Resolucin N 14.286

BUENOS AIRES, 22 de agosto de 2002

 

RESOLUCIÓN N 14286

 

VISTO el Expediente N 1153/99 rotulado "El Doblón S.A. s/ Denuncia. Ref.: Nougues Hnos. S.A. y Nougues S.A."; lo dictaminado por la Subgerencia de Coordinación Jurídica; conformidad prestada por la Gerencia de Fiscalización y Control, y

CONSIDERANDO:

Que por Resolución N 13.947 del 18-09-01 (fs. 1453/68) esta Comisión Nacional de Valores ("CNV") instruyó sumario a NOUGUES S.A. (la "Sociedad" o "NOUGUES") y a los directores, síndicos y consejeros de vigilancia (en todos los casos titulares) que se mencionan más adelante, por diversas infracciones que a continuación se detallan.

I. Las infracciones

I.A. Primer Grupo de Infracciones

Que se imputó a los sumariados la posible infracción al artículo 59 la Ley de Sociedades Comerciales N 19.550 ("LSC") (deber de los administradores de actuar con lealtad y diligencia); a los artículos 43 y 51 del Código de Comercio; 63, 64 y 65 de la LSC; Capítulos III y IV de la Resolución Técnica ("R.T.") N 8 y puntos 1.a, 1.3.a, 1.3.b, 1.3.c y 3.17 del Capítulo B de la segunda parte de la R.T. N 10 -adoptadas por el Cap. XVIII de las NORMAS (N.T. 1997)- hoy Cap. XXIII de las NORMAS (N.T. 2001)- (deberes relacionados con la contabilización de la venta de un activo) y al artículo 10, inc. c) del Capítulo VI, de las NORMAS (N.T. 1997) hoy art. 10, ac. c), puntos c.1.) y c.2) Cap. VI, de las NORMAS (N.T. 2001) (deber de mantener una adecuada organización administrativa) (el "Primer Grupo de Infracciones").

I.B. Segundo Grupo de Infracciones

Que también se imputó a los sumariados la posible infracción al artículo 11, punto 8.1.6 del Capítulo XVIII de las NORMAS (N.T. 1997) hoy art. 11, pto. XXIII.8, Cap. XXIII de las NORMAS (N.T. 2001) (deber de presentar balances de una subsidiaria auditados por auditor independiente) y artículos 2 y 3 inciso i) del Capítulo XVII de las NORMAS (N.T. 1997) hoy arts. 2 y 3 inc. 9) del Cap. XXI de las NORMAS (N.T. 2001) (deber de informar a esta CNV la promoción de diversas causas judiciales en su contra) (el "Segundo Grupo de Infracciones").

II. Los tres períodos bajo examen y lAs Personas imputadas

II.A. Los tres períodos

Que las conductas bajo examen se produjeron en tres períodos distintos en los que variaron las respectivas autoridades de la Sociedad, por lo que corresponde diferenciar los mismos, a saber, del 26-12-96 al 31-10-97 ("Primer Período"), del 31-10-97 al 14-12-98 ("Segundo Período") y del 14-12-98 al 29-10-99 ("Tercer Período").

II.B. Personas imputadas

II.B.1. La Sociedad

Que se imputó a la Sociedad el Primer Grupo de Infracciones por conductas que abarcaban los tres períodos y el Segundo Grupo de Infracciones por conductas que abarcaron sólo el Segundo Período y el Tercer Período.

II.B.2. Directores y síndicos del Primer Período

Que se imputó a los directores Fernando S. NOUGUES, Ambrosio NOUGUES, Alejandro NOUGUES, Carlos M. NOUGUES, Oscar LUZZI y Elio CACHIARELLI la posible comisión del Primer Grupo de Infracciones.

Que se imputó a los síndicos Héctor BALONCHARD, José M. CASTRO, Jorge RUIZ POSSE, José D. GONZALEZ y José E. CORNEJO MURUA, la posible infracción al artículo 294 inciso 9) de la LSC.

Que ha quedado establecido que José D. GONZALEZ y José E. CORNEJO MURUA no integraron la sindicatura durante el Primer Período (v. informe de fs. 1381).

II.B.3. Directores y síndicos del Segundo Período

Que se imputó a los directores Manuel HERRERA, José de CARABASSA, Martín VILLAGRAN SAN MILLAN, Enrique BECCAR VARELA y Carlos M. NOUGUES la posible comisión del Primer Grupo de Infracciones y del Segundo Grupo de Infracciones.

Que se imputó a los síndicos José M. CASTRO, José D. GONZALEZ y José E. CORNEJO MURUA la posible infracción al artículo 294 inciso 9) de la LSC.

II.B.4. Directores y consejeros de vigilancia del Tercer Período

Que se imputó a los directores Manuel HERRERA, José de CARABASSA, Enrique BECCAR VARELA y Carlos M. NOUGUES la posible comisión del Primer Grupo de Infracciones y del Segundo Grupo de Infracciones.

Que se imputó a los consejeros de vigilancia Eduardo USANDIVARAS, Martín VILLAGRAN SAN MILLAN, Alejandro NOUGUES y José E. CORNEJO MURUA la posible infracción al artículo 281 inciso g) de la LSC.

Que se ha acreditado que Alejandro NOUGUES formó parte del consejo de vigilancia por sólo TRES (3) días (del 14-12-98 al 17-12-98) sin que conste su aceptación a tal cargo (v. informe de fs. 1383).

III. Los Descargos

III.A. Tiempo propio. Domicilio especial

Que por Disposición del 9-4-02 (fs. 2017/23) el Conductor del Sumario tuvo a Fernando S. NOUGUES, Ambrosio NOUGUES y Alejandro NOUGUES por presentados, por parte y con domicilio especial constituido; a José D. GONZALEZ y Jorge RUIZ POSSE por presentados, por parte y sin domicilio especial constituido; a la Sociedad, Manuel HERRERA, José E. CORNEJO MURUA, Martín VILLAGRAN SAN MILLAN, Enrique BECCAR VARELA, Eduardo USANDIVARAS y José M. CASTRO por presentados fuera de término y sin domicilio especial constituido; a Carlos M. NOUGUES por presentado fuera de término y con domicilio especial constituido; y a Oscar LUZZI, Elio CACHIARELLI, Héctor BALONCHARD y José de CARABASSA por no presentados (fs. 2022/3).

Que conforme lo ordenado en el artículo 2 de esa Disposición constituyeron domicilio especial José D. GONZALEZ (fs. 2073), NOUGUES (fs. 2068), Manuel HERRERA (fs. 2069), José E. CORNEJO MURUA (fs. 2071), Martín VILLAGRAN SAN MILLAN (fs. 2067), Enrique BECCAR VARELA (fs. 2072), Eduardo USANDIVARAS (fs. 2070) y José M. CASTRO (fs. 2074).

III.B. Descargos y adhesiones

III.B.1. Descargo de la Sociedad

Que la Sociedad presentó descargo a fs. 1666/94.

III.B.2. Descargo de los directores

Que presentaron su descargo Fernando S. NOUGUES (fs. 1966/80) Ambrosio NOUGUES (fs. 1554/6) y Alejandro NOUGUES (fs. 1918/20) (todos ellos directores del Primer Período).

Que Oscar LUZZI y Elio CACHIARELLI (directores del Primer Período) no presentaron descargo.

Que Carlos M. NOUGUES (director del Primer Período, Segundo Período y Tercer Período) adhirió a los descargos de Ambrosio NOUGUES, Alejandro NOUGUES y de la Sociedad (fs. 1950/1), por lo que toda referencia a tales descargos se entenderá hecha también a su respecto.

Que Manuel HERRERA (director del Segundo Período y del Tercer Período) y la Sociedad presentaron su descargo conjuntamente (fs. 1666/94) y Martín VILLAGRAN SAN MILLAN y Enrique BECCAR VARELA (directores del Segundo Período y del Tercer Período, fs. 1956 y 1957 respectivamente), adhirieron al descargo de la Sociedad, por lo que toda referencia a tal descargo se entenderá hecha también a su respecto.

Que José de CARABASSA (director del Segundo Período y del Tercer Período) no presentó descargo.

III.B.3. Descargo de los síndicos y consejeros de vigilancia

Que José M. CASTRO (síndico del Primer Período y del Segundo Período) presentó su descargo a fs. 1587/90, Jorge RUIZ POSSE (síndico del Primer Período) a fs. 1924/8 y Héctor BALONCHARD (síndico del Primer Período) no presentó descargo.

Que José D. GONZALEZ (síndico del Segundo Período) presentó descargo a fs. 1586.

Que Eduardo USANDIVARAS, Martín VILLAGRAN SAN MILLAN (consejeros de vigilancia del Tercer Período) y José E. CORNEJO MURUA (síndico del Segundo Período y consejero de vigilancia del Tercer Período) adhirieron al descargo de la Sociedad (a fs. 1954, 1956 y 1955 respectivamente), por lo que toda referencia a tal descargo se entenderá hecha también a su respecto.

III.C. Prueba

Que NOUGUES acompañó copia de algunas de sus presentaciones a esta CNV, acta de audiencia testimonial de Manuel HERRERA ante esta CNV y prospecto de la Sociedad relativo a una emisión de acciones (fs. 1695/917); José M. CASTRO presentó copia de actas de la comisión fiscalizadora (fs. 1591/665) y Ambrosio NOUGUES acompañó copia de presentaciones a esta CNV, del acta de directorio N 815 y de la escritura traslativa de dominio de la Fracción de la Estancia Bouvier (fs. 1557/82).

Que ofrecieron prueba documental NOUGUES, Fernando S. NOUGUES, Ambrosio NOUGUES, Alejandro NOUGUES y Jorge RUIZ POSSE; prueba testimonial NOUGUES y Fernando S. NOUGUES; prueba de absolución de posiciones Fernando S. NOUGUES y de informes NOUGUES.

Que por Disposición del 26-4-02 (fs. 2052/64), el Conductor del Sumario ordenó tener por agregada la prueba documental acompañada (fs. 1695/917, 1591/665, 1557/82 y 1591/665), para ser evaluada en la oportunidad procesal correspondiente y no hacer lugar a la demás prueba ofrecida por las razones que se apuntaron en cada caso.

III.D. Excepciones de previo y especial pronunciamiento y recursos

III.D.1. Excepciones de previo y especial pronunciamiento

Que presentaron, como excepciones de previo y especial pronunciamiento, Fernando S. NOUGUES la de prescripción de la acción punitiva (fs. 1960), y Ambrosio NOUGUES (fs. 1555 vta.) y Alejandro NOUGUES (fs. 1920), la de falta de legitimación pasiva.

Que por Resolución N 14.181 del 25-4-02 (fs. 2043/51) esta CNV rechazó la defensa de prescripción de la acción opuesta atento a que el plazo aplicable en este sumario es de SEIS (6) años, los que no transcurrieron desde la comisión de los hechos sujetos a investigación hasta la apertura del presente sumario, y la excepción de falta de legitimación pasiva, como de previo y especial pronunciamiento, por no ser manifiesta su existencia.

III.D.2. Recursos

Que por Disposición del 17-5-02 (fs. 2099/102) se respondió la aclaratoria solicitada por Alejandro NOUGUES y Ambrosio NOUGUES y se rechazó el recurso de revocatoria por ellos planteado, y por Disposición del 31-5-02 (fs. 2118/21) se rechazaron los recursos de reconsideración y judicial planteados por Fernando S. NOUGUES por improcedentes (arts. 84 del Decreto Reglamentario 1759/72 t.o. 1991, y 12 y 14 de la Ley N 17.811).

Que Fernando S. NOUGUES el 19-6-02 a fs. 2123/6 interpuso recurso jerárquico (art. 89 del Decreto Reglamentario 1759/72 t.o. 1991) respecto de la Disposición por la cual se le rechazaron los recursos interpuestos, el que por la presente se rechaza por improcedente, ya que las decisiones que se dictan durante la sustanciación del presente sumario son irrecurribles (art. 12 de la Ley N 17.811).

III.E. Análisis de los descargos

III.E.1. Deber de los administradores de actuar con lealtad y diligencia (venta de la Fracción de la Estancia Bouvier)

Que se vendieron 14.159 hectáreas de la Estancia Bouvier (la "Fracción de la Estancia Bouvier") sin la debida autorización del directorio, lo que importaría, junto con los demás hechos imputados en este sumario, una posible infracción al artículo 59 de la LSC.

Que el 22-9-97 los directores Oscar Luzzi y Elio CACHIARELLI firmaron el respectivo boleto de compraventa y el 24-9-97 Fernando S. NOUGUES procedió a firmar las escrituras públicas traslativas de dominio N 463 y N 464 (fs. 328/9 y 1970).

Que a los efectos de ordenar el tratamiento de esta imputación, corresponde tratar en primer instancia el hecho central que la sustenta, a saber, la venta de la Fracción de la Estancia Bouvier sin la debida autorización del directorio.

Que sin perjuicio de ello, al finalizar el tratamiento de cada uno de los restantes hechos imputados, se retornará al análisis integral de la imputación de infracción al deber de actuar con lealtad y diligencia (art. 59 de la LSC.).

III.E.1.a. Descargo de la Sociedad

Que la Sociedad no trató la venta de la Fracción de la Estancia Bouvier, sino que se refirió indirectamente a ella al defenderse respecto de la contabilización que con posterioridad se efectuó de dicha venta (fs. 1690).

Que adujo respecto de la venta en cuestión, que a) fue efectuada por el director Oscar Luzzi (se omite, en este punto, toda referencia a Elio CACHIARELLI y a Fernando S. NOUGUES) en base al acta N 815 (correspondiente a la reunión de directorio del 8-9-97) (fs. 631/7) que sólo lo autorizaba a proseguir con las conversaciones iniciadas, b) tres directores (Ambrosio NOUGUES, Alejandro NOUGUES y Carlos M. NOUGUES) se opusieron a la venta, c) dos síndicos (José M. CASTRO y Jorge RUIZ POSSE) opinaron que la venta no era válida y d) la Sociedad mantenía la posesión de la Fracción de la Estancia Bouvier y la continuaba explotando (fs. 1690/1).

III.E.1.b. Descargo de los directores

Que Fernando S. NOUGUES señaló que la interpretación correcta de la reunión de directorio del 8-9-97 (acta N 815, fs. 631/7) pasa por entender que existía urgencia en la obtención de fondos para pagar, en su totalidad, una moratoria cuya siguiente cuota vencería CATORCE (14) días después de la reunión de marras (fs. 1968).

Que en ese marco, lo que se discutía no era continuar con conversaciones en firme sino la venta de la Fracción de la Estancia Bouvier pero que al confeccionar el acta en la computadora, Elio CACHIARELLI tomó como base el acta N 813 (fs. 625/9) y omitió retirar la expresión "conversaciones" utilizada en ésta última (fs. 1969).

Que también sostuvo que el 22-9-97 los directores Oscar Luzzi y Elio CACHIARELLI firmaron el respectivo boleto de compraventa y el 24-9-97 Fernando S. NOUGUES, en su condición de presidente de la Sociedad, procedió a firmar las escrituras públicas N 463 y N 464 y a efectuar la tradición efectiva de los inmuebles vendidos, transmitiendo su dominio (fs. 1970).

Que si quedara alguna duda sobre si la reunión de directorio del 8-9-97 autorizó la venta, en la reunión del 6-10-97 (reflejada en el acta N 817, fs. 645/7) informó la operación, que fue aprobada por los miembros presentes, a saber: Fernando S. NOUGUES, Oscar Luzzi y Elio CACHIARELLI, sin que la ausencia de los restantes directores (Ambrosio NOUGUES, Alejandro NOUGUES y Carlos M. NOUGUES) afectara la validez de dicha reunión (fs. 1972/3).

Que argumentó que la Resolución N 13.947 de apertura de sumario es nula, puesto que esta CNV carece de competencia para cuestionar la validez de la venta de la Fracción de la Estancia Bouvier (fs. 1966).

Que la asamblea general ordinaria del 14-12-98 aprobó la gestión del directorio, en lo que a él respecta, sin salvedades, lo que lo eximiría de la responsabilidad emergente de los cargos imputados, puesto que la venta de la Fracción de la Estancia Bouvier es anterior (fs. 1966).

Que finalmente, manifestó que en la querella incoada en su contra por el actual directorio de la Sociedad, la justicia penal entendió que la reunión de directorio de marras había autorizado la venta, - sentencias de 1 Instancia del 1-3-00 (fs. 996/1010), de la Excma. Cámara de Apelaciones, Sala V, del 11-5-00 (fs. 1011/3) y la Excma. Cámara de Casación Penal del 20-11-00 por la cual se rechazó el recurso de casación interpuesto por la querella-, por lo que planteó la excepción de cosa juzgada (fs. 1975/6).

Que Ambrosio NOUGUES y Alejandro NOUGUES (directores del Primer Período) apuntaron que en la reunión de directorio del 8-9-97, representados por Carlos M. NOUGUES, se opusieron a la venta en cuestión, la que por otro lado, nunca fue autorizada por el directorio (fs. 1555 vta. y 1919 vta.).

Que agregaron que el 16-10-97 Ambrosio NOUGUES denunció ante esta CNV una serie de irregularidades en la venta de la Fracción de la Estancia Bouvier (fs. 2/6 del Expte. N 1385/97).

Que señalaron que ambos imputados y Carlos M. NOUGUES habían sido apartados totalmente de toda injerencia en los negocios sociales por los tres directores restantes, quienes actuaban conjuntamente y que con el doble voto del presidente (Fernando S. NOUGUES) en caso de empate, monopolizaban la voluntad social (fs. 1555 y 1919).

III.E.1.c. Descargo de los síndicos y consejeros de vigilancia

Que José M. CASTRO (síndico del Primer Período y del Segundo Período) alegó que él, junto con Jorge RUIZ POSSE (síndico del Primer Período), dejó constancia de la irregularidad de la venta conforme lo refleja el acta N 364 del 7-10-97 (fs. 1606), pidió que se convocara a una reunión de directorio para tratarla y varias veces requirió, por carta documento, información al entonces presidente de la Sociedad Fernando S. NOUGUES, entre otras medidas (fs. 1588/9).

Que Jorge RUIZ POSSE reiteró y se remitió a los argumentos de defensa presentados por José M. CASTRO (fs. 1928).

III.E.1.d. Análisis

Que cabe delimitar claramente el marco dentro del cual se efectúa la imputación bajo examen.

Que no se trata en este punto de determinar la oportunidad o conveniencia de la venta efectuada puesto que tal análisis, salvo situaciones de abuso manifiesto, excede el ámbito de control de legalidad propio de este Organismo.

Que tampoco se trata en este caso, de determinar la validez jurídica de la venta efectuada, aspecto éste que se discute en la justicia, y que excede la imputación efectuada por estar fuera de la competencia de esta CNV.

Que en consecuencia carece de sustento, para el caso bajo examen, la excepción de falta de competencia efectuada por Fernando S. NOUGUES fundada en la falta de poderes de esta CNV para determinar la validez de la venta de la Fracción de la Estancia Bouvier (fs. 1966) pues ello no es materia de análisis en el presente.

Que lo que se imputó oportunamente y se analiza en el presente es si la venta de la Fracción de la Estancia Bouvier se realizó sin la debida autorización del directorio, reproche que apunta a resguardar que en la toma de decisiones sociales, mas allá de su mérito o conveniencias empresariales, se respeten ciertos procedimientos básicos que impriman un mínimo de racionalidad a la actuación societaria.

Que en tal sentido, contar con la aprobación del directorio al efectuar un acto de disposición de un bien inmueble de las características apuntadas constituye a) el medio más idóneo para asegurar que se obtenga la plena discusión sobre su conveniencia (sobre la cual no se abre juicio puesto que como se dijo es el proceso y no el resultado lo que se analiza en esta instancia) y b) un requisito legal cuya inobservancia tiene la potencialidad de generar serios cuestionamientos a la validez del acto en cuestión, como de hecho sucedió (fs. 1692) en el caso que se analiza ("[h]a de tenerse presente que el directorio tiene facultades para la disposición (enajenación) de los bienes de uso de la sociedad (muebles e inmueble), salvo que el estatuto restrinja o elimine expresamente esas facultades " cita de Mascheroni efectuada por Verón, Alberto V., "Sociedades Comerciales", Tomo III, Pág. 88, Ed. Astrea, Buenos Aires, 1998).

Que así lo expresaron los síndicos José M. CASTRO y Jorge RUIZ POSSE, quienes apuntaron en su reunión de sindicatura del 7-10-97 (conf. acta N 364 de fs. 1608, último párr.) que en operaciones anteriores, el directorio aprobó la venta en forma definitiva y se autorizó a firmar los documentos asociados a la misma al presidente o a dos directores designados en ese acto, como lo establece el estatuto social.

Que tal es el grado de precisión observado cuando se dispuso la venta de otros inmuebles conforme surge del acta N 780 del 14-11-95 (fs. 594).

Que la afirmación de Fernando S. NOUGUES sobre que el acta N 815 (firmada por él mismo) en realidad fue erróneamente redactada por haberse utilizado como modelo el acta N 813, sin hacerse los cambio pertinentes, es inadmisible puesto que le competía a los directores la cuidadosa lectura del acta antes de firmarla y la negligencia al hacerlo es inexcusable puesto que nadie puede alegar en su defensa su propia torpeza.

Que su argumento sobre que la asamblea de accionistas del 14-12-98 aprobó la gestión del directorio, en lo que a él respecta, sin salvedades (fs. 1966), es también inadmisible, puesto que conforme el artículo 275 de la LSC tal aprobación sólo tiene efectos "respecto de la sociedad", y la extinción de la responsabilidad no se produce si se origina en la violación de la ley, del estatuto o del reglamento.

Que "[s]e comprende que así sea si se tiene presente... que la asamblea sólo tiene atribuciones para ratificar aquellos actos que ella puede autorizar y no sobrepasen el límite de su competencia, vale decir, que la asamblea carece de calidad para convalidar los actos de los directores que están en oposición con la ley o con los estatutos, pues caso contrario se llegaría por la sola decisión de la asamblea, a la total impunidad de los directores." (v. Miguel A. SASOT BETES, Miguel P. SASOT, "Sociedades Anónimas, El Órgano de Administración", Ed. Ábaco, 1980, pág. 563).

Que en cuanto a que la querella criminal incoada en su contra concluyó que el acta N 815 autorizaba la venta, debe señalarse que la lectura coordinada de las sentencias de primera y segunda instancia no imponen tal conclusión (fs. 996/1013).

Que por el contrario, la sentencia de segunda instancia señala que las argumentaciones de la defensa (Fernando S. NOUGUES, entre otros) en cuanto a los errores en la confección del acta, carecen de relevancia, y que también resulta irrelevante (a los efectos penales) si Oscar LUZZI estaba autorizado, puesto que aún asumiendo que la venta no fue autorizada ni prevista, la consumación de la figura típica imputada (art. 173, inc. 7) del Código Penal, -estafa por administración fraudulenta-), requiere un daño patrimonial que la Excma. Cámara de Casación Penal entendió no existió en el caso bajo su consideración (fs. 1011 vta.).

Que a diferencia de lo allí imputado, en los presentes actuados no se discute una estafa por administración fraudulenta sino si la venta de un inmueble sin la debida autorización del directorio es violatoria del deber de diligencia que por el artículo 59 de la LSC corresponde a un director (lo que no requiere perjuicio alguno), lo que a esta altura del análisis se tiene por acreditado.

Que debe determinarse entonces la responsabilidad de los diferentes directores y síndicos y consejeros de vigilancia imputados en relación al hecho de marras.

Que como la venta en cuestión ocurrió durante el Primer Período no son responsables respecto a este hecho en particular, los directores, síndicos y miembros del consejo de vigilancia del Segundo Período y el Tercer Período.

Que la venta de la Fracción de la Estancia Bouvier fue realizada con la participación directa de los directores Oscar Luzzi y Elio CACHIARELLI, quienes el 22-9-97 firmaron el respectivo boleto de compraventa y Fernando S. NOUGUES, quien el 24-9-97 firmó las respectivas escrituras (fs. 1969/70).

Que en relación a los restantes miembros del directorio, cabe señalar que "[d]ado que el directorio de la sociedad anónima es un órgano colegiado, el reproche por mal desempeño del cargo está dirigido, en principio, contra todos los integrantes del órgano..., para cuya imputación debe prescindirse... de todo juicio de atribución basado en el obrar individual de los directores que permita distinguir los grados o matices de culpa o dolo que pudiera existir entre ellos. No se trata de una responsabilidad objetiva, ni derivada de una obligación de resultados, sino de una presunción de culpabilidad de todos los miembros del órgano colectivo que provoca una inversión de la carga probatoria, y que obliga al director a tener que demostrar la diligencia y lealtad con que ha actuado para poder liberarse de su responsabilidad..." (Cám. Fed. de Apel. de Mendoza, Sala B, Expte. N 66.184-B-3743, "Bolsa de Comercio de San Juan S.A. s/ verificación 28.08.95", 1-9-00).

Que en tal sentido, Ambrosio NOUGUES, Alejandro NOUGUES y Carlos M. NOUGUES no sólo no participaron del hecho en cuestión, sino que se opusieron a su concreción en las deliberaciones sociales, llegando inclusive a denunciar la irregularidad ante esta CNV, demostrando con ello una diligencia suficiente para eximirlos de responsabilidad respecto de tal hecho (fs. 2/6 del Expte. N 1385/97).

Que lo mismo cabe decir de los síndicos José M. CASTRO y Jorge RUIZ POSSE, quienes una vez impuestos de la irregularidad del proceso de venta así lo apuntaron, pidiendo al respecto reiteradas explicaciones al presidente del directorio Fernando S. NOUGUES (fs. 1606/18), las que culminaron, después del cambio de autoridades producido en la asamblea de accionistas del 31-10-97, en el inicio del juicio de nulidad de la venta de la Fracción de la Estancia Bouvier.

Que no puede decirse lo mismo del síndico Héctor BALONCHARD, quien como se observa en las actas acompañadas (fs. 1606/18), no se opuso a la venta ni participó en las pertinentes reuniones de la comisión fiscalizadora, con lo que infringió sus deberes.

Que son atribuciones y deberes del síndico vigilar que el órgano de administración dé debido cumplimiento a la ley, estatuto, reglamento y decisiones asamblearias (art. 294, inc. 9) de la LSC).

Que claramente se expidió el Fiscal de Cámara Dr. Calle Guevara refiriéndose a la culpa in vigilando de los administradores de una sociedad: "Esa responsabilidad se extiende, desde mi punto de vista a los síndicos sociales. Es cierto que éstos no ejercen la dirección de la sociedad. Empero, ellos son los encargados por la ley de una fiscalización constante, rigurosa y eficiente de las disposiciones del directorio, por lo que sus funciones a los efectos de la normal marcha de la sociedad son más importantes individualmente que las de cada uno de los directores. La falta deliberada o no del debido ejercicio de las múltiples obligaciones que la ley les impone entre otras, las de control, asistencia, convocatoria a asambleas (Ley de Sociedades, artículos 294/6)- los hace incurrir en gravísima falta" (Conf. Dict. N 66.266, del 27-04-92, in re: "Comisión Nacional de Valores Cía Argentina del Sud S.A. s/ verificación contable", a cuyos fundamentos remitió la Sala "C" del Trib., sent. del 7-10-92, cit. en Res. N 13.275 del Expte. N 1006/99 "PAPELERA TUCUMAN S.A. s/retardo en presentación de información contable") (lo destacado es agregado).

Que tal razonamiento se hace extensivo a los demás casos de este sumario en los que se imputa responsabilidad a los síndicos y consejeros de vigilancia (arts. 294, inc. 9) y 281, inc. g) de la LSC).

Que en consecuencia, en lo que respecta a la venta de la Fracción de la Estancia Bouvier sin la debida autorización del directorio, son responsables NOUGUES, Oscar Luzzi, Elio CACHIARELLI y Fernando S. NOUGUES (directores del Primer Período); y por la consecuente infracción al art. 294, inc. 9) de la LSC es responsable Héctor BALONCHARD (síndico del Primer Período).

III.E.2. Deberes relacionados con la contabilización de la venta de un activo

Que se omitió contabilizar en el balance al 30-9-97 la venta de la Fracción de la Estancia Bouvier, por lo que se habrían infringido los artículos 43 y 51 del Código de Comercio, 63, 64 y 65 de la LSC y Capítulos III y IV de la R.T. N 8 y puntos, 1.a, 1.3.a, 1.3.b, 1.3.c y 3.17 del Capítulo B de la R.T. N 10 (adoptadas por el Anexo I del Capítulo XVIII de las NORMAS (N.T. 1997)) (fs. 1542).

III.E.2.a. Descargo de la Sociedad

Que NOUGUES sostuvo que la venta de la Fracción de la Estancia Bouvier fue nula, que tal nulidad fue planteada ante la justicia y que consistente con tal posición, los estados contables al 30-9-97 y subsiguientes reflejaron dicho activo en su patrimonio (fs. 1690/1), el adelanto recibido se registró en el pasivo social y por nota a los estados contables se dejó constancia de tal situación.

III.E.2.b. Descargo de los directores

Que Fernando S. NOUGUES (director del Primer Período) (fs. 1966) sostuvo que tal omisión no le es imputable y fue exclusiva responsabilidad del directorio siguiente, puesto que él cesó en sus funciones el 31-10-97 (el balance al 30-9-97 se aprobó el 19-6-98).

Que Ambrosio NOUGUES y Alejandro NOUGUES (directores del Primer Período) plantean una defensa similar a la de Fernando S. NOUGUES alegando que fueron directores sólo durante el Primer Período (fs. 1554/6 y 1918/20).

III.E.2.c. Descargo de los síndicos y consejeros de vigilancia

Que José M. CASTRO (síndico del Primer Período y del Segundo Período) indicó que coincidente con el criterio que expuso la sindicatura del Primer Período (que concluyó que la venta de la Fracción de la Estancia Bouvier se efectuó sin la debida autorización del directorio del Primer Período), el directorio entrante en el Segundo Período inició acciones judiciales tendientes a dejar sin efecto dicha venta.

Que la comisión fiscalizadora del Segundo Período, avaló tal criterio y consistentemente aprobó el tratamiento contable que se le dio a la venta de la Fracción de la Estancia Bouvier en los estados contables al 30-9-97, conforme surge de su acta N 380 (fs. 1651).

III.E.2.d. Análisis

Que la Subgerencia de Coordinación Económico-Contable de esta CNV ("SCEC") informó que la venta de los bienes registrales se debe contabilizar al inscribirse la misma, y que como la Fracción de la Estancia Bouvier se inscribió a nombre de la compradora el 24-9-97, el balance al 30-9-97 (aprobado el 19-6-98) debería haber reflejado tal situación (fs. 1350/2).

Que la inscripción registral fue precedida y avalada por antecedentes documentales tales como el boleto de compraventa y las escrituras traslativas de dominio (fs. 328/9 y 1970) los que a la fecha no han sido declarados nulos por la justicia.

Que también sostuvo que la omisión de reflejar la venta de 14.159 hectáreas (cuyo titular registral no es la Sociedad) en los estados contables al 30-9-97, implicó una exposición de más de bienes de uso, menos disponibilidades y/o créditos y un menor resultado positivo para la Sociedad (fs. 1357, punto "4)", 1358, punto "2." y fs. 1360, punto "C.").

Que los descargos de los imputados se limitaron a relatar los antecedentes fácticos por los cuales emplearon el criterio cuestionado por la SCEC (básicamente, venta de la Fracción de la Estancia Bouvier sin la debida autorización del directorio del Primer Período y posterior impugnación judicial por parte de la administración subsecuente, los que estaban en conocimiento y fueron valorados por la SCEC) sin analizar ni contestar el criterio de dicha Subgerencia referido a que la contabilización de la venta del inmueble es debida desde su inscripción registral, quedando en consecuencia incólume el reproche efectuado.

Que en consecuencia, se tiene por acreditada la infracción imputada, correspondiendo determinar entonces la responsabilidad de los diferentes directores y síndicos y consejeros de vigilancia imputados con relación al hecho de marras.

Que no son responsables de la misma los directores y síndicos del Primer Período puesto que el balance al 30-9-97, en el que se omitió contabilizar la venta de la Fracción de la Estancia Bouvier, fue aprobado el 19-6-98, durante el Segundo Período, manteniéndose tal criterio hasta el presente.

Que en consecuencia son responsables de la infracción a los artículos 43 y 51 del Código de Comercio; 63, 64 y 65 de la LSC; Capítulos III y IV de la R.T. N 8 y puntos 1.a, 1.3.a, 1.3.b, 1.3.c y 3.17 del Capítulo B de la segunda parte de la R.T. N 10 por la omisión de contabilizar la venta de la Fracción de la Estancia Bouvier, NOUGUES, Manuel HERRERA, José de CARABASSA, Enrique BECCAR VARELA y Carlos M. NOUGUES (directores del Segundo Período y del Tercer Período); y por la consecuente infracción a los arts. 294, inc. 9) y 281 inciso g) de la LSC (según sean síndicos o consejeros de vigilancia) son responsables José M. CASTRO, José D. GONZALEZ (síndicos del Segundo Período), José E. CORNEJO (síndico del Segundo Período y consejero de vigilancia del Tercer Período), Eduardo USANDIVARAS y Martín VILLAGRAN SAN MILLAN (consejeros de vigilancia del Tercer Período).

III.E.3. Deber de mantener un adecuada organización administrativa

Que se constataron las siguientes irregularidades:

a) se transfirieron fondos sociales a cuentas de terceros (Raúl FIORI, entre el 5-5-98 y el 9-6-98, fs. 1017/8, a fs. 1101, punto "3)", 1355, 5 párr. y punto "8)", 1360, punto "A." y 1367 punto "iv"); Ambrosio NOUGUES, el 4-5-98, a fs. 1027, fs. 1102, punto "4)" y 1355, 5 párr. y punto "9)" y Enrique MUSSO, entre el 23-4-98 y el 13-8-98, a fs. 1089, fs. 1102, punto "5)", 1355, 5 párr. y punto "10)"y 1360 punto "B.").

b) se registraron contablemente gastos sin respaldo documental rendidos por Raúl FIORI, ello agravado porque la documentación omitida fue solicitada infructuosamente por esta CNV (fs. 1122/4, 1354 y 1355 punto 11).

c) Enrique MUSSO reintegró fondos a la Sociedad y por tal motivo ésta le extendió recibos con membrete de NOUGUES firmados por el mismo Enrique MUSSO (fs. 1126/32, 1354, último párr. y punto "12)", 1359 4 párr. del punto "5.", 1360, punto "B."), lo que implicaría un conflicto de interés, no constando tampoco en estas actuaciones el uso que el nombrado dio a tales fondos al serles originariamente transferidos.

d) se transfirieron fondos de la Sociedad a Tayi S.A. y Enrique MUSSO firmó tanto las órdenes de pago de la primera como los recibos de la segunda en posible conflicto de interés (fs. 1033/9, 1355, 1 párr. y punto "12)", 1359 4 párr. del punto "5.", 1360, punto "B.").

e) se acreditaron fondos sociales para el pago de remuneraciones en la cuenta de un tercero, ROCHIA-FERRO (fs. 730, punto "2"), y tanto él como la Sociedad no cumplieron con el requerimiento de entrega del extracto respectivo efectuado por esta CNV (conf. requerimiento de fs. 676).

f) el 3-11-97 desapareció de las oficinas de la contaduría central de la Sociedad en Finca Lules (Pcia. de Tucumán) una CPU -computadora- con toda la información de su contabilidad, lo que originó inconvenientes contables (fs. 1114 y 1355).

g) desde el 3-11-97 hasta aproximadamente junio de 1998, Fernando S. NOUGUES retuvo documentación de la Sociedad, lo que también ocasionó inconvenientes contables (fs. 1114 y 1355).

Que todo ello demostraría que la Sociedad no cuenta con una adecuada organización administrativa, lo que infringiría el artículo 10, inciso c) del Capítulo VI de las NORMAS (N.T. 1997).

III.E.3.a. Descargo de la Sociedad

Que al respecto la Sociedad (fs. 1666/94) señaló que a) las supuestas infracciones no causaron perjuicio alguno y que en cambio se ha logrado conservar una empresa que parecía estar destinada a la desaparición (fs. 1685); b) que la utilización de fondos depositados en cuentas de terceros tampoco ha generado pérdida alguna (fs. 1686, primer ítem); c) que la falta de una adecuada organización administrativa no puede ser imputada a los directores que asumieron sus funciones desde el 1-11-97 en adelante (fs. 1691) y d) que la utilización de cuentas de terceros se explica debido a los severos condicionamientos de la libertad de acción de la empresa que la colocaron en una situación de estado de necesidad (fs. 1681, punto 1.3.).

III.E.3.b. Descargo de los directores

Que Fernando S. NOUGUES (director del Primer Período) adujo sobre el particular que ninguno de los hechos imputados ocurrieron durante su gestión (Primer Período) y que con posterioridad a su mandato, la Sociedad contaba con todos los elementos necesarios para llevar su contabilidad (fs. 1963/4).

Que sostuvo que acreditaba que la Sociedad contaba con tales elementos con el acta notarial de constatación que se levantó con la intervención de la Escribana María Emilia Colombo de Alabés, la que afirmó acompañar con el descargo (fs. 1964).

III.E.3.c. Descargo de los síndicos y consejeros de vigilancia

Que José M. CASTRO (síndico del Primer Período y del Segundo Período) afirmó que no era de su responsabilidad mantener una adecuada organización administrativa sino de los directores (fs. 1590), argumento también sustentado por José D. GONZALEZ (síndico del Segundo Período) (fs. 1586).

Que Jorge RUIZ POSSE (síndico del Primer Período) afirmó que todos los hechos imputados son posteriores a la finalización de sus funciones (fs. 1924/5).

III.E.3.d. Análisis

Que conforme se consigna a continuación, han quedado debidamente acreditadas las conductas que sustentan la imputación efectuada.

Que en relación a la falta de perjuicio causado alegado por la Sociedad, cabe destacar que la responsabilidad disciplinaria derivada de la violación de la ley, estatuto o reglamento no deriva de los daños producidos por tales actos, sino de la mera infracción al orden jurídico que regula la vida societaria (conf. MASCHERONI, "El directorio de la sociedad anónima", Bs. As., 1978, pág. 109).

Que en cuanto al estado de necesidad alegado para la utilización de cuentas de terceros, cabe señalar que el instituto citado requiere para su aplicación la presencia de requisitos tales como la existencia de un mal mayor que se desea evitar, la falta de relación de la conducta de la Sociedad con dicho mal mayor (ajenidad) y la racionalidad del medio empleado a tal efecto (en este caso, la utilización de cuentas de terceros) entre los distintos medios disponibles, extremos éstos que no han sido ni identificados ni acreditados por la Sociedad en su descargo (v. Ricardo C. Nuñez, "Las Disposiciones Generales del Código Penal", Edi. Mario Lerner, 1988, pág. 131/3).

Que en cuanto a que no se puede atribuir falta de una adecuada organización administrativa a las autoridades del Segundo Período y del Tercer Período, ello es inadmisible puesto que de los hechos constitutivos de la imputación efectuada, 5 (los indicados en los puntos "a)" a "e)") corresponden a tales períodos y sólo 2 (los indicados en los puntos "f)" y "g") son atribuibles a la administración anterior.

Que en lo que se refiere a la retención de la CPU y los libros sociales, ocurridas al comienzo del Segundo Período, cabe señalar que son responsabilidad de las autoridades del Primer Período puesto que las autoridades salientes retuvieron la custodia de tales efectos con posterioridad a la finalización de su mandato, generando los consecuentes inconvenientes administrativos.

Que en la querella incoada en contra de Oscar Luzzi, Elio CACHIARELLI y Fernando S. NOUGUES por el actual directorio de la Sociedad, la justicia penal (sentencias de 1 Instancia del 1-3-00 -fs. 1008 vta.- y de la Excma. Cámara de Apelaciones, Sala V, del 11-5-00 -fs. 1012 vta.-) determinó que hubo retención de efectos societarios, pero que no se llegaba a configurar la figura penal imputada (art. 173, inc. 2) del Código Penal, -estafa por apropiación indebida-) por que ésta requiere dolo, el que no se presentaba en el caso porque, en el clima de incertidumbre que existía sobre las reales autoridades de la Sociedad, los imputados de buena fe no se creían obligados a restituir dichos efectos.

Que a diferencia de lo allí imputado, en los presentes actuados no se discute una estafa por apropiación indebida sino que la apropiación de ciertos efectos sociales por parte de algunos miembros del directorio saliente, produjo serias dificultades en la administración de la empresa.

Que para la configuración de tal infracción no se requiere dolo, y en tal sentido la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, Sala 2, in re "Banco Alas Coop. Ltdo. en liquidación y otros c/ Banco Central de la República Argentina. Resol. 154/94", del 19-2-98 expresó "... el ejercicio de la potestad sancionadora es administración y el de la potestad criminal es justicia (Jiménez de Asúa, "Tratado de Derecho Penal", T I, p. 39, parr. 11, conf. fallo citado), debiendo puntualizarse que aquélla no tiene el rigor, ni la inflexibilidad de las normas del derecho penal sustantivo..." y que "... las correcciones disciplinarias no importan el ejercicio de la jurisdicción criminal propiamente dicha, ni del poder ordinario de imponer penas, y que por ende ni es de su esencia que se apliquen las reglas de derecho penal, ni se requiere el dolo, ya que las sanciones se fundan en la mera culpa por acción u omisión" (lo destacado es agregado) (conf. Sala III, in re "Bunge Guerrico" y "Banco Serrano Coop. Ltdo." del 3-5-84 y 15-10-96, respectivamente, citado en el fallo).

Que Fernando S. NOUGUES nunca acompañó, a pesar del requerimiento que oportunamente se le efectuó (fs. 2063), la documentación (acta notarial de constatación) que él sostuvo haber acompañado con su descargo y que según sus dichos acreditaría que los efectos en cuestión habían sido oportunamente entregados a la administración entrante (fs. 1964).

Que en consecuencia, la infracción de marras se tiene por configurada, por lo que debe determinarse entonces la responsabilidad de los diferentes directores, síndicos y consejeros de vigilancia imputados.

Que debido a que la retención de los efectos en cuestión (puntos "f)" y "g)") fue efectuada exclusivamente por Oscar Luzzi, Elio CACHIARELLI y Fernando S. NOUGUES, cabe encontrarlos responsables de la infracción bajo examen y no a los restantes directores y síndicos del Primer Período puesto que sus mandatos cesaron antes de que ocurrieran los hechos analizados sin tener control sobre ellos ni sobre los pertinentes remedios legales.

Que con relación a los demás hechos configurativos de la imputación efectuada (puntos "a)" a "e)" ), cabe encontrar responsables de la infracción bajo examen a los directores y síndicos del Segundo Período y del Tercer Período.

Que son entonces responsables por la infracción al artículo 10, inciso c) del Capítulo VI de las NORMAS (N.T. 1997), NOUGUES, Fernando S. NOUGUES, Oscar LUZZI y Elio CACHIARELLI (directores del Primer Período), Manuel HERRERA, José de CARABASSA, Martín VILLAGRAN SAN MILLAN, Enrique BECCAR VARELA y Carlos M. NOUGUES (directores del Segundo Período y del Tercer Período); y por la consecuente infracción a los arts. 294, inc. 9) y 281 inciso g) de la LSC (según sean síndicos o consejeros de vigilancia) son responsables José M. CASTRO, José D. GONZALEZ (síndicos del Segundo Período), José E. CORNEJO (síndico del Segundo Período y consejero de vigilancia del Tercer Período), Eduardo USANDIVARAS y Martín VILLAGRAN SAN MILLAN (consejeros de vigilancia del Tercer Período).

III.E.4. Deber de presentar balances de una subsidiaria auditados por auditor independiente

Que NOUGUES presentó balances de una subsidiaria auditados por un contador público que no tenía la condición de independiente, lo que habría infringido el artículo 11 (punto 8.1.6) del Capítulo XVIII de las NORMAS (N.T.1997) (fs. 1114/5, punto "3)", 1122/4, 1348, 9 párr.; 1360, punto "A." y 1367 puntos "iv" a "ix").

III.E.4.a. Descargo de la Sociedad

Que al respecto la Sociedad argumentó que entre el 20-4-98 y el 17-6-98 (durante el Segundo Período) su presidente le solicitó a Raúl FIORI la utilización de su cuenta bancaria para el mantenimiento del mínimo funcionamiento de la empresa, lo que no puede entenderse como función de dirección, gerencia o administración de NOUGUES (fs. 1689).

Que Raúl FIORI no realizó gastos sino que las erogaciones fueron realizadas por el personal de la Sociedad (administración y tesorería), bajo directivas y autorización de la administración central de NOUGUES y aquél sólo entregaba los fondos a tal efecto (fs. 1689).

Que explicó que en un informe que produjo a requerimiento de esta CNV (fs. 1114/5), consignó erróneamente que ciertos pagos correspondían a la "rendición de cuenta del CPN Fiori" cuando en realidad debió haber dicho "rendición de cuenta de fondos recibidos por Fiori" (fs. 1689).

III.E.4.b. Descargo de los síndicos y consejeros de vigilancia

Que José M. CASTRO (síndico del Primer Período y del Segundo Período) afirmó que desconocía que Raúl FIORI estuviera usando su cuenta personal para canalizar fondos y pagos de la Sociedad y que no lo consideraba incorrecto si se rendían cuentas respecto del uso de tales fondos (fs. 1588).

Que José D. GONZALEZ (síndico del Segundo Período) sostuvo que desconocía la existencia de los hechos en cuestión (fs. 1586).

III.E.4.c. Análisis

Que el artículo 11 (punto 8.1.6) del Capítulo XVIII de las NORMAS (N.T.1997) requiere que los balances de las subsidiarias sean auditados por un contador público con la condición de independiente.

Que la R.T. N 7 (punto III. A.) requiere que el auditor sea independiente respecto del ente al que se refiere la información contable (punto 1), para luego apuntar que no es independiente el auditor que desempeña funciones de dirección, gerencia o administración del ente cuyos estados contables están sujetos a la auditoría.

Que en tal sentido, no resulta convincente el cambio de posición de la Sociedad, que en el informe presentado (fs. 1114/5) a requerimiento de esta CNV, consignó que ciertos pagos correspondían a la "rendición de cuenta del CPN Fiori" y en su descargo sostuvo que en realidad debería haber dicho "rendición de cuenta de fondos recibidos por Fiori" (fs. 1689), tratando con ello de probar que Raúl FIORI no pagaba los gastos sino que facilitaba los fondos a tal efecto.

Que aún si por vía de hipótesis se admitiera que ése fue el caso, cabe señalar que facilitar fondos para pagos de todos modos lo habría hecho partícipe de la administración de la Sociedad, por lo que se tiene por configurada la imputación efectuada.

Que ha quedado debidamente acreditado que Raúl FIORI desempeñaba funciones administrativas en NOUGUES, consistentes en el pago de gastos (o entrega de fondos a tal efecto), con lo cual no tenía el nivel de independencia necesario para auditar los estados contables de TAYI S.A. al 30-9-98 (fs. 1348), una subsidiaria de la Sociedad.

Que entonces son responsables de la infracción al artículo 11 del Capítulo XVIII (punto 8.1.6) de las NORMAS (N.T.1997), NOUGUES, Manuel HERRERA, José de CARABASSA, Martín VILLAGRAN SAN MILLAN, Enrique BECCAR VARELA y Carlos M. NOUGUES (directores del Segundo Período), y por la consecuente infracción al art. 294, inc. 9) de la LSC son responsables José M. CASTRO, José D. GONZALEZ, José E. CORNEJO (síndicos del Segundo Período).

III.E.5. Deber de informar hechos relevantes

Que NOUGUES omitió notificar oportunamente a esta CNV la promoción de diversas causas judiciales, con lo que habría infringido el deber de información ocasional (arts. 2 y 3 inciso i) del Capítulo XVII de las NORMAS (N.T.1997)) (fs. 1104/11, 1141/2, 1178).

Que en particular, se imputó a la Sociedad la información tardía (el 10-7-00, fs. 1104/11) de las siguientes causas: a) "Nougués Hnos. S.A. y otros c/ Nougués Hnos. s/ sumario" (Expte. N 72.207), b) "Nougués, Ercilia y otros c/ Nougués Hnos. S.A. s/ sumario (Expte. N 72.218), c) "Nougués, Ercilia y otros c/ Nougués Hnos. S.A. s/ sumario" (Expte. N 80.504), d) audiencia de mediación en la causa caratulada "Nougués, Fernando Ramón del Corazón de Jesús c/ Nougués Hnos. S.A. s/ sumario" (Expte N 900.638/00) y e) causa penal N 13.282/98 del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal de Instrucción N 35, Secretaría N 120 (fs. 1226/9) sobre la que no informó fecha de iniciación.

III.E.5.a. Descargo de la Sociedad

Que la Sociedad afirmó, con respecto a la causa referida en el punto "a)", que tal demanda le fue informada por esta CNV el 28-11-97 (fs. 1871) pero que fue legalmente notificada de ella recién el 16-7-98 (fs. 1687, punto "1").

Que alegó haber mantenido informada a esta CNV del desarrollo de la causa por diversas notas (fs. 1687) del 16-4-98 (fs. 1878), 17-11-99 (fs. 1891), 22-11-99 (fs. 1892), 20-12-99 (fs. 1894) y 10-7-99 (fs. 1896).

Que con respecto a la causa indicada bajo el punto "b)", manifestó que fue notificada de la demanda el 9-2-99 y que informó a esta CNV el 10-7-99 (fs. 1897, punto "2") y el 22-11-99 (fs. 1892 punto "2") (fs. 1688, punto "7").

Que con respecto a la causa señalada bajo el punto "c)", sostuvo que fue notificada de la demanda el 1-7-99 (fs. 1688, punto "6") y que no encontró su respectiva comunicación inicial a esta CNV pero que "tiene que haberse despachado en tiempo oportuno" puesto que se informó su evolución posterior el 22-11-99 (fs. 1893, punto 3) el 11-5-00 (fs. 1895, párr. 2 ) y el 10-7-00 (fs. 1896/9).

Que con respecto a la causa referida bajo el punto "d)", manifestó que tratándose de una medida preparatoria de un posible juicio no se consideró necesaria su comunicación y que su informe posterior a esta CNV no le atribuye relevancia (fs. 1688, punto 8).

Que con respecto a la causa especificada bajo el punto "e)", sostuvo que el 18-2-98 informó a este Organismo que había decidido iniciar una querella penal contra algunos de sus ex directores y otras autoridades (fs. 1875 punto 3.a) y afirmó también que el 12-2-98 se presentaron las denuncias penales y el 30-3-98 las querellas (fs. 1688 punto 4).

III.E.5.b. Análisis

Que los hechos sobre los que se omitió informar ocurrieron durante el Segundo Período y el Tercer Período.

Que el artículo 2 del Capítulo XVII de las NORMAS (N.T. 1997), establece que los administradores e integrantes del órgano de fiscalización de sociedades emisoras en el régimen de oferta pública deben informar a esta CNV todo hecho o situación que sea apto de afectar la colocación o negociación de los valores negociables de ésta.

Que dicho artículo señala que la información deberá ser comunicada por escrito a esta CNV en forma directa, veraz y suficiente, inmediatamente después de producido el hecho o situación mencionados, o de haber tomado conocimiento de él, si el hecho o situación se hubiera originado en terceros.

Que el artículo 3 inciso i) expresamente establece que forman parte del tipo de hechos que deben ser informados, las causa judiciales de cualquier naturaleza que se promuevan por la entidad o contra ella, de importancia económica notoria o trascendencia para su desenvolvimiento; las que contra ellas promuevan sus accionistas, y las resoluciones relevantes en el curso de esos procesos.

Que en relación a la causa señalada bajo el punto "a)", y conforme lo reconoció la propia imputada, la Sociedad sabía de su existencia desde el 28-11-97 por una comunicación de esta CNV en la que se hacía referencia a ella.

Que la Sociedad comunicó a esta CNV el 16-4-98 (fs. 1878) el rechazo de una medida precautoria solicitada por la parte contraria y el 17-11-99 (fs. 1801) que la demanda había sido rechazada, pero nunca informó sobre la iniciación de la causa.

Que la obligación bajo examen se desvirtuaría si sólo se informaran las causas judiciales cuando acaecen resultados o instancias positivas.

Que en la causa señalada bajo el punto "b)" quedó establecido que el atraso en la comunicación a esta CNV fue de 9 meses y 6 días y en la señalada bajo el punto "c)" no se acreditó la existencia de comunicación inicial.

Que la audiencia de mediación referida como "d)" (acaecida el 16-3-00 y comunicada el 10-7-00, fs. 1107) debió ser informada cuando ocurrió, pese a que no originó demanda alguna, puesto que su relevancia fue reconocida por la Sociedad al informarla posteriormente, con tres (3) meses y veinticuatro (24) días de atraso.

Que en la causa indicada como "e)", la Sociedad presentó las denuncias penales el 12-2-98, lo que no fue oportunamente informado.

Que de la relación de fechas mencionada queda claramente demostrado que la Sociedad informó con notorias demoras las causas en cuestión, poniendo en conocimiento de este Organismo su existencia al informar sobre su desarrollo, lo que no suple el deber de información inicial incumplido.

Que la comunicación de las sucesivas alternativas que acaecieron en las causas mencionadas, demuestran claramente que NOUGUES les asignó relevancia.

Que son responsables de la infracción a los artículos 2 y 3 inciso i) del Capítulo XVII de las NORMAS (N.T.1997), NOUGUES, Manuel HERRERA, José de CARABASSA, Martín VILLAGRAN SAN MILLAN, Enrique BECCAR VARELA y Carlos M. NOUGUES (directores del Segundo Período y el Tercer Período), José M. CASTRO, José D. GONZALEZ (síndicos del Segundo Período), José E. CORNEJO (síndico del Segundo Período y consejero de vigilancia del Tercer Período), Eduardo USANDIVARAS y Martín VILLAGRAN SAN MILLAN (consejeros de vigilancia del Tercer Período).

III.E.6. Deber de los administradores de actuar con lealtad y diligencia (análisis integral)

Que los directores deben en todo momento perseguir los intereses de la emisora actuando con la diligencia de un buen hombre de negocios, lo que importa una auténtica responsabilidad profesional, que supone capacidad técnica, experiencia y conocimiento (conf. HALPERIN, Isaac, "Sociedades Anónimas", Ed. Depalma, 2 ed. actualizada y ampliada por OTAEGUI, Julio C., 1998, pág. 549).

Que en el punto III.E.1 se concluyó que la venta de la Fracción de la Estancia Bouvier sin la debida autorización del directorio constituyó una seria violación al deber de actuar con la debida diligencia que establece el artículo 59 de la LSC.

Que se señaló, asimismo, que la acusación de posible infracción al artículo 59 de la LSC se sustentaba en los demás hechos imputados en la Resolución de apertura de sumario, que fueron analizados en los puntos III.E.2 a III.E.5.

Que de tal análisis se concluyó que además de proceder a la venta de un importante activo sin la debida autorización del directorio, la Sociedad omitió contabilizarla, produciendo una grave distorsión de sus estados contables (III.E.2).

Que quedó también acreditado que la Sociedad utilizó cuentas de terceros para depositar fondos sociales e implementó procedimientos que generaban evidentes conflictos de interés, todo ello demostrativo de la ausencia de una adecuada organización administrativa (III.E.3).

Que tal falta de organización administrativa llegó al punto de que algunos directores pretendieron resolver sus conflictos intrasocietarios reteniendo libros y otros elementos de la Sociedad, retrasando con ello la confección y presentación de los estados contables (III.E.3).

Que quedó además probado que los estados contables de una subsidiaria de NOUGUES fueron auditados por un profesional que no detentaba la independencia necesaria, puesto que también desempeñaba funciones administrativas en la Sociedad, lo que arroja serias dudas sobre la efectividad de sus funciones, atento a los obvios conflictos de interés que genera auditar una sociedad de cuya gestión se participa, de forma indirecta, al administrar su controlante (III.E.4).

Que la Sociedad omitió además informar oportunamente a esta CNV varios hechos relevantes (III.E.5).

Que sin perjuicio de los reproches individuales que se hace al analizar cada imputación respecto de cada uno de los directores y síndicos o consejeros de vigilancia responsables de las mismas, se advierte una continua, manifiesta y reiterada falta de diligencia en la conducción de los asuntos sociales de NOUGUES, incompatible con el estándar del buen hombre de negocios por lo que corresponde responsabilizar también a la Sociedad por infracción al artículo 59 de la LSC debido al actuar negligente de sus órganos.

IV. SanciOn

Que en orden a determinar la sanción a aplicar, corresponde tener en cuenta la gravedad, variedad y continuidad en el tiempo de las múltiples infracciones acreditadas, las que reflejan la existencia de una cultura societaria renuente al cumplimiento de los deberes inherentes al régimen de la oferta pública e incompatible con la diligencia requerida a quien acude para su financiación al ahorro público.

Que en particular, las infracciones de falta de independencia del auditor de una subsidiara de la Sociedad y las omisiones contables apuntadas resienten sensiblemente la confianza del público inversor en el mercado de capitales como medio para canalizar sus ahorros.

Que también deben ponderarse los antecedentes de la Sociedad, observándose en tal sentido que por Resolución N 13.402 del 24-5-00 esta CNV aplicó a NOUGUES multa de $24.000 por la infracción acreditada a los artículos 59 de la LSC, y 6 inciso a.3) del Capítulo VI y 4 inciso c) del Capítulo II de las NORMAS (N.T. 1997).

Que los recursos de apelación interpuestos fueron resueltos el 12-11-01, por la Sala B de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, que confirmó aquella Resolución, encontrándose en trámite el recurso extraordinario interpuesto por uno de los sancionados.

Que por Resolución N 13.403 del 24-5-00 esta CNV aplicó a NOUGUES multa de $29.000 por la infracción constatada al artículo 58 de las NORMAS (T.O. 1987, mod. por R.G. N 225).

Que los recursos de apelación interpuestos fueron resueltos por la Cámara antes citada, que el 10-10-00 confirmó aquella Resolución y que el 2-3-01 rechazó el recurso extraordinario interpuesto.

Que en el Mensaje de Elevación y Exposición de Motivos de la Ley N 17.811, se destaca el propósito de proteger a los inversores, especialmente a aquéllos que forman el medio común de los habitantes, y que por carecer de la información necesaria han padecido en mayor grado las consecuencias de la actividad de empresas improvisadas o carentes de la solidez necesaria para garantizar un seguro y productivo destino al ahorro público.

Que la sanción de suspensión de oferta pública prevista en el artículo 10 inciso c) de la Ley N 17.811 (actualmente, art. 10, inc. d), Ley N 17.811, texto sustituido por Dto. N 677/01) retardaría la posibilidad de que los inversores pudieran optar por el mecanismo del derecho de receso para recuperar su inversión.

Que por ello, corresponde imponer a NOUGUES la sanción de prohibición de efectuar oferta pública de valores negociables prevista en el artículo 10 inciso d) de la Ley N 17.811 (actualmente, art. 10, inc. e), Ley N 17.811, texto sustituido por Dto. N 677/01).

Que la presente Resolución se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 10 y 12 de la Ley N 17.811 (texto sustituido por Dto. N 677/01).

Por ello,

LA COMISION NACIONAL DE VALORES

RESUELVE:

ARTICULO 1.- Aplicar a NOUGUES S.A. la sanción de prohibición de efectuar oferta pública de valores negociables prevista en el artículo 10 inciso d) de la Ley N 17.811 (actualmente art. 10, inc. e), Ley N 17.811, texto sustituido por Dto. N 677/01) por las infracciones acreditadas a los artículos: a) 59 la Ley de Sociedades Comerciales N 19.550; b) 43 y 51 del Código de Comercio; 63, 64 y 65 de la LSC; Capítulos III y IV de la R.T. N 8 y puntos 1.a, 1.3.a, 1.3.b, 1.3.c y 3.17 del Capítulo B de la segunda parte de la R.T. N 10 (adoptadas por el Capítulo XVIII de las NORMAS -N.T. 1997- hoy Cap. XXIII de las NORMAS -N.T. 2001-); c) 10, inc. c) del Capítulo VI de las NORMAS (N.T. 1997) (hoy art. 10, ac. c), puntos c.1.) y c.2) del Cap. VI de las NORMAS -N.T. 2001-); d) 11 (punto 8.1.6) del Capítulo XVIII de las NORMAS (N.T. 1997) (hoy art. 11, pto. XXIII.8 del Cap. XXIII de las NORMAS -N.T. 2001-) y e) 2 y 3 inciso i) del Capítulo XVII de las NORMAS (N.T. 1997) (hoy arts. 2 y 3 inc. 9 del Cap. XXI de las NORMAS -N.T. 2001-).

ARTICULO 2.- Regístrese y notifíquese a todos los sumariados con copia autenticada de la presente Resolución.

ARTICULO 3.- Notifíquese con copia autenticada de la presente Resolución a la BOLSA DE COMERCIO DE BUENOS AIRES para su publicación en su Boletín Diario e incorpórese al sitio web de este Organismo en www.cnv.gov.ar.

FIRMADO: J. Andrés Hall, Jorge Lores, María Silvia Martella, Narciso Muñoz, Hugo L. Secondini.