BUENOS AIRES, 20 DE JULIO DE 2006                               

 

RESOLUCIÓN Nº 15.426

 

VISTO el Expte. Nº 103/03 “OPERACIONES EN LAS ESPECIES CEDEARS AIG, DD, FDX, LMT, RS, INVESTIGACIÓN MONITOREO DE MERCADOS”, lo dictaminado por la Subgerencia de Asesoramiento Legal; y

 

CONSIDERANDO:

I.- ANTECEDENTES.

Que por Nota Nº 5312 de fecha 28 de abril de 2006 (fs. 1581/83) interpone recurso de reconsideración previsto en el artículo 15 de la Ley Nº 17.811 el Sr. Guillermo R. CORZO.

Que con fecha 28 de abril de 2006 por Nota Nº 5311 (fs. 1584/6), presenta recurso de reconsideración el Sr. Jesús A. LEGUIZA.

Que el Sr. Hugo Marcelo CARRANZA plantea recurso de reconsideración y apelación en subsidio por Nota Nº 5426 con fecha 2 de mayo de 2006 (fs. 1587/1617) y posteriormente lo amplía por Nota Nº 5460 del 3 de mayo de 2006 (fs. 1622/23).

Que por Nota Nº 5400 (fs. 1618/20), interpone recurso de reconsideración el Sr. Alfredo Rafael PORRAS.

Que en las presentaciones mencionadas, los sumariados se agravian de la sanción de apercibimiento aplicada en el artículo 2º de la Resolución Nº 15.368 (fs. 1547/59) de fecha 4 de abril de 2006, sanción que se encuentra prevista en el Articulo 10 (texto s/anexo Dcto. N° 677/01) de la Ley Nº 17.811 y que se aplicó a los recurrentes en orden a las infracciones a los artículos 27 incisos a.3); b.1); c.1) y c.1.2) del Capítulo XXI de las NORMAS (N.T. 2001); 59 y 274 de la Ley Nº 19.550 y 4º “in fine” de la Ley 24.083.

Que cabe destacar que en nombre y representación de la sociedad PELLEGRINI S.A. SOCIEDAD GERENTE DE FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN (PSASGFCI) no se interpuso recurso de reconsideración, como así tampoco lo hizo el Sr. José A. URIARTE.

II.- AGRAVIOS:

Que los recursos producidos por los Sres. Guillermo CORZO y Jesús A. LEGUIZA se centran en la responsabilidad que tuvieron como integrantes del directorio al momento de los hechos y que en ese sentido la misma se encontraría limitada debido a la asignación de las funciones que tenía cada director dentro de la Sociedad.

Que en su presentación de agravios el Sr. Hugo M. CARRANZA, manifiesta que: “La responsabilidad de los directores se ha extinguido. La infracción no fue cometida por PSASGFCI. Se me ha impedido ofrecer prueba y ejercer mi defensa. Se ha interpretado arbitrariamente la declaración de los testigos y de la prueba en general. Se ha ignorado la prueba incorporada como el organigrama de la sociedad. No se hizo lugar al pedido de la suspensión del sumario atento a la prelación investigativa necesaria para conocer la verdad real. No se encuentra concluido el sumario contra NACIÓN BURSÁTIL S.A.

Se ha demostrado mi buen desempeño y el de los demás directores. La CNV no ha acreditado el mal desempeño. La CNV no ha aportado pruebas claras y suficientes como se requirió en el caso CNV c/Terrabusi. No se ha juzgado con el mismo estándar la conducta de los directores de la sociedad depositaria, los síndicos y los de la sociedad gerente.

Debe juzgarse separadamente la responsabilidad de los directores y de la sociedad. No se podría ser autor a título de culpa de las infracciones del artículo 27 del Capítulo XXI de las NORMAS atribuida por la resolución recurrida. La resolución 15.368 no ha valorado los memoriales. No ha emitido el dictamen previo a la resolución del sumario tal como lo requieren las NORMAS. Erróneamente se ha afirmado en el sumario la producción de prueba confesional”.

Que por su parte, el Sr. Alfredo Rafael PORRAS entiende en su expresión de agravios que las infracciones no pueden ser cometidas a título culposo, esto es con imprudencia, negligencia o impericia en su arte o profesión, sino que la figura prevista en el artículo 27 del Capítulo XXI de las Normas requiere el aspecto subjetivo del dolo para su configuración.

III.- ANALISIS:

Que en primer término cabe hacer referencia a que, como así lo dispone en su parte pertinente el Articulo 15 (texto s/anexo Dcto. N° 677/01), el recurso previsto por la Ley Nº 17.811 para la sanción de apercibimiento es el de reconsideración y no otro.

Que en este sentido y respecto a la apelación planteada en subsidio por el Sr. CARRANZA, la misma no resulta procedente y así lo tiene dicho la Excelentísima Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Sala “A” en la causa “BANCO REPUBLICA S.A. S/ RETARDO EN LA PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN CONTABLE”, que confirma los fundamentos de la Sra. Fiscal General los cuales y para un mejor recaudo a continuación se transcriben:

Lo decidido a fs. 769/777 es, en mi opinión, inapelable. Ello así, en virtud de lo dispuesto por el art. 14 de la ley 17.811 que establece “las resoluciones definitivas aplicando sanciones, salvo la de apercibimiento, sólo son recurribles ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Federal de la jurisdicción que corresponda, dentro del plazo de quince días desde su notificación. En la Capital Federal intervendrá la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial...”. En consecuencia, estimo que V.E. debe declarar improcedente el recurso interpuesto”.

Que respecto a: 1) La pretendida falta de responsabilidad que como directores fuera alegada por los sumariados. 2) Se debió juzgar separadamente la responsabilidad de los directores y de la sociedad en los hechos investigados y; 3) Que las infracciones no pueden ser cometidas a título culposo, sino que la figura prevista en el artículo 27 del Capítulo XXI de las Normas requiere el aspecto subjetivo del dolo para su configuración, cabe recordar que la Jurisprudencia en tal sentido tiene dicho que, “Es obligación de la sociedad el cumplimiento de los deberes formales impuestos por el organismo de contralor y el acatamiento de su actuación a las normas dictadas”.

“En este sentido los distintos argumentos expuestos por los recurrentes a fin de atenuar la responsabilidad en el cumplimiento de las obligaciones que la ley les exige carecen de virtualidad frente a las normas que en el caso, han incumplido. Estas exigencias son particularmente más intensas en relación a las sociedades que intervienen en la oferta pública de títulos valores, en las cuales, la intervención estatal se orienta a la protección del público inversor -especialmente a los que forman la media común de los habitantes- que por carecer de la información necesaria pueden padecer en mayor grado la actividad de empresas improvisadas o carentes de la solidez exigida para un seguro y productivo destino del ahorro público (Guastavino, Elías P. “Tratado de la jurisdicción administrativa y su revisión judicial”, pág. 349 y ss.)”.

“Corresponde señalar que la fiscalización que ejerce la Comisión Nacional de Valores debe abarcar desde el momento en que se otorga la autorización hasta su cancelación. Es jurisprudencia corriente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación la que establece que el voluntario sometimiento del interesado a un régimen legal o a sus beneficios, sin reservas expresas, importa un inequívoco acatamiento que determina la improcedencia de su ulterior impugnación (Fallos: 270:26; 294:220; 308:1837; 310:1624; 311:1880; 313:63)”. Del Dictamen Fiscal de Fecha 29.08.2003, recaído en autos COMISIÓN NACIONAL DE VALORES c/BANCO VELOX S.A., hecho suyo por el fallo de la Sala B de la Excma. Cámara Comercial de fecha 29.08.2003.

Que cabe agregar que es criterio jurisprudencial que “... la responsabilidad del directorio de una sociedad anónima nace de la sola circunstancia de integrar el órgano de gobierno, de manera que cualesquiera sean las funciones que efectivamente cumple un director, su conducta debe ser juzgada en función de la actividad obrada por el órgano... es función de cualquier integrante del órgano de conducción la de controlar la calidad de la gestión empresaria. Su incumplimiento da lugar a una suerte de culpa in vigilando, pues el distingo entre la condición de administradores y su ejercicio efectivo, antes de dispensarlos de responsabilidad la agrava, porque comporta haberse desinteresado de la condición que les estaba encomendada, desentendiéndose de las consecuencias de procederes que debieron haber vigilado” (del dict. fiscal en autos “BANCO MEDEFIN S.A. S/RETARDO EN LA PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN CONTABLE”, hecho suyo por la CNCom., Sala E, 23-4-96, ED, jue 5-12-96).

Que los agravios mencionados por el Sr. Carranza, se pueden circunscribir a los siguientes: Que la prueba aportada por la CNV fue insuficiente y que no se tuvo en cuenta las funciones desarrolladas por los directores en la sociedad, incurriéndose por ello durante la instrucción del sumario en la falta de tratamiento brindado a las pruebas por el recurrente, no obstante que las mismas fueron arrimadas al sumario, por ej. El organigrama de la sociedad.

Que para el quejoso la responsabilidad de los directores se habría extinguido, debido a que fue aprobada la gestión del directorio por la Asamblea de Accionistas y que por ello el standard de buen hombre de negocios que sirviera para graduar la sanción por la CNV, deviene inaplicable y por lo tanto la CNV no pudo haber tenido por acreditado el mal desempeño de los directores.

Que por último, indicó el sumariado, que la Resolución recurrida no valoró los memoriales y que no se emitió el dictamen previo a la resolución final del sumario.

Que ello sin perjuicio a que los agravios del sumariado Carranza se han tratado juntamente con los restantes por resultar similares en sus fundamentos, cabe aquí hacer notar que el dictamen previo se encuentra glosado a fs. 1524/44 y el mismo lleva fecha del 17 de marzo de 2006 de conformidad con las NORMAS (N.T. 2001), Cap. XXIX.

IV.- CONCLUSIÓN:

Que se debe tener en cuenta que la Resolución recurrida es el resultado razonado de la actuación sumarial y de una adecuada valoración de la prueba producida, así como también de que el acto administrativo atacado es una derivación razonada del derecho vigente, por lo que no resulta suficiente desvirtuarlo con la mera alegación de arbitrariedad que efectúan los recurrentes, por no encontrarse debidamente fundado los pretendidos agravios.

Que así lo ha reconocido la jurisprudencia al señalar que “Por último, cuadra advertir que la arbitrariedad aducida por los directores de Banco Velox S.A. no se encuentra configurada en el caso. Ello, toda vez que dicho supuesto es de aplicación a los casos en los que se aprecia un desvío notorio de las leyes o ausencia total de fundamentación. En el caso el acto administrativo atacado se encuentra debidamente fundado en las omisiones en las que incurrió la sociedad en el cumplimiento de las normas dictadas por el organismo de contralor.” (dictamen Fiscal N° 77.046 que sirvió de fundamento al Fallo de la Sala B de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Comercial de fecha 25.09.2003 recaído en autos “COMISIÓN NACIONAL DE VALORES C/BANCO VELOX S/PRESENTACIÓN DE BALANCE”).

Que en consecuencia, corresponde destacar que del análisis de los agravios de los recurrentes antes comentados no surgen argumentos con entidad suficiente que permitan desvirtuar la aplicación de la sanción de apercibimiento.

Que por ello en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 15 de la Ley N° 17.811, modificado por Decreto N° 677/01 corresponde desestimar las pretensiones recursivas y confirmar la sanción de apercibimiento impuesta por la Resolución Nº 15.368 de fecha 4 de abril de 2006 a los Sres. Guillermo CORZO, Jesús A. LEGUIZA, Hugo Marcelo CARRANZA y Alfredo Rafael PORRAS.

 

Por ello;

             LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES

                                   RESUELVE:

ARTICULO 1º.- Rechazar los recursos de reconsideración presentados por los Sres. Guillermo CORZO (Nota N° 5312), Jesús A. LEGUIZA (Nota N° 5311), Hugo


Marcelo CARRANZA (Notas N° 5426 y Nº 5460) y Alfredo Rafael PORRAS (Nota Nº 5400) contra la Resolución N° 15.368 de fecha 4 de abril de 2006.

ARTÍCULO 2º.- Regístrese, notifíquese a los recurrentes con copia autenticada de la presente Resolución, a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y publíquese en la web de la COMISIÓN NACIONAL DE VALORES.

 

Fdo: Narciso Muñoz, Presidente; Dr. Emilio M. Ferré, Director y Dr. José Luís Pungitore, Director.