BUENOS AIRES, 21 de diciembre de 2006.-

 

RESOLUCION N° 15.536

 

                        VISTO el expediente N° 796/02 rotulado “THE BANK OF NEW YORK y/o BANCO RIO DE LA PLATA S.A. s/Denuncia VILLAVEIRAN, José Luis O.N. MULTICANAL”, lo dictaminado a fs. 801/805, y

 

                        CONSIDERANDO:

                        I.- Antecedentes:

                        Que por Resolución N° 15.328 del 14.02.06 se instruyó sumario a: i) MULTICANAL SOCIEDAD ANONIMA (en adelante MULTICANAL), y a sus Directores Titulares, Sres. ROSNER, Ignacio Jorge, HERRERO MITJANS, Saturnino Lorenzo, URRICELQUI, Alejandro Alberto, DI LORETO, Vicente Gabriel y RENDO, Jorge Carlos, por la posible violación a lo dispuesto en los artículos 1197 y 1198 del Código Civil y 13 de la Ley N° 23.576; ii) BANCO RIO DE LA PLATA SOCIEDAD ANONIMA (en adelante BANCO RIO) por sí y en su carácter de representante del fiduciario THE BANK OF NEW YORK (en adelante BONY) y a sus Directores Titulares, Sres. CESARIO, Claudio Alberto, CRISTOFANI, José Luis Enrique, GOMEZ, Julio José, ALONSO, Gabriel Omar, CASTRO, Marcelo Alejandro y AGALLANO, Angel Oscar, por la posible violación a lo dispuesto en los artículos 1197, 1198, 1904 y 1905 del Código Civil y 13 de la Ley N° 23.576 y iii) los Síndicos Titulares Sres. MORAN, Raúl Antonio, LOPEZ, Hugo Ernesto, DI CANDIA, Carlos Alberto Pedro, en el caso de MULTICANAL S.A. y BANDE, Alberto, GIAIMO, Claudio Gustavo y REY, Carlos Oscar, en el caso de BANCO RIO DE LA PLATA SOCIEDAD ANONIMA por la posible violación a lo dispuesto en el artículo 294 inciso 9° de la Ley N° 19.550

                        Que la instrucción sumarial tuvo su origen en la denuncia formulada por el Sr. José Luis VILLAVEIRAN, quien reprochaba a BONY no haber cumplido sus funciones como representante de los tenedores de obligaciones negociables emitidas por MULTICANAL, ante la falta de pago de dichos valores negociables, de acuerdo con los convenios celebrados en los términos del artículo 13 de la Ley N° 23.576.

                        Que en la denuncia se involucró a BONY y a su representante en Argentina BANCO RIO.

                        Que ante un primer requerimiento del organismo BANCO RIO manifestó en su contestación de fecha 30.07.02, que esa entidad “... no ostenta el carácter de Agente en Buenos Aires de Bank of New York en la emisión en cuestión, sino que solamente actúa en su carácter de “Paying Agent” y “Registrer”...”, agregando: “...Por tal motivo, no podemos dar respuesta a vuestra solicitud toda vez que no corresponde a nosotros llevar adelante medida alguna en caso de incumplimiento de pago del emisor...”.

                        Que por su parte MULTICANAL adhirió a lo manifestado por BANCO RIO, haciendo recaer en BONY la responsabilidad de designar la entidad que lo representaría en el país en su calidad de fiduciario de los valores negociables a fin de atender los reclamos formulados por damnificados ante la mencionada falta de pago.

                        Que, varios meses más tarde, con fecha 03.04.03, BANCO RIO rectificó su postura exponiendo que “...seguirá actuando como representante de Bank of New York (BONY) en la Argentina respecto de todas las obligaciones negociables que Multicanal tenga actualmente en circulación y en las que el BONY sea Fiduciario”.

                        Que ante la solicitud de justificación de las distintas contestaciones formuladas durante el desarrollo de la investigación BANCO RIO invocó la existencia de “un error involuntario” y adjuntó copia del instrumento que acredita la representación finalmente reconocida (fs. 121).

                        Que en esa instancia y acorde con la última línea argumental indicada, MULTICANAL comunicó a la CNV que BANCO RIO “...seguirá actuando como Representante del Fiduciario en Argentina”.

                        II.- Sustanciación del sumario:

                        Que corrido el traslado de los cargos y concedida la prórroga solicitada por los sumariados (fs. 187/188), éstos presentan sus descargos en legal tiempo y forma.

                        Que el descargo correspondiente a BANCO RIO y a los Sres. Claudio Alberto CESARIO, José Luis Enrique CRISTOFANI, Julio José GOMEZ, Marcelo Alejandro CASTRO, Angel Oscar AGALLANO y Gabriel Omar ALONSO, en el que solicitan se declare la nulidad de la resolución de apertura del sumario, oponiendo la excepción de falta de legitimación pasiva respecto de los miembros del Directorio de la entidad y haciendo reserva del Caso Federal, luce agregado –junto con el ofrecimiento de medidas probatorias- como fs. 348/384.

                        Que como fs. 393/399 se incorporó el escrito de descargo –que incluye ofrecimiento de prueba y reserva de Caso federal- presentado por MULTICANAL, al cual adhieren los integrantes de la Comisión Fiscalizadora y del Directorio de dicha entidad a fs. 406/407 y fs. 408, respectivamente.

                        Que, finalmente, a fs. 411/416 obra el descargo de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora de BANCO RIO, quienes a su vez plantean la nulidad de la resolución de apertura del sumario, ofrecen prueba documental y formulan reserva del Caso Federal.

                        Que mediante Disposición del 28.03.06 (fs. 423/424) el Conductor del Sumario resolvió diferir el tratamiento de la solicitud de declaración de nulidad y la excepción planteadas para el momento de emitirse resolución final.

                        Que el 30.03.06 se celebró la audiencia preliminar (fs. 430/431), establecida en el artículo 8º inciso a) del Capítulo XXIX de las NORMAS (N.T. 2001).

                        Que conforme surge de la constancia obrante a fs. 449/451 el Conductor del Sumario dispuso la apertura a prueba de las actuaciones, teniendo por agregada la documental acompañada, fijando la fecha para la declaración de los testigos propuestos y ordenando el libramiento de oficio.

                        Que encontrándose producida la totalidad de las pruebas ofrecidas: a) declaración testimonial según actas agregadas a fs. 624/627 y fs. 628/631, b) documental en poder de terceros conforme acta notarial que luce a fs. 656 y c) informativa, de acuerdo a la contestación de oficio obrante a fs. 689, el Conductor del Sumario dispuso (fs. 696/697) clausurar el período de prueba y notificar a los sumariados la posibilidad prevista en el artículo 8° inciso j. 6) del Capítulo XXIX de las NORMAS (N.T. 2001).

                        Que en esa instancia fueron presentados en tiempo y forma los respectivos memoriales (fs. 708/714, fs. 715/754, fs. 755/762 y fs. 763/764).

                        III.- Descargos:

a)      BANCO RIO:

                       Que conforme fuera adelantado en el punto anterior BANCO RIO plantea la nulidad de la resolución que dispone la instrucción sumarial, invocando la ausencia de dictamen legal que “sustentara o justificara legalmente los cargos formulados”, agregando que dicho acto administrativo se aparta de lo normado por el artículo 39 del Decreto N° 677/01 y de las conclusiones de la investigación que la precede.

                        Que la sumariada manifiesta que como consecuencia de la crisis financiera ocurrida a la época de los hechos se incrementó el cúmulo de tareas de la entidad originando el error de la entidad al contestar que su actuación se circunscribía a las funciones de Agente de Pago y Agente de Registro cuando “en la práctica, y aún en el momento en que fue enviada la primera nota...” –en referencia al requerimiento del Organismo de fs. 68/69– se desempeñó siempre como representante del BONY en Argentina.

                        Que, afirma, no resultaron afectados los derechos de los tenedores de las obligaciones negociables ya que se prestó atención telefónica y personal a los reclamos, se contestaron misivas y celebraron reuniones con los damnificados –todo ello a los “efectos de que éstos pudiesen entablar comunicación con el BONY”-.

                        Que, añade, al haberse iniciado un acuerdo preventivo en forma casi inmediata a la entrada en default de la emisora no existió “un lapso de tiempo en el cual los derechos de los tenedores de las obligaciones negociables se encontrasen desprotegidos”.

b)      Directores de BANCO RIO:

                        Que los sumariados interponen la excepción de falta de legitimación pasiva, alegando que en el régimen sancionatorio administrativo la atribución de responsabilidad se rige por el principio de culpabilidad del autor del hecho, no existiendo responsabilidad objetiva.

c)      Miembros de la Comisión Fiscalizadora de BANCO RIO:

                        Que los síndicos del representante del fiduciario plantean la nulidad de la resolución de apertura del procedimiento sumarial en los mismos términos que BANCO RIO.

                        Que, sin perjuicio del planteo mencionado en el párrafo anterior, fundan su defensa en que los hechos motivadores del sumario nunca fueron tratados por el Directorio del Banco ni puestos en conocimiento de esa Comisión Fiscalizadora.

                        Que, agregan los sumariados, dichos hechos son materia ajena a la competencia del órgano de fiscalización y escapan a toda posibilidad material de control, ello en atención a lo dispuesto por la Resolución Técnica N° 15 del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

d)      MULTICANAL:

                       Que la emisora funda su defensa en su falta de responsabilidad ante la situación planteada por BANCO RIO al manifestar en forma errónea que “había dejado de ser el representante del BONY en Argentina”.

                        Que, expresa en su descargo, no puede atribuírsele responsabilidad ante los errores involuntarios cometidos por los demás agentes participantes de la emisión.

                        Que, agrega, en modo alguno su conducta fue de desconocimiento o desatención de las pautas contractuales, sino que, por el contrario, al solicitar la intervención de BONY, tuvo como objetivo dar solución a la presunta carencia de representante del fiduciario en el país.

                        e) Integrantes de los órganos de administración y fiscalización de MULTICANAL:

                       Que los directores y síndicos adhieren a los argumentos vertidos en el escrito de descargo presentado por MULTICANAL; adicionando que al tomar conocimiento de la situación planteada por BANCO RIO observaron el procedimiento exigible en el ejercicio de sus facultades a los fines de asegurar la correcta actuación de la emisora.

                        IV.- Análisis:

                        a) Recursos de nulidad.

                        Que en primer término será analizada la procedencia de la nulidad planteada, para lo cual es primordial determinar la aplicabilidad de la Ley Nº 17.811 (LOP).

                      Que debe recordarse que el artículo 2º de la Ley N° 19.549 (LNPA) habilitó al Poder Ejecutivo Nacional a determinar los procedimientos administrativos especiales que continuarían vigentes al momento de la sanción de esa ley.

                      Que cumpliendo lo así dispuesto, se dictó el Decreto Nº 9101/72, sustituido en su artículo 1º por el Decreto Nº 722/96, que establece: a) en el ámbito de la Administración Pública Nacional centralizada y descentralizada serán únicamente aplicables los procedimientos de la LNPA y su reglamento, y b) no obstante, continuará en vigencia la norma especial que disponga y sólo en relación con ello: 1) el cumplimiento de los requisitos previos a la interposición del recurso administrativo de que se trate; 2) la suspensión de los efectos del acto recurrido, y 3) la existencia de un recurso judicial directo.

                      Que asimismo, el artículo 2º del Decreto Nº 9101/72 –texto según Decreto Nº 1155/97- dispone que, sin perjuicio de la aplicación supletoria de las normas contenidas en la LNPA y en su reglamento, continuarán en vigencia los procedimientos administrativos especiales que regulen entre otras materias, los procedimientos sumariales y lo inherente al ejercicio de la potestad correctiva interna de la Administración Pública Nacional (inciso f).

                      Que en ese sentido, y con concreta referencia a la aplicación del procedimiento especial de la LOP, en la Exposición de Motivos de dicha norma se expresa: “Con el fin de garantizar adecuadamente los derechos de las personas y entidades sometidas a la fiscalización de la Comisión Nacional de Valores, se crea un recurso judicial contra sus decisiones. Este sistema elimina los recursos administrativos y la primera instancia judicial que resultan innecesarios, atenta la índole que reviste dicho organismo estatal...”; y es específicamente contemplado dicho principio en el segundo párrafo del artículo 14 LOP: “Las resoluciones definitivas aplicando sanciones mayores a la de apercibimiento podrán ser recurridas ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Federal de la jurisdicción que corresponda”.

                      Que consecuentemente, es dable concluir que el cuerpo legal aplicable en cuanto a la viabilidad de los recursos es la LOP, que en su artículo 14 dispone: “Las decisiones que dicte la COMISION NACIONAL DE VALORES instruyendo sumario y durante su substanciación serán irrecurribles, pero podrán ser cuestionadas al interponerse el recurso respectivo si se apelara la resolución definitiva”, y esta posibilidad “preserva el derecho de defensa de los sumariados y la revisión judicial suficiente reiteradamente exigida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación a partir del leading case “Fernández Arias c/Poggio” (Fallos 247:646)” (cit. PROCURACION DEL TESORO DE LA NACION, fs. 4683/4692, Expte. Nº 711/92 “SEVEL ARGENTINA s/ antecedentes licitación acciones y adjudicación ofertas”, B.O. 7/4/99).

                      Que sin perjuicio de lo anterior, se analizarán en forma individual los fundamentos de los recursos planteados.

                      Que el requisito establecido en el artículo 7 inciso e) LNPA -que impone que el acto debe ser motivado- fue cumplido, ya que la Resolución recurrida fue dictada por este Organismo en el marco de sus atribuciones y habiéndose satisfecho la exigencia en cuanto al dictamen previo, conforme surge de los términos consignado por la Gerencia de Emisoras en su intervención de fs. 126/129.

                        Que, por otra parte, con la Resolución N° 15.328 se inició un proceso administrativo que tiene como finalidad determinar posibles infracciones a disposiciones legales aplicables a los sujetos que intervienen en la oferta pública de obligaciones negociables.

                        Que así, la apertura del sumario deviene del ejercicio de la función de fiscalización que posee el Organismo y, en consecuencia, no pone fin a ninguna cuestión ni constituye una verdad legal, sino muy por el contrario importa el comienzo de un procedimiento que resguarda tanto la garantía del debido proceso como la defensa (C.N.A. Com., Sala B, 30/10/70, in re “E. FLAIBAN S.A. s/sumario”).

                      Que en función del análisis precedente, corresponde rechazar la vía recursiva intentada, haciendo saber a los sumariados que sólo pueden ser cuestionadas las resoluciones finales en oportunidad de la apelación prevista en el artículo 14 de la LOP.

                        b) Excepción de falta de legitimidad pasiva.

                        Que al respecto debe señalarse que la legitimación para obrar en la causa consiste en la condición jurídica en que se hallan una o varias personas con relación al derecho que se invocare en el proceso (Carlos Eduardo Fenochietto, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, Ed. Astrea 2000, pág. 354).

                        Que el sumario se llevó adelante para establecer si BANCO RIO incurrió en infracción a determinadas normas legales y, en tal caso, si la conducta desplegada por sus autoridades resulta susceptible de reproche.

                        Que en el caso la falta de vínculo jurídico evidente requerida no aparece configurada, ello en virtud del carácter de administradores de una sociedad con intervención directa en la cuestión que se debate.

                        Que, en consecuencia, no resulta procedente separar de la investigación –cuya calificación inicial fue provisoria y no causó estado- a los directores de una de las sociedades sumariadas.

                        c) BANCO RIO y MULTICANAL.

                        Que en primer término cabe puntualizar que la relación jurídica que vincula a las entidades sumariadas con los tenedores de las obligaciones negociables tiene su sustento en los siguientes instrumentos: prospecto, suplemento de prospecto y convenios de fideicomiso.

                        Que el artículo 1° del Capítulo VIII de las NORMAS (N.T. 2001) establece que: “El prospecto constituye el documento básico a través del cual se realiza la oferta pública de valores negociables, y en su redacción debe emplearse un lenguaje fácilmente comprensible para la generalidad de los lectores y que resulte fácil para el análisis y comprensión de su contenido”.

                        Que por su parte el artículo 77 del Capítulo VI de las NORMAS (N.T. 2001) dice: “La emisora deberá acompañar: a.1) Con cada emisión de serie y/o clase sucesiva parcial o a.2) Con cada emisión de una serie y/o clase dentro del programa global, un suplemento de prospecto que incluya: b.1) Una descripción de los términos y condiciones de la emisión de que se trate, b.2) El precio y la actualización de la información contable, económica y financiera y b.3) Toda otra información, hecho o acto relevante ocurrido con posterioridad a la aprobación del último prospecto o suplemento respectivo, según fuere el caso”.

                        Que tales documentos constituyen el medio principal de adhesión de los inversores a los términos y condiciones de la emisión y, en tal sentido, debe estar incorporada y constar en ellos toda la información necesaria para que el potencial inversor esté en condiciones de tomar una decisión respecto de si acepta o no el negocio que se le presenta.

                        Que así, los factores determinantes de la formación del consentimiento (y sus eventuales vicios) deberán ser buscados, en primer lugar, indagando en lo manifestado por el oferente en el prospecto.

                        Que al interpretarse las condiciones fijadas en la obligación negociable debe estarse a lo más favorable para el acreedor, quien resulta ser la parte más débil en una contratación en serie sujeta a los principios del contrato de adhesión (Carlos YOHMA, Tratado de las Obligaciones Negociables, pag. 85).

                        Que en cuanto al Convenio de Fideicomiso previsto en el artículo 13 de la Ley de Obligaciones Negociables, la doctrina en forma uniforme sostiene que se trata de “un convenio peculiar, reglado parcialmente por la ley, que puede asimilarse al concepto de contrato a favor de terceros estipulado en el artículo 1161 del Código Civil, puesto que los obligacionistas, en cuyo interés se celebra, ratificarán tácitamente sus términos al momento de suscribir las obligaciones negociables” (YOHMA, ob. cit. pag. 210).

                        Que el Suplemento de Prospecto correspondiente a la Serie C de obligaciones negociables, con vencimiento en el año 2018, de MULTICANAL contiene la información relativa al Convenio de Fideicomiso celebrado entre la emisora y BONY –en calidad de fiduciario-, consignándose, al respecto, que “... El fiduciario ha designado a Banco Santander S.A.... para actuar como su agente en Buenos Aires, para recibir las notificaciones en su nombre en Argentina de los Tenedores de Títulos y para actuar en representación del Fiduciario, según sea necesario”.

                        Que dicha información es ratificada en el Tercer Convenio de Fideicomiso Suplementario, correspondiente a la serie en cuestión, celebrado entre las mismas partes (MULTICANAL y BONY) con fecha 28/04/98 y BANCO RIO como sucesor de Banco Santander S.A..

                        Que de lo hasta aquí expuesto surge claramente la importancia del rol del fiduciario para cualquier trámite o reclamo vinculado al pago de las obligaciones negociables, de allí que la representación del fiduciario en el país constituye una estipulación esencial del prospecto a la hora de la evaluación del riesgo de la falta de pago de las obligaciones negociables.

                        Que conforme lo dispuesto en los artículos 1904 y 1905 del Código Civil, las reglas del mandato indican que la obligación esencial del mandatario es ejecutar  exactamente los actos encomendados, debiendo circunscribirse a los límites de su poder y no hacer menos de ello y así, dentro de tales límites, el mandato debe cumplirse de la manera más ventajosa para el mandante, con la mayor amplitud y nunca deficientemente (C.Civ. Sala E, LL. 1980-A-325).

                        Que por su parte el artículo 1197 de dicho cuerpo legal establece que: “Si el negocio encargado al mandatario fuese de los que por su oficio o su modo de vivir, acepta él regularmente, aún cuando se excuse del encargo, deberá tomar las providencias conservatorias urgentes que requiera el negocio que se le encomienda”.

                        Que de acuerdo a lo expresado, el prospecto, el suplemento de prospecto y los convenios de fideicomisos fueron los instrumentos que vincularon a las partes intervinientes en el negocio, dando origen a la obligación del fiduciario y de su representante en el país de brindar en todo momento la certeza a los obligacionistas de que se encontraban respaldados en forma debida, inmediata y efectiva ante cualquier incumplimiento de la emisora.

                        Que no puede justificarse el error ni la demora incurrida por BANCO RIO en revisar sus actos en relación con las contestaciones suministradas al Organismo con motivo del reclamo de los inversores, debiéndose tener presente que dicha demora se extendió por más de OCHO (8) meses culminando con el reconocimiento de la representación estipulada en los instrumentos informativos de la oferta.

                        Que en otro orden corresponde destacar que si bien BANCO RIO subsanó (luego de reiterados requerimientos del Organismo) su error inicial, insiste en señalar tanto en la presentación de los descargos como en el memorial, que el obligacionista debía dirigirse a formular su reclamo  “directamente a BONY” (fs. 367, 369 y 737), siendo que en su calidad de representante del fiduciario subsistía a su cargo la obligación de dar curso a todo reclamo.

                        Que, vale decir, en la práctica el tratamiento a los acreedores damnificados tuvo una limitación inadmisible impuesta por BANCO RIO, al comunicar que el reclamo para obtener el ejercicio de las obligaciones derivadas de la fiducia debía dirigirse directamente al fiduciario.

                        Que en consecuencia no sólo se incurrió en un error -no excusable por su demora- al informar al organismo de control sino que también resultaron incumplidas las obligaciones a cargo del representante del fiduciario, incumplimientos que contribuyeron a la incertidumbre manifestada por los acreedores damnificados al requerir la intervención de la CNV.

                        Que la conducta de BANCO RIO limitó y puso en peligro el ejercicio de sus derechos por parte de los tenedores de las obligaciones negociables en default, lo cual dentro del régimen de la oferta pública constituye una conducta reprochable.

                        Que con relación a MULTICANAL, atendiendo a su calidad de emisora de las obligaciones negociables, corresponde tener por reproducidos los conceptos vertidos anteriormente.

                        Que lo cierto es que sus respuestas de fs. 80, 84 y 92, ante los requerimientos formulados por la Gerencia de Emisoras, contribuyeron al estado de confusión en cuanto a la representación del fiduciario en el país para atender el reclamo de los inversores.

                        Que nuevamente resulta necesario hacer referencia a la disposición contenida en el artículo 13 de la Ley de Obligaciones Negociables ya que el convenio previsto en dicha norma reconoce como parte al emisor, resultando en consecuencia improcedente la variación en las contestaciones de la entidad, siguiendo en las mismas las manifestaciones oportunamente vertidas por BANCO RIO al rechazar y rectificar su posición de representante de BONY en Argentina.

                        Que la situación de la emisora se agrava si se tiene en cuenta que en una primera instancia coincide con la contestación de BANCO RIO para posteriormente esgrimir que “la designación del agente del Fiduciario en Buenos Aires no es responsabilidad de la sociedad”, enfatizando no tener obligación alguna a su cargo respecto del nombramiento del representante.

                        Que la emisora reconoce el deber anteriormente rechazado como propio cuando, luego de ser intimada al restablecimiento de las condiciones pactadas en el contrato, sin explicación de ningún tipo, asumió con carácter de “necesidad” que debía “contactar y definir con BONY quien ejercerá el rol de Representante del Fiduciario en Argentina”.

                        Que afirmada la naturaleza contractual de la emisión y suscripción de obligaciones negociables y reconocido que el fiduciario debe contar con un representante en la República Argentina, no corresponde admitir que deliberadamente o por un error involuntario las partes relevantes hayan desconocido –aún transitoriamente- la vigencia y efectividad de la previsión inicial.

                        d) Ausencia de perjuicios.

                        Que es imprescindible aclarar que resulta irrelevante el argumento presentado relativo a la inexistencia de daños a terceros o específicamente al público inversor, pues la sola aptitud de generar un perjuicio, configura la infracción.

                        Que confirmando lo antedicho, una vez constatados los incumplimientos no es necesario demostrar que ellos ocasionaron un perjuicio a terceros para poder aplicar sanción en este sumario, habiendo establecido a este respecto la Cámara Comercial de esta Ciudad que: “... con tal criterio puede dejarse de lado toda norma que garantice las operaciones de bolsa, pues no habría sanción si no se prueba luego un perjuicio” (conf. dictámenes Nº 53.504, in re Pérez Iturraspe, Eduardo-Mercado de Valores, y en la causa Soto, José J., Nº 54.848, del 26/3/84 y 26/3/85, respectivamente; este último con fallo concordante de la CNCom, Sala E, 8/10/85).

                        Que en sentido análogo MASCHERONI (“El directorio de la sociedad anónima”, Ed. Cangallo, 1978, pág. 109) destaca que la responsabilidad disciplinaria derivada de la violación de la ley, estatuto o reglamento no deviene de los daños producidos por tales actos, sino de la mera infracción al orden jurídico que regula la vida societaria.

                        Que atendiendo a lo antes expuesto, la posible falta de perjuicio a terceros no constituye un eximente de responsabilidad, considerando asimismo para arribar a esta conclusión, la aplicación de los principios que deben regir la conducta del emisor con el propósito de crear la confianza y seguridad necesarias para atraer el ahorro a la inversión, entre los que se encuentra el de información plena (v. Cons. 5, Dto. Nº 677/01).

                        e) Comisión Fiscalizadora BANCO RIO y MULTICANAL.

                       Que en relación con los miembros de la Comisión Fiscalizadora de BANCO RIO cabe señalar que la situación planteada derivó de actos de gestión que no fueron asentados en actas sociales o contables, ni se instrumentaron en documentación respaldatoria, al alcance de los síndicos.

                        Que se ha demostrado que los hechos examinados se originaron como consecuencia de actos que no pudieron resultar conocidos por los síndicos, razón por la cual menos aún pudieron entonces ser evitados o denunciados al organismo de control conforme lo exige el ejercicio del control de legalidad a cargo de dichos funcionarios.

                       Que respecto de los integrantes del órgano de fiscalización de MULTICANAL, se ha demostrado en el desarrollo del proceso sumarial que dichos funcionarios, al tener conocimiento de los hechos que motivaron la investigación, tomaron la intervención que les correspondía según sus cargos, informando al organismo las medidas adoptadas por los Directores en razón de la situación planteada por el accionar del representante del fiduciario en Argentina.

                        Que prueba de ello surge de las presentaciones formalizadas por dichos funcionarios, que constan agregadas al expediente como fs. 401, 402, 403 y 404.

                        Que en este punto, no puede dejar de señalarse que en el acto de instrucción sumarial se imputó a los síndicos la posible violación a lo dispuesto en el artículo 294, inciso 9° de la Ley N° 19.550 que dice: “Son atribuciones y deberes del síndico, sin perjuicio de los demás que esta ley determina y los que le confiera el estatuto: ...vigilar que los órganos sociales den debido cumplimiento a la ley, estatuto, reglamento y decisiones asamblearias”; lo cual implica para los integrantes del órgano de fiscalización el obrar con diligencia, de tal forma que el acto que de realizarse generaría un daño sea neutralizado antes de que esto ocurra.

                        Que, en el caso, la intervención encarada en la cuestión por la Comisión Fiscalizadora, su pedido de explicaciones en distintas oportunidades para que el Directorio alcanzara una solución de la situación planteada respecto de la representación del fiduciario en el país, así como las comunicaciones oportunamente cursadas al organismo llevan a concluir que los síndicos de la sociedad emisora no mantuvieron una actitud pasiva, que de haberse asumido justificaría el reproche, sino que, por el contrario, las medidas a adoptarse y efectivamente adoptadas por el Directorio resultaron objeto de observación por parte del órgano de fiscalización.

                        V- Conclusiones:

                        Que de acuerdo a los argumentos vertidos en los puntos IV.- a) y b), corresponde rechazar los planteos de nulidad sobre la resolución de apertura del sumario y la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por los directores de BANCO RIO.

                        Que acreditadas las infracciones imputadas, a los fines de determinar la sanción, debe ponderarse la falta de antecedentes administrativos de sanciones de los sumariados, la ausencia de perjuicios económicos por las conductas reprochadas y la actuación individual de los miembros de los órganos de administración y fiscalización, por lo que corresponde aplicar a MULTICANAL S.A. y BANCO RIO DE LA PLATA S.A. la sanción de APERCIBIMIENTO prevista en el artículo 10 inciso a) de la Ley Nº 17.811 (texto sustituido por Decreto Nº 677/01).

                        Que al aplicarse este tipo de sanción a las personas jurídicas, deviene innecesaria la mención de sus directores en la parte dispositiva de esta Resolución.

                         Que la inclusión de los nombrados en el acto administrativo que dio origen al sumario, reconoció su razón en la circunstancia que de aplicarse sanción de multa ella habría debido ser efectivizada por las personas responsables de cada una de las sociedades, lo cual no habría podido ejecutarse sin afectación de sus derechos de defensa y prueba, si previamente no hubieran sido parte en este procedimiento.

                        Que conforme lo expuesto en el punto IV.- e), corresponde absolver a los integrantes de la Comisión Fiscalizadora de cada una de las sociedades sumariadas a la época de los hechos.

                        Que la presente se dicta en virtud de las facultades conferidas por los artículos 10 y 12 de la Ley N° 17.811 (texto sustituido por artículo 39 del Decreto N° 677/01).

 

Por ello,

LA COMISION NACIONAL DE VALORES

RESUELVE:

ARTICULO 1º.- Rechazar el planteo de nulidad sobre la resolución de apertura del sumario efectuado a fs. 352 y fs. 411, y la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta a fs. 374.

ARTÍCULO 2°.- Aplicar a BANCO RIO DE LA PLATA SOCIEDAD ANONIMA por sí y en su carácter de representante del fiduciario la sanción de APERCIBIMIENTO prevista en el artículo 10 inciso a) de la Ley N° 17.811, por la infracción acreditada a lo establecido en los artículos 1197, 1198, 1904 y 1905 del Código Civil y 13 de la Ley N° 23.576.

ARTICULO 3º.- Aplicar a MULTICANAL SOCIEDAD ANONIMA la sanción de APERCIBIMIENTO prevista en el artículo 10 inciso a) de la Ley N° 17.811, por la infracción acreditada a lo establecido en los artículos 1197 y 1198 del Código Civil y 13 de la Ley N° 23.576.

ARTICULO 4°.- Absolver a los Síndicos Titulares a la época de los hechos examinados Sres. Raúl Antonio MORAN, Hugo Ernesto LOPEZ, Carlos Alberto Pedro DI CANDIA, en el caso de MULTICANAL SOCIEDAD ANONIMA, y Sres. Alberto BANDE, Claudio Gustavo GIAIMO y Carlos Oscar REY, en el caso de BANCO RIO DE LA PLATA S.A., por no haberse acreditado infracción a lo dispuesto por el artículo 294
inciso 9° de la Ley N° 19.550.

ARTICULO 5°.- Regístrese y notifíquese con copia autenticada de la presente Resolución a todos los sumariados.

ARTICULO 6°.- Notifíquese también con copia autenticada de esta Resolución a la BOLSA DE COMERCIO DE BUENOS AIRES para su publicación en el Boletín Diario e incorpórese en el sitio web del Organismo en www.cnv.gov.ar.

 

FIRMADO: Lic. Eduardo HECKER – Presidente, Lic. Alejandro VANOLI LONG BIOCCA – Vicepresidente, Dr. Héctor HELMAN – Director.