Resolución Nº 15.145

 

BUENOS AIRES, 11 de agosto de 2005

 

RESOLUCION Nº 15.145

 

                             VISTO el Expediente Nº 67/02 rotulado “BANCO GENERAL DE NEGOCIOS S.A. s/ seguimiento reuniones de directorio”; lo dictaminado por la Subgerencia de Coordinación Jurídica; conformidad prestada por la Gerencia de Fiscalización y Control, y

 

                             CONSIDERANDO:

                             1.- Iniciación del sumario

                             Que por Resolución Nº 14.124 del 21/02/02 esta COMISION NACIONAL DE VALORES (CNV) instruyó sumario a BANCO GENERAL DE NEGOCIOS S.A. (BGN); sus directores a la época de los hechos Sres. José ROHM, Carlos ROHM, Brian O’NEILL, Gerd HÄUSLER, David MULFORD, William HARRISON, Holger SOMMER, José A. MARTÍNEZ DE HOZ, Ernst-Moritz LIPP, Lukas MÜHLEMANN, Carlos PANDO CASADO, Héctor PUPPO, Heinz-Jörg PLATZEK, Alejandro DODERO, Adolfo ZUBERBÜHLER y Julio TIELENS; y síndicos a la época de los hechos Sres. Arturo LISDERO, Ricardo DEMATTEI y Eduardo CARIGLINO; por posible infracción a los artículos 73, 260 y 294 inciso 3° de la Ley de Sociedades Comerciales N° 19.550 (LSC) y artículo 54 inciso 2° del Código de Comercio (CCom) (fs. 105/107).

                             2.- Normas invocadas y cargos formulados

                             2.1.- Artículo 73, LSC

                             Que esta norma prescribe: “Deberá labrarse en libro especial, con las formalidades de los libros de comercio, acta de las deliberaciones de los órganos colegiados. Las actas del directorio serán firmadas por los asistentes. Las actas de las asambleas de las sociedades por acciones serán confeccionadas y firmadas dentro de los cinco días, por el presidente y los socios designado al efecto”.

                             Que este cargo se fundó en que:

                             a. el 07/01/02 se constató que el acta de Directorio N° 1347 del 19/11/01 no figuraba trascripta en el libro respectivo, en el que existían blancos en su lugar, y

                             b. las actas de fechas 21/08/98; 19/02/99; 23/04/99; 20/08/99; 04/02/00; 05/04/00; 25/08/00; 17/11/00, 27/04/01 y 19/11/01 no fueron suscriptas por la totalidad de los miembros del Directorio presentes.

                             2.2.- Artículo 260, LSC

                             Que esta norma prescribe: “El estatuto debe reglamentar la constitución y funcionamiento del directorio. El quórum no podrá ser inferior a la mayoría absoluta de sus integrantes”.

                             Que este cargo se fundó en que las reuniones de Directorio de BGN de fechas 21/08/98; 19/02/99, 23/04/99 y 05/04/00 se celebraron sin reunir el quórum establecido por la norma antes descripta y el artículo 14 de su Estatuto Social.

                             2.3.- Artículo 294 inciso 3°, LSC

                             Que esta norma prescribe: “Son atribuciones y deberes del síndico, sin perjuicio de los demás que esta ley determina y los que le confiera el estatuto: […] asistir con voz, pero sin voto, a las reuniones del directorio, del comité ejecutivo y de la asamblea, a todas las cuales debe ser citado”.

                             Que este cargo se fundó en que las reuniones de Directorio de fechas 21/08/98; 19/02/99; 23/04/99; 20/08/99; 04/02/00; 05/04/00; 25/08/00, 17/11/00 y 27/04/01 se celebraron sin contar con la presencia de miembro alguno del órgano de fiscalización.

                             2.4.- Artículo 54 inciso 2°, CCom

                             Que esta norma prescribe: “En cuanto al modo de llevar, así los libros prescriptos por el art. 44, como los auxiliares que no son exigidos por la ley, se prohíbe: […] dejar blancos ni huecos, pues todas sus partidas se han de suceder unas a otras, sin que entre ellas quede lugar para intercalaciones ni adiciones”.

                             Que este cargo se fundó en que el 07/01/02 se constató que el acta de Directorio N° 1347 del 19/11/01 no figuraba transcripta en el libro respectivo, en el que existían blancos en su lugar.

                             3.- Sustanciación del sumario

                             Que notificados de la Resolución de cargo (fs. 112/116, 174, 176/179 y 191/193), lo contestaron en debido tiempo los sumariados: (i) L. MÜHLEMANN (fs. 286/303) y ofreció prueba documental (fs. 200/285); (ii) D. MULFORD (fs. 391/411) y ofreció prueba documental (fs. 301/390); (iii) W. HARRISON (fs. 490/508) y ofreció prueba documental (fs. 412/489); (iv) B. O’NEILL (fs. 608/629) y ofreció prueba documental (fs. 512/607); (v) A. LISDERO, R. DEMATTEI y E. CARIGLINO (fs. 632/643) y ofrecieron prueba documental (fs. 643 vta.); (vi) C. PANDO CASADO por intermedio de los gestores procesales (art. 48, CPCCN) Dres. Enrique MUNILLA y Ezequiel ALTINIER (fs. 656); (vii) J. MARTÍNEZ DE HOZ, A. DODERO, A. ZUBERBÜHLER, H. PUPPO y J. TIELENS (fs. 662/682) y ofrecieron prueba documental (fs. 659/661); (viii) SOMMER (fs. 755/775) y ofreció prueba documental (fs. 700/754 y 776/799); (ix) E.-M. LIPP (fs. 818/820) y ofreció prueba documental (fs. 800/817), (x) G. HÄUSLER (fs. 918/937) y ofreció prueba documental (fs. 826/917); (xi) BGN (fs. 938/956) y ofreció prueba documental (fs. 659/661); y (xii) H.-J. PLATZEK (fs. 957/977) y ofreció prueba documental (fs. 978/1160).

                             Que por Disposición del 20/05/02 (fs. 1191/1198) notificada a los sumariados (fs. 1199/1204) se abrió el sumario a prueba y se produjo prueba informativa (fs. 1206/1444), clausurándose este período por Disposición del 23/09/02 (fs. 1447/1448) notificada a los sumariados (fs. 1449/1454).

                             Que presentaron memorial: (i) A. LISDERO, R. DEMATTEI y E. CARIGLINO (fs. 1960/1961 vta.); (ii) W. HARRISON (fs. 1962/1965); (iii); B. O’NEILL (fs. 1987/1991) (iv) G. HÄUSLER (fs. 2013/2016); (v) E.-M. LIPP (fs. 2017/2020); (vi) H.-J. PLATZEK (fs. 2021/2024); (vii) H. SOMMER (fs. 2025/2029); (viii) D. MULFORD (fs. 2050/2054); y (ix) L. MÜHLEMANN (fs. 2075/2078).

                             4.- Defensas planteadas. Su exposición y análisis

                             4.1.- Planteo de nulidad

                             Que con carácter previo se analizará el planteo de nulidad de la Resolución de cargo interpuesto por L. MÜHLEMANN (fs. 298); D. MULFORD (fs. 406); W. HARRISON (fs. 503); B. O’NEILL (fs. 624); H. SOMMER (fs. 770); G. HÄUSLER (fs. 932); y H.-J. PLATZEK (fs. 972).

                             Que estos sumariados afirman que el poder de policía de esta CNV no puede ser ejercido en forma irrazonable o arbitraria y que el límite de la actividad acusatoria de este Organismo está dado por la existencia de una relación inmediata entre la norma violada y los bienes tutelados por la Ley de Oferta Pública de Valores N° 17.811 (LOP).

                             Que también entienden que con la Resolución N° 14.124 esta CNV se introduce en aspectos ajenos a su competencia y viola el artículo 7° inciso a) de la Ley de Procedimientos Administrativos N° 19.549 (LNPA), incurriendo en la nulidad absoluta prevista en el artículo 14 inciso b), LNPA.

                             Que al respecto, cabe consignar que la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN (CSJN) in re “Servente y Cía.” (17/06/82, JA 1983-II-392) sostuvo que el artículo 6° de la LOP le asignó a esta CNV el ejercicio del poder de policía sobre las empresas cotizantes, las bolsas de comercio y los mercados de valores.

                             Que los artículos 6, 10, 12, 14 y 19 de la LOP atribuyen a esta CNV poderes de fiscalización de los actos llevados a cabo por las sociedades emisoras y facultades sancionatorias de toda conducta contraria a sus normas (CNACom, Sala B, 23/02/72, in re “Necchi Argentina S.A. s/ sumario”, en Boletín Informativo de esta CNV, N° 5/8, pág. 78).

                             Que cabe concluir de lo expuesto que la apertura de este sumario administrativo fue realizada en ejercicio del poder de policía que el legislador encomendó a este Organismo, a cuyas facultades reglamentaria, fiscalizadora, instructora y punitiva se someten voluntariamente los participantes en el régimen de oferta pública.

                             Que el dictado de la Resolución de cargo tampoco vulnera el artículo 7° de la LNPA, ya que la competencia de esta CNV para juzgar la conducta de los intervinientes en la oferta pública le fue expresamente otorgada por el legislador en un plexo de atribuciones de índole administrativa con un margen no arbitrario de discrecionalidad en el ejercicio de sus funciones (CSJN, in re “Small de Bello, Selva c/ COMISIÓN NACIONAL DE VALORES”, JA, 15/10/86, pág. 41).

                             Que por todo lo expuesto procede rechazar este planteo de nulidad.

                             4.2.- Síntesis de la cuestión debatida en autos

                             Que básicamente, las defensas interpuestas por los sumariados aducen que las reuniones de Directorio cuestionadas no eran tales, sino meras reuniones informativas con directores residentes en el exterior a fin de interiorizarlos sobre la marcha de los asuntos sociales.

                             Que en virtud de ello, y al no tratarse estrictamente de reuniones de Directorio, no les son aplicables en su opinión las reglas referidas a quórum y citación de síndicos; ni los documentos que las formalizan pueden ser considerados actas, por lo que no es obligatoria su trascripción en libros ni deben ellos necesariamente ser firmados por todos los asistentes.

                             Que planteada así la cuestión, procede el análisis de los principales argumentos expuestos en los descargos a fin de determinar si a tales reuniones les eran aplicables las reglas referidas a quórum, citación de síndicos, trascripción en actas confeccionadas en legal forma y debidamente volcadas al libro respectivo, el que a su vez debe ser llevado también en legal forma.

                             4.3.- Naturaleza de las reuniones cuestionadas

                             Que si bien asiste razón a D. MULFORD cuando señala a fs. 394/395 que nada impide que los directores participen de reuniones informativas, cuadra tener presente que el sentido último y útil de una reunión es el de tomar decisiones (Carlino, Bernardo. Reuniones a distancia. Rubinzal-Culzoni Editores. 2002: 108-109) y que el objeto de las reuniones reflejado en el texto de las actas cuestionadas excede sobremanera la mera información de las actividades de BGN a directores residentes en el exterior, por lo que les son aplicables las prescripciones de las normas citadas en la Resolución de cargo.

                             Que así, cabe citar a manera de ejemplo la aprobación por unanimidad “de la adquisición de un avión Cessna Citation II, año 1994, en aproximadamente u$s 4 millones”, decisión que consta reflejada en el acta labrada el 21/08/98 (fs. 12, 1er. párrafo); la ratificación por los Sres. directores presentes de las líneas de crédito que superan el 2,5% de la Responsabilidad Patrimonial Computable de BGN y sus correspondientes calificaciones (fs. 10, 3er. párrafo); y que sólo se propuso posponer la aprobación del proyecto de Private Equity porque no todos los socios habían podido evaluarlo, de lo que cabe inferir que de haber contado ellos con tiempo suficiente para dicho análisis también hubiera sido aprobado, no meramente informado (fs. 11, 2do. párrafo).

                             Que si bien todos los ejemplos precedentemente citados fueron extraídos de una misma acta, no se limitan a ella los casos en que se aprobaron determinados asuntos; en efecto: a. el acta del 19/02/99 consigna la aprobación en general y por unanimidad de un préstamo subordinado y del bono convertible ofrecido por IFC, de los términos y condiciones de su emisión y de los beneficios y razones por las cuales se recomendaría su aprobación en la siguiente Asamblea Ordinaria (fs. 20), y b. el acta del 23/04/99 consigna la adopción de un nuevo presupuesto (fs. 23).

                             Que cuanto antecede basta para rechazar la interpretación de fs. 399 respecto a que de la atenta lectura de las actas surge su naturaleza meramente informativa.

                             4.4.- Composición del Directorio

                             Que de la composición del Directorio de BGN en 1998, 1999 y 2000 (conforme resulta de fs. 53, 54 y 56, respectivamente) surge que la denominación “suplentes” empleada en 1998 para aludir a ciertos directores fue modificada por “alternos” en 1999 y 2000, no advirtiéndose que ello importe diferencia práctica alguna, máxime teniendo presente que a fs. 31 del Expediente N° 215/03 rotulado “Banco General de Negocios S.A. s/ seguimiento nóminas y fichas individuales” se identifica como “suplentes” a los mismos directores denominados “alternos” a fs. 56 de estas actuaciones; concluyéndose por ende que la denominación “alternos” o “suplentes” identifica indistintamente a aquellos directores que no son “titulares”.

                             Que lo afirmado a fs. 671 por A. ZUBERBÜHLER, J. MARTÍNEZ DE HOZ, A. DODERO, H. PUPPO y J. TIELENS (“[c]omo conoce esa Comisión es práctica frecuente en aquellas sociedades cuyo Directorio se encuentra conformado por miembros locales y extranjeros, muchos de los cuales ni siquiera son titulares, realizar reuniones informales (las cuales no siempre se transcriben a libro) a fin de tomar cabal y pleno conocimiento del curso de los negocios de la Sociedad”) no se corresponde con la realidad.

                             Que tampoco cabe admitir la tesis de los nombrados según la cual el Presidente y Vicepresidente de BGN debían trasladarse al exterior para informar a los directores suplentes ante su “imposibilidad […] de asistir en tal carácter a las reuniones de directorio locales” (fs. 674), ya que los directores suplentes no integran el Directorio sino por excepción.

                             Que así, el director suplente, por ser tal, posee una vocación jurídica potencial a reemplazar al director titular en la vacante de que se trata: “la hipótesis exige, cada vez que se da, una actividad jurídica concreta a desarrollar por los órganos competentes de la sociedad, que deben determinar la vacante y echar a andar, en consecuencia, el régimen legal que ha de aplicarse a fin de cubrir la misma” (Suárez Anzorena, Carlos. La vacancia del director y la reintegración del Directorio. Editorial Cangallo, pág. 17); es decir, que para que sea posible legalmente su intervención, debe en primer término ser declarada una vacante, nada de lo cual surge de estos actuados.

                             Que sin incluir al Presidente y Vicepresidente de BGN, sólo un tercio (1/3) de su Directorio residía en el exterior (en 1998, W. HARRISON, E.-M. LIPP y Lukas MÜLHEMANN; en 1999 y 2000, W. HARRISON, L. MÜLHEMANN y H.-J. PLATZEK), lo que se compadece con las previsiones del artículo 256 de la LSC, sin perjuicio de lo cual, cuadra formular ciertas observaciones respecto del lugar de celebración de las reuniones en las que participaron personas residentes en el exterior.

                             4.5.- Lugar de celebración de las reuniones de Directorio

                             Que respecto de esta cuestión -no expresamente regulada por la LSC- se ha concluido que la regla del artículo 233, párrafo 2° de dicho ordenamiento (la asamblea de accionistas debe reunirse en la sede o lugar que corresponda a la jurisdicción del domicilio social) es “aplicable a la reunión del directorio de la sociedad anónima, por la remisión que resulta del apartado 1° del Título Preliminar del Código de Comercio y art. 16 del Código Civil” (García, Oscar y Filippi, Laura. Reuniones de directorio de sociedad constituida en Argentina realizadas en el exterior, en Revista de las sociedades y concursos N° 11 – Julio/Agosto 2001: 109-122).

                             Que según estos autores, una interpretación sistemática de la LSC abona la conclusión precedente: así, el artículo 266 (la función del director –quien no puede votar por correspondencia- es personal e indelegable) “denota la preocupación del legislador por una conducción personalizada del negocio societario, [la que] se vería dificultada por la realización de reuniones fuera de la sede o lugar que corresponda a la jurisdicción del domicilio de la sociedad”.

                             Que queda claro pues que la conducción de los negocios sociales es de carácter personal, por lo que no resulta atendible el argumento según el cual las reuniones cuestionadas eran necesarias a fin de conocer la opinión de personas domiciliadas en el exterior con el objeto de adoptar decisiones propias de la conducción de los negocios sociales.

                             Que el artículo 256 de la LSC ratifica el carácter personal e indelegable del cargo, al exigir que la mayoría absoluta de los directores tenga domicilio real en este país, donde todos ellos deben constituir domicilio especial, lo que según la Exposición de Motivos de la Ley N° 22.903 obedece precisamente a que ellos tienen a su cargo la conducción diaria de firmas con sede en la República.

                             Que el aspecto precitado debe ser cuidadosamente evaluado al designarse directores residentes en el exterior, aún si formalmente la norma aquí examinada no impide la designación de un cierto número de ellos, en virtud de las dificultades prácticas que ello puede ocasionar, de lo que da cuenta la situación bajo estudio en estas actuaciones.

                             Que además, la convocatoria a reunión de Directorio por su Presidente dentro del exiguo término de cinco (5) días de requerido para ello por cualquier director, prevista en el artículo 267 de la LSC, también tiene presente el principio general de la sede como lugar efectivo de reunión.

                             Que finalmente, las normas que autorizan a la INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA (IGJ) a fiscalizar las reuniones de Directorio con carácter excepcional o a requerimiento de parte interesada parten también de la base que dichas reuniones acontecen en la sede social o lugar que corresponda a su jurisdicción.

                             Que a igual conclusión arriba Zaldívar, quien afirma –según refiere Martorell- que “la regla será que el órgano de administración se reunirá en la ‘sede social’, o sea el lugar exacto de una ciudad o población determinada en donde funcionan la administración y el gobierno de la compañía”; no obstante lo cual, y “[p]ese a que el art. 256, 2ª parte, dispone que ‘la mayoría absoluta de los directores debe tener domicilio real en la República’, ello no implica que no se pueda realizar reuniones válidas del directorio en el extranjero, las cuales, si son efectuadas en situación de excepción y se ajustan a los recaudos estatutarios, no podrán ser objetadas”(Martorell, Eduardo. Los directores de sociedades anónimas. Ediciones Depalma. 1994: 326) (el subrayado no consta en el original).

                             Que por ende, cabe entender que tales reuniones en el exterior sí podrán ser cuestionadas si lejos de celebrarse excepcionalmente tienen lugar en forma habitual, sistemática, lo que ha sido el caso en autos, conforme se explica más adelante.

                             Que sentado cuanto antecede, cabe examinar el fundamento esgrimido para justificar las reuniones celebradas en el exterior (a excepción de la que tuvo lugar en Córdoba el 17/11/00) cuestionadas en estos actuados.

                             Que a este respecto, C. ROHM y J. ROHM alegan a fs. 694 la necesidad de informar a los directores extranjeros “el curso de los negocios de la Sociedad y de requerir su opinión sobre acciones futuras, cuando no pueden concurrir a las reuniones que se celebran en el país [… de forma de permitir] el cabal y pleno conocimiento de los Directores y representantes de los socios extranjeros de los negocios y marcha de la sociedad”; mientras que a fs. 673 J. MARTÍNEZ DE HOZ, A. DODERO, A. ZUBERBÜHLER, H. PUPPO y J. TIELENS se pronuncian en el mismo sentido (“los Directorios de entidades abiertas […] están compuestos por directores locales y extranjeros que, cuando no pueden concurrir,…”).

                             Que cabe desestimar la alegada imposibilidad de concurrencia a las reuniones celebradas en este país, ya que las celebradas en el exterior eran fijadas con mucha anticipación: así, por ejemplo, el acta del 23/04/99 consigna que en dicha reunión se fijaron “las fechas y lugares de las reuniones que se celebraran con los Directores del exterior durante el año 2000” (fs. 23).

                             Que ello permite desechar las explicaciones brindadas a fs. 691 en punto a que “se realizaban reuniones en el extranjero, cuando dichos miembros [se refiere a los del Directorio] no podían participar de las reuniones celebradas en el país”, porque ya en abril de 1999 se decide como regla general que los directores residentes en el exterior no habrían de participar en las reuniones en la República Argentina durante el año 2000; y efectivamente, sólo la del 17/11/00 tuvo lugar en Córdoba, mientras que la del 04/02/00 tuvo lugar en St. Moritz, Suiza; la del 05/04/00, en Nueva York, EE.UU., y la del 25/08/00, en Berlín, Alemania.

                             Que la programación de reuniones en el exterior con una considerable antelación, lejos de obedecer a un caso aislado o a una situación de carácter excepcional, como parecerían indicar las defensas ensayadas en los descargos, era el curso de acción habitual cuando participaban personas residentes en el exterior: así, y tal como surge de fs. 44, el 17/11/00 se reconfirmó la realización de la reunión del 1 al 4 de febrero en St. Moritz, Suiza; la de Nueva York, EE.UU., se postergó para el 26 al 29 de abril; y se fijaron la del 23 al 26 de agosto en Escocia y la del 15 al 17 de noviembre en el área del Mercosur.

                             Que al mismo tiempo, también de fs. 44 surge que ya el 17/11/00 H. SOMMER propuso realizar alguna de las reuniones del año 2002 en Alemania, lo cual fue agradecido y aceptado por los presentes; y por otra parte, el 27/04/01 se reconfirmó que la reunión del 23 al 26 de agosto tendría lugar en Escocia y la del 15 al 17 de noviembre, en el área del Mercosur (fs. 48).

                             Que por lo expuesto y con respaldo en la interpretación que sobre el particular ha realizado la doctrina anteriormente trascripta, no cabe sino rechazar la metodología de celebrar permanentemente reuniones de Directorio en el exterior implementada por BGN, ya que ellas sólo pueden ser admitidas con carácter de excepción.

                             4.6.- Quórum

                             Que “[s]iendo el quórum de la mayoría absoluta de los directores un requisito legal para la constitución válida del directorio, se sigue de ello que las deliberaciones y resoluciones adoptadas en infracción del requisito de constitución estarán viciadas de nulidad (Verón, Alberto Víctor. Manual de sociedades comerciales. Tomo III. Errepar. 1998: 1568).

                             Que conforme a dicha interpretación, no se sigue de la falta de quórum la inexistencia de la reunión de Directorio (argumento introducido por D. MULFORD, especialmente a fs. 397/398), sino que a su respecto podrá eventualmente invocarse la nulidad de dicho acto.

                             Que clarificada dicha cuestión, corresponde analizar a continuación la situación referida a las reuniones impugnadas por falta de quórum en la Resolución de cargo N° 14.124:

21/08/98: únicamente participan como directores titulares J. ROHM, C. ROHM y W. HARRISON (B. O’NEILL y G. HÄUSLER, también asistentes, eran a esa fecha directores suplentes): proporción de directores titulares asistentes sobre el total de directores titulares: 3/11.

19/02/99: únicamente participan como directores titulares J. ROHM y C. ROHM (B. O’NEILL y D. MULFORD, también asistentes, eran a esa fecha directores suplentes): proporción de directores titulares asistentes sobre el total de directores titulares: 2/11.

23/04/99: únicamente participan como directores titulares J. ROHM y C. ROHM (B. O’NEILL y D. MULFORD, también asistentes, eran a esa fecha directores suplentes): proporción de directores titulares asistentes sobre el total de directores titulares: 2/11.

05/04/00: únicamente participan como directores titulares J. ROHM y C. ROHM (B. O’NEILL y G. HÄUSLER, también asistentes, eran a esa fecha directores suplentes): proporción de directores titulares asistentes sobre el total de directores titulares: 2/11.

                             Que es dable advertir que en ninguno de los casos el quórum se acercó siquiera remotamente a la mayoría absoluta de directores titulares exigida por el artículo 260 de la LSC, por lo que se considera acreditada en autos la infracción a dicha norma.

                             Que a manera de consideración final, se destaca que similares proporciones a las antes detalladas de directores titulares asistentes sobre el total de directores titulares se verificaron en el resto de las reuniones identificadas en la Resolución N° 14.124, aún cuando no se las haya señalado allí expresamente como posiblemente infractorias del artículo 260 de la LSC.

                             4.7.- Formalidades de las actas y del libro respectivo

                             Que cabe recordar que estos cargos se formularon porque:

a. Artículo 73, LSC: (i) el 07/01/02 se constató que el acta de Directorio N° 1347 del 19/11/01 no figuraba transcripta en el libro respectivo, en el que existían blancos en su lugar; y (ii) las actas de fechas 21/08/98; 19/02/99; 23/04/99; 20/08/99; 04/02/00; 05/04/00; 25/08/00; 17/11/00, 27/04/01 y 19/11/01 no fueron suscriptas por la totalidad de los miembros del Directorio presentes; y.

b. Artículo 54 inciso 2°, CCom: el 07/01/02 se constató que el acta de Directorio N° 1347 del 19/11/01 no figuraba transcripta en el libro respectivo, en el que existían blancos en su lugar.

                             Que si bien la omisión identificada precedentemente en a (i) y b (al igual que el resto de las irregularidades aquí examinadas) fue calificada fs. 690 vta., 3er. párrafo como “supuesta” –ello, no obstante que fue constatada por acta suscripta por funcionarios de esta CNV y de BGN (fs. 5/7)-, su ocurrencia fue reconocida por los sumariados (“las hojas [del libro correspondiente] estaban en blanco”, fs. 698 in fine), quienes simplemente intentaron restarle trascendencia por tratarse de una única acta, haberse subsanado posteriormente (sin aclarar en qué fecha), tratarse de la primera oportunidad en que se verificó ese tipo de omisión y ser a su entender de carácter meramente formal (fs. 698/vta.).

                             Que en lo que concierne a la omisión señalada en a (ii) y sin perjuicio de trascribirse posteriormente algunas de las apreciaciones formuladas sobre este particular, básicamente los sumariados sostienen en sus descargos que no les eran aplicables a estas actas (que entienden no eran tales, y precisamente por ello) todos los requisitos formales exigibles a las actas de Directorio.

                             Que para analizar la cuestión planteada cabe recordar el concepto genérico de actas, que “constituyen la materialización de actos realizados en ámbitos jurídicos de la sociedad –órganos de gobierno, representación y administración o de control- que, por disposición del derecho objetivo se extienden en un libro especial. Se redactan de acuerdo con determinadas formalidades y dentro de los límites de la competencia del órgano social; se extienden en el libro del órgano correspondiente y conforman una síntesis de los acontecimientos realmente ocurridos (García Tejera, Norberto J. Libros especiales y actas de sociedades anónimas (I). Cuestiones generales. El Derecho, Jurisprudencia general. 1994. Tomo 158: 1099-1107).

                             Que prosigue refiriendo este autor que las actas “deben estar contenidas en el libro pertinente, debidamente habilitado por el Registro Público de Comercio. Exigencia que conlleva la necesidad de dar cumplimiento a los requisitos extrínsecos e intrínsecos de los libros de comercio, art. 73, 2do. párrafo de la ley; formalidades que se complementan con el recaudo de contar con la firma de todas las personas que estuvieron presentes o de las designadas a tal fin”.

                             Que García Tejera trascribe además argumentos de la sentencia del 13/02/80 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial (CNCom), Sala C, in re “Serviacero S.A.” (LL 1980-B-396): “El libro del art. 73 L.S.C. es un libro de comercio en el sentido del art. 44 del Código de Comercio […] El acta debe labrarse [… en] libro especial art. 73 L.S.C. De suerte que en nuestro derecho objetivo, un documento labrado separadamente aunque lleve la firma de los legitimados, no será acta de asamblea sin perjuicio de que pueda asignársele alguna eficacia probatoria, conforme las circunstancias del caso. La exigencia de confección del acta en un libro reposa fundamentalmente sobre dos razones: a) su asiento en un libro es un medio por el que se tiende a impedir sustituciones,…”.

                             Que también recuerda dicho autor que la CNCom, Sala C, tuvo oportunidad de señalar el 11/10/83 in re “Alvareda Antonio Alegre c. Cuerson S.A. y otros” que la “falta de cumplimiento del art. 73 L.S.C. en cuanto estatuye que las actas de directorio serán firmadas por los asistentes, trae como consecuencia su ineficacia, aunque hubieren estado presentes los directores con adecuado quórum”, concluyendo de ello que “las formas de las actas, así como el cumplimiento de los requisitos legales que resultan de la ley e interpretación jurisprudencial, afectan en principio la validez del acto”.

                             Que si las formas comprometen la eficacia o validez del instrumento, ello permite al mismo tiempo descartar que el acto al cual se refieren pueda ser calificado de inexistente, ya que eventualmente será nulo o anulable.

                             Que la imposibilidad de predicar la inexistencia del acto por defectos formales también resulta del hecho que -según García Tejera- las actas no tienen forma legalmente reglamentada, por lo que este aspecto se rige por la norma del artículo 73 de la LSC complementada con el uso y la costumbre, concluyendo así que las actas “son instrumentos no formales –la ley no lo establece- y por ende tampoco solemne. Los requisitos introducidos por los usos y costumbres no modifican la calificación de no formal”.

                             Que en lo que concierne al libro de actas de Directorio, es aquél “en el que se asientan las deliberaciones y resoluciones del órgano de administración, que es firmado por sus integrantes y el o los síndicos, art. 73”, siendo dable advertir en esta definición que si el acta en cuestión luce agregado en el libro respectivo debe contener resoluciones (es decir, decisiones, no meras informaciones) adoptadas por el Directorio, y que tales instrumentos deben estar firmados por todos los asistentes y también por los síndicos, lo que no ocurrió en los casos aquí analizados.

                             Que “[e]l libro de actas de directorio debe respetar las formalidades extrínsecas exigidas por el Cód. de Com., a saber: encuadernación; foliatura e inscripción registral y las formalidades intrínsecas: orden progresivo; no dejar blancos ni huecos; no hacer intercalaciones ni adiciones; no hacer raspaduras, enmiendas, tachaduras, mutilaciones y alteraciones; tener en cuenta la delegación de la registración y el idioma de los libros. Además, es preciso indicar en él que se trata del libro de actas del directorio; las actas deben individualizarse numéricamente y datarlas consignando encabezamiento, lugar, día, mes y año en que se celebra la reunión (Verón, Alberto Víctor. Sociedades comerciales. Ley 19.550 y modificatorias comentada, anotada y concordada. Tomo I. 1993: 720).

                             Que este autor agrega que “[e]l art. 73 dispone que las actas de los cuerpos colegiados, como el directorio, sean firmadas por todos los que asistieron a la reunión…

                             Que por su meridiana claridad, las consideraciones que anteceden bastan para dar por tierra con los argumentos esgrimidos en las defensas contrarios a la posible existencia de infracción a los artículos 73 de la LSC y 54 inciso 2° del CCom y permiten rechazar la opinión de fs. 696 vta. referida a que “[e]l hecho de que las actas cuestionadas se encuentren pasadas al libro de actas de directorio no implica que las mismas deban reunir los requisitos formales exigidos por la ley para la celebración de las reuniones de Directorio, y no se deriva de ello que el hecho de que no reúnan tales requisitos, implique una infracción”.

                             Que en efecto, y al margen de que la calificación de actas cuestionadas antes trascripta importa de por sí la atribución por los sumariados de tal carácter (cuestionadas por esta CNV, pero actas al fin), no pueden ser sino actas los instrumentos insertos en un libro precisa y apropiadamente denominado “de actas de Directorio”.

                             Que por otra parte, las actas deben ser individualizadas numéricamente, aspecto que no fue omitido en ninguno de los instrumentos en examen, por lo que si no se trataran de actas de Directorio verdaderas, cabe concluir que tales instrumentos carecerían de numeración, la que debería estar reservada correlativamente (sin intercalaciones ni adiciones) para las que en opinión de los sumariados constituyen actas propiamente dichas.

                             Que siguiendo con esta línea de análisis, debería por consiguiente constatarse la existencia de sendos instrumentos identificados bajos los números 1147, 1180, 1197, etc. (uno, asignado a las actas verdaderas y otro, a aquéllas que en opinión de uno de los sumariados serían inexistentes; es decir, actas que, pese a estar encabezadas por la palabra acta, numeradas y pasadas en un libro de actas, no serían actas), lo que ciertamente no es el caso de autos.

                             Que las explicaciones brindadas referidas a las razones por las cuales se transcribieron actas que no serían tales al libro respectivo de BGN son diversas: así, mientras que a fs. 392 se manifiesta “desconoce[r] las causas y/o los motivos que impulsaron a los directores firmantes de las mismas a disponer su transcripción en los Libros de Actas de Directorio”, a fs. 670 se aduce que ello “ha obedecido a la necesidad de dejar constancia por escrito no sólo de las reuniones de Directorio celebradas cumpliendo con las formalidades y requisitos establecidos por la Ley de Sociedades Comerciales y el Estatuto Social, sino también de aquellas reuniones que fueron realizadas por ciertos miembros del Directorio residentes en el exterior”.

                             Que no se advierte a este respecto cuál es la necesidad de dejar constancia de reuniones que en opinión de los sumariados no constituían formalmente reuniones de Directorio, siendo que como se consigna a fs. 696 vta. “las actas cuestionadas se transcribían al libro de actas de Directorio en forma voluntaria”.

                             Que en cuanto a la afirmación de que no siempre las reuniones informales se trascriben a libro de Actas de Directorio, esta CNV desconoce (al margen de la aquí analizada) alguna otra situación en que reuniones que se alegan informales hayan sido trascriptas, lo cual permite inferir que si determinadas actas fueron transcriptas es porque efectivamente reflejaron reuniones de Directorio.

                             Que a fs. 676 se considera lógica “la formalidad dada a estas reuniones mediante su transcripción en el libro de actas de Directorio… pues le otorga a las mismas el formato similar a las actas de Directorio, por una cuestión de uniformidad”, no obstante lo cual, en opinión de los sumariados no se deriva de ello “una imposición a esta Sociedad de la obligación de reunir todos los requisitos formales de las actas de Directorio”.

                             Que al respecto, cabe señalar que si lo que se persiguió fue dotar de uniformidad a los instrumentos incorporados en el libro de actas, todos ellos debieron cumplir las mismas formalidades, ya que lo contrario importaría cumplir con las formalidades respectivas únicamente cuando ello es juzgado procedente o conveniente por las partes, lo que no es posible en virtud de lo expuesto precedentemente respecto de la no disponibilidad de las formas de los libros societarios.

                             Que se explica también a fs. 676 que “las actas se encuentran firmadas sólo por los Sres. Rohm, ya que el resto de los asistentes del exterior no las firman. Esto es lógico debido a que al momento de ser pasadas al libro existía imposibilidad fáctica de que las firmasen el resto de los asistentes a esas reuniones por encontrarse en el exterior”.

                             Que sin embargo, y pese a que no fue incluida en la Resolución N° 14.124 del 21/02/02, cabe advertir que el acta Nº 1168 (fs. 13/16) -que da cuenta de una reunión en la ciudad de Rosario en la que se consigna además de la asistencia de C. ROHM y J. ROHM la de C. PANDO CASADO, D. MULFORD, B. O’NEILL y J. TIELENS, y la de A. LISDERO por la Comisión Fiscalizadora- también fue firmada sólo por C. ROHM y J. ROHM, lo que permite desestimar el argumento referido a la imposibilidad fáctica de que el resto de los asistentes firmen también las actas por encontrarse en el exterior, ya que en al menos una ocasión en que la reunión tuvo lugar en la República Argentina tampoco tuvieron a bien firmar el acta respectiva.

                             Que por no haber sido este acta materia de cargo, no se analizan aquí cuestiones tales como que sólo asistieron tres (3) sobre un total de once (11) directores titulares y sus implicancias respecto del quórum; ni que el fundamento de estas reuniones informativas obedecía a que sólo tenían por objeto informar a los directores del exterior “cuando no pueden concurrir a las reuniones que se celebran en el país” (fs. 694); y que por ello los directores locales no concurrían a tales reuniones (fs. 670), pese a que de fs. 13 resulta que en este acta participaron un director titular (C. PANDO CASADO), uno suplente (J. TIELENS) y un integrante de la Comisión Fiscalizadora (A. LISDERO); todos ellos, locales.

                             Que aún si por vía de hipótesis se admitiera que ellas no constituían en realidad reuniones de Directorio generadoras del deber jurídico de respetar las normas pertinentes reputadas prima facie transgredidas en la Resolución de cargo -argumento que se rechaza enfáticamente y que sólo se transcribe al simple efecto de su análisis-, no se seguiría como lógica consecuencia de ello que los sumariados pudieran seleccionar libremente aquellas formalidades que juzgaran más convenientes al confeccionar los documentos que reflejen tales reuniones.

                             Que en efecto, y sin perjuicio de remitir a las consideraciones ya expuestas respecto de la no disponibilidad de las formas de los libros de actas (ya que la jurisprudencia los ha equiparado a los libros de comercio, cuyas formas no son disponibles en aras de la seguridad del tráfico comercial), cabe agregar que es a todas luces evidente que la confusión que tal proceder introduciría en los libros societarios lejos estaría de brindar “un marco adicional de transparencia y publicidad… en grado muy alto” (fs. 697); tanto es así que “el legislador, en resguardo del interés general y para seguridad del comercio, ha establecido las formas externa e interna que deben respetarse en la teneduría de esos instrumentos (García Tejera, ob. cit., pág. 1100).

                             Que a fin de completar el estudio del argumento de fs. 670 antes trascripto, se remite al análisis efectuado en 4.4. respecto del carácter de “miembros del Directorio residentes en el exterior” de ciertos participantes en las reuniones cuestionadas, reiterándose aquí que únicamente revistieron tal carácter W. HARRISON en las reuniones del 21/08/98 y 04/02/00; L. MÜLHEMANN en las del 20/08/99 y 04/02/00, y H.-J. PLATZEK en la del 25/08/00.

                             Que finalmente, en cuanto al incumplimiento identificado al comienzo de esta sección como a (i) y tal como se reconoce a fs. 398, la totalidad de las actas “se encuentran firmadas sólo por dos directores”, lo que basta para confirmar la configuración de infracción respecto de este particular.

                             Que en síntesis, en virtud de las consideraciones hasta aquí transcriptas y con respaldo en la doctrina y jurisprudencia oportunamente citadas, se consideran acreditadas las infracciones a los artículos 73 de la LSC y 54 inciso 2° del CCom.

                             4.8.- Citación a los síndicos

                             Que de cuanto se lleva explicado hasta aquí y en particular del análisis efectuado en 4.3., cabe concluir que conceptualizadas las reuniones bajo examen como reuniones de Directorio, se sigue sin dificultad alguna que les son aplicables la totalidad de las normas mencionadas en la Resolución de cargo, incluido naturalmente el artículo 294 inciso 3° de la LSC.

                             Que por ello, no resultando su citación de la documentación agregada en autos se considera acreditada la infracción a la norma precedentemente indicada, rechazándose desde ya en forma categórica que ello pueda importar -conforme se sostiene a fs. 397- causal de inexistencia del acto en cuestión (sobre este particular véase además el análisis efectuado en 4.9.1. b).

                             Que adicionalmente, y lejos de reforzar una actitud consciente del Presidente de BGN que ratifica el carácter meramente informativo de las reuniones impugnadas, conforme aduce D. MULFORD a fs. 397 (razonamiento endeble, ya que los síndicos tienen también la atribución y el deber de ser informados por imperio del art. 294, inc. 3°, LSC; además, sí concurrieron a ciertas reuniones personas que no revestían siquiera el carácter de directores o síndicos), la reiterada constancia en actas de la ausencia de miembros de la Comisión Fiscalizadora en ellas no hace sino reforzar su carácter de reuniones de Directorio.

                             Que si tal no hubiera sido su naturaleza y a fin de ser consistentes con su argumento de que por ende no debían cumplir al pie de la letra con todos los requisitos formales impuestos a las actas que reflejan reuniones de Directorio por no estar legalmente obligados a ello, en el curso normal de las cosas los sumariados directamente no habrían hecho mención a una cuestión absolutamente irrelevante en tales circunstancias; en otras palabras, si en verdad ellas fueron de carácter informal, no se advierte la necesidad de dejar constancia en ciertas actas de la ausencia de integrantes de la Comisión Fiscalizadora (fs. 8, 17, 21, 24, 27, 31, 36, 40, 45).

                             Que pese a no figurar entre las actas cuestionadas en la Resolución de apertura de sumario, consta en el acta del 01/12/98 (fs. 13) la presencia de A. LISDERO en representación de la Comisión Fiscalizadora, lo que demuestra que no existió en realidad una política consciente de no citación de los síndicos.

                             4.9.- Consideraciones adicionales

                             Que en esta sección se agrupa el análisis de cuestiones incidentales planteadas por los sumariados, a saber:

                             4.9.1.- Acto inexistente

                             Que D. MULFORD centra su defensa (fs. 391/411) en la teoría del acto inexistente, con arreglo a la cual concluye que pese a ser transcriptas en el libro respectivo, las actas impugnadas no revisten las características mínimas exigidas por la LSC, por lo que en consecuencia no alcanzan la naturaleza de acto jurídico y carecen de virtualidad, validez, sanción o efecto alguno ni entre partes ni frente a terceros (fs. 401).

                             Que estrictamente “sólo puede hablarse de actos inexistentes en casos extremos”, cuadrando advertir además que “[l]a teoría del acto inexistente no ha encontrado buena acogida en la mayor parte de nuestros autores”, cuya mayor aplicación práctica parece radicar en el caso de matrimonios, (Borda, Guillermo. Tratado de derecho civil – Parte general. LexisNexis – Abeledo Perrot. 1999 D.- Actos inexistentes), materia por cierto ajena a la cuestión aquí analizada.

                             Que el citado autor aclara expresamente que “[l]a falta de la forma exclusivamente ordenada por la ley no basta, en principio, para considerar inexistente el acto”; conclusión que con más razón se aplica a las actas, por tratarse de instrumentos no formales –la ley no lo establece- y por ende tampoco solemnes: los requisitos introducidos por los usos y costumbres no modifican su calificación de no formal.

                             Que sin perjuicio de lo expuesto, cabe analizar someramente los fundamentos básicos de la postura a favor de la inexistencia del acto reflejado en las actas, los que como ya se anticipó, obedecerían a la carencia de requisitos mínimos exigidos por la ley; así: a. los directores no habrían sido convocados a las reuniones con los recaudos de lugar, día, hora de celebración y temario a tratarse; b. el Presidente de BGN omitió conscientemente citar a los síndicos (lo que explicaría que se dé cuenta de su ausencia en las actas); c. las actas reflejan la inexistencia de quórum y número de firmas legalmente exigibles, y d. no se refleja la existencia de votaciones dada la naturaleza meramente informativa de las reuniones.

                             Que respecto de a, cabe precisar que sí constan recaudos de lugar y día (véase el punto 4.5. en lo referente a reconfirmaciones de reuniones y su remisión a fs. 44 y 48); y por lo demás, se reconoce a fs. 397 que las actas incluyen un orden del día, de donde aún si fuera cierto que los directores no precisaron el temario a tratarse, no se advierte la ocurrencia de perjuicio alguno (ni hay referencia alguna siquiera tangencial a ello en las actas) emergente de tal proceder.

                             Que lo manifestado en b no constituye sino un reconocimiento de la propia vulneración del artículo 294 inciso 3° de la LSC, sin perjuicio de lo cual se remite además a las apreciaciones formuladas en el punto 4.8. precedente.

                             Que finalmente en cuanto a c, tampoco dichos extremos constituyen causal de inexistencia del acto (en este sentido, véanse las secciones 4.6. -en particular, sus dos primeros párrafos- y 4.7.) y con relación a lo consignado en d, cabe remitirse a lo ya explicado en el punto 4.3. en cuanto respecta a la naturaleza de las reuniones cuestionadas.

                             Que finalmente, cabe reiterar -sobre la base de lo manifestado por la Sala C in re “Alvarez Antonio Alegre c. Cuerson S.A. y otros”- que las formas de las actas afectan en principio tan sólo la validez del acto, lo que implícitamente excluye la impugnación de su existencia.

                             4.9.2.- Corporate Governance

                             Que J. MARTÍNEZ DE HOZ, A. DODERO, A. ZUBERBÜHLER, H. PUPPO y J. TIELENS (FS. 670); y C. y J. ROHM (fs. 696) hacen hincapié en el “plus de transparencia” que resultaría de la trascripción en el libro de actas de BGN de documentos relacionando el contenido de reuniones que formalmente habrían carecido a su entender del carácter de reuniones de Directorio y cuya trascripción por ende no era estrictamente exigible desde el punto de vista legal.

                             Que más específicamente, los primeros manifiestan que el procedimiento así implementado “pone en práctica de algún modo la aplicación del principio de transparencia en el quehacer cotidiano de las sociedades abiertas” y relaciona tales conductas con “las más modernas prácticas de gobierno corporativo (corporate governance)”, a cuyo debido respeto se habrían encaminado (fs. 677/678).

                             Que en virtud de dicha mención y por su directa vinculación con la materia en estudio, se entiende pertinente identificar aquí otros principios que rigen en la materia resultantes del Código de Mejores Prácticas de Gobierno de las Organizaciones para la República Argentina (el Código), preparado por el Instituto Argentino para el Gobierno de las Organizaciones (IAGO), disponible en www.iago.org.ar; documento que, si bien de adhesión voluntaria y en etapa de consulta, procura reflejar las más modernas prácticas de buen gobierno societario y cuyo punto 1.5.2 (que se analiza a continuación) en la práctica no hace más que precisar y desarrollar el deber de diligencia de los directores ya previsto desde 1972 en el artículo 59 de la LSC e identificar diversas conductas que cada director debe seguir en concreta aplicación de dicho deber.

                             Que así, el citado punto 1.5.2 del Código establece que cada director deberá:

a. Dedicar el tiempo y esfuerzo necesarios para seguir en forma regular las cuestiones que plantea la administración de la compañía, recabando la información suficiente para ello y la colaboración o asistencia que considere oportuna;

b. Participar activamente en las reuniones y actividades del Directorio y de sus comités, cumplir con las tareas asignadas, informarse en tiempo y forma de las cuestiones de su competencia, expresar claramente su opinión, e instar a los restantes directores a tomar las decisiones que considere más favorables para la defensa del interés social. En caso de ausencia justificada procurará instruir al director que, en su caso, lo represente;

c. Solicitar la constancia en actas de su posición cuando lo considere más conveniente para la tutela del interés social;

d. Instar la convocatoria a reuniones del Directorio cuando lo estime pertinente y la inclusión en el orden del día de aquellos asuntos que considere convenientes;

e. Solicitar la información que estime necesaria, incluyendo aquélla necesaria para completar la que se le haya suministrado, de forma que pueda alcanzar un juicio objetivo e independiente sobre las cuestiones que se le sometan.

                             Que cabe advertir el contraste entre la conducta que es dable esperar de un director diligente y aquéllas verificadas en autos; así, a fs. 670 se destaca la “actitud de pasividad” adoptada por los directores locales que no concurrían a las reuniones con los directores extranjeros respecto de la trascripción de las actas a los libros y se expresa que ello, lejos de configurar una infracción a las formalidades, “era entendido como un ‘elevado nivel de formalismo’”.

                             Que empero, y conforme resulta del precedente punto b, las mejores prácticas de buen gobierno societario exigen a los directores no precisamente pasividad, sino su participación activa en las reuniones y demás actividades del Directorio, y también que expresen claramente su opinión, por lo que cabe rechazar las explicaciones brindadas a fs. 670.

                             Que en síntesis, resulta obvio que las mejores prácticas en el buen gobierno de las sociedades requiere por parte de los directores una actitud diligente, de permanente participación en las reuniones de Directorio, de recolección de toda la información que juzguen pertinente y necesaria a fin de formarse un juicio objetivo, imparcial e independiente respecto de la marcha de la entidad cuya administración les fue conferida, debiendo en todo momento expresar su opinión fundada respecto de los asuntos a su consideración.

                             Que resulta desde todo punto de vista evidente por consiguiente que tales obligaciones requieren la presencia constante de los directores en la jurisdicción donde la sociedad desarrolla sus actividades principales (arg. art. 256, LSC).

                             4.9.3.- Delegación de la Presidencia

                             Que según J. MARTÍNEZ DE HOZ, A. DODERO, A. ZUBERBÜHLER, H. PUPPO y J. TIELENS (FS. 675); y JOSÉ E. ROHM y C. ROHM (fs. 696), el carácter meramente informativo de las reuniones cuestionadas estaría confirmado por el hecho que J. ROHM no actuó en ellas como Presidente de BGN, puesto que había delegado tal función.

                             Que no obstante, tal explicación se ve desvirtuada en estas actuaciones al menos tres veces: a. que J. ROHM actuó en carácter de Presidente de BGN surge de la lectura de las constancias de fs. 8, 12, 13, 15, 17, 20, 21, 24, 27, 31, 36, 40, 44, 45 y 48; b. en el análisis de las actas en cuestión efectuado a fs. 665/668 se consigna expresamente entre los asistentes a “los Sres. José E. Rohm (Presidente), Carlos Rohm (Vicepresidente)”; y c. el descargo de los propios J. ROHM y C. ROHM consigna a fs. 695 que “las actas objeto del presente sumario constituían reuniones entre mis representados en su carácter de Presidente y Vicepresidente del BGN”; por lo que cuadra rechazar esta defensa.

                             5.- Sanción

                             Que tal como se consignó precedentemente al analizar cada cargo en particular, procede considerar acreditadas las infracciones a los artículos 73, 260 y 294 inciso 3° de la LSC, y artículo 54 inciso 2°, CCom., irregularidades éstas que exceden lo meramente formal por constituir conductas disvaliosas con aptitud para afectar la confianza en el mercado de capitales, apartarse en forma flagrante de expresas normas de la LSC -inadmisibles en una sociedad que recurre al ahorro del público- y evidenciar una grosera ligereza en la gestión societaria.

                             Que a fin de seleccionar la sanción a aplicar corresponde tener presente además que por Resolución Nº 14.365 del 05/12/02 dictada en el Expediente Nº 706/02 rotulado “BANCO GENERAL DE NEGOCIOS S.A. s/ presentación de balance” dicha entidad ya fue apercibida por la infracción acreditada al artículo 1º inciso b) del Capítulo XXIII de las Normas (N.T. 2001).

                             Que en virtud de todo lo hasta aquí expuesto, corresponde aplicar a BANCO GENERAL DE NEGOCIOS S.A. la sanción de multa prevista en el artículo 10 inciso b) de Ley de Oferta Pública de Valores N° 17.811 (sustituido por art. 39, Dto. Nº 677/01), cuyo monto se estima procedente fijar en la suma de PESOS UN MILLON ($1.000.000), equivalente a dos tercios (2/3) del máximo previsto en esa norma, siendo ajeno a este procedimiento su distribución entre los sumariados en virtud de lo establecido en el caso “Flaiban S.A.” (CNAC, Sala B, 30/10/70, J.A. Serie Contemporánea, T° 10, abril-junio 1971, pág. 37/40).

                             Que dicha multa deberá ser efectivizada en la persona de los directores a la época de los hechos Sres. José ROHM, Carlos ROHM, Brian O’NEILL, Gerd HÄUSLER, David MULFORD, William HARRISON, Holger SOMMER, José A. MARTÍNEZ DE HOZ, Ernst-Moritz LIPP, Lukas MÜHLEMANN, Carlos PANDO CASADO, Héctor PUPPO, Heinz-Jörg PLATZEK, Alejandro DODERO, Adolfo ZUBERBÜHLER y Julio TIELENS; y síndicos a la época de los hechos Sres. Arturo LISDERO, Ricardo DEMATTEI y Eduardo CARIGLINO, en forma solidaria, dentro del plazo de QUINCE (15) días hábiles a partir de la notificación de esta Resolución.

                             Que la presente se dicta en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 10 y 12 de la Ley Nº 17.811.

 

                             Por ello,

LA COMISION NACIONAL DE VALORES

RESUELVE:

ARTICULO 1º.- Rechazar el planteo de nulidad de la Resolución Nº 14.124 del 21/02/02 interpuesto por los Sres. Lukas MÜHLEMANN (fs. 298); David MULFORD (fs. 406); William HARRISON (fs. 503); Brian O’NEILL (fs. 624); Holger SOMMER (fs. 770); Gerd HÄUSLER (fs. 932); y Heinz-Jörg PLATZEK (fs. 972).

ARTÍCULO 2º.- Imponer a BANCO GENERAL DE NEGOCIOS S.A. la sanción de MULTA de PESOS UN MILLON ($1.000.000) por la infracción acreditada a los artículos 73, 260 y 294 inciso 3° de la Ley de Sociedades Comerciales N° 19.550 y artículo 54 inciso 2° del Código de Comercio, la que se hará efectiva en la persona de sus directores a la época de los hechos Sres. José ROHM, Carlos ROHM, Brian O’NEILL, Gerd HÄUSLER, David MULFORD, William HARRISON, Holger SOMMER, José A. MARTÍNEZ DE HOZ, Ernst-Moritz LIPP, Lukas MÜHLEMANN, Carlos PANDO CASADO, Héctor PUPPO, Heinz-Jörg PLATZEK, Alejandro DODERO, Adolfo ZUBERBÜHLER y Julio TIELENS; y síndicos a la época de los hechos Sres. Arturo LISDERO, Ricardo DEMATTEI y Eduardo CARIGLINO, en forma solidaria, conforme lo establece el artículo 10 inciso b) de la Ley Nº 17.811 -sustituido por art. 39, Dto. Nº 677/01-.

ARTICULO 3º.- El pago de la multa deberá realizarse en la Subgerencia de Administración de esta COMISION NACIONAL DE VALORES (sita en la calle 25 de Mayo Nº 175, piso 11 de esta Ciudad) de lunes a viernes en el horario de 10:00 a 15:00 horas. En caso de que la multa sea pagada fuera del término fijado en esta Resolución, la mora se producirá de pleno derecho, devengándose los correspondientes intereses.

ARTICULO 4º.- Regístrese y notifíquese con copia autenticada de la presente Resolución a todos los sumariados, a quienes se hará saber que la multa deberá ser efectivizada por las personas físicas sumariadas dentro del plazo de QUINCE (15) días hábiles a partir de su notificación.

ARTICULO 5º.- Notifíquese con copia autenticada de la presente Resolución a la BOLSA DE COMERCIO DE BUENOS AIRES para su publicación en su Boletín Diario e incorpórese en el sitio web del Organismo www.cnv.gov.ar.

Firmado. Hugo Raúl Medina. Presidente. Narciso Muñoz. Vicepresidente. Dr. Emilio Ferré. Director. Dr. José Luis Pungitore. Director