Resolución Nº 15.382

BUENOS AIRES, 18 de abril de 2006.-

 

RESOLUCION Nº 15.382

 

                        VISTO el Expediente Nº 1143/99 caratulado “VALUE CALIFICADORA DE RIESGO S.A. s/Sumario”, lo dictaminado por la Subgerencia de Coordinación Jurídica y conformidad prestada por la Gerencia de Fiscalización y Control, y

 

                        CONSIDERANDO:

                        I.- Antecedentes:

                        Que por Resolución N° 13.142 de fecha 02/12/99 se instruyó sumario a VALUE CALIFICADORA DE RIESGO S.A. (en adelante “VALUE”), a sus directores titulares a la época de los hechos señores Daniel RUAS, Daniel HIRSCH y Adrián GIMENEZ HUTTON, a los miembros del consejo de calificación señores Daniel RUAS, Daniel HIRSCH, Fernando VILLEGAS CONTTE y Máximo BOMCHIL, por posible infracción a los artículos 4°, 5°, 6° inciso b) y 7° inciso b),16 inciso d.2) y 18 segundo párrafo del Capítulo XII de las NORMAS (N.T. 1997); y artículos 4°, 10 primer párrafo, 13, 14 y 24 del Decreto N° 656/92; y al entonces síndico titular señor Gustavo SANCHEZ por posible infracción al artículo 294, inciso 9° de la Ley de Sociedades Comerciales N° 19.550.

                        Que los hechos cuyo examen determinó la instrucción sumarial se relacionan con la conducta observada al calificarse con fechas 15/11/94, 22/02/95 y 31/05/95 las obligaciones negociables subordinadas no convertibles en acciones por U$S 20.000.000 emitidas por BANCO UNIÓN COMERCIAL E INDUSTRIAL COOPERATIVO LIMITADO (en adelante “BUCI”).

                        Que en lo particular se imputó: 1) omisión en la consideración de los datos correspondientes al balance trimestral al 30/09/94, al calificar –con fecha 15/11/94- las obligaciones negociables en base a la información del balance anual de la emisora al 30/06/94; 2) respecto de la calificación producida con fecha 22.02.95: i) no emisión de opinión sobre el cambio de situación en el sistema financiero del país, ii) cálculo erróneo de la cartera normal al no considerarse la Deuda con Riesgo de Insolvencia No Vencida y iii) falta de exteriorización de los indicadores de calce de plazos cuando ya se encontraban calculados; y 3) en relación con la calificación realizada el 31/05/95: i) no emisión de opinión en cuanto al cambio de situación en el sistema financiero argentino y de la emisora en particular, ii) omisión en la exteriorización de los indicadores de calce plazos que ya se encontraban calculados, iii) no haber advertido que la emisora había superado el indicador de resguardo proyectado en el prospecto de emisión de las obligaciones negociables.

                       Que, por otra parte, se cuestionó la actuación de los miembros del consejo de calificación y del órgano de administración de la calificadora en función de lo prescripto por el artículo 24 del Decreto N° 656/92.

                       Que el síndico de la sociedad fue sometido al procedimiento sumarial por la posible infracción a lo dispuesto por el artículo 294, inciso 9° de la Ley N° 19.550, en cuanto dicha norma impone a los síndicos la obligación de vigilar que los órganos sociales den debido cumplimiento a la ley, estatuto, reglamento y decisiones asamblearias.

                        II.- Sustanciación del sumario:

                        Que corrido traslado de los cargos a los sumariados (fs. 832/836) estos presentaron su descargo en legal tiempo y forma.

                        Que por Resolución N° 13.244 del 11 de febrero de 2000 (fs. 1029/1037) se rechazó: i) el pedido excusación-recusación interpuesto por “VALUE” y los señores Daniel RUAS, Daniel HIRSCH, Máximo BOMCHIL y Fernando VILLEGAS CONTTE respecto de dos funcionarios de la CNV que emitieron dictámenes con carácter previo a la formulación de los cargos, por no tener los mismos con posterioridad a la instrucción sumarial ninguna actuación en el expediente; ii) la defensa de prescripción interpuesta por los sumariados mencionados en el punto i) atento a que el plazo de prescripción de la acción aplicable en este sumario es de seis (6) años, los que no transcurrieron desde la comisión de los hechos sujetos a investigación hasta la apertura del sumario; y iii) la falta de competencia de la CNV interpuesta por los sumariados, fundamentándose el rechazo en que la Ley N° 25.148 ratificó, por el plazo de tres (3) años desde su sanción, la vigencia de todas las normas que hayan sido sancionadas por el Poder Ejecutivo Nacional por delegación legislativa.

                        Que el Conductor del sumario dispuso (fs. 1062/1068): i) Tener a VALUE CALIFICADORA DE RIESGO S.A. y a los señores Daniel RUAS, Daniel HIRSCH, Fernando VILLEGAS CONTTE, Máximo BOMCHIL, Adrián GIMENEZ HUTTON y Gustavo SANCHEZ, por presentados, por parte y por constituidos los domicilios legales indicados y ii) Abrir el sumario a prueba, proveyendo a la ofrecida, con excepción de la informativa solicitada en los punto i); ii), acápite a) y iii) de fs. 963 y en los puntos iv), v), vi) y vii) de fs. 964.

                        Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 402 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación -de aplicación supletoria en los procedimientos administrativos- se tuvo por desistida la prueba informativa oportunamente proveída, en atención a que los sumariados no solicitaron la reiteración del oficio al BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA dentro del término fijado por la norma citada al cumplirse el plazo para que dicho organismo remitiera su contestación (fs. 1090/1092).

                        Que se tuvo por clausurado el período de prueba, haciéndose saber a los sumariados la posibilidad de presentar memorial, de acuerdo a lo dispuesto por el Conductor del sumario a fs. 1095/1096.

                        Que conforme surge de las constancias agregadas al expediente (fs. 1101/1104 y fs. 1107) presentaron memorial “VALUE”, los integrantes del órgano de administración señores Daniel RUAS, Daniel HIRSCH y Fernando VILLEGAS CONTTE y la totalidad de los miembros del consejo de calificación; no haciendo lo propio el director titular señor Adrián GIMENEZ HUTTON y el síndico titular de la sociedad señor Gustavo SANCHEZ.

                        III.- Planteo de inconstitucionalidad del Decreto N° 656/92:

                       Que, como se indicara anteriormente, por Resolución N° 13.244 del 11/02/00 se rechazaron las defensas de excusación-recusación, de prescripción y de falta de competencia de la CNV; quedando pendiente el tratamiento del planteo de inconstitucionalidad del Decreto N° 656/92 también formulado al efectuarse los descargos.

                       Que los sumariados señalan que el Poder Ejecutivo se ha extralimitado en el ejercicio de las facultades delegadas al dictar las normas que establecen sanciones ante incumplimientos, ya que el artículo 25 del Decreto N° 656/92 contiene una referencia genérica a las infracciones o ilícitos y “... crea sanciones no previstas en la Ley 17.811 y, por lo tanto, inválidas”.

                       Que en esa línea de razonamiento entienden que en el caso que nos ocupa no hay una determinación exacta de la sanción, ya que no se establece ni se especifica a qué conductas corresponde aplicarlas, lo cual –interpretan los sumariados- dejaría librado erróneamente al poder discrecional de la Administración aspectos de la ley sancionatoria que exceden el marco de sus facultades delegadas, contraviniendo disposiciones expresas de la Constitución Nacional, especialmente las de los artículos 76 y 99 inc. 2.

                        Que la deducción del planteo de inconstitucionalidad en esta instancia administrativa se torna improcedente, dado que el análisis de razonabilidad de las leyes o decretos en cuanto a su constitucionalidad es de exclusiva valoración judicial.

                        Que en el sentido indicado se ha expedido la Justicia al sostener que: “La declaración de inconstitucionalidad de una disposición legal o de alguna de sus partes, es de una gravedad institucional que debe ser considerado “ultima ratio” del orden jurídico (C.S. 18-976, ED 68 – 214 y 69 –340).

                      Que, sin perjuicio de lo expuesto precedentemente en cuanto a la improcedencia del planteo de inconstitucionalidad en esta instancia administrativa, corresponde señalar que la interpretación efectuada por los sumariados es errónea, toda vez que, en ejercicio de las facultades otorgadas por la Ley 23.697, el Poder Ejecutivo dictó el Decreto N° 656/92 cuyo artículo 27 amplía de manera expresa la competencia de la CNV y establece la aplicación supletoria de la Ley N° 17.811 y sus normas complementarias, facultando el Organismo a dictar las normas reglamentarias necesarias para su ejecución.

                      Que por su parte el artículo 25 del decreto mencionado remite a las sanciones previstas por la Ley N° 17.811 al disponer: “En caso de infracción a las disposiciones precedentes, y sin perjuicio de las responsabilidades profesionales, civiles o penales que pudieran corresponder, la COMISIÓN NACIONAL DE VALORES podrá, previa substanciación de sumario, imponer las sanciones previstas en el artículo 10 de la Ley 17.811...”.

                      Que en tal sentido se ha pronunciado la Justicia en el planteo de inconstitucionalidad del Decreto N° 656/92 interpuesto por FITCH ARGENTINA CALIFICADORA DE RIESGO S.A. con idénticos fundamentos a los aquí esgrimidos, al reproducir el dictamen fiscal donde se expresó que “la exigencia constitucional de que la conducta y la sanción se encuentren previstas con anterioridad al hecho por una ley en sentido estricto, se halla cumplido en el caso” (CNCom, Sala E, “DUFF & PHELPS DE ARGENTINA SOCIEDAD CALIFICADORA DE RIESGO S.A. s/Publicidad”, 5/9/03).

                       Que, finalmente, corresponde puntualizar que la sumariada se acogió voluntariamente al régimen instituido por el Decreto N° 656/92 al solicitar autorización para actuar como sociedad calificadora de riesgo, no existiendo en el Organismo constancias de la formulación de reservas u objeciones respecto de las normas que hoy cuestiona; ante lo cual cabe recordar que la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN ha sostenido que: “El voluntario sometimiento de los interesados a un régimen jurídico, sin reserva expresa, determina la improcedencia de su impugnación ulterior con base constitucional” (CSJN in re “Financiera Pro-Car Promotora de Crédito Argentino S.A.”, 1968, Fallos 271:183).

                        Que, en consecuencia, corresponde desestimar el planteo de inconstitucionalidad formulado en el escrito de descargo de fs. 864/966, toda vez que el mismo debe efectuarse ante la instancia judicial pertinente, atendiendo a que por su naturaleza excede el ámbito de competencia de la CNV.

                        IV.- Análisis de las defensas.

                        Normativa aplicable

                        Que en relación con las cuestiones analizadas en la tramitación del sumario corresponde transcribir la parte pertinente de la normativa aplicable e invocada en la instrucción sumarial, conforme el siguiente detalle:

Capítulo XII de las NORMAS (N.T. 1997):

Artículo 4°: “La calificación de acciones, otros títulos valores u otros riesgos prevista por el Decreto N° 656/92 deberá basarse en los procedimientos descriptos en el manual registrado previamente ante la Comisión”.

Artículo 5°: “Los dictámenes de calificación se efectuarán al menos trimestralmente, debiendo considerarse en ellos –entre otros aspectos- los datos que surjan de los balances de la entidad emisora.... y de los demás antecedentes obtenidos por la calificadora de acuerdo con el riesgo a evaluar, en virtud de lo prescripto por el artículo 14 del Decreto N° 656/92”.

                       Artículo 6°, inciso b): “El dictamen de calificación deberá:... hacer referencia a los distintos análisis efectuados en cada una de las etapas del proceso de calificación previstas en el respectivo manual de procedimientos, incluyendo los parámetros cuantitativos y cualitativos (por ejemplo: índices, pautas en base a las cuales se confeccionaron los estados contables proyectados, análisis del sector en que actúa la emisora, etc.)”.

                       Artículo 7°, inciso b): “La información brindada deberá ser lo suficientemente amplia y clara como para... fundamentar la calificación final otorgada”.

                       Artículo 18, segundo párrafo: “Si no hubieren transcurrido los TRES (3) meses que señala el artículo 5°, pero hubiese sido necesaria la actualización de la calificación como consecuencia de hechos sobrevinientes, deberá publicarse esta última”.

Decreto N° 656/92:

                       Artículo 4° “Las sociedades calificadoras de riesgo deberán revisar en forma continua las calificaciones que efectúen”.

                       Artículo 10, primer párrafo: “El consejo de calificación tendrá a su cargo la emisión de los dictámenes de calificación, a cuyo fin deberá dar estricto cumplimiento a los procedimientos y metodología aprobada por la Comisión Nacional de Valores...”.

                       Artículo 13: “Los títulos representativos de deuda se calificarán en categorías que serán denominadas, respectivamente, con las letras A, B, C, D y E. A fin de emitir la calificación, el consejo deberá examinar –entre otros aspectos- la solvencia y la capacidad de pago de la emisora, la rentabilidad, calidad gerencial y de organización de la empresa, el contexto económico en sí que opere, las características del instrumento, su liquidez en el mercado y las garantías y demás información disponible para su calificación...”.

                       Artículo 14, primer párrafo: “En todos los casos, la calificación original y las efectuadas con posterioridad en los términos del artículo 4°, deberán otorgarse... conforme a la metodología y manual de procedimientos previamente aprobados por el organismo de control”.

                       Artículo 24: “Los intervinientes en la calificación de títulos valores deberán emplear en el ejercicio de sus funciones el cuidado y diligencia de un buen hombre de negocios, quedando sujetos a las responsabilidades profesionales, civiles y/o penales que puedan derivarse de su actuación y/o participación dolosa o culposa”.

Ley N° 19.550:

                       Artículo 294, inciso 9): “Son atribuciones y deberes del síndico, sin perjuicio de los demás que esta ley determina y los que le confiera el estatuto:...vigilar que los órganos sociales den debido cumplimiento a la ley, estatuto, reglamento y decisiones asamblearias”.

                        Que en la parte resolutiva del acto administrativo que instruyera el presente sumario se individualiza como norma presuntamente infringida el artículo 16 inciso d.2) del Capítulo XII de las NORMAS (N.T. 1997), el cual establecía que en la publicidad de la calificación debía incluirse una síntesis de la metodología de calificación utilizada.

                        Que tanto en el dictamen jurídico que precede a la resolución inicial como en el desarrollo de sus considerandos no se identifican los hechos originarios del incumplimiento a la norma citada en el párrafo anterior.

                        Que, asimismo, en los descargos presentados por los sumariados no se hace referencia a la normativa en cuestión.

                        Que, en consecuencia, la cuestión deviene abstracta al no encontrarse acreditado el cumplimiento del requisito exigido en esa instancia en cuanto a la formulación de los cargos en forma precisa identificando los hechos que originaron los presuntos incumplimientos.

                        1.1. Defensas generales.

1.1. Legalidad de la resolución que instruye el sumario.

                        Que en el descargo se formulan críticas a la resolución de apertura del sumario centradas en la supuesta carencia de tipicidad legal de los cargos consignados en dicho acto administrativo.

Que al respecto es del caso recordar que la causa del acto administrativo, definida como los antecedentes de hecho y de derecho que justifican su emisión, determina que el mismo sólo pueda dictarse en función del presupuesto de hecho tipificado por la norma, y el objeto, aquello que decide, valora, certifica, registra u opina, debe ser lícito (T: HUTCHINSON, “Régimen de Procedimientos Administrativos, Ley N° 19.549”, Ed. Astrea, 1997, pág. 81 y ss.), y sólo pueden ser viciados por falsedad o falta de invocación de hechos, o falsedad jurídica.

                        Que así, la motivación “no es otra cosa que un aspecto o ingrediente del elemento formal del acto administrativo... que trasunta exteriorización de los motivos –causa jurídica-... de modo concreto” y “... no es necesaria una relación analítica o circunstanciada, basta una relación suscinta, siempre que sea ilustrativa” (M. MARIENHOFF, “Tratado de Derecho Administrativo”, T II, Ed. Abeledo Perrot, 1988, pág. 326 y ss.).

                        Que, por otra parte, la resolución inicial de un sumario tiene por objeto señalar los hechos que prima facie pueden constituir infracción a la normativa y los posibles participantes de su acaecimiento, sea acción u omisión en virtud de deberes establecidos por la ley en sentido amplio.

                        Que de acuerdo con lo precedentemente indicado, el acto administrativo cuestionado satisface acabadamente el requisito esencial cuál es la causa y exteriorización (motivación) ya que en su Considerando se señalaron los hechos o conductas observadas por VALUE que constituyeron el objeto del sumario y el derecho posiblemente infringido como fundamento de la resolución adoptada que se exterioriza en su parte resolutiva.

                        Que vale resaltar que la instrucción del sumario tuvo como propósito atender a la protección del público inversor que configura el bien jurídico tutelado por la Ley de Oferta Pública y determinar posibles infracciones en relación con la calificación de riesgo de los valores negociables, las que podrían ser contrarrestadas mediante el ejercicio del derecho de defensa de los sumariados.

                        1.2. Ausencia de daño.

                        Que en cuanto a la inexistencia de daño material alegada por los sumariados, se resalta lo dictaminado por la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones de Mendoza, Sala B, in re: “Bolsa de Comercio de San Juan s/verificación 28-8-95” del 1-9-00, citado asimismo por esa misma Cámara – Sala A – in re “ Montemar Cía. Financiera S.A. s/recurso de apelación – art. 14 Ley Nº 17.811” el 25-9-01, en cuanto a que a efectos de promover el control, la eficacia, seguridad y transparencia de los mercados, los incumplimientos de los recaudos exigidos por la ley y la CNV configuran infracciones, más allá de las efectivas consecuencias que puedan aparejar, ya que el sistema necesita de su cumplimiento formal.

                      Que así, una vez constatados los incumplimientos no resulta necesario demostrar que ellos ocasionaron un perjuicio a terceros para poder aplicar sanción, habiendo establecido a este respecto la Cámara Comercial de esta Ciudad que: “... con tal criterio puede dejarse de lado toda norma que garantice las operaciones de bolsa, pues no habría sanción si no se prueba luego un perjuicio...” (conf. dictámenes Nº 53.504 in re “Pérez Iturraspe, Eduardo – Mercado de Valores” del 26-3-84, y en la causa Nº 54.848 “Soto José J.” del 26-3-85; este último fallo concordante de la CNCom., Sala E, 8-10-85).

2.      Defensas en particular.

2.1 Calificación del 15 de noviembre de 1994.

Que la Resolución N° 13.142 cuestionó la calificación otorgada por “VALUE” a las obligaciones negociables emitidas por BUCI por un monto de U$S 20.000.000, por cuanto ella se efectuó con los datos del balance anual de la emisora al 30/06/94 y no con los correspondientes al balance trimestral al 30/09/94, el cual a la fecha de la calificación ya había sido presentado en el Organismo.

                     Que en su descargo los sumariados señalan que si bien es cierto que el balance al 30/09/94 había sido presentado con anterioridad, resultó exiguo el lapso de tiempo que medió entre dicha presentación y la reunión del consejo de calificación (citado para el 11/11/94); agregando que, por otra parte, del análisis de esa información contable no surgen cambios que pudieran haber implicado variar la calificación efectivamente otorgada a los valores negociables sobre la base del balance anterior.

                       Que analizada esta defensa se hace necesario indicar que la circunstancia de que el análisis del balance de BUCI al 30/09/94 no conllevara una modificación a la calificación asignada no incide en el cargo formulado, toda vez que la infracción se encuentra acreditada con el incumplimiento a la norma; debiéndose resaltar que al momento de infringirse la misma se desconocía la incidencia que podía tener la información contable cuya consideración fue omitida al calificar las obligaciones negociables; razón por la cual no puede dejar de sancionarse la conducta reprochada.

                        Que, adicionalmente, corresponde en este punto dar por reproducidos los argumentos vertidos en el análisis del punto 1.2 (“Ausencia de daño”).

                        Que, en consecuencia, se tiene por acreditada la infracción al artículo 5° del Capítulo XII de las NORMAS (N.T. 1997), que establecía la obligación de considerar los datos contenidos en los balances de la emisora al momento de elaborarse el dictamen de calificación.

2.2.Calificación del 22 de febrero de 1995.

                       2.2.1 Falta de emisión de opinión sobre el cambio de situación en el sistema financiero del país.

                       Que en relación con la falta de opinión sobre el cambio de situación en el sistema financiero del país acontecido en los primeros meses del año 1995 y conocido con el nombre de “efecto tequila”, los sumariados sostienen que “VALUE” consideró que “...la crisis financiera no afectaba al Banco BUCI en particular, sino que se trataba de una crisis sistémica provocada por un shock externo y de difícil cuantificación –en cuanto a su alcance y duración- al momento de los hechos”.

                        Que a los fines de evaluar la omisión endilgada a los sumariados debe privilegiarse la capacitación y buena fe que se presume en el obrar del calificador, ello en atención a que las mismas fueron apreciadas al momento de otorgarse la habilitación y en tanto no se produzca una prueba contundente del cambio de esa conducta al extremo de ser manifiesta su arbitrariedad y mala fé.

                        Que, en tal sentido, deben evaluarse los hechos y documentación tenidos en cuenta al formular el cargo, los cuales a la fecha de la calificación no detentaban la entidad suficiente para concluir que la omisión de expedirse sobre el cambio en la situación financiera del país constituya una infracción a la normativa vigente.

                        2.2.2 Cálculo errónea de la cartera normal al no considerarse la “Deuda con Riesgo de Insolvencia No Vencida”.

                        Que los sumariados manifiestan que en oportunidad de calificar las obligaciones negociables emitidas por “BUCI” no se consideraron algunas financiaciones clasificadas dentro de la cartera irregular por hallarse las mismas totalmente previsionadas y en vías de recupero por parte del banco.

                       Que, sin embargo, los sumariados reconocen haber incurrido en el error verificado por los profesionales del Organismo al manifestar en el descargo que de haberse realizado el cálculo en forma correcta el indicador se ubicaría en el 87,64% en lugar del 89,72%.

                       Que, en consecuencia, aparece como probado que la calificadora se apartó del procedimiento para el cálculo del indicador en cuestión previsto en el Manual registrado previamente ante el Organismo.

                        Que, por otra parte, la defensa no refutó con la prueba de índole técnica necesaria para desvirtuar el cargo, la diferencia en el cálculo constatada en las actuaciones.

                       Que, por lo tanto, cabe tener por configurada la infracción a los artículos 4° y 6° inciso b) del Capítulo XII de las NORMAS (N.T. 1997) y artículos 10 primer párrafo y 14 del Decreto N° 656/92.

2.2.3 Omisión de exteriorizar el indicador de calce de plazos.

                        Que en el escrito de descargo se sostiene que de acuerdo a lo previsto en el Manual de Procedimientos de Calificación registrado por “VALUE” el cálculo del indicador de calce de plazos no resulta imprescindible, agregándose que si bien en los papeles de trabajo el ese indicador está mencionado, en definitiva no fue calculado por no contarse con los datos necesarios para ello.

                       Que del análisis de la documentación obrante en las actuaciones surge que resultan atendibles los argumentos vertidos en el descargo toda vez que en las copias de los papeles de trabajo aparecen detallados los pasivos a corto, mediano y largo plazo pero no así los activos y sus vencimientos, razón por la cual no pudo efectuarse el cálculo del indicador; lo cual lleva a concluir que no corresponde tener por configurada la infracción imputada a los sumariados.

2.2.4 Presentación extemporánea del dictamen de calificación.

                       Que en las actuaciones se verificó la presentación fuera de término del dictamen correspondiente a la calificación subexámine (siete (7) días de atraso).

                       Que a los fines de fundamentar la defensa en los descargos se consigna que: “...carecen de sustento y deben dejarse sin efecto los cargos formulados contra los dictámenes de calificación del 22 de febrero de 1995 y 31 de mayo de 1995 por haber excedido siete días y nueve días, respectivamente, el plazo máximo previsto en el anterior artículo 5 del capítulo XII de las Normas, hoy derogado y sustituido mediante Resolución General N° 347/99”.

                        Que la defensa articulada es inaceptable ya que si bien por Resolución General N° 347 del 16/12/99 se reemplazó el requisito de la calificación trimestral por el de revisión de las calificaciones con una periodicidad no inferior a cuatro informes por año calendario adecuadamente distribuidos, no puede dejar de resaltarse que los hechos motivo del presente sumario deben juzgarse a la luz de la normativa vigente al momento de producirse la infracción (cinco años antes del dictado de la resolución general citada).

                        Que la exoneración solicitada plantea el problema de la aplicación de las normas en relación al tiempo, en particular, la posibilidad de aplicar retroactivamente normas más benignas en materia contravencional, ante lo cual la jurisprudencia se ha expedido en forma uniforme al señalar que “... el llamado principio de benignidad que rige en el campo sancionatorio penal y en virtud del cual se establece con carácter general la retroactividad de la ley más benigna, no es extensible como regla, y menos aún como principio, a las sanciones administrativas. Sólo como consecuencia de una norma de expresa vigencia retroactiva puede lograrse la excepción a la regla que establece la contemporaneidad entre norma sancionatoria y hecho ilícito...” (Susana Lorenzo de Viega Jaime, “Sanciones Administrativas”, Montevideo, 1966, pág. 108); “... si se aplicara indiscriminadamente el principio de la retroactividad benigna del artículo 2º del Código Penal, importaría respecto de estas leyes especiales, despojarlas a priori de toda eficacia, pues el ritmo vertiginoso con que se desenvuelve el proceso económico desactualizaría rápidamente las disposiciones anteriores que intentaban protegerlos...” (CSJN, noviembre 17- 994, “San Cristóbal Sociedad Mutual de Seguros Generales”, La Ley, t. 1995 B).

                        Que el mismo fallo agrega:“... La excepción a los principios del derecho penal se justifica por las particularidades del bien jurídico protegido por la legislación específica, que es en última instancia el orden público económico, cuyo resguardo se debilitaría mortalmente si se despojase de toda consecuencia a la lesión infringida a los intereses del Estado, en un momento fáctico distinto al existente al dictar la sentencia... No cabe, pues, aplicar indiscriminadamente el principio del artículo 2º del Código Penal dado que la variación reglamentaria no releva de pena a quien ha infringido la ley mientras se hallaba vigente” (doctrina de Fallos: 311:2453; 313:153, consid. 8º).

                       Que, en consecuencia, no cabe aplicar retroactivamente la norma posterior más benigna en el caso bajo examen, con lo que el reproche se mantiene, debiéndose tener por configurada la infracción al artículo 5º del Capítulo XII de las NORMAS (N.T. 1997).

2.3.Calificación del 31 de mayo de 1995.

                       2.3.1 Omisión de opinar sobre el cambio de situación en el sistema financiero del país.

                 Que, cabe ratificar y tener por reproducidos los conceptos esgrimidos en el punto 2.2.1, siendo necesario agregar que en el dictamen de calificación correspondiente a la calificación del 31/05/95 se advierte al público inversor sobre la caída de los depósitos bancarios al incluirse la tabla “Otras Tendencias Importantes” en la que se volcaron los datos correspondientes a “Préstamos + O. Créditos, Depósitos, Redescuentos BCRA, O.N. y Obligaciones Diversas” durante el período “diciembre1994/abril 1995”; incluyéndose, asimismo, una referencia a la utilización por parte de la emisora de la línea de asistencia financiera del BCRA con que contaba para atender situaciones de iliquidez.

                        Que, por lo tanto, las observaciones que devinieron en la instrucción del sumario, en lo caso al presente punto, no resultan suficientes para justificar la imposición de sanción.

2.3.2 Omisión de exteriorizar los indicadores de calce de plazos.

                       Que corresponde reiterar las conclusiones a las que se arribó al dar tratamiento al punto 2.2.3 y, en consecuencia, absolver a los sumariados por este hecho.

                       2.3.3 Falta de advertencia en cuanto a que la emisora había superado el indicador de resguardo proyectado.

                        Que los sumariados al verter sus argumentos defensivos señalan que no es correcto el cálculo efectuado por la Subgerencia de Calificadores de Riego al aplicar la Fórmula 7.09, contenida en el prospecto correspondiente a la emisión de los valores negociables de “BUCI”, para obtener el indicador de resguardo.

                       Que, al respecto, el Conductor del sumario (fs. 1118) ordenó, como medida para mejor proveer, que la subgerencia mencionada “...informe, con descripción y fundamentación de valores, el cálculo que resulta de los términos de la fórmula que en definitiva fue aprobada” (refiriéndose a la fórmula contenida en el prospecto de emisión de la obligaciones negociables calificadas).

                       Que, ahora bien, cotejando el informe producido en cumplimiento de lo ordenado por el Conductor del sumario con aquel que se tuvo en consideración a los fines de la instrucción sumarial se aprecian diferencias en los resultados obtenidos, no coincidiendo tampoco las conclusiones a las que arriban los profesionales actuantes en dichas oportunidades a partir de la aplicación de la fórmula inserta en el instrumento informativo.

                        Que en razón de lo expresado no se encuentra suficientemente probada la infracción a la normativa imputada a los sumariados.

                        2.3.4 Cuestionamiento por la calificación en Nivel 1 del indicador de problemas legales cuando correspondía calificarlo en Nivel 2.

                        Que la Resolución N° 13.142 consigna que el indicador de problemas legales fue calificado por “VALUE” con Nivel 1 cuando correspondía el Nivel 2, ello en virtud de los datos contenidos en los papeles de trabajo y lo impuesto por el Manual de Procedimientos de Calificación.

                        Que en su descargo los sumariados expresan que si bien en los papeles de trabajo aparece una calificación del “indicador de problemas legales” hecha por el analista encargado de esa evaluación, “... el consejo de calificación contaba con otros elementos de análisis que –considerados en conjunto- determinaron que se otorgase una calificación de nivel 1 para el indicador de problemas legales en lugar de la calificación en nivel 2 que aparece en los papeles de trabajo”.

                        Que, en tal sentido, destacan la información efectivamente ponderada a fin de realizar la calificación del indicador cuestionada, según el siguiente detalle: i) copia de una carta dirigida al BUCI por el BCRA informando la autorización para la adquisición del Banco de Crédito Comercial S.A. de fecha 3 de marzo de 1995, ii) copia de la Resolución N° 117 del 2 de marzo de 1995 y iii) copia del compromiso de transferencia de activos y pasivos de fecha 23 de febrero de 1995 entre BUCI y el Banco de Crédito Comercial S.A. (fs. 943).

                        Que, agregan los sumariados, de la lectura de estos instrumentos surge que el BCRA otorgó una serie de franquicias y plazos adicionales al BUCI, que determinaron que “VALUE” calificara el indicador de los problemas legales  en el Nivel 1.

                  Que a los fines de la evaluación de esta cuestión debe atenderse a que siendo el dictamen el instrumento en el que se plasma la calificación de riesgo, y que como tal recoge la opinión de los miembros del consejo de calificación, los datos que proveen los papeles de trabajo deben ser tenidos en cuenta como uno más, pero no el único, de los elementos e información a analizar por el consejo.

                        Que, por otra parte, es imperioso destacar que la omisión sería cuestionable en el supuesto que de su consideración deviniera una modificación en la calificación de riesgo, hecho éste que no se encuentra demostrado en el expediente.

                        Que, en consecuencia, considera que no resulta probado el cargo analizado en este apartado.

2.3.5 Presentación extemporánea del dictamen de calificación.

                       Que corresponde dar por reproducidos la totalidad de los conceptos vertidos al analizarse el punto 2.2.4, teniéndose, en consecuencia, por acreditada la infracción al artículo 5° del Capítulo XII de las NORMAS (1997) en virtud de la presentación del dictamen de calificación con nueve (9) días de atraso.

2.3.6 Falta de anticipación del dictamen de calificación.

                       Que en referencia a lo reprochado en la instrucción del sumario respecto de la existencia de circunstancias que habrían hecho necesaria por parte de VALUE una anticipación de la calificación, en el escrito de descargo se sostiene que para tomar la determinación de no adelantar la calificación de mayo de 1995 se tuvo en cuenta el pago en término de los intereses de las obligaciones negociables por U$S 20.000.000 y la publicación del aviso para el pago de la amortización final de las obligaciones negociables por 10.000.000 efectuada el 15.05.95.

                        Que, asimismo, manifiestan que “... anticipar la calificación en momentos de crisis, sin que hubieran existido factores decisivos que influyesen en la solvencia de la entidad hubiera significado una actitud de pánico, más que un análisis racional y mesurado de la situación –que es lo que se espera de una calificadora de riesgo”.

                       Que al respecto es dable destacar que la exigencia de la normativa aplicable a la cuestión planteada se centra en la obligación por parte de la calificadora de adelantar la fecha de reunión del consejo de calificación a efectos de ponderar la necesidad de mantener o variar la calificación vigente ante la existencia de hechos o circunstancias de relevancia justificada.

                        Que la calificadora tenía en su poder diversos elementos que la informaban del estado de situación de la emisora, entre otros la evolución de los depósitos en el sistema financiero” y el  indicador disponibilidades/depósitos.

                       Que conforme se consigna en el informe elaborado por la Subgerencia de Sociedades Calificadoras de Riesgo (fs. 756/757) la tasa de interés interbancaria ascendió del 12,88% en febrero de 1995 al 20,11% en marzo de 1995, confirmando una fuerte baja en la liquidez del sistema que coincide con una suba en la tasa de interés pasiva y una baja en el nivel de depósitos en el mes de marzo de 1995.

                        Que, en consecuencia, no cabe dudas, que el comportamiento de estas tres variables estaría marcando que a partir del mes de marzo de 1995 se agudizaron los problemas de liquidez en el sistema financiero argentino.

                        Que, en otro orden, resulta importante resaltar que en el informe antes indicado y en relación con la situación particular de la emisora, se consigna que en el mes de marzo de 1995 “BUCI” recurre a los préstamos por iliquidez otorgados por el BCRA (lo cual también es reconocido por los sumariados a lo largo del descargo), habiendo descendido los indicadores de liquidez de la entidad del 12,01% en enero/95 a menos del 10,00% -precisamente- a 7,49% en el mes de abril/95 (fs. 724).

                        Que, en consecuencia, ante la aparición de los eventos con las características mencionados la calificadora no está en posición de evaluar la necesidad o no de adelantar la calificación, sino que debe, por imposición normativa, actualizar la misma con independencia de que, a partir del nuevo análisis, se modifique o no la nota atribuida a los valores negociables en la calificación anterior.

                        Que, por lo expuesto corresponde tener por acreditada la infracción al artículo 18, segundo párrafo, del Capítulo XII de las NORMAS (1997) y artículo 4° del Decreto N° 656/92.

                        2.4 Responsabilidad de los miembros del consejo de calificación y de los directores:

                        Que los directores sumariados manifiestan que al no haber intervenido en la calificación de las ON y en tanto no pesa sobre ellos el deber de control de la actuación del consejo de calificación, no poseen responsabilidad alguna por las posibles infracciones.

                        Que en este punto es preciso recordar que constituye un requisito esencial para obtener la inscripción en el registro de calificadoras de riesgo, ser sociedad anónima, y como tal adecuarse al régimen de la LSC que impone determinadas obligaciones a cada uno de los órganos sociales.

                        Que la actuación del consejo de calificación creado y regulado por el Decreto Nº 656/92, al cual se le atribuye como función específica la emisión de los dictámenes de calificación (art. 10 del Dto. cit.), no excluye el régimen de la LSC en relación con el deber de control impuesto a los restantes órganos de la sociedad.

                        Que en este sentido, la doctrina afirma que aún en el caso de “que cada órgano tenga competencia exclusiva y excluyente en sus funciones y atribuciones, no implica que no se mantenga entre ellos el necesario equilibrio de poderes a través de recíprocos controles” (M. SASOT BETES y M. SASOT, “Sociedades Anónimas, El órgano de administración”, Ed. Abaco, 1980, pág. 379).

                        Que, adicionalmente, MARTORELL (“Los Directores de Sociedades Anónimas”, Ed. Depalma, 1994, pág. 347) señala que el sistema se ajusta a los principios del Código Civil dado que no sólo se sanciona la culpa in contrahendo, sino también la llamada culpa in vigilando; por lo que los miembros del directorio deben avocarse a todos los temas que fuere menester en virtud de su poder de control.

                        Que las decisiones adoptadas por la persona jurídica, en este caso “VALUE”, son el producto de la voluntad de los miembros que conforman sus órganos sociales, por lo que existen dos ámbitos claramente identificados, por un lado el accionar de la sociedad pasible de una imputación administrativa directa y por otro lado la conducta de las personas físicas que integran sus órganos que en el marco de sus deberes y obligaciones específicas son responsables por las infracciones cometidas, salvo que en forma personal presenten y acrediten causales exonerativas de la responsabilidad que les compete.

                        Que en cuanto al directorio la Ley de Sociedades Comerciales establece que está a su cargo la administración y la gestión inmediata de los negocios sociales (art. 255 LSC) en orden a la consecución del objeto social.

                        Que así lo interpretó la Justicia Comercial al afirmar que los directores y síndicos “están sujetos en una sociedad anónima bursátil a determinadas obligaciones y son pasibles de imputación de responsabilidad administrativa, -directa o indirecta-, en razón de la exigencia de proteger al inversor en títulos cotizables, en vista a la canalización del ahorro colectivo hacia los mercados de capitales, para proveer al desarrollo de la industria y del comercio” (CNCom, Sala B, 30/4/03, en autos “Electromac S.A. s/ posible incumplimiento al Capítulo XXVI de las Normas (N.T. 2001)”), pudiendo liberarse de tal responsabilidad si prueban haber tomado todos los recaudos que la ley otorga.

                        Que con relación a los miembros del consejo de calificación es del caso puntualizar que el estándar de la “diligencia del buen hombre de negocios” receptado en el artículo 24 del Decreto N° 656/92 es de tipo profesional e implica que los integrantes de dicho órgano social deben aplicar, en el desempeño de su cargo, el cuidado, previsión, habilidades y experiencia que corresponden a este tipo de funciones y desempeñarse en el modo que lo haría un prudente hombre de negocios en similar posición y bajo similares circunstancias.

                       Que lo antedicho en modo alguno implica condicionar el cumplimiento de ese deber de diligencia al resultado económico de la gestión; éste es un aspecto independiente de la cuestión y a cuyo respecto se considera admisible la comisión de errores en tanto se haya obrado de buena fe y con razonable previsión; lo inadmisible es el desapego o el desconocimiento del marco legal en el que se desenvuelve la actuación societaria.

                       Que en otro orden, debe recordarse que es requisito de las calificadoras tener como objeto social exclusivo el de calificar valores mobiliarios u otros riesgos (art. 6, inc. b), Dec. 656/92), de donde la prescripción legal de actuar con la diligencia de un buen hombre de negocios sólo puede ser cumplida mediante el estricto cumplimiento de las normas reglamentarias de la actividad (a la época de los hechos relatados: Decreto Nº 656/92 y NORMAS de la CNV).

                       Que, por otra parte, las sociedades calificadoras de riesgo se encuentran en una relación de especial sujeción, voluntariamente asumida, respecto de la autoridad administrativa de contralor; requieren habilitación para el ejercicio de una específica actividad que conlleva una alta especialización, razón por la cual la obligación profesional de diligencia y buena fe exigibles tiene límites superiores a los normales y pautas precisas respecto de la conducta a seguir en el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias que resulten de aplicación.

                      Que en el ámbito del control estatal lo que interesa es el correcto cumplimiento de las obligaciones que han sido impuestas al sujeto responsable en función del interés general en aras del cual han sido instituidas.

                      Que así, la conducta de los miembros del consejo de calificación y del órgano de administración debe apreciarse conforme al estándar de responsabilidad agravada exigible al profesional titular de un emprendimiento con alto nivel de especialización, que por su propia voluntad se sujetó a la autoridad de control y requirió habilitación para el ejercicio de una específica actividad.

                        Que habiéndose comprobado -según se ha desarrollado en el análisis efectuado en la presente- el incumplimiento a la normativa vigente a la época de los hechos, cabe concluir que tanto los integrantes del órgano de administración y los del consejo de calificación no han actuado en forma diligente, razón por la cual les corresponde el reproche, teniéndose por configurado el cargo formulado en función de lo dispuesto por el artículo 24 del Decreto N° 656/92.

2.5 Responsabilidad del síndico.

                       Que en su descargo el síndico titular de la calificadora a la época de los hechos relatados  manifestó: ”Ni el Decreto N° 656/92, ni las Normas de la Resolución General N° 290 de la Comisión Nacional de Valores, ni ninguna otra normativa vigente establece que la sindicatura de una calificadora de riesgo tenga que ser parte o aprobar la tarea y/o la calificación del Consejo de Calificación ni que tenga facultades para variar u observar las calificaciones...”, concluyendo que “la responsabilidad de la sindicatura es la de fiscalizar debidamente la administración de la sociedad, cumpliendo con la normativa vigente”.

                      Que en este acápite cabe señalar que el control de legalidad que ejercen los síndicos incluye también a las tareas que realiza el consejo de administración como órgano interno de la sociedad.

                       Que así, cuando el consejo emite un dictamen elevándolo al directorio comienza la labor de la sindicatura, que no deberá evaluar los aspectos técnicos de la calificación, sino que examinará que dicha calificación haya sido realizada cumpliendo los pasos legales que establecen las normas jurídicas aplicables –en el caso Decreto N° 656/92 y NORMAS de la CNV-.

                       Que si la calificadora no da cumplimiento a alguna de las disposiciones de la CNV, a las cuales se sujetó voluntariamente, está contraviniendo el ordenamiento legal y ese acto debe ser señalado por los síndicos a los administradores al tomar conocimiento de ello.

                        Que si la conducta no es corregida el artículo 294 de la LSC le brinda a los síndicos la herramienta para que dicha cuestión sea resuelta por el órgano de decisión -asamblea de accionistas- hecho que, cumplido en tiempo y forma, permite el deslinde de responsabilidades por parte de los síndicos.

                       Que en tal sentido el Decreto N° 656/92 y las normas dictadas por el Organismo establecen cuáles son las obligaciones impuestas a las calificadora; así cuando estas infringen las mismas, si ello no es observado por el síndico se está frente a un incumplimiento del control de legalidad que hace nacer las consecuencias que de ello deriven.

                        Que la responsabilidad del síndico es inherente al cargo que desempeña, o sea, que su responsabilidad proviene del incumplimiento de obligaciones preestablecidas para el cargo por la ley, reconociendo la doctrina en este extremo que “... no basta con que cumpla regular y eficazmente con sus funciones, sino que debe, además, velar para que los otros órganos sociales cumplan también las suyas sin desviaciones legales y estatutarias” (M. A. SASOT BETES y M. P. SASOT, “Sociedades Anónimas – Sindicatura y Consejo de Vigilancia”, Ed. Ábaco, pág. 247)

                       Que reproduciendo adicionalmente los conceptos vertidos en oportunidad de analizarse la conducta de los directores, corresponde tener por configurado el cargo formulado en atención de lo prescripto por el artículo 294, inciso 9° de la LSC.

                        V- Conclusiones:

                        Que de acuerdo al tratamiento efectuado en el punto III.- corresponde desestimar la pretensión de tratamiento de la inconstitucionalidad del Decreto N° 656/92 formulada por “VALUE” y los señores Daniel RUAS, Daniel HIRSCH, Fernando VILLEGAS CONTTE y Máximo BOMCHIL.

                        Que corresponde absolver a los sumariados de los hechos referidos como 2.2.1; 2.2.3; 2.3.1; 2.3.2; 2.3.3 y 2.3.4.

                        Que del análisis efectuado con relación al resto de los hechos que dieron origen al presente sumario surge que las circunstancias alegadas en los descargos no constituyen causales eximentes de responsabilidad, razón por la cual se tienen por acreditadas las infracciones indicadas en la Resolución N° 13.142 a los artículos 4°, 5°, 6° inciso b) y 18, segundo párrafo del Capítulo XII de las NORMAS (N.T. 1997); y a los artículos 4°, 10, primer párrafo, 14 y 24 del Decreto N° 656/92.

                        Que, por otra parte, el síndico no presentó pruebas tendientes a acreditar el cumplimiento de su deber de control por lo que debe considerarse configurada la infracción a lo previsto por el artículo 294 inciso 9° de la Ley de Sociedades Comerciales.

                        Que el artículo 25 del Decreto N° 656/92 dispone que en caso de infracción a sus disposiciones la COMISIÓN NACIONAL DE VALORES, previa substanciación de sumario, puede imponer las sanciones previstas en el artículo 10 de la Ley N° 17.811.

                        Que conforme lo expuesto, y para la fijación del tipo de sanción y su graduación corresponde ponderar los incumplimientos y sanciones aplicadas con anterioridad, las que conforme lo verificado en los registros del Organismo son las que se indican a continuación: Por Resolución Nº 10.708 del 3-11-94 esta CNV impuso a VALUE CALIFICADORA DE RIESGO SA sanción de apercibimiento; por Resolución N° 12.958 del 26-8-99 una multa de PESOS VEINTE MIL ( $20.000 ), sanción confirmada con reducción de multa a PESOS UN MIL ($1.000) por sentencia del 29-5-00 dictada por la Sala E de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Capital Federal; por Resolución N° 13.416 del 8-6-00, otro apercibimiento también por calificación con información contable desactualizada; por Resolución N° 13.597 del 26-10-00 sanción de apercibimiento por calificación de ciertas obligaciones negociables con violación de los procedimientos y metodologías previstos en el Manual registrado y por Resolución N° 14.798 del 13-05-04 sanción de multa de PESOS SESENTA MIL ($ 60.000) por calificación de obligaciones negociables apartándose de la metodología contemplada en el Manual registrado, en particular, con relación a los parámetros cuantitativos empleados en la calificación.

                        Que por lo señalado precedentemente corresponde aplicar a VALUE CALIFICADORA DE RIESGO S.A. la sanción de MULTA prevista en el artículo 10 inciso b) de la Ley N° 17.811 (texto sustituido por Decreto N° 677/01) por la infracción a los artículos 4°, 5°, 6° inciso b) y 18 segundo párrafo del Capítulo XII de las NORMAS (N.T. 1997), a los artículos 4°, 10 primer párrafo, 14 y 24 del Decreto N° 656/92, y al artículo 294 inciso 9° de la LSC, por los motivos y según lo expuesto como 2.1; 2.2.2; 2.2.4; 2.3.5; 2.3.6; 2.4 y 2.5; la que se hará efectiva en la persona de los señores Daniel RUAS, Daniel HIRSCH, Adrián GIMENEZ HUTTON, Fernando VILLEGAS CONTTE, Máximo BOMCHIL y Gustavo SANCHEZ en forma solidaria.

                      Que la presente se dicta en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 10 y 12 de la Ley N° 17.811 (texto sustituido por art. 39 del Decreto N° 677/01).

 

Por ello,

LA COMISION NACIONAL DE VALORES

RESUELVE:

ARTICULO 1º.- Desestimar la pretensión de tratamiento de la inconstitucionalidad del Decreto N° 656/92 formulada por VALUE CALIFICADORA DE RIESGO S.A. y los señores Daniel RUAS, Daniel HIRSCH, Fernando VILLEGAS CONTTE y Máximo BOMCHIL, por cuanto la misma debe ser incoada ante las autoridades judiciales pertinentes.

ARTÍCULO 2°.- Absolver a los sumariados de las infracciones señaladas en la Resolución N° 13.142 por las razones y según el análisis efectuado en los considerandos de esta Resolución como 2.2.1; 2.2.3; 2.3.1; 2.3.2; 2.3.3 y 2.3.4.

ARTÍCULO 3° .- Aplicar a VALUE CALIFICADORA DE RIESGO SA la sanción de multa que se fija en la suma de PESOS SESENTA MIL ($60.000), la cual deberá ser asumida en forma solidaria por los miembros del Directorio a la época de los hechos investigados señores Daniel RUAS, Daniel HIRSCH y Adrián GIMENEZ HUTTON, los integrantes del consejo de calificación señores Daniel RUAS, Daniel HIRSCH, Fernando VILLEGAS CONTTE y Máximo BOMCHIL, y el entonces síndico de la entidad señor Gustavo SANCHEZ por infracción a los artículos 4°, 5°, 6° inciso b) y 18, segundo párrafo del Capítulo XII de las NORMAS (N.T. 1997), a los artículos 4°, 10 primer párrafo, 14 y 24 del Decreto N° 656/92 y al artículo 294 inciso 9) de la Ley N° 19.550, respectivamente, según lo establece el artículo 10 inciso b) de la Ley Nº 17.811 (texto sust. por art. 39 del Decreto Nº 677/01), por los motivos y según lo expuesto en los considerandos de esta Resolución como 2.1.; 2.2.2; 2.2.4; 2.3.5; 2.3.6; 2.4 y 2.5.

ARTICULO 4º.- El pago de la multa deberá realizarse en la Subgerencia de Administración de esta COMISION NACIONAL DE VALORES (sita en la calle 25 de Mayo N° 175, Piso 11 de esta ciudad, de lunes a viernes en el horario de 10 a 15 hs.) dentro del plazo de QUINCE (15) días hábiles. En caso de que el pago se efectivice fuera del término estipulado la mora se producirá de pleno derecho, devengándose los intereses correspondientes.

ARTICULO 5°.- Regístrese, notifíquese con copia autenticada de la presente Resolución a todos los sumariados.

ARTICULO 6°.- Notifíquese también con copia autenticada de esta Resolución a la BOLSA DE COMERCIO DE BUENOS AIRES para su publicación en el Boletín Diario e incorpórese en el sitio Web del Organismo en www.cnv.gov.ar.

 

FIRMADO: Lic. Narciso MUÑOZ – Presidente; Dr. Emilio FERRÉ – Director; Dr. José Luis PUNGITORE – Director.