Resolución Nº 15.035

 

                                                                       BUENOS AIRES,  3 de marzo de 2005

 

RESOLUCION Nº 15.035

 

                             VISTO el Expediente Nº 1270/02 rotulado “FLORENSA, MARTIN Y OTROS c/BANCO ROELA S.A. O.N. s/DENUNCIA”; lo dictaminado por la Subgerencia de Coordinación Jurídica; conformidad prestada por la Gerencia de Fiscalización y Control, y

 

                             CONSIDERANDO:

                             1.- Iniciación del sumario

                             Que por Resolución Nº 14.729 del 12-2-04 esta COMISION NACIONAL DE VALORES (CNV) instruyó sumario a BANCO ROELA S.A. (ROELA) y a sus directores titulares señores José Víctor MONDINO (MONDINO), Horacio Raúl PARODI (PARODI), María del Carmen MARTI (MARTI), Rubén Juan PELLANDA (PELLANDA), Andrés Miguel BAS (BAS) y Víctor René CAMPANA (CAMPANA), por posible infracción a los artículos 8º inciso a.v) y 19 del Decreto Nº 677/01 y 23 del Capítulo XXI de las NORMAS (N.T. 2001) (fs. 338/340).

                             Que el citado artículo 8º inciso a.v) obliga a los directores y síndicos de las emisoras (éstos, en materias de su competencia) a actuar con la diligencia de un buen hombre de negocios en la preparación y divulgación de la información suministrada al mercado.

                             Que los referidos artículos 19 y 23 prohíben a las emisoras que la publicidad, propaganda y difusión que hagan por cualquier medio contenga declaraciones, alusiones, nombres, expresiones o descripciones que puedan inducir a error, equívoco o confusión al público sobre la naturaleza, precio, rentabilidad, rescate, liquidez, garantía o cualquier otra característica de los valores negociables o sus sociedades emisoras.

                             Que además, la Resolución N° 14.729 imputó a los síndicos titulares de ROELA señores Fabián Lionel BUFFA (BUFFA), José Ignacio FERREYRA (FERREYRA) y Luis Guillermo FLAIM (FLAIM) una posible infracción al artículo 294 inciso 9º de la Ley de Sociedades Comerciales Nº 19.550 (LSC), que les impone la obligación de vigilar que los órganos sociales den cumplimiento a la ley, estatuto, reglamento y decisiones asamblearias.

                             Que de las copias certificadas de las impresiones del sitio web de ROELA del 24-4-02 (fs. 89); 7-5-02 (fs. 90), 17-5-02 (fs. 91) y 21-6-02 (fs. 88), surge que esa emisora efectuó una publicidad de sus obligaciones negociables (ON) con información eventualmente inexacta respecto de su moneda de pago y su calificación de riesgo (fs. 338/339).

                             Que según la Resolución de cargo, es inexacta la publicidad referida a la intervención de esta CNV en la aprobación del plan crediticio de ROELA (fs. 88/91 y 339).

                             Que la Resolución también refiere que dado vista a ROELA para que brindara explicaciones, no resultaron suficientes los argumentos vertidos en su contestación (fs. 339), por limitarse a expresar que no encomendó ni efectuó publicidad de ningún tipo a partir del 1-1-02 (fs. 200), que ignoraba el contenido de aquélla aparecida en su sitio web y que tales hechos habrían ocurrido con posterioridad al 4-1-02, fecha de su última colocación primaria (fs. 218).

                             2.- Sustanciación del sumario

                             Que notificados de la Resolución de cargo (fs. 343/350), lo contestaron en debido tiempo los sumariados: (i) MONDINO por ROELA y por propio derecho (fs. 516/523) y ofreció prueba documental; (ii) PARODI, MARTI, BAS y CAMPANA en su condición de directores por propio derecho (fs. 525/526); (iii) FLAIM (fs. 524) y (iv) BUFFA y FERREYRA (fs. 531/534) en su condición de síndicos por propio derecho; todos ellos adhieren a lo expresado en (i) y los tres últimos sin perjuicio de las defensas específicas que esgrimen; y (v) PELLANDA (fs. 539) por su propio derecho, quien esgrime defensas específicas.

                             Que a fin de acreditar lo expuesto, los sumariados ofrecieron las constancias de este expediente administrativo y adjuntaron como prueba documental la siguiente:

(i) constancia expedida por el MERCADO DE VALORES DE CÓRDOBA (MVC) (fs. 356);

(ii) copia certificada de las publicaciones de ROELA en La Voz del Interior (fs. 357 y 367) y en el Boletín Diario de la BOLSA DE COMERCIO DE CÓRDOBA (BCC) (fs. 358/361), con relación a la moneda de pago de sus ON.

(iii) nota del 3-5-02 por la cual ROELA comunicó a la Gerencia de Emisoras de esta CNV (GE) el cambio de las calificaciones de sus ON (fs. 368);

(iv) publicaciones de las comunicaciones que Moody’s Latin America Calificadora de Riesgo S.A. (Moody’s) y Evaluadora Latinoamericana (Evaluadora), sociedades contratadas para calificar las ON de ROELA, efectuaron a la BCC (fs. 369/372).

                             Que PELLANDA acompañó copia del acta de directorio de ROELA Nº 887 del 28-2-02 y nota de ROELA ingresada el 5-3-02 a esta CNV bajo cargo Nº 4248 (fs. 541/542).

 

 

                             Que esa prueba documental fue considerada admisible (conf. art. 364 CPCCN) e incorporada al expediente (fs. 351/515) para ser evaluada en su oportunidad (fs. 546).

                             Que a la audiencia preliminar celebrada el 12-4-04 concurrió MONDINO por ROELA y por propio derecho, quien expresó no compartir los criterios expuestos por esta CNV; rechazó la legalidad y validez de los documentos que dieron origen al presente sumario; confirmó que ninguno de los sumariados acepta ni la autoría ni la responsabilidad de la publicaciones que se les atribuyen; ratificó totalmente los descargos y observó la pertinencia y legalidad de las certificaciones insertadas en esas publicaciones (fs. 543/546).

                             Que el 26-4-04 MONDINO presentó memorial por ROELA y por propio derecho y solicitó que se tengan por íntegramente reproducidos e integrativos del mismo los argumentos vertidos en el descargo (fs. 549).

                             3.- Defensas planteadas. Su exposición y análisis

3.1 Defensas comunes a los sumariados antes individualizados como (i), (ii), (iii) y (iv)

3.1.1 Idoneidad de la prueba documental

                             Que fue cuestionada por:

                             a) no ser estimada idónea, provenir del propio denunciante y corresponder a impresiones parciales de un sitio web que infundadamente se le atribuye (fs. 518); y

                             b) haber obrado el escribano certificante al margen de sus atribuciones, ya que ni la Ley Orgánica del Notariado Nº 4183 del 31-10-49 ni el Decreto Nº 2259 del 18-6-75, ambos de la Provincia de Córdoba, le acuerdan la de certificar impresiones de sitios web, que además no fueron pasadas por ante su registro de intervenciones ni agregadas a su protocolo (requisitos que esas normas imponen para otro tipo de certificaciones); y carecer los documentos certificados de fecha cierta (fs. 518).

                             Que con relación a lo manifestado en a), cabe remitirse al análisis efectuado en los puntos 3.1.2 y 3.1.6.

                             Que respecto de lo expresado en b), cabe puntualizar que al margen que cuando se dictaron esas normas obviamente era imposible prever que un escribano certificara impresiones de sitios web, ello no impide que lo haga en la actualidad; así, la Ley Nº 4183 define en su artículo 9º al escribano como el profesional de derecho y funcionario público instituido para dar carácter de autenticidad a los hechos que ante él se desarrollaren cuando para ello fuere requerida su intervención, el artículo 10 inc. d) lo autoriza a intervenir profesionalmente en los casos en que fuere requerido, no siendo dicha intervención contraria a las leyes o no hallándose impedido por otras obligaciones y el artículo 11 lo faculta a intervenir en todos aquellos actos que no requieran la formalidad de la escritura pública en el modo y forma que determinan las leyes procesales y el reglamento notarial.

                             Que a su vez, el artículo 19 del Decreto Nº 2259/75 reglamentario de esa Ley lo autoriza a certificar la autenticidad de las firmas e impresiones digitales puestas en su presencia en documentos privados (inc. a) y a intervenir en todos los actos en que sea requerida su actuación como experto notarial (inc. j), y destaca que su enumeración de facultades no excluye su intervención en otros actos autorizados por los reglamentos legales en vigor o que correspondan a la naturaleza de la función notarial.

                             Que en estas actuaciones el escribano certificante dio fe que las impresiones de fs. 88/93 y 309/314 son copia fiel de www.bancoroela.com.ar y corresponden a la publicidad de ON de ROELA; es decir, dio fe de un hecho pasado ante él que no es contrario a la ley, y no estaba impedido de hacerlo al haberse requerido su intervención profesional.

                             Que la doctrina calificó expresamente a los escribanos como profesionales de derecho a cargo de una función pública; sostuvo que sus actos están dotados de fe pública (BORDA, Guillermo, Tratado de Derecho Civil - Parte General, Ed. Abeledo Perrot, 1999); y afirmó que el instrumento notarial que cumple las formalidades legales sólo puede ser desvirtuado por querella de falsedad en sede civil o penal (LLAMBÍAS, Jorge, Código Civil Anotado, Tomo II-b, Ed. Abeledo Perrot, 1992, págs. 166/167); extremo no acreditado por ROELA, por lo que las copias de internet (fs. 88/93 y 309/314) se presumen legalmente auténticas y veraces (art. 993 CC).

                             Que en este sentido, la Jurisprudencia expresó que el instrumento notarial que da cuenta del contenido de un sitio de internet tiene plena eficacia probatoria, cuando no se lo ha redargüido de falsedad (C. Civ. y Com. Jujuy, Sala I, Expte. Nº B-85235/02 “Ordinario por daños y perjuicios - S.M. y L.E.M”, 30-6-04).

                             Que el problema planteado respecto al valor probatorio de los documentos extraídos de Internet queda circunscripto al modo de garantizar su autenticidad y atribución a persona determinada; la falta de firma de los documentos e instrumentos informáticos no los inhibe como material probatorio (Resolución CNV Nº 14.330, Exp. Nº 404/02 “Curatola & Asociados s/actividad de futuros y opciones”; 17-10-02).

 

                             Que se impone una mayor flexibilización cuando se utilizan medios probatorios electrónicos, propios del aporte de la era informática; los soportes de un sistema computarizado de

información prueban contra su dueño ya sea por su lectura en lenguaje natural, ya por su impresión en papel, en tanto se pruebe la pertenencia a ese sistema y en consecuencia, incumbe al actor demostrar que las leyendas y constancias consignadas en el instrumento privado no se corresponden con la realidad que reflejan (C. Civ. y Com. Azul, Pcia. de Buenos Aires, Sala II, “Banco Galicia y Buenos Aires c/Lucero José s/ejecución hipotecaria”, 30-4-02).

                             Que dado que la publicidad en www.bancoroela.com.ar fue materializada ante un escribano, funcionario público que dio fe de su impresión, la autenticidad de dicha prueba hace plena fe con el alcance de instrumento público, que fue extendido conforme a la capacidad y competencia de quien lo otorgó con la formalidad de ley (art. 979 CC).

                             3.1.2 Existencia del sitio web

                             Que manifestaron que:

                             c) la GE no encontró (cuando contrastó las referencias de fs. 88/93 con la indicación del punto 4 de fs. 200 (fs. 213)) ningún resultado que contenga www.bancoroela.com.ar (fs. 214), lo que condujo a los sumariados a afirmar que dicho sitio no existió (fs. 519); y

                             d) ninguno de los sumariados aceptó nunca ni la titularidad, ni la pertenencia, ni la autoría, ni el encargo del presunto sitio web cuya información se sindica como generadora de la conducta que se atribuye en el presente sumario (fs. 519).

                             Que respecto del punto c), se destaca que dicha búsqueda fue efectuada por la GE el 11-3-03, es decir nueve (9) meses después de las publicaciones cuestionadas en este sumario efectuadas en internet los días 24-4-02; 7-5-02; 17-5-02 y 21-6-02; razón por la cual la inexistencia en marzo de 2003 de ese sitio no prueba su inexistencia al momento de las publicaciones adjuntadas por el denunciante.

                             Que con relación al punto d), cuadra señalar en primer término que el procedimiento previsto en la Ley Nº 17.811 (LOP) prevé la aplicación supletoria de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos N° 19.549 (LNPA) y su Decreto Reglamentario N° 1759/72, cuyo artículo 106 dispone a su vez la aplicación supletoria del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación para resolver cuestiones no contempladas expresamente, ordenamiento que huelga precisar es ampliamente garantizador de los derechos de los sumariados y de su debida defensa en juicio (art. 18, CN y art. 1º, LNPA).

 

                             Que a diferencia del proceso civil -donde rige el principio de verdad formal-, en el proceso administrativo impera el principio de averiguación de la verdad material, según el cual el juzgador debe ceñirse a los hechos y no limitarse a las pruebas aportadas por las partes (GORDILLO, Agustín, Tratado de derecho administrativo, Tomo 2, Cap. IX, pto. 15.6, en www.gordillo.com; y HUTCHINSON, Tomás, Ley nacional de procedimiento administrativos, tomo 2, Ed. Astrea, 1988, pág. 167).

                             Que así, el artículo 1° inciso f.2) LNPA prevé que la Administración Pública debe “requerir y producir los informes y dictámenes necesarios para el esclarecimiento de los hechos”, debiendo ajustarse a éstos independientemente de que hayan sido alegados y probados por los particulares o no; p.ej., hechos o pruebas que sean de público conocimiento o que estén en poder de la Administración por otras causas (GORDILLO, ob. cit.).

                             Que en función de todo lo anteriormente expuesto, resulta de aplicación a este procedimiento disciplinario el concepto de carga dinámica de las pruebas, principio de derecho procesal civil conforme al cual al negar su dominio de www.bancoroela.com.ar, los sumariados debieron acreditar tal hecho constitutivo de su defensa, ya que la mera negativa de un hecho no constituye argumento que deba ser acogido (COLERIO, Juan, La relatividad de las reglas sobre la carga de la prueba, L.L., 1990-b-298).

                             Que ante tal carencia probatoria, en cumplimiento de los deberes de la Administración de indagar la verdad material de los hechos y con el propósito de determinar a quién pertenece el sitio www.bancoroela.com.ar, se ingresó al sitio www.nic.ar del Centro de Información Network de la República Argentina (NIC AR) del MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO -encargado del registro en Internet de los nombres de dominio en Argentina-, constatándose el 24-6-04 que ROELA es su entidad beneficiaria o titular a partir del 9-3-00 y que la persona responsable que actuó como contacto designada por ROELA es el señor Miguel Angel MONDINO (fs. 578).

                             Que conforme surge del Expediente Nº 232/92 “BANCO ROELA S.A. s/Obligaciones Negociables” por el que tramitó su ingreso al régimen de oferta pública, el señor MONDINO era a esa época responsable del Departamento de Tesorería (fs. 226 del Expte. citado), designado por ROELA en esa área el 1-1-89 y constituyó domicilio especial en Rosario de Santa Fe 275, Ciudad de Córdoba, que es el domicilio de ROELA (conf. ficha adjuntada a fs. 241, Expte.

 

 

Nº 232/92); información que fue voluntariamente proporcionada por ROELA mediante nota ingresada a esta CNV el 26-6-92 bajo cargo Nº 1007.

                             Que por lo tanto, cabe concluir que el sitio www.bancoroela.com.ar fue registrado por un dependiente de ROELA a nombre de ese banco.

3.1.3 Moneda de pago

                             Que señalaron que:

                             e) ante la sanción de la Ley de Emergencia Económica y Reforma del Régimen Cambiario Nº 21.561 (B.O. 7/1/02) y del Decreto del PODER EJECUTIVO NACIONAL (PEN) Nº 214/02 sobre conversión a pesos de las obligaciones de dar sumas de dinero expresadas en dólares estadounidenses, ROELA informó a los obligacionistas a través de publicaciones en La Voz del Interior y en el Boletín Diario de la BCC, en el ítem Importe a Cobrar, que el pago de sus ON se haría de conformidad a lo dispuesto por ese Decreto y normas complementarias (fs. 357, 359, 362, 367 y 520); y

                             f) ROELA no colocó ON en cualquiera de sus clases en el mercado secundario en el período comprendido entre el 1-1-02 y 30-6-02, por lo que consideraron que la publicidad jamás pudo ser susceptible de la calificación de inexacta o bien, de inducir a error, equívoco o confusión al público (fs. 520).

                             Que con respecto a lo manifestado en e), esa documentación no desvirtúa sin embargo este cargo, ya que ese Decreto fue publicado en el Boletín Oficial el 4-2-02 y comenzó a regir en febrero de 2002; no obstante lo cual, ROELA continuó informando en su sitio web www.bancoroela.com.ar entre abril y junio de 2002 (es decir, con posterioridad a la entrada en vigencia del citado Decreto) que sus ON constituían una alternativa de inversión para incrementar los ahorros en dólares.

                             Que respecto de lo señalado en f), se precisa que si bien el certificado del MVC agregado a fs. 356 acredita -en consonancia con lo afirmado en el punto 5.b) del descargo (fs. 519)- que entre el 1-1-02 y 30-6-02 no se registraron operaciones de ON de ROELA en cualquiera de sus clases, durante las fechas de su publicidad en internet quedaban pendientes de pago cupones de ON correspondientes a las clases 14, con vencimiento entre el 27-12-02 y 27-6-03 (fs. 27/54); 16, con vencimiento entre el 4-1-03 y el 4-7-03 (fs. 55/57) y 17, con vencimiento entre el 3-12-02 al 3-3-05 (fs. 58), con eventual posibilidad de ser negociados en el mercado.

 

 

                             Que en idéntico sentido, a fs. 161 punto 2) se hizo constar que el período de suscripción de la Clase 17 venció el 31-5-02; es decir, con posterioridad a las publicidades sobre ahorro en dólares de fechas 24-4-02, 7-5-02 y 17-5-02 objetadas, oportunidad en que tales ON se encontraban en circulación, es decir, con posibilidad de ser negociadas en el mercado y eran susceptibles de ser adquiridas por potenciales interesados (fs. 297).

                             3.1.4 Calificación de riesgo

                             Que a este respecto manifestaron que:

                             g) ROELA insertó en el sitio web de esta CNV (a la que tiene acceso el público en general) las recalificaciones de su Programa Global de Emisión Nº 2 por Moody’s (“E”) y Evaluadora (“A+”), las que además informó el 3-5-02 por nota a la GE (fs. 368 y 520); y

                             h) Moody’s y Evaluadora comunicaron a la BCC los cambios en la calificación de las ON de ROELA (fs. 369/372 y 520); todo lo cual, en su opinión, demuestra que no existió intencionalidad alguna de ROELA de ocultar las calificaciones que se verificaron desde la fecha de emisión del Programa Global (fs. 520/521).

                             Que sobre los argumentos expuestos en g) y h), cabe aclarar que este cargo se formuló porque ROELA informó en su sitio web www.bancoroela.com.ar las calificaciones de sus ON en fechas 24-4-02, 7-5-02, 17-5-02 y 21-6-02 con una categoría superior (“AA+”) (fs. 88/93 y 309/314) a las asignadas a partir del 25-4-02 por Moody’s y Evaluadora (“E” y “A+”), lo que pudo inducir a confusión a los obligacionistas actuales y potenciales respecto del riesgo de esos instrumentos, razón por la cual la incorporación por ROELA en el sitio web de esta CNV de las recalificaciones correctas de su Programa Global no es apta para rebatirlo.

3.1.5 Aprobación del plan crediticio de ROELA

                             Que expresaron que:

                             i) esta CNV autorizó la oferta pública del Programa Global por Resolución Nº 11.534 del 26-11-96, y que ROELA dio a conocer su Plan de Afectación de Fondos (PAF) al público inversor a través del Prospecto, en cumplimiento del artículo 36 inciso 2) de la Ley de Obligaciones Negociables Nº 23.576 (LON), a fin de obtener el tratamiento impositivo previsto en el artículo 36 bis LON y su modificatoria Nº 23.962 (fs. 521);

                             j) el Punto II) inciso h) del Prospecto del Programa Global a Mediano Plazo y -en su caso- el Punto I) inciso g) de los Suplementos del Prospecto de las ON Clase 12, 14, 16 y 17 detallan el destino previsto para los recursos obtenidos de su colocación primaria (fs. 521); y

 

                             k) por ello, afirman que no puede sostenerse que el PAF no es aprobado ni auditado por esta CNV cuando, además, existen normas específicas (art. 55 del Cap. VI, RG 368/01) que imponen a las emisoras el deber de informar el cumplimiento del PAF comprometido y sus plazos mediante declaración jurada del órgano de administración (fs. 521).

                             Que respecto de lo argumentado en i), j) y k), se aclara que el cargo formulado en la Resolución Nº 14.729 señaló que es engañosa la referencia relativa a la intervención de este Organismo en la aprobación del PAF (fs. 339), y no hizo referencia alguna respecto de la auditoría.

                             Que en ese aspecto, debe ser reafirmado que la elección del destino de los fondos es libre decisión de la emisora, limitándose el contralor asignado a esta CNV en principio a verificar antes de la aprobación de la emisión, que esté explicitado un destino lícito de los fondos a recibir (PAF) y con posterioridad a tal aprobación, que el destino haya sido el comprometido, lo cual debe resultar de las declaraciones juradas que está obligada a remitir aquélla.

                             Que por lo antes expuesto, es engañoso el señalamiento de que está a cargo de esta CNV la aprobación del destino de los fondos y la auditoría de su aplicación.

3.1.6 Conducta del denunciante

                             Que advirtieron los sumariados sobre la mala fe del denunciante, porque éste formuló presentaciones y denuncias ante diversos organismos, ocultó información en forma dolosa y no comunicó a esta CNV la existencia de las acciones judiciales promovidas en lo que se refiere a la moneda de pago de las ON, evidenciando a su criterio falta de ética y buena fe (fs. 522).

                             Que a este respecto se señala que esta CNV debe intervenir -en cumplimiento del deber de fiscalización impuesto por la Ley Nº 17.811 y sus normas reglamentarias- en toda denuncia que le sea formulada; y que la Jurisprudencia ha respaldado la intervención de oficio de un organismo de control en cumplimiento del deber de fiscalización que le es inherente, aún con prescindencia de la legitimación del denunciante (Causa Nº 72991/03 “INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA c/Aerolíneas Argentinas S.A.”, 17-6-04, CNCom Sala A, L.L. 13-7-04).

                             3.1.7 Defensa particular de PELLANDA

                             Que el nombrado solicitó su exclusión del sumario por haber renunciado al directorio de ROELA con anterioridad a las fechas de los hechos examinados (fs. 539), y adjuntó copias del acta de directorio Nº 887 del 28-2-02 por la que se le aceptó la renuncia dado su estado de salud (fs. 540) y de la nota de ROELA Nº 4248 ingresada a esta CNV el 5-3-02 informando tal extremo y la nueva conformación de su directorio y comisión fiscalizadora (fs. 541/542).

 

                             Que reconocida la autenticidad de tales comunicaciones y su ingreso en la fecha que se indica, corresponde excluirlo del presente sumario.

                             3.2 Defensas particulares de los síndicos

                             Que FLAIM consideró que los hechos descriptos en la Resolución que instruye el sumario exceden la responsabilidad, competencia y facultades de un síndico, sin dar fundamento de ello (fs. 524); mientras que BUFFA y FERREYRA manifestaron que al centrarse su misión en el control de legalidad, no pueden tomar parte en la administración y no es su obligación solicitar informes permanentes a distintas secciones (o sus responsables) de ROELA, ya que existe una imposibilidad material, física y jurídica de inmiscuirse en cuestiones de política y estrategia, tal como la publicidad de los productos que la empresa ofrece en los mercados (fs. 531/534).

                             Que cabe por ende examinar si los síndicos conocían o debían conocer la existencia del sitio web www.bancoroela.com.ar y lo allí publicado, y si estaban obligados a ello o no en función de su control de legalidad.

                             Que de fs. 66/71 resulta que en junio de 2002 ROELA estaba notificado de la atribución por el denunciante a esa entidad bancaria de la titularidad del sitio web www.bancoroela.com.ar y de fs. 73, que su directorio adoptó una resolución concerniente, entre otros asuntos, a dicha atribución de titularidad, ya que de allí resulta que examinó el documento obrante a fs. 66.

                             Que en virtud de lo prescripto por el artículo 294 inciso 3º de LSC, los síndicos debieron ser citados y era su obligación haber asistido a la reunión donde se adoptó la decisión antes indicada, de lo que se infiere su conocimiento de los temas allí tratados, incluido el referido a la titularidad de www.bancoroela.com.ar; extremo que por lo demás resulta del punto 3 de fs. 77.

                             Que todo lo anteriormente expuesto acredita que los síndicos tuvieron o debieron tener conocimiento de la existencia del sitio web www.bancoroela.com.ar, de que la oferta allí publicada había sido cuestionado por al menos una persona (el denunciante) y de que su titularidad le fue atribuida a ROELA.

                             Que por lo demás, verificar si los extremos denunciados podían importar violación de la ley, reglamento o estatutos por parte del directorio de ROELA era una atribución y deber de los síndicos en función del control de legalidad que les ha sido impuesto por el artículo 294, inciso 9° de LSC, siendo en consecuencia responsables en las sociedades en la oferta pública por las infracciones cometidas por la sociedad por obligaciones que corresponden a los directores (Acuerdo CNV Nº 2522 del 20-12-74).

                             Que en consecuencia, no cabe aceptar que los hechos examinados en autos excedan su responsabilidad, competencia y/o facultades (fs. 524), o que su control por la sindicatura pudiera importar inmiscuirse en cuestiones de política o estrategia empresaria ajenas a sus funciones (fs. 533 vta.).

                             4. Conclusiones

                             Que por todo lo hasta aquí expuesto y desechadas las causales de justificación, se consideran acreditadas las infracciones a los artículos 8º inciso a.v) y 19 del Decreto Nº 677/01, 23 del Capítulo XXI de las NORMAS (N.T. 2001) y 294 inciso 9º LSC.

                             Que la tutela del público inversor que la Ley Nº 17.811 otorga a esta CNV no puede satisfacerse en forma total si las sociedades que se encuentran dentro del régimen de oferta pública no dan cumplimiento a las normas que al respecto dicta este Organismo, ya que tales conductas atentan contra el control, la eficacia, seguridad y transparencia de los mercados y configuran infracciones, más allá de las efectivas consecuencias que puedan aparejar, ya que el sistema necesita de su cumplimiento formal (Excma. Cám. Nac. Apel. de Mendoza, Sala B, “Bolsa

de Comercio de San Juan s/verificación 28-8-95”, 1-9-00; y misma Cámara, Sala A, “Montemar Cía. Financiera S.A. s/recurso de apelación – art. 14 Ley Nº 17.811”, 25-9-01).

                             Que una vez constatados los incumplimientos, no resulta necesario demostrar que ellos ocasionaron un perjuicio a terceros para poder aplicar sanción, habiendo establecido a este respecto la Cámara Comercial de esta Ciudad que “... con tal criterio puede dejarse de lado toda norma que garantice las operaciones de bolsa, pues no habría sanción si no se prueba luego un perjuicio...” (dictámenes Nº 53.504, “Pérez Iturraspe, Eduardo - Mercado de Valores”, 26-3-84, y en la causa Nº 54.848 “Soto José J.”, 26-3-85; este último fallo concordante de la CNCom., Sala E, 8-10-85), razonamiento aplicable a la publicidad inexacta efectuada por ROELA.

                             Que en virtud de la infracción acreditada a los artículos 8º inciso a.v) y 19 del Decreto Nº 677/01, 23 del Capítulo XXI de las NORMAS (N.T. 2001) y 294 inciso 9º LSC, que excede lo meramente formal por constituir la engañosa e inexacta difusión de información a través del sitio www.bancoroela.com.ar una conducta disvaliosa con aptitud para afectar la confianza en el mercado de capitales, corresponde aplicar a ROELA sanción de multa (art. 10 inc. b) LOP, sustituido por art. 39, Dto. Nº 677/01), para cuya graduación se pondera como atenuante que no hubo negociación de sus ON durante el lapso en que se efectuaron las publicaciones que dieron origen al presente sumario y que ROELA no registra antecedentes de sanciones anteriores.

                             Que dicha multa deberá ser efectivizada en la persona de los directores titulares señores MONDINO, PARODI, MARTI, BAS y CAMPANA, y síndicos titulares señores BUFFA, FERREYRA y FLAIM, en forma solidaria, dentro del plazo de QUINCE (15) días hábiles a partir de la notificación de esta Resolución.

                             Que la presente se dicta en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 10 y 12 de la Ley Nº 17.811.

 

                             Por ello,

LA COMISION NACIONAL DE VALORES

RESUELVE:

ARTICULO 1º.- Imponer a BANCO ROELA S.A. la sanción de MULTA de PESOS VEINTE MIL ($ 20.000.-) por la infracción acreditada a los artículos 8º inciso a.v) y 19 del Anexo aprobado por el Decreto Nº 677/01, 23 del Capítulo XXI de las NORMAS (N.T. 2001) y 294 inciso 9º de la Ley Nº 19.550, la que se hará efectiva en la persona de sus directores titulares señores José Víctor

MONDINO, Horacio Raúl PARODI, María del Carmen MARTI, Andrés Miguel BAS y Víctor René CAMPANA, y de los síndicos titulares señores Fabián Lionel BUFFA, José Ignacio FERREYRA y Luis Guillermo FLAIM en forma solidaria, conforme lo establece el artículo 10 inciso b) de la Ley Nº 17.811 -sustituido por art. 39, Dto. Nº 677/01-.

ARTICULO 2º.- EXCLUIR al señor Rubén Juan PELLANDA de los cargos formulados en la Resolución Nº 14.729 por haber sido aceptada su renuncia al directorio de BANCO ROELA S.A. con anterioridad a los hechos motivo del presente sumario.

ARTICULO 3º.- El pago de la multa deberá realizarse en la Subgerencia de Administración de esta COMISION NACIONAL DE VALORES (sita en la calle 25 de Mayo Nº 175, piso 11 de esta Ciudad) de lunes a viernes en el horario de 10:00 a 15:00 horas. En caso de que la multa sea pagada fuera del término fijado en esta Resolución, la mora se producirá de pleno derecho, devengándose los correspondientes intereses.

ARTICULO 4º.- Regístrese y notifíquese con copia autenticada de la presente Resolución a todos los sumariados, a quienes se hará saber que la multa deberá ser efectivizada por las personas físicas sumariadas dentro del plazo de QUINCE (15) días hábiles.

ARTICULO 5º.- Notifíquese con copia autenticada de la presente Resolución a la BOLSA DE COMERCIO DE BUENOS AIRES, a los efectos de su publicación en su Boletín Diario e incorpórese en el sitio web del Organismo www.cnv.gov.ar.

Firmado. Hugo Raúl Medina. Presidente. Narciso Muñoz. Vicepresidente. Dr. Emilio Ferré. Director. Dr. José Luis Pungitore. Director.