Resolución Nº 15.369

                                        BUENOS AIRES, 4 de abril de 2006     

 

RESOLUCIÓN Nº 15.369

 

VISTO el Expte. Nº 840/00 “BOTBOL, JOSE S/DENUNCIA RESPECTO DE CEI CITICORP HOLDINGS S.A. Y OTROS” y lo dictaminado por la Subgerencia de Asesoramiento Legal;

 

CONSIDERANDO:

 

I.- ANTECEDENTES.

Que por Resolución Nº 14.356 de fecha 28 de Noviembre de 2002 (fs. 683/703) se instruyó sumario a TELEFÓNICA HOLDING DE ARGENTINA S.A. (TELEFÓNICA), anteriormente denominada CEI CITICORP HOLDINGS S.A. (CEI), sus directores a la época de los hechos examinados, señores: Heriberto Ricardo HANDLEY, Raúl Juan Pedro MONETA, Arthur M. DE GRAFFENRIED, Leo WERTHEIN, Benito Jaime LUCINI, Adrián WERTHEIN, Felipe Alberto Martín DE LA BALZE, Jorge Horacio SCHIFFRIN, Carlos Alberto CARBALLO, Miguel Gregorio CRISCUOLO, Thomas Ollis HICKS, César Antonio BAEZ, Julio César GUTIERREZ, Charles William TATE y Paul BURTON SAVOLDELLI, por posible infracción a los artículos 3° y 5º del Capítulo III, artículos 2º y 3º inciso h) del Capítulo XVII y artículos 1º y 2º del Capítulo XVIII de las NORMAS (N.T. 1997) actualmente artículos 3° y 5º del Capítulo III, artículos 2º y 3º inciso 8) del Capítulo XXI y artículos 1º y 2º del Capítulo XXIII de las NORMAS (N.T. 2001), artículos 64 inciso b) punto 1º, 234 inciso 2º, 236 y 261 de la Ley Nº 19.550, artículos 43 y 51 del Código de Comercio y punto A.3 del Capítulo III de la Resolución Técnica Nº 9 y punto B.1 2da. Parte de la Resolución Técnica N° 10.

Que asimismo, se inicio sumario a los síndicos a la época de los hechos examinados, señores Jorge Enrique RIVAROLA, Héctor Alfredo LÓPEZ, Hernán CIBILS ROBIROSA, Guillermo FELDBERG, Damián Fernando BECCAR VARELA y Rafael LA PORTA DRAGO, por posible infracción a los artículos 294 incisos 5) y 9) de la Ley Nº 19.550 y artículos 2° y 3° inciso h) del Capítulo XVII de las NORMAS (N.T. 1997) actualmente artículos 2° y 3° inciso 8) del Cap. XXIII de las NORMAS (N.T. 2001).

Que a fs. 1632/34 se tuvo por parte y por constituido el domicilio legal de TELEFÓNICA, quien a fs. 1056/1079 produjo su descargo.

Que también se tuvieron por partes y por constituidos los domicilios legales de los sumariados que presentaron sus descargos, Sres. Miguel Gregorio CRISCUOLO a fs. 1169/1255, Hernán CIBILS ROBIROSA a fs. 1257/1320, Heriberto Ricardo HANDLEY a fs. 1321/1430, Thomas Ollis HICKS, Charles William TATE, Paul BURTON SAVOLDELLI, Julio César GUTIERREZ a fs. 1439/1469, César Antonio BAEZ a fs. 1585/1604, Felipe Alberto Martín DE LA BALZE, Benito Jaime LUCINI a fs. 825/898, Jorge Enrique RIVAROLA a fs. 899/967, Héctor LÓPEZ a fs. 968/1038, Jorge Horacio SCHIFFRIN, Leo WERTHEIN, Adrián WERTHEIN, Guillermo FELDBERG, en forma conjunta, a fs. 1039/1055, Raúl Juan Pedro MONETA, a fs. 1470/1527, Damián Fernando BECCAR VARELA, a fs. 1256, Rafael LA PORTA DRAGO a fs. 1432/1438 y Carlos Alberto CARBALLO a fs. 1604.

Que el 3 de febrero de 2003 (fs. 1593) se llevó a cabo la Audiencia preliminar, en la cual se ratificó la prueba ofrecida por los sumariados.

Que a fs. 1621 el Directorio de esta COMISIÓN NACIONAL DE VALORES (C.N.V.) designó como conductor del sumario al Sr. Director Dr. Emilio Ferré.

 

II.- PRUEBA:

1) Informativa:

a) Que se requirió al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 22 Secretaría Nº 148 copia de la sentencia recaída en el Expte. Nº 55.958/99 - Nº de Cámara 17.854 caratulado “HANDLEY, HERIBERTO RICARDO S/ESTAFA” fs. 1664.

Que a fs. 1666 el Sr. Juez Nacional de Instrucción Nº 22 Dr. Ismael Roberto Muratorio informó que el expediente requerido fue remitido por incompetencia al Juzgado Nacional en lo Penal Económico Nº 7.

Que posteriormente, a fs. 1689 el Juzgado Nacional en lo Penal Económico Nº 7 Secretaría Nº 13 remite “ad efectum videndi”, por el término de 30 días, a esta C.N.V. los autos Nº 5.856 caratulados “HANDLEY, HERIBERTO RICARDO S/FRAUDES AL COMERCIO E INDUSTRIA (art. 300)”, en 4 cuerpos con fs. 764, junto con el incidente de nulidad interpuesto por, el aquí denunciante José BOTBOL en 47 fs. y expediente de la Cámara Nacional de Casación Penal Sala IV sobre Recurso de Queja.

b) Que se libró oficio a la US Securities and Exchange Commission (SEC) fs. 1676/1677, para que de conformidad a lo requerido por los sumariados, informara si realizó objeciones sobre los Estados Contables de CEI durante los años 1997 y 1998.

Que a fs 1713/16 corre agregada la traducción certificada de la respuesta brindada por la SEC, al respecto se dispone tenerla por contestada a fs. 1728/9. Con respecto a esta medida se solicita que se reitere a fs. 1731, siendo este último pedido desestimado por Disposición del Sr. Conductor agregada a fs. 1733.

c) Que se ofició a Telefónica para que remitiera una copia del Acta de Directorio de CEI Nº 295.

Que con respecto a esta prueba, el 19 de febrero de 2004 (fs. 1654), el Apoderado de Telefónica informó que el Acta de Directorio Nº 295 se encuentra en el Libro de Directorio Nº 4 que fuera secuestrado el 12 de marzo de 2003 por orden del Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción Nº 22, Secretaría Nº 148.

 

2) Testimonial:

Que se citó a declarar al Sr. José Botbol.

Que con respecto a esta prueba, con fecha 13 de febrero de 2004 el Sr. Conductor del Sumario dispuso no hacer lugar al pedido de declaración testimonial, por parte del denunciante a fs. 1652.

  

III.- HECHOS OBJETO DEL SUMARIO.

1) Que un hecho motivo del presente sumario consistió en la falta de comunicación de CEI a este Organismo de la medida judicial por la cual se secuestró el 16 de febrero de 2000 por orden del Sr. Juez a cargo del Juzgado Nacional de Instrucción N° 22, Secretaría N° 148, los Libros de actas de directorio N° 3 y Nº 4 este último en uso, y copias de información contable (fs. 165/166) que constituiría una posible infracción a los artículos vigentes a ese momento 2º y 3º inc. h) del Capítulo XVII de las NORMAS (N.T. 1997), actualmente artículos 2º y 3º inc. 8) del Cap. XXI de las NORMAS (N.T. 2001).

 

2) Ejercicio del año 1996:

Que el directorio de CEI aprobó el 21 de Diciembre de 1995 en el Acta de Directorio Nº 240 (fs. 376/378), como remuneración a Handley, en carácter de presidente del directorio, una bonificación única de U$S 1.000.000, además de U$S 65.000 mensuales retroactivos al 1 de octubre de 1995 y se mantuvo la vigencia del plan de compensación aprobado por Acta Nº 208 (fs. 372/375) por su desempeño como presidente ejecutivo de la sociedad y presidente del directorio para el ejercicio 1996.

Que posteriormente con fecha 26 de junio de 1996 en el Acta de Directorio Nº 253, el directorio de CEI efectuó una reformulación global del Programa de Retribuciones acordado a Handley, vigente a esa fecha.

Que se continuó con su remuneración de U$S 65.000 mensuales fijada por el Directorio de CEI hasta el 31/12/1998, por su desempeño como director de la sociedad en ejercicio de la presidencia con funciones ejecutivas.

Que asimismo, se dispuso una compensación anual equivalente al 1,5% a calcular sobre los dividendos que la Asamblea de Accionistas resuelva distribuir durante 3 ejercicios económicos a partir del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 1995; una suma equivalente al 1,1% del incremento del valor de capitalización de CEI para los ejercicios 1996, 1997 y 1998 (fs. 379/83).

Que la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de CEI celebrada el 30 de abril de 1997 (fs. 390/397) no trató expresamente el Programa de Retribuciones del año 1996 y retroactivo; solamente aprobó en el punto del orden del día “fijación de los honorarios de los miembros del directorio…”, la suma de $ 662.109.

Que el total de retribuciones que se contabilizó en la cuenta sueldos y cargas sociales aprobado por la Asamblea mencionada representó $ 4.530.296,55.

Que se expuso en el Balance General al 31/12/96 como retribuciones al Directorio la suma de $ 659.160.

 

3) Ejercicio del año 1997:

Que con fecha 27 de febrero de 1998 el Directorio de CEI, dispuso que incluyeran cambios del periodo para el cómputo del 1,1% que fuera aprobado el 26 de junio de 1996, y la aprobación de un bonus de U$S 2.459.854 por el ejercicio de 1997 con deducción de anticipos recibidos y de otro bonus por la misma cifra de U$S 2.459.854 pagaderos el 30 de noviembre de 1998 (fs. 384/5 y 604).

Que la Asamblea General Ordinaria del 29 de abril de 1998 (fs. 398/404), aprobó en el punto del orden del día “fijación de los honorarios de los miembros del directorio…” la suma de $ 467.037 contabilizada en la cuenta Honorarios a Directores del estado de resultados.

Que el remanente por el Programa de Retribuciones $ 18.015.386 fue contabilizado en las cuentas Compensación a Directores y Ejecutivos $ 17.147.013 y Sueldos y Cargas Sociales $ 878.373,76 (fs. 645).

Que se excedió el límite del 5% que establece el artículo 261 de la Ley de Sociedades Comerciales en $ 12.634.487 (fs. 645).

Que la remuneración al Directorio por $ 18.015.386 recién fue aprobada en la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria celebrada el 29 de abril de 1999 (fs. 405/413).

Que lo expuesto implicaría una deficiente exposición contable, en función a lo dispuesto en los artículos 3° y 5º del Capítulo III y artículos 1º y 2º del Capítulo XVIII de las NORMAS (N.T. 1997) -act. arts. 3° y 5º del Cap. III y arts. 1º y 2º del Cap. XXIII de las NORMAS (N.T. 2001)-, artículos 64 inciso b) punto 1º, 234 inciso 2º, 236, 261 y 294 incisos 5) y 9) de la Ley Nº 19.550, artículos 43 y 51 del Código de Comercio y punto A.3 del Capítulo III de la Resolución Técnica Nº 9 y punto B.1 2da. Parte de la Resolución Técnica N° 10.

 

IV.- TRATAMIENTO DE LAS EXCEPCIONES Y DEFENSAS COMUNES.

1) Que alegan los sumariados la presunta prescripción para las infracciones a los artículos 3° y 5º del Capítulo III, artículos 2º y 3º inciso h) del Capítulo XVII y artículos 1º y 2º del Capítulo XVIII de las NORMAS (N.T. 1997) -act. arts. 3° y 5º del Cap. III, arts. 2º y 3º inciso 8) del Cap. XXI y arts. 1º y 2º del Cap. XXIII de las NORMAS (N.T. 2001)- y artículos 2° y 3° inciso h) del Capítulo XVII de las NORMAS (N.T. 1997) -act. arts. 2° y 3° inciso 8) del Cap. XXIII de las NORMAS (N.T. 2001), dada la presunta aplicación analógica del régimen previsto por el Código Penal, el cuál en su artículo 4º establece lo siguiente: “las disposiciones generales del presente código se aplicarán a todos los delitos previstos por leyes especiales, en cuanto ellas no dispusieran lo contrario”.

Que también se menciona en los descargos, que al momento de los hechos, no se encontraba en vigencia el art. 40 del decreto Nº 677/01 que incorporó en la ley Nº 17.811 un plazo de prescripción de SEIS (6) años desde la comisión del hecho.

Que los posibles incumplimientos a los artículos 64 inciso b) punto 1º, 234 inciso 2º, 236, 261 y 294 incisos 5) y 9) de la ley Nº 19.550 de Sociedades Comerciales y artículos 43 y 51 del Código de Comercio, el plazo de prescripción a computar, analógicamente, sería el previsto por el artículo 848 del Código Comercio de 3 (TRES) años.

Que sin perjuicio de ello, debe señalarse que aún cuando no hay duda que la Ley N° 17.811 antes de la sanción del Decreto N° 677/01 no había previsto un plazo de prescripción de la acción, ante dicha situación y el planteo de prescripción respecto de situaciones anteriores a la sanción del citado decreto, se integró ese vacío legal mediante un procedimiento analógico.

Que es fundamental para la aplicación de la analogía que el caso sea semejante substancialmente al previsto por la norma, es decir que uno y otro tengan elementos comunes y al respecto señala Manuel M. Diez, Derecho Administrativo T° I 1963 Omeba, pag. 163 nota al pie 131 “...que en el caso de lagunas en el ordenamiento positivo administrativo debe hacerse lugar a la aplicación analógica de otras normas contenidas en el ordenamiento administrativo o en los principios generales del derecho”.

Que siendo ello así corresponde integrar el vacío legal existente en la Ley N° 17.811 respecto de la prescripción con la solución que otorga otra norma administrativa que trate una materia similar, cual es la Ley de Entidades Financieras en su art. 42 último párrafo que establece: “La prescripción de la acción que nace de las infracciones a que se refiere este artículo se operará a los seis años de la comisión del hecho que la configure.  Ese plazo se interrumpe por la comisión de otra infracción y por los actos y diligencias de procedimientos inherentes a la sustanciación del sumario, una vez abierto por resolución del Presidente del Banco Central de la República Argentina....”.

Que sobre dicho aspecto la justicia tiene dicho que no es de la esencia de las sanciones disciplinarias como las que aplica esta COMISIÓN NACIONAL DE VALORES que se apliquen las reglas del derecho penal ya que éstas no participan de las medidas represivas del Código Penal, ni importan el ejercicio de la jurisdicción criminal propiamente dicha, ni del poder ordinario de imponer penas, “el ejercicio de la potestad sancionatoria es administración y el de la potestad criminal es justicia (Jiménez de Asúa. C. N. A. Cont. Adm. 19.02.98 Banco Alas Coop. Ltdo (en liquidación) y otros c/ Banco Central de la República Argentina).

Que asimismo, diversos y reiterados fallos jurisprudenciales tienen dicho que “la faz sancionadora del Derecho Administrativo no se encuentra regida por los principios que informan estrictamente al Derecho Penal (C. N. A. Cont. Adm. “Aceitera Chabas” del 25.10.94; “Vicentín S. A. I. C. c/ Instituto Argentino de Sanidad y Calidad Vegetal” del 17.05.94 y “Francisco A. López c/ Instituto Nacional de Semillas” del 07.09.94), concluyendo que el procedimiento administrativo disciplinario y el proceso penal son diferentes por su génesis, sus fines y sus sanciones...”.

Que en el mismo sentido se ha expedido in re “CNV C/Zanella”, la Sala “E” de la Excelentísima Cámara con fecha 01.11.02 al hacer suyo el Dictamen Fiscal de fecha 25.10.02 en que se rechaza similar planteamiento, al señalar: “Al respecto, cabe señalar que la Comisión Nacional de Valores no aplica penas por delitos, sino sanciones por infracción a las normas de policía por cuya observancia debe velar, con sujeción a revisión judicial sin perjuicio; de las acciones civiles o penales pertinentes” (art. 10 de la ley 17.811; Fallos 305:1125). No cabe pues predicar la aplicabilidad directa de las reglas que rigen el derecho penal, sin más, sino que la remisión a los principios penales habrá de suscitarse ante la ausencia de soluciones específicas del derecho especial –administrativo- aplicable.

Que en consecuencia, dado que la única analogía posible en esta instancia debe efectuarse con el artículo 42 última parte de la Ley de Entidades Financieras, y dicho artículo establece que el término de prescripción de la acción es de seis años, al igual que el actual artículo 10 bis de la Ley N° 17.811, ese término no se cumplió al momento de la instrucción sumarial, ni tampoco entre la instrucción del sumario y su resolución, por lo que la defensa de prescripción debe ser rechazada.

2) Que en la Causa Nº 17.854 caratulada “HANDLEY, HERIBERTO RICARDO S/ESTAFA”, la Excelentísima Sala en lo Criminal y Correccional resolvió sobreseer a HANDLEY, LUCINI, CARBALLO, BAEZ y GUTIERREZ en orden al delito de estafa.

Que argumentan los sumariados que esta circunstancia, torna operativo el art. 1103 del Código Civil en el sentido de haber cosa juzgada en la causa criminal y por ello ahora no se los puede tener incursos en el incumplimiento de los preceptos, respecto a la exposición contable de las remuneraciones a los Directores.

Que cabe mencionar que el 18 de marzo de 2002 recayó el siguiente fallo en la Causa Nº 17.854 que tramitó por ante la Excelentísima Cámara en lo Criminal caratulada “HANDLEY, HERIBERTO RICARDO S/ESTAFA” “El querellante manifiesta que se ha sometido a la aprobación de la Asamblea como remuneraciones del Directorio una suma inferior que a las realmente percibidas por estos, ya que en los balances de los años 1997 y 1998 constan $ 467.037 y $ 450.671 respectivamente, ambos dentro del rubro “gastos de administración” en concepto de honorarios a Directores, siendo que la suma percibida en ambos períodos sería incluida en los conceptos contabilizados en el rubro “compensación a Directores y Ejecutivos” por importes de $ 17.769.126 y $ 9.223.659, no dándose información sobre el cambio de criterio de registración contable en lo que se refiere a la imputación “compensación a directores y ejecutivos.” Para finalizar diciendo que “Es así que al momento de resolver este Tribunal, entendemos que con respecto a las maniobras fraudulentas que se le imputan, con las pruebas incorporadas al proceso queda determinado que los estados contables presentados para la aprobación a la Asamblea de accionistas respecto de los períodos referidos se corresponde con la realidad y que se encuentran debidamente expuestos en los balances de los ejercicios cuestionados, dejando en claro que en la Asamblea en cuestión no se realizaron abstenciones ni votos en contra, sino que fue un acuerdo unánime”.

3) Que entienden los sumariados que las remuneraciones son legítimas, y que la determinación de las mismas responden al Plan de Remuneraciones que fuera determinado por el directorio en función a las condiciones profesionales especiales de sus integrantes.

Que con relación a la legitimidad de las remuneraciones o la aludida supremacía del orden público laboral por sobre los límites que fija el artículo 261 de la LSC, cabe recordar que, no se analizó en el presente sumario la legitimidad en el derecho al cobro de retribuciones de los Directores de la Sociedad Anónima sumariada, sino que las infracciones lo son frente a la deficiente exposición contable.

 

V.- CONCLUSIÓN:

1) Que correspondería tener por extinguidos los cargos formulados contra el Sr. Leo WERTHEIN por encontrarse acreditado a fs. 1739/40, su fallecimiento.

2) Que respecto de las infracciones a los artículos 2º y 3º inc. h) del Capítulo XVIII de las NORMAS (N.T. 1997), actualmente arts. 2º y 3º inc. 8) del Cap. XXI de las NORMAS (N.T. 2001), relativo a la falta de información del secuestro de los Libros de Actas ocurrida el 16 de febrero de 2000, por la falta de información se debe tener presente que no estuvo dentro de sus posibilidades impedir el secuestro mencionado por tratarse de una orden de allanamiento emanada de autoridad judicial.

Que asimismo, la sociedad informó a la Comisión que sustituiría momentáneamente el libro, por la confección de Actas de Directorio volante.

Que por consiguiente, en atención a lo expuesto, correspondería absolver de este cargo indicado precedentemente a la sociedad CEI CITICORP HOLDINGS S.A. actualmente TELEFÓNICA HOLDING DE ARGENTINA S.A. y a los Directores e integrantes del órgano de fiscalización, con mandato vigente al momento de este hecho.

3) Que respecto de las presuntas infracciones a los Artículos 3° del Capítulo III y 1º y 2º del Capítulo XVIII (N.T. 1997), actualmente art. 3° del Cap. III y 1º y 2º del Capítulo XXIII de las NORMAS (N.T. 2001); Artículos 64 inciso b) punto 1º, 234 inc. 2º y 294 inc. 5º y 9º de la LSC y Artículos 43 y 51 del Código de Comercio y punto A.3 del Capítulo III de la Resolución Técnica Nº 9 y punto B.1 2da. Parte de la Resolución Técnica N° 10, debe tenerse en cuenta:

Que la justicia Penal desestimó la denuncia por estafa manifestando respecto de las remuneraciones, “que los estados contables presentados para la aprobación a la Asamblea de accionistas respecto de los períodos referidos se corresponde con la realidad y que se encuentran debidamente expuestos en los balances de los ejercicios cuestionados, dejando en claro que en la Asamblea en cuestión no se realizaron abstenciones ni votos en contra, sino que fue un acuerdo unánime” .

Que cabe señalar que esto es aplicable en particular a la asamblea del 30 de abril de 1997 ya que la siguiente asamblea del 29 de abril de 1998 no trató las remuneraciones al directorio.

Que en consecuencia corresponde, absolver de las infracciones imputadas a los Sres. Arthur M. DE GRAFFENRIED y Hernán CIBILS ROBIROSA, por haber cesado en sus cargos al 31 de diciembre de 1997.

4) Que con respecto a las Infracciones al artículo 261 de la LSC, se señala:

La infracción consistió en incumplir la aprobación de las remuneraciones al Directorio en exceso del 5% en el plazo establecido en el artículo 261 de la LSC.

Sin perjuicio de ello, y en virtud de que dichas remuneraciones fueron finalmente aprobadas por una Asamblea y que dicha aprobación se efectuó con anterioridad a la instrucción del presente sumario, resulta procedente aplicar la sanción de apercibimiento prevista por el Articulo 10 inc. a) de la Ley Nº 17.811 (Texto s/Dcto. N° 677/01).

Que en consecuencia, respecto de CEI actualmente denominada TELEFÓNICA HOLDING DE ARGENTINA S.A., sus Directores y miembros de la Comisión Fiscalizadora a la época de los hechos examinados en el acápite 4) Sres. Heriberto Ricardo HANDLEY, Raúl Juan Pedro MONETA, Benito Jaime LUCINI, Felipe Alberto Martín DE LA BALZE, Jorge Horacio SCHIFFRIN, Carlos Alberto CARBALLO, Adrián WERTHEIN, Miguel Gregorio CRISCUOLO, Thomas Ollis HICKS, César Antonio BÁEZ, Julio César GUTIÉRREZ, Charles William TATE, Paul Burton SAVOLDELLI, Jorge Enrique RIVAROLA, Héctor LÓPEZ, Guillermo FELDBERG, Damián Fernando BECCAR VARELA y Rafael LA PORTA DRAGO, corresponde la sanción de apercibimiento prevista por el Articulo 10 inc. a) de la Ley Nº 17.811 (Texto s/Dcto. N° 677/01).

Que por lo tanto, la presente Resolución se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por los arts. 10 y 12 de la Ley N° 17.811.

 

Por ello;

 

             LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES

                                   RESUELVE:

 

ARTICULO 1º.- Rechazar la defensa de prescripción intentada por los sumariados.

ARTÍCULO 2º.- Aplicar a CEI CITICORP HOLDINGS S.A. actualmente TELEFÓNICA HOLDING DE ARGENTINA S.A. y a los Sres. Heriberto Ricardo HANDLEY, Raúl Juan Pedro MONETA, Benito Jaime LUCINI, Felipe Alberto Martín DE LA BALZE, Jorge Horacio SCHIFFRIN, Carlos Alberto CARBALLO, Adrián WERTHEIN, Miguel Gregorio CRISCUOLO, Thomas Ollis HICKS, César Antonio BÁEZ, Julio César GUTIERREZ, Charles William TATE, Paul BURTON SAVOLDELLI, Jorge Enrique RIVAROLA, Héctor LÓPEZ, Guillermo FELDBERG, Damián Fernando BECCAR VARELA y Rafael LA PORTA DRAGO, la sanción de apercibimiento prevista en el artículo 10 inc. a) de la Ley Nº 17.811 (Texto s/Dcto. N° 677/01).

ARTICULO 3º.- Declarar extinguidos los cargos contra el Sr. Leo WERTHEIN, en atención a haberse acreditado su fallecimiento.

ARTICULO 4º.- Absolver de las infracciones imputadas a los Sres. Arthur M. DE GRAFFENRIED y Hernán CIBILS ROBIROSA, por haber cesado en sus cargos al 31 de diciembre de 1997.

ARTICULO 5°.- Notifíquese a los sumariados con copia autenticada de la presente resolución, y a la BOLSA DE COMERCIO DE BUENOS AIRES S.A. para su publicación en el Boletín Diario de dicha entidad.

ARTICULO 6°.- Regístrese y publíquese en la página Web del Organismo www.cnv.gov.ar.

 

FIRMADO: Lic. Narciso MUÑOZ – Presidente; Dr. José Luis PUNGITORE – Director; Dr. Emilio FERRE – Director.