Resolucin N 14.137

BUENOS AIRES, 12 de marzo de 2002

VISTO el Expediente N 141/00 rotulado "BANCO PIANO S.A. s/ Incumplimiento R.G. 340"; lo dictaminado por la Subgerencia de Coordinación Jurídica; conformidad prestada por la Gerencia de Fiscalización y Control; y

CONSIDERANDO:

I.- Antecedentes

Que por Resolución N 13.910 de fecha 26-07-01, esta COMISION NACIONAL DE VALORES (CNV) instruyó sumario a BANCO PIANO S.A. (BPSA); sus directores titulares señores Alfredo V. PIANO, José A. KESER PIANO, Juan J. PIANO, Arturo L. PIANO, Jorge BERRO MADERO y Ovidio BOLO por la posible infracción a los artículos 4 incisos a.1, a.2, b.2, c. y penúltimo párrafo del Capítulo II y 3 bis del Capítulo XVII de las NORMAS (N.T. 1997, t.o. R.G. N 340) -hoy arts. 4 del Cap. II y 4 del Cap. XXI de las NORMAS (N.T. 2001)- y 59 de la Ley N 19.550 de Sociedades Comerciales (LSC); y a los miembros titulares de la comisión fiscalizadora señores Carlos A. GINDRE, Ernesto M. SAN GIL, Ernesto J. CASSANI, Alfredo O. ALALUF, Norberto SALMON y Luis H. BILLER, por la posible infracción al artículo 294 inciso 9) de la LSC (fs. 95/100).

Que notificada la totalidad de los sumariados, BPSA en conjunto con sus directores titulares señores Alfredo V. PIANO, José A. KESER PIANO, Juan J. PIANO, Arturo L. PIANO, Ovidio BOLO -invocando la gestión oficiosa del art. 48 del CPCCN-, y Jorge BERRO MADERO; y síndicos señores Luis H. BILLER, Norberto SALMON - invocando la gestión oficiosa del art. 48 del CPCCN- y Alfredo O. ALALUF presentaron sus descargos en tiempo hábil, y no constituyeron domicilio (fs. 116/125).

Que los síndicos señores Carlos A. GINDRE, Ernesto M. SAN GIL y Ernesto J. CASSANI presentaron sus descargos en tiempo hábil y constituyeron domicilio (fs. 126/129/vta).

Que el director señor Ovidio BOLO y el síndico señor Norberto SALMON ratificaron la gestión oficiosa del artículo 48 del CPCCN realizada por el Dr. Carlos CARMEN a fs. 125 (fs. 130).

Que los sumariados no ofrecieron prueba.

II.- Cargos formulados

Que los cargos fueron imputados como consecuencia de diversos incumplimientos observados en las asambleas de fecha 30-10-98, 29-10-99 y 5-11-99, respectivamente (fs. 67/68 y 83) y de la comunicación por BPSA a esta CNV el 29-10-99 del cambio de los miembros de su comisión fiscalizadora (fs. 5).

Que con respecto a la asamblea celebrada el 30-10-98 BPSA presentó en esta CNV el acta correspondiente CIENTO SETENTA Y CUATRO (174) días corridos después de su celebración -el 27-04-99-, fuera del plazo de DIEZ (10) días que impone el artículo 4 inciso c) del Capítulo II de las NORMAS (N.T. 1997) (fs. 69).

Que en cuanto a la asamblea a celebrarse el 29-10-99 se registraron los siguientes incumplimientos: a) presentó en esta CNV la convocatoria a la asamblea, sólo DOS (2) días antes de convocada -el 27-10-99- y no con DIEZ (10) días de anticipación, según artículo 4 inciso a.2. del Capítulo II de las NORMAS (N.T. 1997) (fs. 2/4 y 67); b) omitió informar la no realización de la asamblea dentro de los DOS (2) días de convocada, conforme al artículo 4 penúltimo párrafo del Capítulo mencionado (fs. 11 y 67) y; c) presentó en esta CNV el acta de directorio que la convocó NOVENTA Y DOS (92) días corridos -el 2-02-00- después de la fecha en principio designada para celebrarla, pese a que el plazo establecido por el artículo 4 inciso a.1. del Capítulo II es de DIEZ (10) días de anticipación (fs. 63/64, 67).

Que con relación a la asamblea celebrada el 5-11-99 se registraron los siguientes incumplimientos: a) se informó a esta CNV su realización con DOS (2) días de anticipación -el 3-11-99- y no se adjuntó acta de directorio y texto de convocatoria como imponen los incisos a.1 y a. 2. del artículo 4 del Capítulo II de las NORMAS (N.T. 1997) (fs. 6 y 67); b) con UN (1) día de anticipación presentó el texto del orden del día a tratar en la asamblea -debiendo ser DIEZ (10) días cfr. art. 4 inc. a.2. del Cap. II de las NORMAS (N.T. 1997)- (fs. 7/8 y 67); c) en respuesta al requerimiento de esta CNV (fs. 13/14/vta.), BPSA recién presentó el acta de asamblea CINCUENTA Y DOS (52) días corridos -el 30-12-99- después de su celebración, incumpliendo con el plazo de DIEZ (10) días dispuesto por el artículo 4 inciso c. del Capítulo II de las NORMAS (N.T. 1997) (fs. 31, 43 y 67); d) en respuesta al requerimiento de esta CNV (fs. 13/14/vta.), presentó copia del acta de directorio que convocaba a esta nueva asamblea OCHENTA Y CINCO (85) días corridos -el 2-02-00- después de celebrada (fs. 47/48/vta, 49 y 56).

Que también el 2-02-00, BPSA manifestó que por omisión involuntaria no cumplió con lo dispuesto por el artículo 3 bis del Capítulo XVII de las NORMAS (N.T. 1997, t.o. R.G. N 340) con respecto a los profesionales elegidos para integrar la comisión fiscalizadora (fs. 49, 64, y 67); en consecuencia, los accionistas de BPSA presentaron notas en esta CNV con la intención de dar cumplimiento a la normativa (fs. 49/52, 53/54, 58/60, 73/75; 85/87).

Que adicionalmente, el 29-10-99 BPSA informó a esta CNV el cambio de los miembros de su comisión fiscalizadora "... a partir del período cerrado el 30-09-99..." (fs. 5).

Que sin embargo, surge a fs. 43/45 que recién el 5-11-99 fueron designados los nuevos miembros de la comisión fiscalizadora; informando BPSA de esta forma un cambio a ese momento inexistente, por lo que esta CNV consideró que su directorio incumplió con el deber de conducta impuesto por el artículo 59 de la LSC.

Que los síndicos fueron traídos a este sumario por incumplimiento al deber de vigilancia dispuesto por el artículo 294 inciso 9) de la LSC respecto al momento en que se debió dar cumplimiento al artículo 4 del Capítulo II de las NORMAS (N.T. 1997) y la celebración de la asamblea de fecha 5-11-99 (fs. 98/99).

III.- Descargos y su análisis

Que BPSA en conjunto con sus directores y síndicos ALALUF, SALMON y BILLER admitieron no haber dado estricto cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 4 del Capítulo II de las NORMAS (N.T. 1997), pero entendieron que se trataba de incumplimientos formales (fs. 117).

Que sostuvieron que aún cuando la normativa aplicable no hace distinción entre las entidades que emiten acciones y las que emiten obligaciones negociables (ONs), debía ponderarse la circunstancia de que BPSA era una sociedad cerrada que sólo emitió ONs por imposición del BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (BCRA) (fs. 117/118).

Que manifestaron que las asambleas fueron de carácter unánime y que no se tomaron resoluciones que afectaran de forma alguna a los obligacionistas (fs. 118/119).

Que agregaron que la LSC no contempla la exigencia de la R.G. N 340 y que el acto asambleario es válido, máxime cuando posteriormente los accionistas ratificaron en esta CNV la condición de independientes de los profesionales designados (fs. 119).

Que BPSA, sus directores y los síndicos sumariados plantearon la falta de legitimación pasiva procesal con respecto al artículo 3 bis del Capítulo XVII de las NORMAS (N.T. 1997, t.o. R.G. N 340) (fs. 118 y 126/126/vta., respectivamente).

Que particularmente los directores señalaron que de haberse originado el supuesto incumplimiento al artículo 59 de la LSC en la comunicación de cambio de comisión fiscalizadora, ello en sí mismo reflejó la intención de informar a este Organismo la decisión de proponer a dichos profesionales en la asamblea próxima a realizarse en esa época (fs. 120).

Que los síndicos BILLER, ALALUF y SALMON entendieron que, siendo en estos actuados la responsabilidad del directorio leve, en virtud de ser pasible el órgano de contralor de incurrir en una culpa "in vigilando", su responsabilidad sería remota (fs. 121).

Que a su vez, los síndicos GINDRE, SAN GIL y CASSANI, manifestaron que su función consiste en el control de legalidad; la que excluye el control o la valoración de la gestión del directorio (fs. 126/vta.).

Que entendieron que la imputación era insustancial en virtud de carecer de relevancia -a su criterio- la remisión retrasada de la información a este Organismo, toda vez que fue enviada en su presentación posterior y que sus obligacionistas no pudieron ver afectados sus derechos por la demora mencionada (fs. 129).

Que a su vez negaron, por su carácter de síndicos, tener obligación de presentar en esta CNV la información y/o documentación requerida por las NORMAS (N.T. 1997) en una fecha determinada (fs. 129).

Que, por último, los sumariados plantearon caso federal (fs. 123 y 129/vta.).

Que BPSA, sus directores y los síndicos ALALUF, SALMON y BILLER admitieron el incumplimiento al artículo 4 del Capítulo II de las NORMAS (N.T. 1997).

Que adicionalmente, cabe consignar que aún sin considerar los reiterados incumplimientos a la norma antes mencionada, el retardo en la presentación de actas del directorio, convocatorias, actas e información sobre la suspensión de realización de asambleas, entre otros documentos, no es un incumplimiento meramente formal.

Que reciente jurisprudencia estableció que "[d]ados los intereses en juego y las modalidades propias del ámbito que se regula, es lógico la exigencia de múltiples recaudos, establecidos a veces por la misma ley, y otras en las reglamentaciones de la CNV, y que tienden al control, eficacia, seguridad y transparencia de los mercados. Ello hace que el incumplimiento de los mismos se configuren como infracciones (artículo 10 de la Ley N 17.811), más allá de las efectivas consecuencias que puedan aparejar; ya que el sistema necesita de su cumplimiento formal." (Cám. Fed. Apel. de Mendoza, Sala B, 1-09-00, Expte. N 66.184-B-3743 "BOLSA DE COMERCIO DE SAN JUAN s/Verificación 28.08.95").

Que tampoco es atendible la supuesta inexistencia de daño que se infiere de fs. 118 y 129, donde se manifestó que "... las tres asambleas... no han tomado resoluciones que directa o indirectamente pudieran afectar a las obligaciones negociables" y que "... los derechos de los obligacionistas nunca pudieron resultar afectados por la presentación de cierta documentación fuera de término", ya que la responsabilidad disciplinaria derivada de la violación de la ley, estatuto o reglamento no deviene de los daños producidos por tales actos, sino de la mera infracción al orden jurídico que regula la vida societaria (cfr. MASCHERONI, Fernando H. "El directorio de la sociedad anónima", Bs. As., 1978, pág. 109).

Que por lo expuesto, toda presentación extemporánea de la documentación requerida por esta CNV, importa una infracción a la normativa aplicable, salvo de existir circunstancias que configuren causales de justificación, no acreditadas en estos actuados.

Que adujeron que la normativa aplicable no hacía distinción entre emisoras de acciones y de ONs, y entendieron que en las sociedades abiertas es de la mayor importancia para los accionistas ajenos al grupo controlante tener conocimiento anticipado de los temas a tratar en las asambleas; exigencia que se vería reducida en este caso, por ser BPSA una sociedad cerrada que emitió ONs por imposición del BCRA -mediante Comunicación "A" 2494 del 25-11-96- (fs. 117/118).

Que no corresponde hacer lugar a este planteo, ya que el artículo 4 del Capítulo II de las NORMAS (N.T. 1997) no distingue por tipos de valores negociables emitidos por las sociedades; sólo considera que las emisoras se encuentren en el régimen de la oferta pública, independientemente de la causa fuente de la emisión de esos valores negociables y si previo a la emisión la sociedad era cerrada, pues pierde tal condición desde su ingreso y durante su permanencia en este régimen.

Que por ello, y en virtud del principio hermenéutico que impide al intérprete hacer distinciones como las propuestas por los sumariados donde la ley no distingue, cabe desestimar este argumento.

Que al mencionar el carácter unánime de la asamblea, los sumariados manifestaron que la LSC inviste a la reunión del máximo de atribuciones tanto en los temas a tratar como en su capacidad de decisión, reiterando que no se resolvieron cuestiones que perjudiquen el interés de los obligacionistas (fs. 118/119).

Que según el último párrafo del artículo 237 de la LSC las asambleas unánimes pueden celebrarse sin publicación de la convocatoria cuando se reúnan accionistas que representen la totalidad del capital social y las decisiones se adopten por conformidad total de las acciones con derecho a voto.

Que sin embargo, cabe consignar que ese principio general se ve modificado en su aplicación en sociedades como BPSA, ya que la fiscalización permanente a la que están sometidas las sociedades abiertas del artículo 299 inciso 1) de la LSC, supone que "el organismo competente [esta CNV] necesita tener conocimiento anticipado de la celebración de cualquier asamblea en las sociedades abiertas, a efectos de fiscalizarlas a través de un funcionario asistente designado previo conocimiento del lugar, fecha y hora de celebración. Esta función no podría cumplirse, con grave desmedro de interés público comprometido, si aquellas sociedades abiertas en que estuviere presente la totalidad del capital y la decisión se adopte por unanimidad, apelaran a ese recurso como medio para eludir la comunicación previa del acto a la autoridad de control, fundándose en la innecesariedad de la convocatoria previa, en los plazos del art. 237 del decr. Ley 19.550/72... Esta reglamentación modifica, con respecto a las sociedades abiertas, las conclusiones referentes a convocatoria. Evidentemente, la acreditación de tales citaciones supone la previa fijación de la oportunidad de celebración del acto por el o los órganos sociales competentes, es decir, la convocatoria previa de la asamblea" (cfr. MASCHERONI, Fernando H. "La asamblea en la sociedad anónima", Ed. Cangallo, Bs. As., 1970, págs. 113/114).

Que el artículo 4 del Capítulo II de las NORMAS (N.T. 1997) tampoco formula distinciones en el supuesto de asambleas unánimes al requerir información sobre el órgano de gobierno.

Que aún si se admitiera que las asambleas fueron unánimes -y suponiendo que ello permitiera eximirlas de la responsabilidad de remitir a esta CNV la convocatoria con la anticipación debida-, las sociedades abiertas como BPSA también deben cumplir con los requisitos de comunicación después de celebrada la asamblea (cfr. VERON, Alberto V. "Sociedades Comerciales. Ley 19.550 y modificatorias. Comentada, anotada y concordada", Ed. Astrea, 1993, T. 3, pág. 759), y según consta en el informe de la Gerencia de Emisoras, BPSA remitió las actas de asamblea celebradas el 30-10-98 y 5-11-99 fuera de los DIEZ (10) días estipulados por las NORMAS (N.T. 1997) de este Organismo (fs. 67/69 y 71).

Que en respuesta al supuesto cuestionamiento a la validez de las asambleas que a criterio de los sumariados realizó la Resolución N 13.910 (fs. 119) que instruyó el presente sumario y la incongruencia entre la LSC y la R.G. N 340, cabe destacar que ambas convicciones son erróneas.

Que la Resolución N 13.910 no cuestionó la validez del acto asambleario del 5-11-99, ya que tal extremo no fue materia de cargo, ni impugnó las decisiones asamblearias (art. 251, LSC), sino que observó el incumplimiento del artículo 3 bis del Capítulo XVII de las NORMAS (N.T. 1997, t.o. R.G. N 340) por parte de un accionista -que además era miembro del directorio- del deber de informar previo a la votación en la asamblea de los nuevos miembros de la comisión fiscalizadora, la calidad de independientes o no independientes de los síndicos que proponía.

Que en esa oportunidad el accionista proponente también debió informar si los síndicos postulados ejercían, habían ejercido o iban a ser propuestos (ellos o los estudios, sociedades o asociaciones profesionales que lo integren) como contadores dictaminantes de BPSA, o si tenían relaciones o pertenecían a un estudio, sociedad o asociación profesional que mantenía relaciones profesionales con BPSA, el estudio, la sociedad o asociación a la que pertenece; o percibían remuneraciones u honorarios de BPSA por distinto concepto al del ejercicio del cargo, o si alguna de estas circunstancias se presentaba respecto de una sociedad con la cual BPSA tenga accionistas comunes.

Que no corresponde hacer lugar a la interpretación que hicieron los sumariados respecto de la "falta de exigencia" por parte de la LSC del agregado de la R.G. N 340, ya que la normativa societaria es amplia y esta CNV tiene injerencia en lo referente a aquellas sociedades que se encuentran en el régimen de la oferta pública; por lo que está facultada para dictar normas a las cuales deben ajustarse las personas físicas o jurídicas que, en cualquier carácter, intervengan en la oferta pública de valores negociables a los efectos de acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos en dicha ley (art. 7, Ley N 17.811).

Que en tal sentido, la jurisprudencia sostuvo que "La Ley 17.811 (ley de oferta pública de valores, bolsas o mercados de comercio y mercado de valores), estructura la Comisión Nacional de Valores, determina sus funciones y la faculta para dictar las normas que hacen a sus cometidos cual es, en definitiva, la protección de los inversores, garantizando a su vez un seguro y productivo destino al ahorro público. No sólo ello traduce la gran importancia de la mencionada Comisión, sino que aún más se acrecienta su responsabilidad cuando se advierte que, en este tipo de negociaciones, se apoya en grado sumo la economía de un país" (Cám. Fed. Cont-Adm., Sala 2, "COMISION NACIONAL DE VALORES", 21-05-81, LL 1982-C-263) (el destacado no pertenece al original).

Que en virtud de ello, lo dispuesto por el artículo 3 bis del Capítulo XVII de las NORMAS (N.T. 1997, t.o. R.G. N 340) particulariza el proceso de designación de síndicos en la asamblea previsto en el artículo 284 de la LSC, e independientemente de que la elección de los miembros de la comisión fiscalizadora fue posteriormente ratificada por la totalidad de los accionistas, su incumplimiento constituye una infracción, que estrictamente fue cometida sólo por el señor Arturo L. PIANO, quien propuso a los miembros de la comisión fiscalizadora sin hacer la mención requerida por el artículo 3 bis citado (fs. 45), pese a que en virtud de su cargo de director conocía o debía conocer los requisitos exigidos por esta CNV.

Que no obstante ello, cabe consignar además que también estuvieron presentes el presidente del directorio y accionista señor Alfredo V. PIANO -cfr. art. 242 de la LSC- (fs. 43/45 y 77) y el director y accionista señor Juan J. PIANO (fs. 45 y 77), quienes al ser obligatoria su asistencia con voz en la asamblea por aplicación del artículo 240 de la LSC, debieron haber instado al accionista proponente a que no cometiera tal omisión.

Que por otra parte, los directores señalaron que no surgía claramente de la Resolución N 13.910 el motivo del cargo por incumplimiento al artículo 59 de la LSC (fs. 120), y manifestaron que de haberse originado por la comunicación del cambio de miembros de la comisión fiscalizadora a partir del 1-07-99 mediante nota del 29-10-99, cuando el cambio se efectivizó recién en la asamblea celebrada el 5-11-99, ello no implicaba incumplimiento, sino que reflejaba la intención de informar inmediatamente a esta CNV la decisión de proponer en la asamblea a los nuevos síndicos para el ejercicio 1999-2000 (fs. 120).

Que al respecto cabe reiterar que la Resolución N 13.910 imputó a los miembros del directorio el incumplimiento al artículo 59 de la LSC al observarse que BPSA informó el 29-10-99 el cambio de los miembros de la comisión fiscalizadora con su pertinente nómina -a partir del período cerrado el 30-09-99- (fs. 5); y posteriormente surge a fs. 43/45 que la designación aludida tuvo lugar en la asamblea celebrada el 5-11-99; es decir, se informaron designaciones cuando ellas no había aún ocurrido.

Que en ese orden de ideas cabe destacar que BPSA informó expresamente no una mera intención, sino que "... hemos procedido al cambio de... la Comisión Fiscalizadora... a partir del periodo cerrado el 30.09.99 de los cuales enviamos la Nomina... Las ficha [sic] serán remitidas a la brevedad." (el destacado no consta en el original) (fs. 5).

Que a su vez, debe considerarse que el artículo 4 inciso b.2. del Capítulo II de las NORMAS (N.T. 1997) exige la presentación ante esta CNV de la nómina de administradores, síndicos, consejeros y auditores designados, DOS (2) días después de celebrada la asamblea.

Que lo hasta aquí reseñado importa una falta por parte de los directores al deber de actuar con la diligencia de un buen hombre de negocios, toda vez que comunicaron a esta CNV como efectuada la designación de los nuevos síndicos cuando ello no había tenido aún lugar, lo que denota que no obraron con el cuidado y la diligencia de una persona razonablemente diligente con el conocimiento, habilidades y experiencia que pueden ser razonablemente esperados de personas en su posición.

Que conforme a lo expresado ha sido constatada la infracción por parte de los miembros del directorio al artículo 59 de la LSC.

Que en otro orden de ideas, los síndicos BILLER, ALALUF y SALMON al referirse a la responsabilidad remota en los cargos imputados, argumentaron que de tener que responder por los incumplimientos formales de los directores, ello importaría el deber de involucrarse en los actos de gestión diaria de la administración societaria, cuestión que excede su competencia (fs. 121).

Que en respuesta al mencionado argumento, debe tenerse presente que el deber de vigilancia por los síndicos a los restantes órganos sociales -en este caso el de administración- impuesto por el artículo 294 inciso 9) de la LSC importa su oposición a las irregularidades verificadas a las leyes, estatutos o reglamentos; y ésta se traduce al dejar constancia de ello a través de sus libros o convocando a una asamblea, circunstancias no acreditadas en estas actuaciones.

Que analógicamente, cabe aplicar lo dispuesto por el artículo 10 inciso c) de la Ley N 24.083 de Fondos Comunes de Inversión que obliga a los síndicos a denunciar al organismo de fiscalización -esta CNV- las irregularidades en que hubiese incurrido el directorio en el cumplimiento de las NORMAS de este Organismo.

Que esta función no implica involucrarse en la gestión diaria del directorio, en virtud que a la sindicatura le compete un control prevalecientemente formal o de supervisación extrínseca, y si bien ello conlleva a la exclusión del control de mérito de la gestión, no significa convalidar una actitud pasiva por parte del síndico (cfr. CNCom, Sala B, 2-04-84, LL, 1985-A-317, cit. por VERON, ob. cit. T. 4, pág. 443), toda vez que no acompañaron con los descargos acta alguna de la que surja observación a los incumplimientos que fueron materia de cargo.

Que por otra parte, el Fiscal de Cámara Dr. Calle Guevara refiriéndose a la

culpa in vigilando de los administradores de una sociedad sostuvo: "Esa responsabilidad se extiende, desde mi punto de vista a los síndicos sociales. Es cierto que éstos no ejercen la dirección de la sociedad. Empero, ellos son los encargados por la ley de una fiscalización constante, rigurosa y eficiente de las disposiciones del directorio, por lo que sus funciones a los efectos de la normal marcha de la sociedad son más importantes individualmente que las de cada uno de los directores. La falta deliberada o no del debido ejercicio de las múltiples obligaciones que la ley les impone -entre otras, las de control, asistencia, convocatoria a asambleas (Ley de Sociedades, artículos 294/296)- los hace incurrir en gravísima falta" (cfr. Dict. N 66.266, del 27-04-92, in re: "Comisión Nacional de Valores -Cía. Argentina del Sud S.A. s/ verificación contable", a cuyos fundamentos remitió la Sala "C" del Trib., sent. del 7-10-92, cit. en Res. N 13.275 del Expte. N 1006/99 - "PAPELERA TUCUMAN S.A. s/retardo en presentación de información contable").

Que los síndicos GINDRE, SAN GIL y CASSANI en su descargo adujeron que el control de legalidad significa vigilar que las funciones del directorio se ejerzan en concordancia formal con las disposiciones de la LSC y las normas inherentes a las decisiones de ese órgano (fs. 126/vta.)

Que la imputación realizada a los nombrados fue por incumplimiento al artículo 294 inciso 9) de la LSC y se encuentra relacionada con los cargos formulados a BPSA y sus directores, ya que los síndicos debieron vigilar el estricto cumplimiento por el órgano de administración del artículo 4 del Capítulo II de las NORMAS (N.T. 1997) con referencia a las asambleas de fecha 30-10-98, 29-10-99 -la cual llegado el día no se realizó- y 5-11-99, lo que no significaba valorar su gestión ni la obligación de ser quienes remitan la información a este Organismo en los plazos establecidos por el artículo 4 citado, conforme manifestaron a fs. 129.

Que en el caso de los síndicos GINDRE, SAN GIL y CASSANI, cabe agregar que -si bien no fue materia de cargo- conforme lo establece el artículo 294 inciso 3) de LSC es obligatoria la presencia de los síndicos con voz, pero sin voto, tanto a las reuniones de directorio como a las asambleas.

Que por lo tanto, al observar que en la reunión del órgano de gobierno del 5-11-99, el accionista proponente no informó antes de la votación en cumplimiento del artículo 3 bis del Capítulo XVII de las NORMAS (N.T. 1997, t.o. R.G. N 340) la condición de independientes o no independientes de los nuevos síndicos que proponía y en forma concurrente el directorio no observó tal omisión, correspondía a los síndicos GINDRE, SAN GIL y CASSANI -que hasta ese momento seguían en funciones- dejar constancia de tal irregularidad, circunstancia no acreditada en estos actuados.

Que respecto de la insustancialidad de la imputación por tratarse de un retraso incurrido por el directorio en la remisión de la información a esta CNV, cabe reiterar que en el régimen de la oferta pública los incumplimientos a los recaudos de la ley y de las reglamentaciones de esta CNV que tiende al control, eficacia y seguridad en el mercado no son meramente formales, sino que constituyen infracciones independientemente de las consecuencias sobrevinientes (cfr. Cám. Fed. Apel. De Mendoza, Sala B, 1-09-00).

Que los síndicos GINDRE, SAN GIL y CASSANI al referirse a su responsabilidad manifestaron que ésta no empieza donde termina su diligencia, sino donde comienza su dolo o culpa grave (fs. 128).

Que este argumento no es atendible, toda vez que como se dijera anteriormente, la responsabilidad disciplinaria derivada de la inobservancia a la ley, estatuto o reglamento, deviene de la mera infracción al orden jurídico que regula la vida societaria (cfr. MASCHERONI, ob. cit.).

Que a mayor abundamiento, se dijo que la voluntad de la sociedad se expresa a través de sus órganos, y esos órganos sólo cobran vida, actúan y deciden por medio de la acción de sus integrantes; ya sea por comisión, ya por omisión, todos los síndicos deben responder por los actos negligentes; se trata de la culpa "por no hacer" aquello a que estaban obligados por su función: percibir el negligente accionar y obrar para impedirlo y/o denunciarlo (cfr. RANGUGNI, Diego E., "Algunos aspectos de la responsabilidad de los directores de la sociedad anónima", LL 1999-B-120, cit. en Cám. Fed. Apel. de Mendoza, Sala B, 1-09-00, Expte. N 66.184-B-3743).

Que en virtud de lo hasta aquí expuesto, está acreditada la infracción al deber de vigilancia, toda vez que no existen constancias en estos actuados de la objeción a las irregularidades incurridas por el directorio en la presentación tardía de la información referente a las asambleas y en la designación de los nuevos miembros de la comisión fiscalizadora.

IV.- Sanción

Que habiéndose acreditado los cargos formulados y a los efectos de seleccionar la sanción a aplicar debe ponderarse que no obstante la inexistencia de antecedentes administrativos, el cúmulo de infracciones constatadas amerita la imposición de multa a BPSA, la que se hará efectiva por los directores y síndicos responsables en forma solidaria siendo ajeno a este procedimiento la forma de distribución (cfr. Cám. Nac. de Apel. Com., Sala B, 5-10-70, "E. FLAIBAN S.A."), y cuyo plazo de cumplimiento es de QUINCE (15) días hábiles a partir de la notificación de esta Resolución.

Que la presente Resolución se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 10 y 12 de la Ley N 17.811 (to. mod. Dto. N 677/01).

Por ello,

LA COMISION NACIONAL DE VALORES

RESUELVE:

ARTICULO 1.- Imponer a BANCO PIANO S.A. la sanción de MULTA que se fija en la suma de PESOS TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS ($ 32.500.-) prevista en el artículo 10 inciso b) de la Ley N 17.811 (to. mod. por art. 39 Dto. N 677/01), la que se hará efectiva en la persona de: a) los señores directores Alfredo V. PIANO, José A. KESER PIANO, Juan J. PIANO, Arturo L. PIANO, Jorge BERRO MADERO y Ovidio BOLO en forma solidaria, por la infracción constatada a los artículos 4 incisos a.1, a.2, b.2, c. penúltimo párrafo del Capítulo II de las NORMAS (N.T. 1997) -hoy art. 4 del Cap. II de las NORMAS (N.T. 2001)-, 3 bis del Capítulo XVII de las NORMAS (N.T. 1997, t.o. R.G. N 340) -hoy art. 4 del Cap. XXI de las NORMAS (N.T. 2001)- y 59 de la Ley N 19.550 de Sociedades Comerciales; y b) los señores síndicos Carlos A. GINDRE, Ernesto M. SAN GIL, Ernesto J. CASSANI, Alfredo O. ALALUF, Norberto SALMON y Luis H. BILLER, en forma solidaria por la infracción constatada al artículo 294 inciso 9 de la Ley N 19.550 de Sociedades Comerciales.-

ARTICULO 2.- El pago de la multa deberá realizarse en la Subgerencia de Administración de esta COMISION NACIONAL DE VALORES (sita en 25 de Mayo 175, piso 11 de esta Ciudad, de lunes a viernes en el horario de 10.00 a 15.00 hs.). En el caso de que la multa sea pagada fuera del término fijado en esta Resolución la mora se producirá de pleno derecho, devengándose los correspondientes intereses.-

ARTICULO 3.- Regístrese y notifíquese con copia autenticada de la presente Resolución a todos los sumariados, a quienes se hará saber que la multa deberá ser efectivizada por las personas físicas sumariadas dentro del plazo de QUINCE (15) días hábiles.-

ARTICULO 4.- Notifíquese con copia autenticada de la presente Resolución a la BOLSA DE COMERCIO DE BUENOS AIRES a los efectos de la publicación en su Boletín Diario e incorpórese en el sitio web del organismo en www.cnv.gov.ar.-

FIRMADO: J. Andrés Hall, Jorge Lores y Hugo L. Secondini.-