento”.

Que de otra forma se expresa: “Frente a lo expuesto resulta irrelevante que se lo nomine como “Opción o que no se exprese en su texto la facultad de optar ... pues su carácter opcional resultaba configurado por sus efectos que en ningún caso le permitían al vendedor exigir el cumplimiento”. “… a diferencia de lo que en forma arbitraria sostiene el Dr. IRIBARREN si la parte compradora no pagaba el precio quedaba resuelta la operación sin que CARLOS CASADO S.A. pudiese exigir el cumplimiento. Es decir el comprador podía optar por no pagar el precio”.

Que respecto de la calificación de los respectivos negocios como compraventa u opción parece atendible valorar que los miembros del personal del Organismo, se encontraban especialmente cualificados (como Subgerente y letrado de la específica Subgerencia de Mercados de Futuros y Opciones) para expedirse con autoridad sobre la cuestión sometida a su conocimiento.

Que las expresiones, se reitera, meramente dogmáticas efectuadas por la sumariada no exhiben entidad para desmerecer los análisis efectuados por los nombrados.

Que la Casación española reconoce la existencia de una presunción de veracidad y
legalidad en la actividad de los órganos administrativos “y sus agentes”.

Que entre nosotros, la “Procuración del Tesoro ha expresado en distintas oportunidades que, la ponderación de los temas debe efectuarse conforme a los informes de los especialistas de la materia de que se trata, es decir que tales informes merecen plena fe, mientras no aparezcan elementos de juicio suficientes para destruir su valor, siempre que sean bien fundados, precisos y adecuados al caso” (Dictámenes 169:199; 200:116)” (Dictamen N° 98 del 5/3/04 – Expte N° 17.000/03 Comité Federal de Radiodifusión. Presidencia de la Nación).

Que en este punto se impone reconocer que no se advierte la existencia de elementos que permitan desconocer imparcialidad, carencia o irrazonabilidad de la motivación y/o contradicción de los antecedentes con sus conclusiones, en la actuación de los integrantes de la Subgerencia especializada.

Que los documentos objeto de examen instrumentan compraventas. Se trata de boletos de compraventa, según la denominación que exhiben. 

Que esta unanimidad en la identificación no parece nimia cuando una de las partes –común en todas las operaciones – es una sociedad anónima que cotiza sus acciones desde vieja data, de quien cabe presumir obligado conocimiento y significado de las denominaciones que utiliza, por su habitual actividad mercantil.

Que por otra parte, los negocios con elocuente claridad tratan de una compra y de una venta, con “saldo de precio”, posponiéndose la obligación de entregar hasta el momento de la integración del precio (conf. Arts. 1.409, 1.424 y cc. C.C.).

Que se reconoce la presencia de la cosa y del precio, como el “efecto obligacional” (Ricardo Luis LORENZETTI; “Contratos – Parte especial”, T.I., p. 104, ed. 2.003) característico de la compraventa.

Que dentro del esquema de la compraventa se pactó una “seña” acordándole carácter de penitencial (conf. Art. 475, parte final, C. de Com.).

Que el valor de la seña se tarifó “como indemnización del perjuicio sufrido”, para el caso de incumplimiento del comprador y también del vendedor, si a las partes no les interesaba el cumplimiento.

Que las partes –con discernimiento, intención y libertad – presuponiendo la naturaleza obligatoria del negocio eligieron discrecionalmente la forma y medida de la indemnización por incumplimiento; de tal manera que “la indemnización consistirá en el pago de la pena, y en el segundo en la pérdida de la señal, o su restitución con otro tanto” según dice al art. 1.198 C.C., excluyendo otras modalidades resarcitorias.

Que se observa además (fs. 79) que el vendedor, destacando el giro facultativo, “podrá” declarar la rescisión; y que el comprador, también “puede demandar a El Vendedor el cumplimiento”.

Que el anexo (fs. 80) prorroga el plazo convenido mediante un refuerzo de seña, con indicación que “subsisten todas y cada una de las cláusulas y condiciones del contrato que se prorroga”.

Que la seña penitencial (Rubén S. STIGLITZ (dir.); “Contratos Civiles y Comerciales”, Parte General, T. II, N° 529) “desempeña el papel de una indemnización anticipada por los daños ocasionados”.

Que como conclusión, aceptada la procedencia de registrar la contabilización, no resulta admisible la pretensión de recalificar una compraventa como opción.

Que tocante al reproche vinculado con las deficiencias informativas parece atendible tener presente que la “novedad” notoriamente constituyó en su momento algo fuera de lo corriente en virtud de tratarse de un activo sin valor transformado, sin mayores explicaciones, en un bien con valor.

Que esta particularidad se encuentra ejemplificada en la repercusión pública del hecho, tal como fuera recogida en publicaciones de difusión masiva (fs. 8, 161).

Que la consecuente interpretación sobre la potencia del hecho, por su carácter extraordinario, para afectar en forma sustancial el curso de la negociación de las acciones de la emisora debe realizarse desde una óptica contextual que atienda a la totalidad de las operaciones.

Que de acuerdo con ello si, según lo reconocido por la sociedad, esta informa “todo” constituye una derivación necesaria la información de todas las operaciones, no de unas sí y otras no.

Que no resulta coherente que la obligada haya informado algunos negocios y no la integridad de los realizados, tratándose de un proceso único desencadenado a partir de la
singular revalorización contable de los Bonos Oro.

Que, en atención a las particularidades del objeto y a su renacer como bien económicamente apreciable las diferentes operaciones, constituyen secuelas integrantes de un proceso único dirigido a la venta de bonos carentes, hasta entonces, de valor, lo que impide parcelar o dosificar la información suministrada al mercado, máxime cuando el “hallazgo” exhibía connotaciones evidentemente fuera de lo común.

Que en tal caso, el anoticiamiento debió efectuarse en todos los supuestos “inmediatamente” conforme lo requerido por la reglamentación vigente y por la propia naturaleza de las cosas (doct. C.C. 1198),

Que por tratarse de información vinculada con el precio de acciones que cotizan, debe difundirse para conocimiento de los interesados en general – sin discriminaciones asimétricas – lo más rápido posible, como forma de posibilitar que cada involucrado cuente con los antecedentes necesarios para adoptar en tiempo oportuno una decisión de inversión o desinversión con pleno conocimiento de causa, sin ningún déficit de conocimiento.

Que las invocaciones sobre hipotéticas falta de perjuicio a accionistas y terceros, más allá de su carácter de hipótesis carentes de demostración, merecen contrastarse con la doctrina que resulta de aplicación en el ámbito disciplinario.

Que según doctrina del Organismo (cons. Resolución N° 14.487) “una vez constatado el incumplimiento, no resulta necesario demostrar que ello ocasionó un perjuicio a terceros para poder aplicar sanción en el sumario..”

Que finalmente, no está de más recordar con VIDAL BENÍTEZ –haciendo mérito tanto de sus antecedentes como docente universitario como de funcionario bursátil –que resulta primordial la información brindada al mercado por las propias emisoras.

IV.- Sanción

Que de acuerdo con lo expuesto y el resto de lo actuado en el Expte N° 793/2002, resultan acreditados los cargos formulados, en la fijación de la sanción –que será de APERCIBIMIENTO prevista en el artículo 10 inciso a) de la Ley Nº 17.811 (texto sustituido por Decreto Nº 677/01)- se pondera que ninguno de los sumariados registran antecedentes por infracciones en el régimen de la oferta pública.

Que la presente Resolución se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por
los artículos 10 y 12 de la Ley Nº 17.811 (texto conforme Decreto Nº 677/01).

 

Por ello,

LA COMISION NACIONAL DE VALORES

RESUELVE:

ARTICULO 1º.- Aplicar a CARLOS CASADO S.A. y a los integrantes del Directorio a la época de los hechos examinados, señores Luis María CAVANAGH, Diego Eduardo LEÓN y Ángel María CAVANAGH, la sanción de APERCIBIMIENTO prevista en el artículo 10 inciso a) de la Ley N° 17.811, por infracción a lo establecido en los artículos  2º del Capítulo XVII de las NORMAS (N.T. 1997) –actualmente art. 2º del Cap. XXI de las NORMAS (N.T. 2001)-, 43, 48 y 51 del Código de Comercio, 63 inciso 1 apartado b) y 64 inciso I apartado c) de la Ley de Sociedades Comerciales Nº 19.550; punto 8.1.8.1.1.1. del Capítulo XVIII de las NORMAS (N.T. 1997) -actualmente pto. 11.1 del Anexo I del Cap. XXIII de las NORMAS (N.T. 2001)- en relación con (i) el punto A,2,a. del Capítulo III (Normas generales de exposición contable del estado de situación patrimonial) y punto A,2,b. del Capítulo IV (Normas generales de exposición contable del estado de resultados) de la R.T. Nº 8, (ii) punto A,3. del Capítulo III (Normas particulares de exposición contable del estado de situación patrimonial), punto A,2. del Capítulo IV (Normas particulares de exposición contable del estado de resultados) de la Resolución Técnica Nº 9; y (iii) -cualidades o requisitos generales de la información contable-: punto 1,1a (veracidad), 1,1b (objetividad), 1,1g (precisión), 1,1h (confiabilidad), 1,3a (pertinencia), 1,3b (integridad), 1,3c (significación), -normas generales de valuación y medición del patrimonio y resultados-: 2,6 (Reconocimiento de variaciones patrimoniales), y -normas particulares de valuación y medición del patrimonio y resultados-: 3,1  del título B de la segunda parte de la Resolución Técnica Nº 10.

ARTICULO 2º.- Apercibir a los señores Pedro PERISSE, Guillermo PRYOR y Andrés Eduardo del PIANO, en su condición de integrantes del Consejo de Vigilancia de CARLOS CASADO S.A. a la época de los hechos examinados, por infracción a los artículos 281 incisos a) y g) y 294 inciso 9° de la Ley de Sociedades Comerciales N° 19.550.

ARTÍCULO 3°.- Regístrese y notifíquese con copia autenticada de la presente Resolución a
todos los sumariados.

ARTICULO 4º.- Notifíquese con copia autenticada de la presente Resolución a la BOLSA DE COMERCIO DE BUENOS AIRES a los efectos de su publicación en su Boletín Diario e incorpórese en el sitio web del Organismo en www.cnv.gov.ar y, oportunamente archívese.