Resolución Nº 14.393

 

BUENOS AIRES, 9 de enero de 2003

 

                        VISTO el Expediente Nº 1060/01 rotulado “INALRUCO S.A. PETROLERA s/ Verificación”; lo dictaminado por la profesional interviniente de la Subgerencia de Coordinación Jurídica, conformidad presentada por al Gerencia de Fiscalización y Control, y

 

                        CONSIDERANDO:

                        I.- Antecedentes

                        Que por Resolución Nº 14.226 del 20-06-02, esta COMISION NACIONAL DE VALORES (CNV) instruyó sumario a INALRUCO S.A. PETROLERA (INALRUCO); sus directores titulares al momento de los hechos examinados señores Roberto P. LUGO, Héctor A. SAENZ y Marcelo A. LOZADA; y a sus síndicos titulares a dicha fecha señores Diego E. LAMÉDICA, Mónica N. ALEGRIA y Miguel A. SMITH por posible infracción a los artículos 43, 44, 45, 48 y 53 del Código de Comercio (CC), 234 último párrafo y 284 de la Ley Nº 19.550 de Sociedades Comerciales (LSC), y 3º del Capítulo II y punto 11.8 del Anexo I del Capítulo XXIII de las NORMAS (N.T. 2001) (fs. 133/135).

                        Que los cargos fueron formulados por las siguientes irregularidades, a saber:  en la verificación contable practicada por esta CNV a INALRUCO el 31-08-01, se observó

que existían demoras en los asientos del Libro Diario a partir del 30-06-01 y asimismo la falta de transcripción de los balances a partir del cierre de ejercicio al 31-12-00 inclusive –balances al 31-03-01 y 30-06-01- en el Libro Inventario y Balances y su transcripción en el Libro Diario (cfr. fs. 90/91).

                        Que estas conductas incumplen con la obligación de llevar una contabilidad organizada, con los libros Diario –en el cual deben asentarse diariamente y de acuerdo al orden en que se efectúen todas las operaciones- y de Inventario y Balances conforme los artículos 43, 44, 45, 48 y 53 del CC.

                        Que asimismo y tal como luce a fs. 2/9 y 10/11, concluido el ejercicio el 31-12-00, el directorio de INALRUCO convocó a asamblea general ordinaria y extraordinaria para el día 10-08-01, fuera de los CUATRO (4) meses luego del cierre de ejercicio que prevén los artículos 234 último párrafo de la LSC y 3º del Capítulo II de las NORMAS (N.T. 2001).

                        Que a su vez surge del acta de la asamblea celebrada el 10-08-01 que se designó como único síndico a la señora ALEGRIA, contrariando la norma que establece que toda sociedad comprendida dentro de la oferta pública, debe contar con sindicatura colegiada en número impar –art. 284 párr.  seg. (2º) de la LSC- (fs. 25 y 102).

                        Que por otra parte, desde el 30-06-98 INALRUCO contabilizó bajo el concepto de “Otros Créditos – No corrientes” una contingencia positiva de PESOS SETECIENTOS TRES MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO ($703.218) originada en el juicio iniciado por S.A.B.B.S.A. contra Ferrocarriles Argentinos -cuyos derechos litigiosos le fueron cedidos a la sumariada- recayendo la sentencia definitiva y favorable recién el 5/07/01, incumpliendo así con el deber de no contabilizar contingencias positivas establecido en el punto 11.8 del Anexo I del Capítulo XXIII de las NORMAS (N.T. 2001).

                        Que respecto de los síndicos, el artículo 294 inciso 9º de la LSC establece que deben vigilar el debido cumplimiento de la ley, estatuto, reglamento y decisiones asamblearias por parte del resto de los órganos societarios, el que en principio no se cumplió.

                        Que con motivo de la fecha de inicio del presente sumario, la Conducción dispuso el 28-06-02 subsanar los errores formales y aplicar el Capítulo XXIX de las NORMAS (N.T. 2001 to. mod. R.G. 400/02) que reglamenta el procedimiento sumarial especialmente en lo que respecta a la constitución de domicilio, el plazo para presentar descargos y la audiencia preliminar (fs. 145/147).

                        Que notificados todos los sumariados de la Resolución Nº 14.226 y de la Disposición del 28-06-02, presentaron en tiempo hábil sus descargos en forma conjunta, constituyeron domicilio y adjuntaron prueba documental (fs. 155/157 y 158/164).  

                        Que posteriormente y conforme lo dispuesto por el Conductor de este sumario, otorgándoles a los sumariados el debido tratamiento de partes, se celebró con fecha 23-07-02 la audiencia preliminar que establece el artículo 8º de la R.G. Nº 400/02 a la cual asistió el señor SAENZ y se examinaron en forma individual los hechos constitutivos de cada uno de los cargos no encontrándose controversia alguna sobre los mismos (fs. 166/167).

                        Que en consecuencia, el Conductor de este sumario declaró la cuestión de puro derecho y otorgó DIEZ (10) días hábiles para que los sumariados presenten memorial (fs. 170/171). 

                        Que a modo de memorial, por nota Nº 16.318 los señores LUGO,  ALEGRIA, SMITH y LAMÉDICA ratificaron los dichos de SAENZ en oportunidad de la audiencia preliminar dentro del plazo dispuesto (fs. 174).

                        Que no se tiene por presentado el memorial del señor LOZADA en virtud de no constar su firma en el escrito referido ni la intervención de gestor oficioso en su nombre (fs. 174).

                        II.- Los descargos

                        Que en cuanto a los artículos 43, 44, 45, 48 y 53 del CC, los sumariados señalaron que no existió demora en la transcripción de operaciones en el Libro Diario, en virtud que no se registraron movimientos operativos posteriores al 30-06-01, fecha del último asiento (fs. 161).

                        Que como argumento reiteraron la parte pertinente del informe a fs. 91, en el cual la profesional contable de esta CNV manifestó que el retardo no era significativo, teniendo en cuenta que no se trataba de un cierre de ejercicio (fs. 161).

                        Que asimismo, manifestaron que por la modalidad operativa de la sociedad que mantenía desde 1998 aproximadamente, se realizaban TRES (3) asientos trimestrales los cuales eran mayormente asientos estandarizados (fs. 166, resp. Nº 1).

                        Que respecto de la falta de transcripción en el Libro Inventario y Balance de los balances a partir del cierre al 31-12-00 inclusive y su transcripción en el Libro Diario, argumentaron que fue motivada por la falta de tiempo e imposibilidad de conseguir el libro correspondiente y, a los efectos de cumplir con el deber de llevar una contabilidad ordenada, decidieron momentáneamente transcribirlo en otro de los libros rubricados exigidos por el CC (fs. 161).

                        Que agregaron que el informe de la profesional contable antes aludida, consideró que no existían observaciones que formular a los libros contables fuera de las señaladas, por lo que no existirían motivos para imputar incumplimientos a los artículos 43 y 53 del CC (fs. 161).

                        Que en cuanto a los artículos 234 último párrafo de la LSC y 3º del Capítulo II de las NORMAS (N.T. 2001), los sumariados remitieron al punto 2 del orden del día de la asamblea celebrada el 10-08-01 donde sostuvieron haberse explicado los motivos del retardo en la reunión, los cuales estarían relacionados con la situación descripta en los anteriores argumentos (fs. 162 cf. fs. 18/19).

                        Que en otro orden de ideas los sumariados señalaron que designar sindicatura singular fue una decisión asamblearia ratificada posteriormente por reunión extraordinaria, en virtud que dada la escasa actividad económica realizada por INALRUCO, ésta no contaba con recursos para solventar los gastos que implica el nombramiento de más de un profesional (fs. 160).

                        Que con relación al punto 11.8 del Anexo I del Capítulo XXIII de las NORMAS (N.T. 2001), expusieron que la razón por la cual registraron la suma de $ 703.218 como “Crédito –no corriente” fue la garantía otorgada por S.A.B.B.S.A. de la existencia, legitimidad y monto de los derechos litigiosos cedidos, recayendo en la cedente la obligación de abonar a INALRUCO en caso de que la sentencia no fuera favorable (fs. 162).

                        Que agregaron que a la fecha de la cesión, quien contaba con un pedido de quiebra era INALRUCO y no así S.A.B.B.S.A., según fs. 99 (fs. 162 y 167).

                        Que por su parte los síndicos entendieron haber cumplido con lo exigido por el artículo 294 inciso 9º de la LSC y con lo dispuesto por las RT Nº 7 y 15 en cuanto a que la responsabilidad de los síndicos incluye examinar los elementos de juicio que respalden la información volcada en los estados contables; evaluar las normas contables utilizadas, las estimaciones significativas del Directorio y la presentación de estados contables en su conjunto (fs. 163).

                        Que por último los sumariados plantearon caso federal (fs. 163/164). 

                        III.- Análisis de los descargos

                        Que la prueba documental acompañada por los sumariados e incorporada a este Expediente consiste en copia de carta dirigida a la BCBA fechada el 11-07-00 y su respectivo comprobante de recepción del 18-07-00 (fs. 155/157).        

                        Que en lo concerniente a las posibles infracciones señaladas en estos actuados, INALRUCO reitera en la nota las razones por las cuales S.A.B.B.S.A le cedió los derechos litigiosos y se constituyó en garante.

                        Que los argumentos expuestos por los sumariados y la prueba mencionada precedentemente, resultan insuficientes para rebatir los cargos impuestos por la Resolución Nº 14.226, como se analizará a continuación.

                        Que en cuanto a los incumplimientos a los artículos 43, 44, 45, 48 y 53 del CC, no es admisible el argumento que sostienen los sumariados respecto de la falta de demora en la transcripción de operaciones en el Libro Diario.

                        Que aún cuando la profesional contable haya opinado que la omisión carecía de relevancia por no tratarse de un cierre de ejercicio, el retardo observado fue de DOS (2) meses (fs. 161) y dado el carácter formal de la infracción, basta el mero incumplimiento de la nominatividad como para considerar que ésta, sumada a los cargos que se analizarán en el desarrollo de la presente Resolución, ameritan el ejercicio del poder disciplinario de esta CNV (cfr. “BOLSA DE COMERCIO DE SAN JUAN s/Verificación 28-08-95”, Cám. Fed. de Apel. de Mendoza, 1-09-00).

                        Que ello se debe a la importancia del Libro Diario para el comercio, pues en él constan todas las operaciones comerciales y cambiarias realizadas por la sociedad, asentadas por su orden, lo cual impide que sean modificadas ex profeso con posterioridad, así como sus gastos domésticos lo que permite determinar, llegado el caso, si ajustó su desenvolvimiento a los recursos de que podía disponer o si, por el contrario tuvo una actividad desordenada o fastuosa fuera de sus condiciones o medios (cfr. FERNANDEZ, Raymundo L., “Los libros de comercio en el derecho argentino”, LL 1985-A-732).

                        Que en consecuencia, tampoco es aceptable que INALRUCO realizara TRES (3) asientos trimestrales mayormente estandarizados, aún cuando ésta fuera la modalidad que la emisora mantenía de 1998, según lo expuso SAENZ (fs. 166, resp. Nº 1).

                        Que la finalidad del Libro Diario es dar transparencia a las operaciones realizadas, en este caso por la sociedad, y en razón de ello la última parte del artículo 45 del CC sólo admite que las partidas de gastos domésticos se asienten en forma global en la fecha en que salieron de la caja.  

                        Que en ese orden de ideas, y considerando de aplicación a lo cuestionado en estos actuados, el artículo 61 de la LSC en su párrafo 4º establece que: “...El libro Diario podrá ser llevado con asientos globales que no comprendan períodos mayores de UN MES...” (la mayúscula no consta en el original).

                        Que para ello el detalle analítico de las operaciones debe volcarse en otros libros –subdiarios- que ofrezcan las mismas garantías formales que la ley impone para los que considera obligatorios, circunstancia que no surge del acta de inspección (fs. 63/66) ni de los descargos de los sumariados (fs. 158/164) (cfr. VERON, Alberto V., “Sociedades Comerciales.  Ley 19.550 y modificatorias.  Comentada, anotada y concordada”, T.I, Ed. Astrea, Bs. As., 1993, pág. 490/491).

                        Que por lo tanto, existe infracción a los artículos 43 y 45 del CC toda vez que INALRUCO no realizó las transcripciones de sus operaciones en el libro mencionado con la periodicidad exigida, llevando así una contabilidad desorganizada.

                        Que en esa línea de razonamiento, mediante la contabilidad ordenada que exige el Código de fondo, se conoce de inmediato el estado de los negocios y puede apreciarse si progresan o decaen, no siendo una compilación de datos sino un sistema en el cual resulta difícil alterar una de las partes sin afectar al todo (cfr. FERNANDEZ, ob. cit. págs. 728/729).

                        Que por ello, en su artículo 44 requiere claramente que los comerciantes -en este caso la sociedad- deben contar con dos libros indispensables: el Diario y el de Inventario y Balances.

                        Que asimismo ambos libros deben estar encuadernados y foliados,  con la nota datada y la firma del Tribunal de Comercio del domicilio constando el nombre de su dueño y su cantidad de hojas, con la finalidad de evitar que se falseen las constancias de los libros, suprimiendo, agregando o sustituyendo folios (arg. art. 53 del CC) (cfr. FERNANDEZ, ob. cit. pág. 736).

                        Que respecto del Libro de Inventarios y Balances en particular, deben asentarse los bienes que constituyen su responsabilidad con su correspondiente valuación dentro de los tres primeros meses de cada año de giro (arg. art. 48 del CC) (cfr. FERNANDEZ, ob. cit. pág. 734).       

                        Que por ello, la falta de transcripción de los balances a partir del cierre al 31-12-00 inclusive en el Libro correspondiente configura una infracción a los artículos antes mencionados, sin ser eximente de dicha omisión que los balances hayan sido volcados momentáneamente –según los dichos de los sumariados- a otro de los libros exigidos por el CC.

                        Que en virtud de lo expuesto, la carencia de tiempo y recursos económicos para subsanar esta situación no constituye causal de justificación,  toda vez que transcurrieron OCHO (8) meses entre el cierre del ejercicio al 31-12-00 y la inspección realizada el 31-08-01, lapso de tiempo  prudente como para que INALUCO -sociedad que todavía no había resuelto su liquidación- regularice su situación respecto de sus libros indispensables; como tampoco consta en estas actuaciones que los sumariados hayan puesto en conocimiento de esta CNV dicha circunstancia.

                        Que atento a lo antes relatado, estas conductas configuran infracción a los artículos 43, 44, 48 y 53 del CC.

                        Que por otra parte, los artículos 234 último párrafo de la LSC y 3º del Capítulo II de las NORMAS (N.T. 2001) exigen que las asambleas ordinarias que traten los temas contenidos en los incisos 1º y 2º del artículo 234 de la LSC, se lleven a cabo dentro de los CUATRO (4) meses de cerrado el ejercicio.

                        Que el ejercicio de INALRUCO finalizó el 31-12-00, correspondiendo se lleve a cabo la siguiente reunión dentro del mes 04-01; sin embargo la asamblea se celebró el 10-08-01 (fs. 17/27) argumentando en el punto 2 del orden del día que la demora en su realización se debió a “razones técnicas e institucionales”, las que habrían sido descriptas a su vez en las notas a los estados contables (fs. 18/19).

                        Que tal como lo señala destacada doctrina, el retraso en la celebración de la asamblea para tratar los temas específicos antes mencionados, conserva el carácter de ordinaria y no carece de validez, sin perjuicio de la responsabilidad de los directores por no cumplir con una obligación de carácter formal (cfr. arg. VELASCO ALONSO, “Ley de sociedades anónimas”, pág. 217 y HALPERIN, “Sociedades Anónimas”, ambos citados por VERON, ob.cit., T.III, pág. 706).

                        Que en ese orden de ideas, y visto que las razones que habrían impedido la celebración de la mentada asamblea no resultan claras a los efectos de actuar como causal de justificación del incumplimiento imputado, el retardo en la convocatoria genera la responsabilidad disciplinaria derivada de la violación de la LSC y de las NORMAS de este Organismo, no deviniendo de los daños producidos por tales actos, sino de la mera infracción al orden jurídico que regula la vida societaria (cfr. MASCHERONI, Fernando H. “El directorio de la sociedad anónima”, Bs. As., 1978. pág. 109).

                        Que por lo expuesto, debe considerarse que la convocatoria a asamblea fuera de los CUATRO (4) meses a partir de cerrado el ejercicio configura infracción a los artículos 234 último párrafo de la LSC y 3º del Capítulo II de las NORMAS (N.T. 2001).

                        Que el artículo 284, párrafo 2º de la LSC hace distinciones a tener en cuenta respecto a la designación de los síndicos por la asamblea.

                        Que como principio general, el órgano de gobierno –siempre que el estatuto no disponga en contrario- tiene la libertad de elegir si la fiscalización será ejercida en forma unipersonal o pluripersonal; pero si la sociedad encuadra dentro de lo previsto en el artículo 299 de la LSC –excepto su inc. 2º- la ley exige que la sindicatura sea colegiada en número impar.

                        Que hecha la aclaración, lo manifestado por los sumariados respecto al costo económico que les habría representado designar los miembros del órgano de fiscalización conforme a la LSC no subsana la omisión cuestionada.

                        Que este tipo de argumentaciones podrían haber sido tenidas en cuenta para el caso que INALRUCO fuera una sociedad cerrada o si su fiscalización estatal permanente fuera producto del monto de su capital (cfr. arg. art. 299 inc. 2 LSC); pero no dándose en estos actuados tales condiciones por tratarse de una sociedad que hace oferta pública de sus acciones, no corresponde hacer lugar a lo sostenido por los sumariados.

                        Que INALRUCO al solicitar el ingreso al régimen aceptó conocer y sujetarse a todas las normas aplicables, las que le fueron exigibles a partir de ese momento (cfr. Art. 4º del Cap. VI de las NORMAS (N.T. 2001)); y por ello, la obligatoriedad de tener una sindicatura colegiada de número impar le era exigible hasta el momento de la cancelación de la autorización para hacer oferta pública, situación que recién cobró efecto el 7-11-01 por Resolución Nº 13.992 (fs. 127/128), fecha posterior a la asamblea donde se designó a la síndica ALEGRIA (fs. 17/27).

                        Que asimismo, tampoco debe dejarse de lado que si bien las asambleas son soberanas, ello no justifica el cumplimiento optativo de la ley.

                        Que en razón de lo expuesto, quedó configurada la infracción al artículo 284 párrafo 2º de la LSC.

                        Que en otro orden de ideas, previo analizar el incumplimiento al punto 11.8 del Anexo I del Capítulo XXIII de las NORMAS (N.T. 2001), corresponde describir brevemente lo que se entiende por contingencia.

                        Que según la recomendación 18 del Instituto Técnico de Contadores Públicos (ITCP), una contingencia se define “como la posibilidad de que un hecho suceda o no con respecto a una situación o circunstancia existente a la fecha de cierre de ejercicio, dependiendo de dicha ocurrencia la existencia o no de un efecto positivo (aumentos del activo o disminuciones del pasivo) o negativo (disminuciones del activo o aumentos en el pasivo) sobre el patrimonio neto de un ente” (cfr. BLANCO, M., del VALLE, J., FOWLER NEWTON, E., MAQUIEIRA, A. y WAINSTEIN, M., “Tratamiento contable de las contingencias”, Rev. TEMAS, Año IV, Nº 12, 1987, pág. 7).

                        Que de acuerdo a su efecto patrimonial, pueden ser de ganancias o de pérdidas; según su probabilidad de concreción pueden ser probables, remotas y ni probables ni remotas; según la posibilidad de estimar objetivamente su efecto monetario pueden ser cuantificables o no cuantificables (cfr. BLANCO y otros, ob.cit., pág. 7).

                        Que en el caso que nos ocupa,  INALRUCO contabilizó desde el 30-06-98 una contingencia favorable por un valor de $703.218 como “Otros créditos- no corrientes”, argumentando que el “crédito” fue originado por los derechos litigiosos que S.A.B.B.S.A. le cedió a ésta en los autos “S.A.B.B.S.A. c/ Ferrocarriles Argentinos y otros s/ordinario” y que en el mismo acto la cedente se constituyó en garante de dicha suma más sus intereses para el caso en que la sentencia resultara desfavorable (fs. 162/163 cfr. fs. 67/69).

                        Que asimismo, la decisión de la Sala I de Cámara Civil y Comercial recayó con fecha 5-07-01 (fs. 72/80), TRES (3) años después de lo precedentemente señalado.

                        Que si bien la Resolución Técnica Nº 10 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (RT Nº 10) exige que a las contingencias favorables o de ganancia que sean probables y cuantificables se les otorgue el mismo tratamiento que a las desfavorables o de pérdida y, a las que no reúnan tales condiciones debe hacerse mención en las notas complementarias a los estados contables –cfr. pto. 2.7.-, lo cierto es que las NORMAS de esta CNV adoptaron un criterio restrictivo por el cual no se acepta la contabilización de contingencia favorable alguna, hecho que INALRUCO debió respetar por encontrarse dentro del régimen de la oferta pública.

                        Que en razón de ello, no debe darse a lugar lo manifestado por los sumariados en cuanto consideraron que se trataba de un concepto de la cuenta del activo, ya que la cesión del crédito en litigio y la garantía de su existencia y legitimidad, es una circunstancia que, a los fines de su contabilización no pierde su calidad incierta respecto de su posible resultado ya sea que se encuentre sujeto a la producción de otros hechos futuros o a la pérdida de posibilidad de producirse (cfr. HELOUANI, Rubén, “Contingencias”, Ed. Nueva Técnica, 1998, pág. 9).

                        Que prueba de ello es que el crédito cedido tenía su origen en una causa que tramitaba en un juzgado de primera instancia –cuya sentencia fue posteriormente apelada y resuelta TRES (3) años más tarde-, por un monto que constaba en el reclamo inicial y sobre el cual hasta la sentencia firme no había seguridad acerca de su cuantía y por último, quien fuera garante –S.A.B.B.S.A.- se concursó a mediados de junio del 2000 (cfr. resp. Nº 5 de fs. 167) siendo dudosa de esta forma, la solvencia de la cedente y garante.

                        Que dado lo hasta aquí expuesto atendiendo al tiempo transcurrido desde que se registró inicialmente la mentada contingencia y la producción del hecho sustancial, queda configurada la infracción al punto 11.8 del Anexo I del Capítulo XXIII de las NORMAS (N.T. 2001).

                        Que respecto de los síndicos y en congruencia con el desarrollo de esta Resolución, no es admisible el argumento por el que sostienen haber dado cumplimiento al artículo 294 inciso 9º de la LSC.

                        Que además de las tareas de auditoría a las que se refiere la RT Nº7 traducidas en el control que debe ejercerse en los estados contables, el Anexo I de la Guía de Tareas de la RT Nº15 en su punto 1.6. dispone que para dar cumplimiento a la obligación del artículo 294 inciso 9º de la LSC, debe verificarse el cumplimiento de la ley mencionada como así también el de las Normas de esta CNV tanto en lo atinente a la preparación de información recurrente como a la solicitud de conformidad administrativa de actos societarios, circunstancia cuestionada en estos actuados.

                        Que por ello, si bien los síndicos realizaron su tarea a través de la información que les brindó el directorio –como se infiere a fs. 163-, esto no restringe que para su ejercicio, el órgano de fiscalización elija los medios idóneos sin que los directores puedan impedir el acceso a cuantos libros y documentos sean necesarios para establecer la situación patrimonial de la sociedad ya que a su respecto no existen secretos (cfr. DE GREGORIO, “El balance”, pág. 86, cit. por HALPERIN, ob. cit., pág. 632).

                        Que lo expuesto no contradice lo ratificado por la jurisprudencia respecto a que al síndico le compete un control prevalentemente formal o de supervisión extrínseca, pero no significa convalidar una actitud pasiva por parte del síndico, toda vez que ante las reiteradas irregularidades motivo del presente sumario, no consta en estas actuaciones que hayan sido observadas por parte del órgano de contralor (CNCom., Sala B, 2-04-84, LL, 1985-A-317).

                        Que en conclusión, y atento a la culpa in vigilando y su graduación por la cual la comisión fiscalizadora sería responsable, cabe consignar que son los encargados por la ley de una fiscalización constante, rigurosa y eficiente de las disposiciones del directorio, por lo que sus funciones a los efectos de la normal marcha de la sociedad son más importantes individualmente que las de cada uno de los directores; y la falta deliberada o no del debido ejercicio de las múltiples obligaciones que la ley les impone –en estos actuados las de control- los hace incurrir en gravísima falta (cfr. Dictamen Nº 66.266, del 27-04-92, in re: “Comisión Nacional de Valores –Cía. Argentina del Sud S.A. s/ verificación contable”, a cuyos fundamentos remitió la Sala “C” del Tribunal, sentencia del 7-10-92, cit. por Res. Nº 13.275 del Expte. Nº 1006/99 – “PAPELERA TUCUMAN S.A.  s/retardo en presentación de información contable”).

                        Que en razón de lo hasta aquí desarrollado, se configuró la infracción por parte de los síndicos al deber de controlar que el resto de los órganos cumpla debidamente la normativa aplicable.

                        IV.- Sanción

                        Que habiéndose acreditado los cargos formulados, en la fijación de la sanción –que será de multa- se pondera que INALRUCO fue objeto de sanción de multa y suspensión de su autorización para realizar oferta pública conforme Resolución Nº 12.385 del 28-08-98 dictada en el Expediente Nº 283/97 rotulado “INALRUCO S.A. PETROLERA s/incumplimiento presentación de balance”.

                        Que para su graduación se pondera asimismo la importancia del cumplimiento de las obligaciones reglamentarias -en especial las referentes a la divulgación de información en forma correcta-, de manera espontánea, íntegra y oportuna, el cúmulo de infracciones constatadas, la significativa demora en la celebración de la asamblea, e incluso la falta de designación de una sindicatura plural.

                        Que dicha multa deberá ser efectivizada en la persona de los directores y los síndicos responsables en forma solidaria, siendo ajeno a este procedimiento la forma de distribución (cfr. Cám. Nac. de Apel. Com., Sala B, 5-10-70, “E. FLAIBAN S.A.”), y cuyo plazo de cumplimiento será de QUINCE (15) días hábiles a partir de la notificación de esta Resolución.

                        Que la presente Resolución se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 10 y 12 de la Ley Nº 17.811.

 

                        Por ello,

LA COMISION NACIONAL DE VALORES

RESUELVE:

ARTICULO 1º.-  Imponer a INALRUCO S.A. PETROLERA la sanción de MULTA que se fija en la suma de PESOS VEINTICUATRO MIL ($ 24.000) prevista en el artículo 10 inciso b) de la Ley Nº 17.811, la que se hará efectiva en la persona de los directores titulares al momento de los hechos examinados señores Roberto P. LUGO, Héctor A. SAENZ y Marcelo A. LOZADA; y a sus síndicos titulares a dicha fecha señores Diego E. LAMÉDICA, Mónica N. ALEGRIA y Miguel A. SMITH por la infracción constatada a los artículos 43, 44, 45, 48 y 53 del Código de Comercio, 234 último párrafo y 284 de la Ley Nº 19.550 de Sociedades Comerciales, y 3º del Capítulo II y punto 11.8 del Anexo I del Capítulo XXIII de las NORMAS (N.T. 2001).-

ARTICULO 2º.- El pago de la multa deberá realizarse en la Subgerencia de Administración de esta COMISION NACIONAL DE VALORES (sita en 25 de Mayo 175,  piso 11º de esta Ciudad, de lunes a viernes en el horario de 10.00 a 15.00 hs.).  En el caso de que la multa sea pagada fuera del término fijado en esta Resolución la mora se producirá de pleno derecho, devengándose los correspondientes intereses.-

ARTICULO 3º.- Regístrese y notifíquese con copia autenticada de la presente Resolución  a todos los sumariados, a quienes se hará saber que la multa deberá ser efectivizada por las personas físicas sumariadas dentro del plazo de QUINCE (15) días hábiles a partir de la notificación de la presente.-

ARTICULO 4º.- Notifíquese con copia autenticada de la presente Resolución a la BOLSA DE COMERCIO DE BUENOS AIRES a los efectos de la publicación en su Boletín Diario e incorpórese en el sitio web del Organismo en www.cnv.gov.ar.- Firmado J. Andrés Hall. Director. Hugo H. SECONDINI. Vicepresidente. Dr. Jorge Lores. Director.