Resolución Nº 14.214

BUENOS AIRES, 4 de junio de 2002.-

VISTO el Expediente Nº 152/00 rotulado "BANCO REPUBLICA S.A. s/ demora en presentación de información contable periódica"; lo dictaminado por la Subgerencia de Coordinación Jurídica; conformidad prestada por la Gerencia de Fiscalización y Control, y

CONSIDERANDO:

I.- Antecedentes

Que por Resolución Nº 13.411 de fecha 1-06-00 esta COMISION NACIONAL DE VALORES (CNV) instruyó sumario a BANCO REPUBLICA S.A. (REPUBLICA); a sus directores titulares señores Benito J. LUCINI, Raúl Juan P. MONETA, Pablo J. LUCINI y Carlos A. MOLINA, por la posible infracción al artículo 4º del Capítulo XXI de las NORMAS (N.T. 1997 t. cfr. art. 1º R.G. Nº 343); y a los síndicos titulares señores Oscar E. FEUDAL, Roberto P. SALMERI y Osvaldo A. CHAVEZ por posible infracción al artículo 294 inciso 9º de la Ley Nº 19.550 de Sociedades Comerciales (LSC), por haber presentado el 15-12-99 el balance trimestral al 30-09-99, incurriendo en una demora de VEINTISEIS (26) días (fs. 2 y 26/28).

Que notificada la totalidad de los sumariados, ejercieron su derecho de defensa y constituyeron domicilio en tiempo hábil (fs. 111/140 y 141/168, respectivamente), con las particularidades que se exponen a continuación.

Que REPUBLICA y sus directores MONETA, MOLINA y Benito J. LUCINI -por derecho propio y como gestor oficioso en los términos del artículo 48 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (CPCCN) (de aplicación cfr. art. 106 del Dto. Nº 1759/72 t.o. 1991 de Procedimiento Administrativo) por Pablo J. LUCINI-, presentaron su descargo (fs. 116/140) y acompañaron prueba documental (fs. 34/110).

Que el síndico FEUDAL, por derecho propio y como gestor oficioso en los términos del artículo 48 del CPCCN por los síndicos SALMERI y CHAVEZ, presentó descargo de igual tenor al de REPUBLICA y sus directores y no ofreció otra prueba (fs. 141/168).

Que por Disposición del 20-12-00 la Conducción de este sumario tuvo por parte y presentados sus descargos a REPUBLICA, los directores Benito J. LUCINI, MONETA y MOLINA, y al síndico FEUDAL y no así al director Pablo J. LUCINI y a los síndicos SALMERI y CHAVEZ; por ausencia de ratificación en los términos del artículo 48 del CPCCN (fs. 243/246).

Que también en esa Disposición la Conducción de este sumario tuvo por agregada la prueba documental de fs. 34/110 y la que obra en el Expediente Nº 692/99 rotulado "BANCO REPUBLICA S.A. s/retardo en la presentación de información contable" (Expte. Nº 692/99) (fs. 243/246).

Que presentaron memorial de tenor similar a los descargos REPUBLICA, el

director MOLINA y el Dr. Pedro I. MAZER, éste último como gestor oficioso (art. 48 del CPCCN) por los directores MONETA, Benito J. LUCINI y Pablo J. LUCINI y los síndicos FEUDAL, SALMERI y CHAVEZ (fs. 256/275).

Que los directores MONETA y Benito LUCINI y el síndico FEUDAL ratificaron la gestión realizada por el Dr. MAZER en el memorial de fs. 256/275 (fs. 276/277).

Que no corresponde tener por presentado memorial en nombre del director Pablo J. LUCINI y de los síndicos SALMERI y CHAVEZ, ya que los nombrados no ratificaron las presentaciones anteriores que tuvieron lugar con el alcance del artículo 48 del CPCCN (fs. 243/246) agotando la invocación de la norma a favor de los nombrados, siendo por lo demás, carente de valor legal la ratificación posterior por un tercero (fs. 276/278).

II.- Los descargos

Que previo a la exposición y análisis de las defensas esgrimidas por los sumariados cabe consignar que los cargos del sumario no pudieron constituir ampliación de un sumario anterior en trámite porque, aún cuando el tipo de posible infracción sea idéntico, constituyó obstáculo a la ampliación la circunstancia aquí configurada que deban incorporarse otros sumariados, situación de los señores FEUDAL, SALMERI y CHAVEZ (fs. 13).

Que REPUBLICA, sus directores y síndico presentados argumentaron que la imposibilidad de remitirle a esta CNV el balance trimestral al 30-09-99 en término estuvo dada por el Plan de Regularización y Saneamiento (PRS) aprobado por Resolución

Nº 259 del 3-08-99 del BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (BCRA), y al cual REPUBLICA estuvo sujeto hasta que el BCRA le revocó la autorización para funcionar como banco comercial (fs. 117/118 –descargo- y fs. 260/262 –memorial-).
Que invocaron como defensa el deber de REPUBLICA de presentar al BCRA balances provisorios al sólo efecto éste realizara las observaciones que estimara convenientes que le impuso el PRS y su presentación ante esta CNV hubiera significado ingresar estados contables distintos de los debidos por no ser los definitivos (fs. 117/118 –descargo y fs. 260/262 –memorial-).

Que por otra parte, los sumariados afirmaron que en la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 23-09-98 se decidió el retiro de REPUBLICA del régimen de la oferta pública en virtud que a ese momento no cotizaba valores negociables, situación que subsistía al tiempo de la presentación de sus defensas (fs. 113/114 –descargo- y fs. 257/258 –memorial-).

Que, adicionalmente, ante la imposibilidad de cumplir con los objetivos del PRS, el 14-02-00 solicitaron al BCRA la revocación a REPUBLICA de la autorización para funcionar como banco comercial (fs. 115/116 –descargo- y fs. 259 –memorial-).

Que finalmente, el 30-03-00 el BCRA le revocó la mencionada autorización en los términos del artículo 44 inciso a) de la Ley de Entidades Financieras Nº 21.526 (LEF) y consecuentemente, el 11-05-00 esta CNV le canceló la autorización de oferta pública mediante Resolución Nº 13.388 (fs. 115/116 –descargo- y fs. 259/260 - memorial).

Que según la interpretación que los sumariados hicieron de la aplicación de

los artículos 1º del Capítulo XVIII de las NORMAS (N.T. 1997) –hoy art. 1º del Cap. XXIII de las NORMAS (N.T. 2001)- y 4º del Capítulo XXI (t. cfr. art. 1º R.G. Nº 343) de las NORMAS (N.T. 1997), no existió ofensa al bien jurídico protegido –el público inversor-, ya que REPUBLICA contaba con una "aprobación general" para la oferta pública y no tenía al momento de los hechos, valores negociables en cotización (fs. 119/124 –descargo- y fs. 263/267 –memorial-).

Que a su vez, los sumariados sostuvieron que les era aplicable el artículo 27 del Decreto Nº 156/89 de Obligaciones Negociables (ONs) que establece que las sociedades anónimas y en comandita por acciones autorizadas por esta CNV a colocar públicamente sus ONs quedan sometidas, cuando correspondiere por domicilio, a lo dispuesto por la Ley Nº 22.169 en materia de control societario y que dicho control cesa cuando las ONs son rescatadas o amortizadas en su totalidad, toda vez que REPUBLICA rescató la totalidad de sus ONs por valor de U$S 30.000.000 conforme surgiría del Expediente Nº 932/92 rotulado "BANCO REPUBLICA S.A. s/ Oferta Pública-Obligaciones Negociables" (Expte. Nº 932/92) (fs. 165 –descargo- y 270 –memorial-).

Que por otra parte según REPUBLICA, sus directores y síndico, en materia penal el error de hecho o de derecho es causal de absolución a condición de que él sea excusable y que para ello se requiere un comportamiento normal y razonable del sujeto frente al evento en que se halló; y citaron jurisprudencia que consideraba que configura error excusable de hecho o de derecho la actitud del imputado que responde a una interpretación de la norma que entendía razonablemente no le era aplicable, y que existe error excusable si la conducta del infractor proviene de la aplicación de normas de difícil

interpretación (fs. 133/134 –descargo- y fs. 271/272 –memorial-).

Que conforme a este criterio y teniendo presente la decisión de retirarse del régimen de la oferta pública, la suspensión total de operaciones ordenada por el BCRA mencionada a fs. 250/252 y 673/675 en el Expte. Nº 692/99 y la interpretación que los sumariados hicieron de la normativa de esta CNV aplicable al caso, concluyeron que aún no teniendo en cuenta los argumentos desarrollados, no correspondería aplicarles sanción alguna por considerar su caso encuadrado dentro de un error excusable que excluiría la antijuricidad y punibilidad de las conductas a analizar, toda vez que las circunstancias por las que atravesaron les hacían creer que tanto REPUBLICA como sus directores actuaban razonablemente al interpretar que la obligación establecida por el artículo 1º del Capítulo XVIII de las NORMAS (N.T. 1997 t. cfr. art. 1º R.G. Nº 343) no les era exigible (fs. 135/136 –descargo- y fs. 272/273 –memorial-).

Que respecto de la presentación del síndico FEUDAL de fs. 278/278 vta., manifestó que el síndico CHAVEZ no ratificó la gestión oficiosa del Dr. MAZER por considerar que la ratificación hecha por el presidente de la comisión fiscalizadora –síndico FEUDAL- era extensiva a todos sus miembros.

Que por último, los sumariados presentados hicieron reserva del caso federal (fs. 137).

III.- Examen de los descargos

Que tanto la prueba documental obrante a fs. 34/110 consistente en el acta de asamblea de REPUBLICA en la que se resolvió su retiro del régimen de la oferta pública, las resoluciones de la SUPERINTENDENCIA DE ENTIDADES FINANCIERAS Y CAMBIARIAS (SEFC) y del BCRA y la de cancelación de autorización de oferta pública de esta CNV, como la que consta en el Expte. Nº 692/99, corrobora la firme intención de REPUBLICA de retirarse de ese régimen, las suspensiones que le impuso la SEFC, su cumplimiento a las normativas impuestas por el BCRA y los inconvenientes en el cumplimiento del PRS.

Que no obstante ello, tal documentación es ineficaz para rebatir los cargos formulados por Resolución Nº 13.411 del 1-06-99, conforme se analiza a continuación.

Que corresponde desestimar los supuestos inconvenientes sobrevinientes del cumplimiento simultáneo de las normativas de este Organismo y del BCRA, porque REPUBLICA pudo haber presentado los estados contables provisorios de conformidad con el artículo 2º del Capítulo XVIII de las NORMAS (N.T. 1997) –hoy art. 2º del Cap. XXIII de las NORMAS (N.T. 2001)-, que prescribe que las emisoras en el régimen de la oferta pública: "... podrán presentar sus estados contables de acuerdo con las normas que al respecto establezcan el BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA...".

Que a mayor abundamiento, es criterio de esta CNV que "... independientemente de cualquier normativa que el BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA pudiere establecer, las entidades financieras al ingresar al régimen de la oferta pública deben respetar los plazos para la presentación de sus estados contables establecidos por las NORMAS (N.T. 1997), que en caso de períodos intermedios ha sido fijado en CUARENTA Y DOS (42) días corridos" (cfr. Resolución Nº 12.557 del Expte. Nº 73/99 rotulado "VALUE CALIFICADORA DE RIESGO S.A. s/ Sumario"; cit. en los Exptes. Nº 198/99 rotulado "BANCO BISEL S.A. s/ Incumplimiento información periódica" (fs. 22), Nº 223/99 rotulado "BANCO DE ENTRE RIOS S.A. s/ Incumplimiento presentación de balances" (fs. 13) y Nº 224/99 rotulado "BANCO PIANO S.A. s/ Incumplimiento presentación balance" (fs. 48)).

Que cabe consignar que la R.G. Nº 343 de fecha 4-11-99 extendió para las entidades financieras el plazo de entrega de los balances trimestrales que cerraron antes del 1-07-00 a CINCUENTA (50) días corridos desde su fecha de cierre; y posteriormente, el 30-03-00 esta CNV resolvió en su punto III que si el BCRA otorgó prórroga a uno o más bancos para la presentación de la información, dicha prórroga podría ser invocada por la entidad financiera a fin de obtener una idéntica en los plazos de la R.G. Nº 343 (fs. 16).

Que aún tomando en consideración el plazo otorgado por la R.G. Nº 343, REPUBLICA incurrió en una demora de VEINTISEIS (26) días (fs. 2) y además, informó -en respuesta a la nota Nº 1473/2000/FyC- que el BCRA no le otorgó prórroga para la presentación de su balance trimestral (fs. 22), quedando por ende, excluido de las normas interpretativas de este Organismo anteriormente citadas (fs. 23).

Que en otro orden de ideas y respecto del cese de control por parte de la CNV a las sociedades que hayan rescatado o amortizado sus obligaciones negociables (cfr. art. 27 del Dto. 156/89 reglamentario de la LON) cabe destacar que la permanencia en el régimen de la oferta pública se inicia con la autorización que otorga este Organismo y finaliza con su cancelación, la cual tuvo lugar para REPUBLICA por Resolución Nº 13.388 de esta CNV del 11-05-00 (cfr. fs. 34, 116 –descargo- y 260 –memorial-).

Que esta circunstancia acredita que aún sin cotizar valores negociables a la época de los hechos examinados, REPUBLICA se encontraba dentro del régimen y por lo tanto debía cumplir con los deberes informativos para con este Organismo (cfr. art. 10 inc. c) del Cap. VI de las NORMAS (N.T. 1997) –hoy art. 10 inc. c) del Cap. VI de las

NORMAS (N.T. 2001)-.

Que tampoco corresponde hacer lugar a la supuesta inexistencia de perjuicio al bien jurídico protegido porque REPUBLICA no cotizaba valores negociables al momento del incumplimiento examinado, ya que la responsabilidad disciplinaria derivada de la violación de la ley, estatuto o reglamento tiene configuración por la mera infracción del orden jurídico con independencia de la producción de un daño (cfr. MASCHERONI, Fernando, "El directorio de la sociedad anónima", Bs. As., 1978, pág. 109).

Que en ese sentido, y conforme sostuvo la Sala B de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza, en sentencia del 1-09-00 dictada en el Expediente Nº 66.184-B-3743 "BOLSA DE COMERCIO DE SAN JUAN s/Verificación 28.08.95", la falta de presentación de estados contables no es un incumplimiento meramente formal, ya que "[d]ados los intereses en juego y las modalidades propias del ámbito que se regula, es lógico la exigencia de múltiples recaudos, establecidos a veces por la misma ley, y otras en las reglamentaciones de la CNV, y que tienden al control, eficacia, seguridad y transparencia de los mercados. Ello hace que el incumplimiento de los mismos se configuren como infracciones (artículo 10 de la Ley Nº 17.811), más allá de las efectivas consecuencias que puedan aparejar; ya que el sistema necesita de su cumplimiento formal. En otras palabras, la existencia de infracciones de este tipo se encuentra justificada por la importancia de los intereses en juego, circunstancia ésta que hace necesario extremar el cumplimiento de los recaudos que posibilitan tanto su correcto funcionamiento, como su debido control".

Que por otra parte, debe desestimarse la aplicación del derecho penal porque las defensas esgrimidas desde ese punto de vista, haciendo hincapié en el elemento subjetivo de las infracciones, no son idóneas para morigerar la responsabilidad administrativa que es evaluada en función de los particulares parámetros que la definen (Cám. Nac. Fed. Cont. Adm., Sala II, "BANCO ALAS COOPERATIVO LIMITADO (en liquidación) y otros c/ BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA. Resol. 154/94", 19-02-98).

Que hecha la distinción y a los fines de desestimar el argumento sobre error excusable, debe puntualizarse que mientras la culpa reside dentro de la conciencia, donde reina la voluntad y la intención del sujeto distinguiéndose por la investigación de la conducta, la falta individual muestra –dado una norma objetiva, social, moral, de decoro o jurídica que regle la conducta individual- el hecho exterior de un incumplimiento (cfr. FIORINI, "Manual..." Ed. La Ley, 1968, pág. 110 y ss., cit. en Resolución Nº 10.516 del 19-05-94 en el Expte. Nº 256/94 – "BOSTON CIA. ARGENTINA DE SEGUROS S.A. s/ Sumario").

Que en ese sentido, ni la falta de intencionalidad, ni la creencia que se estaba operando correctamente, constituyen factores que puedan eximir o reducir la responsabilidad de los sumariados, no tratándose por ello de una punición automática aún cuando la cuestión no debe ser examinada desde la óptica del conocimiento sino a partir de su obligatoriedad; toda vez que esta responsabilidad se ve comprometida cuando se verifican infracciones cuya comisión ha sido posible por su realización deliberada, o por su aceptación, tolerancia (cfr. arg. "BANCO ALAS", Resolución Nº 11.128 del 26-10-95 en el Expte. Nº 512/95 – "MINETTI Y CIA. s/incumplimiento presentación de balances").

Que tampoco puede invocarse el error de derecho o error excusable de interpretación si REPUBLICA consideró dudosa la interpretación que la CNV podía hacer de la aplicación de sus NORMAS y aún así se basó en la interpretación que le era favorable, actuando de esta forma a su riesgo, circunstancia ésta que no hace al error invocado inevitable (cfr. arg. NIETO, ob. cit., págs. 349, 367 y ss.; LLAMBIAS, Jorge J. "Código Civil Anotado" T. II-B, Ed. Abeledo Perrot, 1992, pág. 51; VON TUHR, cit. por BELLUSCIO, Augusto C. y ZANNONI, Eduardo A., "Código Civil y Leyes Complementarias. Comentado, anotado y concordado" T. 4, Ed. Astrea, 1994, pág. 170).

Que por último y aplicando el criterio del Tribunal Supremo de España, tratándose de infracciones administrativas –en este caso el retardo en la presentación de balances-, predomina el elemento objetivo sobre el intencional, el cual es incompatible con las excusas de interpretación y exculpaciones por error de las NORMAS de esta CNV a las cuales se encontraba sujeto REPUBLICA al momento de los hechos examinados (cfr. Tribunal Supremo de España, Ar. 4183; Botella, 8-06-82 cit. en NIETO, Alejandro, "Derecho Administrativo Sancionador", 2º edic., Madrid, 1994, pág. 363).

Que en cuanto a las manifestaciones vertidas por FEUDAL (fs. 278/278 vta.), no corresponde analizarlas por resultar extemporáneas toda vez que no fueron vertidas en estas actuaciones al momento de presentar descargo sino de ratificar la gestión oficiosa realizada al presentar el memorial.

Que en ese sentido, cabe recordar que la presentación de memorial es facultativa de los sumariados y procede únicamente con el fin de realizar tanto un examen crítico de la prueba como también iluminar los hechos objeto del debate y formar la convicción de esta CNV acerca de su existencia y modalidades reales (cfr. HUTCHINSON, Tomás, "Régimen de Procedimientos Administrativos. Ley 19.549", Ed. Astrea, 1998, Bs. As., pág. 311 comentario al art. 60 del Dto. Nº 1759/72 t.o. 1991), no versando los dichos del síndico FEUDAL sobre el mérito de la prueba ni sobre la cuestión de fondo investigada en estos actuados.

Que resulta fuera de lugar la supuesta representación ejercida por el síndico FEUDAL -en su carácter de presidente de la comisión fiscalizadora- a favor de CHAVEZ a los efectos de ratificar la gestión oficiosa, toda vez que los cargos se imputaron a los síndicos en forma individual, y de haber optado éstos por la utilización de la facultad conferida por el artículo 48 del CPCCN, la misma no puede ser ratificada por un tercero. Que a su vez cabe destacar que el cargo a los síndicos fue instruido por no verificar en principio el cumplimiento al artículo 4º del Capítulo XXI de las NORMAS (N.T. 1997) (texto cfr. art. 1º R.G. Nº 343) y teniendo presente que a su vez, el artículo 294 inciso 9º de la LSC les impone vigilar a que los órganos sociales den debido cumplimiento a la ley, estatuto, reglamento y decisiones asamblearias.

Que en ese sentido, no quedó demostrado en estas actuaciones que el órgano de fiscalización haya formulado objeción alguna a la actuación del órgano de administración.

Que es aplicable a este caso lo expresado oportunamente por el Fiscal de Cámara Dr. Calle Guevara al referirse a la culpa in vigilando de los administradores de una sociedad: "Esa responsabilidad se extiende, desde mi punto de vista a los síndicos sociales. Es cierto que éstos no ejercen la dirección de la sociedad. Empero, ellos son los encargados por la ley de una fiscalización constante, rigurosa y eficiente de las disposiciones del directorio, por lo que sus funciones a los efectos de la normal marcha de la sociedad son más importantes individualmente que las de cada uno de los directores. La falta deliberada o no del debido ejercicio de las múltiples obligaciones que la ley les impone –entre otras, las de control, asistencia, convocatoria a asambleas (Ley de Sociedades, artículos 294/296)- los hace incurrir en gravísima falta" (cfr. Dictamen Nº 66.266, del 27-04-92, in re: "COMISION NACIONAL DE VALORES –CIA. ARGENTINA DEL SUD S.A. s/Verificación contable", a cuyos fundamentos remitió la Sala "C" del Tribunal, sentencia del 7-10-92, citada en la Resolución Nº 13.275 del Expediente Nº 1006/99 – "PAPELERA TUCUMAN S.A. s/Retardo en presentación de información contable").

Que en virtud de lo expuesto, al no existir en estos actuados constancia alguna que acredite que los síndicos instaron al directorio a presentar en esta CNV los estados contables de REPUBLICA al 30-09-99 sin demora imputable, quedó constatada la infracción al deber de vigilancia impuesto por el artículo 294 inciso 9º de la LSC.

IV.- Sanción

Que habiéndose acreditado los cargos formulados y a los efectos de seleccionar la sanción a aplicar debe ponderarse que REPUBLICA fue apercibido conforme Resolución Nº 14.110 del 7-02-02 dictada en el Expte. Nº 692/99, en el que se agotó la vía recursiva prevista por la Ley Nº 17.811; y para su graduación, debe tenerse en cuenta que no tenía valores negociables en cotización al momento de los hechos examinados y en consecuencia no se derivaron de su conducta perjuicios económicos.

Que lo expuesto amerita la imposición de multa a REPUBLICA, la que se hará efectiva por los directores y síndicos responsables en forma solidaria siendo ajeno a este procedimiento la forma de distribución (cfr. Cám. Nac. de Apel. Com., Sala B, 5-10-70, "E. FLAIBAN S.A."), y cuyo plazo de cumplimiento será de QUINCE (15) días

hábiles a partir de la notificación de esta Resolución.

Que la presente Resolución se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 10 y 12 de la Ley Nº 17.811.

Por ello,

LA COMISION NACIONAL DE VALORES

RESUELVE:

ARTICULO 1º.- Imponer a BANCO REPUBLICA S.A. la sanción de MULTA que se fija

en la suma de PESOS DIECINUEVE MIL prevista en el artículo 10 inciso b) de la Ley Nº 17.811, la que se hará efectiva en la persona de: a) los directores titulares a la época de los hechos examinados señores Benito J. LUCINI, Raúl Juan P. MONETA, Pablo J. LUCINI y Carlos A. MOLINA en forma solidaria, por la infracción constatada al artículo 4º del Capítulo XXI de las NORMAS (N.T. 1997 t. cfr. art. 1º R.G. Nº 343); y b) los síndicos titulares a la época de los hechos examinados señores Oscar E. FEUDAL, Roberto P. SALMERI y Osvaldo A. CHAVEZ en forma solidaria, por la infracción constatada al artículo 294 inciso 9º de la Ley Nº 19.550 de Sociedades Comerciales.-

ARTICULO 2º.- El pago de la multa deberá realizarse en la Subgerencia de Administración de esta COMISION NACIONAL DE VALORES (sita en 25 de Mayo 175, piso 11º de esta Ciudad, de lunes a viernes en el horario de 10.00 a 15.00 hs.). En el caso de que la multa sea pagada fuera del término fijado en esta Resolución la mora se producirá de pleno derecho, devengándose los correspondientes intereses.-

ARTICULO 3º.- Regístrese y notifíquese con copia autenticada de la presente Resolución

a todos los sumariados, a quienes se hará saber que la multa deberá ser efectivizada por las personas físicas sumariadas dentro del plazo de QUINCE (15) días.-

ARTICULO 4º.- Notifíquese con copia autenticada de la presente Resolución a la BOLSA DE COMERCIO DE BUENOS AIRES a los efectos de la publicación en su Boletín Diario e incorpórese en el sitio web del Organismo en www.cnv.gov.ar.-

FIRMADO: J. Andrés Hall, Jorge Lores, María Silvia Martella y Hugo L. Secondini.-