Resolución Nº 14.215

BUENOS AIRES, 6 de Junio de 2002.

VISTO el Expediente Nº 170/99 rotulado "S.A. SAN MIGUEL s/ compra de sus propias acciones"; lo dictaminado por la Subgerencia de Coordinación Jurídica; conformidad prestada por la Gerencia de Fiscalización y Control, y

CONSIDERANDO:

Que por Resolución N° 12.874 del 5-8-99 (fs. 87/93) esta COMISION NACIONAL DE VALORES ("CNV") instruyó sumario a S.A. San Miguel (la "Sociedad"); a sus directores titulares Jorge Eduardo BUSTAMANTE, Gonzalo Juan TANOIRA, Alberto Francisco ORCOYEN, Alejandro Alfredo SHAW, Nicholas Peter SHAPIR y Fernando ORIS DE ROA; por la posible infracción a los artículos 11, incisos a.1, a.2.1. y a.3. del Capítulo I; 2°, inciso b.1. y 3°, inciso v del Capítulo XVII de las NORMAS (N.T. 1997) (hoy arts. 11, incs. a.1, a.2.1. y a.3 del Cap. I, 2° y 3°, inc. 22 del Cap. XXI de las NORMAS (N.T. 2001)), y a los puntos B.2.4.a. segunda parte y 3.1., segunda parte de la Resolución Técnica ("RT") N° 10 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas ("FACPCE"), aplicables conforme punto 8.1.8.1.1.1. del Anexo I del Capítulo XVIII de las NORMAS (N.T. 1997) (hoy pto. xxiii.11.1 del Anexo I del Cap. XXIII de las NORMAS (N.T. 2001)), y a sus síndicos titulares Felipe Osvaldo SUAR, Ruben Osvaldo MOSI y Floreal Horacio CRESPO por la posible infracción a los artículos 2°, inciso b.1., 3°, inciso v del Capítulo XVII de las NORMAS (N.T. 1997) (hoy arts. 2° y 3°, inc. 22 del Cap. XXI de las NORMAS (N.T. 2001)) y 294, inciso 9° de la Ley de Sociedades Comerciales ("LSC").

Que las infracciones imputadas se refieren a la omisión de: a) acreditar ante esta CNV que la decisión de comprar acciones propias fue tomada por el órgano de administración de la Sociedad con conocimiento de su órgano de fiscalización, b) comunicar en tiempo oportuno ciertas compras de acciones propias, c) contabilizar una compra de V$N15.000 acciones y d) imputar correctamente el monto de comisiones y aranceles pagados en el precio de compra de ciertas acciones en el balance al 30-9-98.

I. Los Descargos

I.A. Tiempo Propio. Domicilio especial

Que la Sociedad, 5 de sus 6 directores y todos sus síndicos presentaron descargo en forma unificada y constituyeron domicilio –luego cambiado a fs. 240– en legal tiempo y forma (fs. 124/39) y el director restante, Nicholas Peter SHAPIR, adhirió por separado a ese descargo en legal tiempo y forma, por lo que se lo consideró con el mismo domicilio constituido (fs. 225/7).

I.B. La prueba

Que a fs. 176/224, la Sociedad acompañó la siguiente prueba documental en copia: a) boletos de venta que le remitió MBA Banco de Inversiones S.A. (fs. 176/204), b) acta de directorio del 25-8-98 (fs. 205/8), c) denuncias formuladas ante las Policías de Tucumán y la Federal Argentina e informe de Cargo S.A. sobre los elementos sustraídos, entre los que se encontraba el bolsín que según afirmó la Sociedad contenía su libro de actas de directorio y asambleas N° 3 (fs. 209/13), d) autorización de apertura del libro de actas de directorio y asambleas N° 4 de la Sociedad, emitida por el Registro Público de Comercio de la Provincia de Tucumán (fs. 214/5), e) avisos en el diario La Nación publicando la desaparición del libro de actas de directorio y asambleas N° 3 de la Sociedad (fs. 216/9), f) nota presentada a la CNV el 27-8-98 (fs. 220/2) por la que comunicó la decisión de iniciar un programa de adquisición de acciones propias y g) resúmenes de cuenta emitidos por Caja de Valores S.A. para los períodos comprendidos entre el 1-7-98 y el 30-9-98, y el 1-10-98 y el 31-12-98 (fs. 223/4).

Que los sumariados propusieron libramiento de oficios a: a) MBA Banco de Inversiones S.A para que informe sobre la autenticidad y la fecha en que efectivamente remitió a la Sociedad los boletos de venta por las operaciones de compra de sus acciones, b) Juzgado Nacional de 1° Instancia en lo Criminal de Instrucción N° 25, a cargo de la Dra. Marta Selva, Secretaría a cargo del Dr. Quiñones, para que informe si allí tramita la causa penal caratulada "Robo, asalto a mano armada y privación ilegítima de la libertad" y remita tal causa penal o sus copias certificadas, c) Cargo Correo Privado S.A. (empresa de correos) para que informe sobre lo sucedido con el libro de actas de directorio y asambleas de la Sociedad, y d) diario La Nación, para que informe sobre los días en que se publicó el aviso de desaparición del libro de accionistas de la Sociedad (fs. 137).

Que por Disposición del 19-4-02 el Conductor del sumario ordenó tener por agregada la documental acompañada, rechazar la prueba de informes propuesta y no abrir a prueba el expediente (fs. 245/8).

II. Análisis de los descargos

II. A. Omisión de acreditar ante esta CNV que la decisión de establecer un programa de compra de acciones propias fue tomada por el órgano de administración de la Sociedad con conocimiento del órgano de fiscalización

Que la Sociedad no presentó las actas requeridas para acreditar que la decisión de establecer un programa de compra de acciones propias fue tomada por su órgano de administración con conocimiento del órgano de fiscalización, lo que infringiría el artículo 11, inciso a.1. del Capítulo I de las NORMAS (N.T. 1997).

Que el artículo 11, inciso a.1. del Capítulo I de las NORMAS (N.T. 1997), dispone que "la decisión de adquirir [acciones propias] deberá ser adoptada por el órgano de administración con conocimiento del órgano de fiscalización de la sociedad.".

Que la Sociedad comunicó su intención de proceder a la adquisición de sus acciones el 27-8-98 (fs. 4/5) y esta CNV le requirió, el 23-11-98 (fs. 48/9), que "acompañe las actas de las reuniones de directorio en las que se tomaron las decisiones de adquirir acciones propias según lo informado al Organismo.".

Que el 19-2-99 (fs. 55/6) esta CNV reiteró tal pedido y el 31-3-99 se corrió vista por 5 días a la Sociedad para que presentara la información solicitada (fs. 57/8).

Que los sumariados alegaron en su descargo que el 2-2-99 el libro de actas de directorio y asambleas de la Sociedad fue sustraído de un correo privado que lo transportaba (fs. 128).

Que acompañaron a fin de acreditar tal hecho: a) denuncias formuladas ante las Policías de Tucumán y la Federal Argentina e informe de Cargo S.A. sobre los elementos sustraídos, entre los que se encontraba el bolsín que según afirmó la Sociedad contenía su libro de actas de directorio y asambleas N° 3 (fs. 209/13), b) autorización de apertura del libro de actas de directorio y asambleas N° 4 de la Sociedad, emitida por el Registro Público de Comercio de la Provincia de Tucumán (fs. 214/5) y c) avisos en el diario La Nación publicando la desaparición del libro de actas de directorio y asambleas N° 3 de la Sociedad (fs. 216/9).

Que alegar la sustracción del acta de marras como defensa es improcedente puesto que el deber bajo examen no está sujeto ni a plazo ni condición alguna, lo que lo hace exigible de inmediato, lo que no fue satisfecho por la Sociedad.

Que desde el 26-8-98 (fecha en la que la Sociedad decidió establecer el programa de adquisición de acciones propias –fs. 4/5–) hasta el 2-2-99 (fecha en la que se sustrajeron los libros, conforme lo alegaron los sumariados –fs. 128–) transcurrieron más de 5 meses, con el agravante de que más de 2 meses antes de la sustracción, el 23-11-98 (fs. 48), esta CNV requirió en términos inequívocos la presentación del acta en cuestión sin que se obtuviera respuesta alguna de la Sociedad.

Que alegaron además los sumariados (fs. 129), que la Sociedad perdió los faxes que notificaban los requerimientos e intimaciones antes referidas (del 23-11-98, 19-2-99 y 31-3-99).

Que debe recordarse que las sociedades con oferta pública autorizada deben poseer, tanto al ingresar como durante su permanencia en el régimen de oferta pública, una organización administrativa que les permita atender los deberes de información propios del mismo (art. 10, inc. c) del Cap. VI de las NORMAS (N.T. 1997)).

Que además, aceptar como defensa lo sostenido por los sumariados equivaldría a admitir en juicio la propia torpeza.

Que por otro lado, los sumariados acompañaron un documento que afirmaron (fs. 129) era una copia del acta de directorio en cuestión (fs. 205/8).

Que cabe destacar que tal presentación tardía no modifica la infracción ya consumada, puesto que la presentación del acta era debida (y no se produjo) en el momento en que se notificó a esta CNV la aprobación del programa de adquisición de acciones propias (el 26-8-98), como parte integral de dicha notificación, y más aún si se tiene en cuenta que con posterioridad se efectuó un requerimiento (el 23-11-98 –fs. 48–) que no fue satisfecho por la Sociedad.

Que a ello debe sumarse que la fecha del acta presentada con el descargo no es consistente con la información presentada en la nota en la que la Sociedad comunicó a esta CNV la decisión de adquirir sus propias acciones (fs. 4/5), ya que en dicha acta se consigna que la reunión de directorio fue el 25-8-98 (fs. 205) mientras que conforme la nota de fs. 4/5 tal reunión tuvo lugar el 26-8-98.

Que en consecuencia, se concluye que los sumariados han infringido el artículo 11, inciso a.1. del Capítulo I de las NORMAS (N.T. 1997), puesto que no presentaron en tiempo oportuno la documentación necesaria para acreditar el cumplimiento del requisito de marras.

II. B. Omisión de comunicar en tiempo oportuno ciertas compras de acciones propias

Que la Sociedad no informó a esta CNV la adquisición de acciones propias inmediatamente después de acordadas, conforme lo exigido por los artículos 11, inciso a.2.1. del Capítulo I; 2°, inciso b.1. y 3°, inciso v del Capítulo XVII de las NORMAS (N.T. 1997).

Que la Sociedad tiene el deber de comunicar de inmediato a esta CNV no solamente el programa de compra de acciones propias, sino también cada compra en particular, ya que así lo establece la normativa aplicable al requerir que "la decisión... [de adquirir acciones propias] deberá informarse... a la Comisión en los términos indicados en el Capítulo ‘Transparencia en el Ambito de la Oferta Pública’" (art. 11, inc. a.2.1. del Cap. I de las NORMAS (N.T. 1997)) indicando "fecha, cantidad, precio y monto total de cada adquisición... " (art. 3°, inc. v del Cap. XVII, de las NORMAS (N.T. 1997)) "inmediatamente después de producido el hecho" (art. 2°, inc. b. 1. del Cap. XVII de las NORMAS (N.T. 1997)) (lo destacado es agregado).

Que en lo que se refiere a cada adquisición en particular, la Sociedad presentó informes globales, en cada uno de los cuales agrupaba adquisiciones correspondientes a distintas jornadas (fs. 6/15 y 19).

Que tales informes fueron extemporáneos, puesto que en lugar de ser presentados "inmediatamente después de producido el hecho o situación" conforme lo requieren las normas citadas, englobaron varias adquisiciones correspondientes a distintas jornadas en cada uno de ellos, en la mayoría de los casos con un notorio atraso, conforme lo consignado por la Subgerencia de Coordinación Económico-Contable ("SCEC") de esta CNV (fs. 21).

Que los sumariados adujeron al respecto que en ciertos casos el atraso no existió y en otros se reduciría significativamente si en lugar de tomarse en cuenta las fechas en las que se concertaron las compras de las acciones, se tuvieran en cuenta las fechas de liquidación de las mismas (momento en que en opinión de los sumariados realmente se adquirirían tales acciones) (fs. 125/7).

Que los sumariados fundan tal distinción en el artículo 577 del Código Civil, que establece que "Antes de la tradición de la cosa, el acreedor no adquiere sobre ella ningún derecho real.".

Que la interpretación que los sumariados hacen del vocablo "adquisición" desconoce el contexto dentro del cual se lo utiliza, puesto que el artículo 2° del Capítulo XVII de las NORMAS (N.T. 1997) impone la obligación de "informar todo hecho o situación que por su importancia sea apto para afectar en forma sustancial:... El curso de... [la] negociación [de los valores de la emisora] –en su precio o volumen– en los mercados", "inmediatamente después de producido el hecho." (lo destacado es agregado).

Que en el caso de adquisición de acciones propias, la aptitud de afectar el curso de negociación de los valores de la emisora se produce desde el momento en que se acuerda tal adquisición, por lo que desde tal momento corresponde informar sobre la misma.

Que adicionalmente, aún cuando por vía de hipótesis se admitiera la interpretación que del vocablo "adquisición" hacen los sumariados, la Sociedad informó con un marcado atraso varias operaciones ya liquidadas (fs. 127), por lo que tal defensa carece de virtualidad.

Que en consecuencia, se concluye que los sumariados han infringido los artículos 11, inciso a.2.1. del Capítulo I; 2°, inciso b.1. y 3°, inciso v del Capítulo XVII de las NORMAS (N.T. 1997), al no informar a esta CNV la adquisición de acciones propias inmediatamente después de acordadas.

II. C. Omisiones Contables

II. C. i. Omisión de contabilizar en el balance la compra de V$N15.000 por un monto de $151.500

Que la Sociedad omitió contabilizar la compra de V$N15.000 por un monto de $151.500 concertada el 30-9-98 (liquidada el 5-10-98) en el balance presentado al 30-9-98 distorsionando la valuación y medición de su pasivo liquidable en moneda argentina (fs. 32), lo que infringiría el punto 3.1, Segunda Parte de la RT N° 10 de la FACPCE, aplicable por remisión efectuada en el punto 8.8.1.1.1. del Anexo I del Capítulo XVII de las NORMAS (N.T. 1997).

Que los sumariados alegaron en su descargo que la Sociedad registró las operaciones el 5-10-98, una vez que la operación de marras fue liquidada porque creían de buena fe que tal solución era la correcta ya que al 30-9-99 la operación no aparecía contabilizada en los registros de la Caja de Valores S.A. (fs. 133).

Que el criterio adoptado por la Sociedad es erróneo puesto que al no contabilizar una compra concertada desconoció el principio de lo devengado, puesto que dicha compra se adeudaba de modo irreversible el 30-9-98.

Que así lo indicó el informe de la SCEC (fs. 27) y los sumariados no controvirtieron tal criterio, limitándose a intentar justificar su inobservancia.

Que el principio de lo devengado "se refiere a una relación de causalidad entre determinados actos o hechos que son reconocidos con criterio uniforme, como causa eficiente, y determinadas variaciones patrimoniales, debiendo tales hechos ser elegidos de modo que reflejen de la forma más adecuada posible los resultados económicos de la actividad del ente, desde el punto de vista de la empresa en marcha. Sintetizando, los costos y gastos deben aparearse con los ingresos que los originaron y las registraciones se perfeccionarán prescindiendo totalmente del momento del cobro o pago..." (Mario Biondi, "Tratado de Contabilidad Intermedia & Superior", pág. 19, Ediciones Machi, 4ta edición, 1997).

Que en otras palabras, la operación era exigible y se adeudaba de modo irreversible desde que se concertó, por lo que correspondía reflejar contablemente su existencia desde tal momento y no al momento de su liquidación.

Que corresponde en consecuencia tener por configurada la infracción al punto 3.1, Segunda Parte de la RT N° 10 de la FACPCE, aplicable por remisión efectuada en el punto 8.8.1.1.1. del Anexo I del Capítulo XVII de las NORMAS (N.T. 1997).

II. C. ii. Omisión de imputar correctamente el monto de comisiones y aranceles pagados en el precio de compra de ciertas acciones en el balance al 30-9-98

Que la Sociedad imputó el monto de comisiones y aranceles pagados en el precio de compra de ciertas acciones propias a resultados de un ejercicio trimestral (al 30-9-98) y no a ganancias pendientes de distribución del último balance anual, lo que infringiría el punto B.2.4.a, Segunda Parte de la RT N° 10 de la FACPCE y el artículo 11, inciso a.3. del Capítulo I de las NORMAS (N.T. 1997), aplicable conforme punto 8.1.8.1.1. del Anexo I del Capítulo XVIII de las NORMAS (N.T. 1997).

Que el punto B.2.4.a, Segunda Parte de la RT N° 10 de la FACPCE establece que "... el costo de un bien o servicio adquirido resulta de sumar el precio que debe pagarse por su adquisición al contado y la pertinente porción asignable de los costos de compras... ".

Que el artículo 11, inciso a.3. del Capítulo I de las NORMAS (N.T. 1997) dispone que "... las adquisiciones deberán efectuarse con ganancias realizadas y líquidas o reservas libres que resulten del último balance anual aprobado y que se encuentren pendientes de distribución ...".

Que de la interpretación combinada de dichas normas surge la necesidad de incluir en el precio de adquisición de las acciones las comisiones y aranceles pagados y que el mismo se debe imputar a ganancias pendientes de distribución del último balance anual (fs. 27, 3° párr.).

Que los sumariados sostuvieron que "Agregar al valor de adquisición los gastos de compra de las acciones, hubiese podido causar que el valor registrado superara el valor corriente [de las acciones]... " (fs. 132, ítem "iii") y que "adicionar al valor pagado por las acciones, los gastos por comisiones y aranceles, podría haber provocado una distorsión en el cómputo del precio por acción, que eventualmente llevaría a confusión a los lectores del balance, sobre el valor real pagado por las acciones compradas... " (fs. 132, ítem "v").

Que no obstante, agregaron luego que "la Sociedad sí computó dicha suma en el... Resultado del Período... " en manifiesta contradicción con lo anteriormente afirmado (fs. 133 ítem "iii").

Que de esta manera, admitieron la procedencia del cómputo de los gastos de comisiones y aranceles sin responder satisfactoriamente la imputación efectuada, cual es que dichos gastos deberían haberse imputado a ganancias pendientes de distribución del último balance anual y no a resultados de un período trimestral (fs. 133, ítem "iii").

Que los sumariados agregaron que los montos involucrados carecían de significación (fs. 133, ítem "iv") y que en definitiva los gastos sí fueron contabilizados (aunque incorrectamente, conforme se destacó) todo lo cual, si bien no enerva la imputación efectuada, debe ser atendido como atenuante.

Que corresponde entonces tener por configurada la infracción al punto B.2.4.a, Segunda Parte de la RT N° 10 de la FACPCE y al artículo 11, inciso a.3. del Capítulo I de las NORMAS (N.T. 1997), aplicable conforme punto 8.1.8.1.1. del Anexo I del Capítulo XVIII de las NORMAS (N.T. 1997).

Que sin perjuicio de lo anteriormente señalado, corresponde tener presente que con posterioridad a los hechos bajo examen, la apertura del presente sumario y la presentación del descargo, esta CNV modificó el artículo 11, inciso a.3. del Capítulo I de las NORMAS (N.T. 2001), según el cual las adquisiciones pueden realizarse con ganancias realizadas y líquidas o reservas libres que resulten de los últimos estados contables aprobados, no exigiéndose ahora que dichas ganancias correspondan al último balance anual.

Que ello plantea el problema de la aplicación de las normas en relación al tiempo, en particular, la posibilidad de aplicar retroactivamente normas más benignas en materia contravencional.

Que al respecto cabe acotar que "... el llamado principio de la benignidad que rige en el campo sancionatorio penal, y en virtud del cual se establece con carácter general la retroactividad de la ley más benigna, no es extensible como regla, y menos aún como principio, a las sanciones administrativas. Sólo como consecuencia de una norma de expresa vigencia retroactiva, puede lograrse la excepción a la regla que establece la contemporaneidad entre norma sancionatoria y hecho ilícito..." (Susana Lorenzo de Viega Jaime, "Sanciones Administrativas, Montevideo, 1996, pág. 108).

Que cabe también agregar que "... si se aplicara indiscriminadamente el principio de la retroactividad benigna del artículo 2° del Código Penal, importaría respecto de estas leyes especiales, despojarlas a priori de toda eficacia, pues el ritmo vertiginoso con que se desenvuelve el proceso económico desactualizaría rápidamente las disposiciones anteriores que intentaban protegerlos... " (CSJN, noviembre 17-994, "San Cristóbal Sociedad Mutual de Seguros Generales", La Ley, t. 1995 B).

Que el mismo fallo agrega que "... La excepción a los principios del derecho penal se justifica por las particularidades del bien jurídico protegido por la legislación específica, que es en última instancia el orden público económico, cuyo resguardo se debilitaría mortalmente si se despojase de toda consecuencia a la lesión infligida a los intereses del Estado, en un momento fáctico distinto al existente al dictar la sentencia... No cabe, pues, aplicar indiscriminadamente el principio del artículo 2° del Código Penal dado que la variación reglamentaria no releva de pena a quien ha infringido la ley mientras se hallaba vigente (doctrina de Fallos: 311:2453; 313:153, consid. 8°).".

Que en consecuencia, no cabe aplicar retroactivamente la norma posterior más benigna en el caso bajo examen con lo que el reproche antes indicado se mantiene.

II. D. Deberes del Síndico (art. 294, inc. 9° de la LSC)

Que los sumariados no presentaron defensas específicas en relación a los síndicos, salvo respecto la omisión de imputar correctamente el monto de comisiones y aranceles pagados en el precio de compra de acciones consignando que la revisión efectuada por la sindicatura a los estados contables al 30-9-98 fue una revisión limitada de acuerdo con la RT N° 7 de la FACPCE (fs. 135).

Que no obstante no indicaron, ni se observa cómo incide ello en los deberes de control de legalidad emanados del artículo 294, inciso 9° de la LSC que establece que son atribuciones y deberes del síndico "Vigilar que los órganos sociales den debido cumplimiento a la ley, estatuto, reglamento y decisiones asamblearias.".

Que en las sociedades sometidas al régimen de oferta pública los síndicos son responsables por las infracciones cometidas por aquellas por obligaciones que le corresponden a los directores, y asimismo, son responsables a tenor de lo dispuesto por el artículo 294, incisos 5° y 9° de la LSC. (Acuerdo 2522 CNV del 20.12.74.).

Que claramente se expidió el Fiscal de Cámara Dr. Calle Guevara refiriéndose a la culpa in vigilando de los administradores de una sociedad: "Esa responsabilidad se extiende, desde mi punto de vista a los síndicos sociales. Es cierto que éstos no ejercen la dirección de la sociedad. Empero, ellos son los encargados por la ley de una fiscalización constante, rigurosa y eficiente de las disposiciones del directorio, por lo que sus funciones a los efectos de la normal marcha de la sociedad son más importantes individualmente que las de cada uno de los directores. La falta deliberada o no del debido ejercicio de las múltiples obligaciones que la ley les impone –entre otras, las de control, asistencia, convocatoria a asambleas (Ley de Sociedades, artículos 294/6)- los hace incurrir en gravísima falta" (Conf. Dict. Nº 66.266, del 27-04-92, in re: "Comisión Nacional de Valores –Cía Argentina del Sud S.A. s/ verificación contable", a cuyos fundamentos remitió la Sala "C" del Trib., sent. el 7-10-92, cit. en Res. Nº 13.275 del Expte. Nº 1006/99 – "PAPELERA TUCUMAN S.A. s/retardo en presentación de información contable").

Que en consecuencia se tiene por configurada la infracción al artículo 294, inciso 9° de la LSC.

Que por otro lado, se imputó directamente a los síndicos la infracción a los artículos 2°, inciso b.1. y 3°, inciso v del Capítulo XVII de las NORMAS (N.T. 1997) puesto que los deberes de información relevante allí establecidos les son requeridos directamente.

Que en base a lo establecido al analizar la omisión de comunicar en tiempo oportuno ciertas compras de acciones propias, corresponde también tener por configurada a su respecto dicha infracción.

III. SanciOn

Que habiéndose acreditado los cargos formulados y a los efectos de seleccionar la sanción a aplicar debe ponderarse que no obstante la inexistencia de antecedentes administrativos y demás circunstancias atenuantes (indicadas al tratar la omisión de imputar correctamente el monto de comisiones y aranceles pagados en el precio de compra de ciertas acciones en el balance al 30-9-98), el cúmulo de infracciones constatadas amerita la imposición de multa a la Sociedad, la que se hará efectiva por los directores y síndicos responsables en forma solidaria siendo ajeno a este procedimiento la forma de distribución (cfr. Cám. Nac. de Apel. Com., Sala B, 5-10-70, "E. FLAIBAN S.A."), y cuyo plazo de cumplimiento es de QUINCE (15) días hábiles a partir de la notificación de esta Resolución.

Que la presente se dicta en virtud de las facultades conferidas por los artículos 10 y 12 de la Ley Nº 17.811 (to. mod. Dto. Nº 677/01).

Por ello,

LA COMISION NACIONAL DE VALORES

RESUELVE:

ARTICULO 1º.- Aplicar a S.A. San Miguel la sanción de multa que se fija en la suma de PESOS QUINCE mil ($15.000) prevista en el artículo 10, inciso b) de la Ley N° 17.811, la que será soportada en forma solidaria en las personas de los directores titulares Jorge Eduardo BUSTAMANTE, Gonzalo Juan TANOIRA, Alberto Francisco ORCOYEN, Alejandro Alfredo SHAW, Nicholas Peter SHAPIR y Fernando ORIS DE ROA, por la infracción constatada a los artículos 11, incisos a.1, a.2.1. y a.3. del Capítulo I; 2°, inciso b.1. y 3°, inciso v del Capítulo XVII de las NORMAS (N.T. 1997) (hoy arts. 11, incs. a.1, a.2.1. y a.3 del Cap. I, 2° y 3°, inc. 22 del Cap. XXI de las NORMAS (N.T. 2001)), y a los puntos B.2.4.a. segunda parte y 3.1., segunda parte de la Resolución Técnica N° 10 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, aplicables conforme punto 8.1.8.1.1.1. del Anexo I del Capítulo XVIII de las NORMAS (N.T. 1997) (hoy pto. xxiii.11.1 del Anexo I del Cap. XXIII de las NORMAS (N.T. 2001)) y de los síndicos titulares Felipe Osvaldo SUAR, Ruben Osvaldo MOSI y Floreal Horacio CRESPO por la infracción constatada a los artículos 2°, inciso b.1., 3°, inciso v del Capítulo XVII de las NORMAS (N.T. 1997) (hoy arts. 2° y 3°, inc. 22 del Cap. XXI de las NORMAS (N.T. 2001)) y 294, inciso 9° de la Ley de Sociedades Comerciales.

ARTÍCULO 2º.- El pago de la multa deberá realizarse en la Subgerencia de Administración de esta COMISION NACIONAL DE VALORES, sita en la calle 25 de Mayo Nº 175, piso 11º de esta Ciudad, de lunes a viernes en el horario de 10 a 15 hs. En caso de que la multa sea pagada fuera del término fijado en esta Resolución la mora se producirá de pleno derecho, devengándose los correspondientes intereses.

ARTÍCULO 3º.- Regístrese y notifíquese con copia autenticada de la presente Resolución a todos los sumariados, a quienes se hará saber que la multa deberá ser efectivizada por las personas físicas sumariadas dentro del plazo de QUINCE (15) días hábiles.

ARTÍCULO 4º.- Notifíquese con copia autenticada de la presente Resolución a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires a los efectos de la publicación en su Boletín Diario e incorpórese en el sitio Web del Organismo en www.cnv.gov.ar.

FIRMADO: J. Andrés Hall, Jorge Lores, María Silvia Martella, Narciso Muñoz y Hugo L. Secondini.-