Resolucin N 14.125

BUENOS AIRES, 21 de Febrero de 2002.

VISTO el Expediente N 986/98 rotulado "RENAULT ARGENTINA S.A. s/ Informe BCBA", lo dictaminado por la Subgerencia de Coordinación Jurídica; conformidad prestada por la Gerencia de Fiscalización y Control; y

CONSIDERANDO:

I. DEBER DE INFORMACION OCASIONAL.

1. Normativa Aplicable.

Que los artículos 2 y 3 inciso i) del Capítulo XVII de las NORMAS (NT 1997) (hoy arts. 2 y 3 inciso 9) del Cap. XXI de las NORMAS (NT 2001) (en adelante "artículo 2 y artículo 3 inciso i)"), reglamentan el deber de información ocasional al que se hallan sujetas las emisoras que hacen oferta pública de sus valores negociables.

Que dicho deber pesa sobre administradores e integrantes del órgano de fiscalización de las entidades emisoras, quienes deben comunicar de inmediato a esta CNV todo hecho o situación que por su importancia sea apto para afectar en forma sustancial la colocación y/o curso de negociación de los valores negociables emitidos por ellas (artículo 2).

Que el artículo 3 inciso i) establece el deber de comunicar las causas judiciales de cualquier naturaleza, sea que se promuevan por la emisora o contra ella, de importancia económica notoria o de trascendencia para el desenvolvimiento de sus actividades y las resoluciones relevantes en el curso de esos procesos.

Que por su parte, el artículo 3 inciso m) del Capítulo XVII de las NORMAS (NT 1997) (hoy art. 3 inciso 12) del Cap. XXI de las NORMAS (NT 2001) ("en adelante artículo 3 inciso m)) contempla el deber de informar todos los avales y fianzas otorgados por operaciones no vinculadas directamente a su actividad cuando superen el UNO por ciento (1%) del patrimonio neto de la emisora.

II. OBJETO DE LA INVESTIGACION.

Que en virtud de la competencia atribuida por la Ley N 17.811 a esta COMISION NACIONAL DE VALORES ("CNV"), la investigación llevada a cabo en estas actuaciones ha tenido por objeto establecer si, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2 y 3 inciso i), la promoción de tres litigios contra la firma RENAULT ARGENTINA S.A. ("RENAULT") debió comunicarse a esta CNV y, en tal caso, si el incumplimiento de ese deber de información ocasional constituyó infracción en los términos de dicha normativa.

Que, consecuentemente, ha tenido por finalidad determinar también si la conducta de los administradores y síndicos de la emisora al tiempo de notificación de la promoción de esos juicios resulta susceptible de reproche en los términos de esa normativa.

Que dicha investigación tuvo su origen en informe producido por la BOLSA DE COMERCIO DE BUENOS AIRES ("BCBA") y denuncia formulada por Donatti Hnos S.A. y Automotores y Servicios Grándola S.A. (fs. 1 Expte. N 986/98 y fs. 71 y 78 Expte. N 686/98 acumulado como fs. 336 Expte. N 986/98).

III. SUSTANCIACION DEL SUMARIO.

Que por Resolución N 13.128 del 1-12-99 esta CNV resolvió instruir sumario a RENAULT, sus directores, señores Manuel Fernando ANTELO ("M. Antelo"), Manuel Gómez ("Gómez"), Luc Alexandre MENARD ("Menard"), Omar Esteban DANERI ("Daneri"), Carlos GHOSN ("Ghosn"), José Javier GOÑI ("Goñi"), Esteban Eduardo ANTELO ("E. Antelo"), François SCHWARTZ ("Schwartz"), Roberto KASINSKY ("Kasinsky"), Máximo Luis BOMCHIL ("M. Bomchil") y Gilles José Luis NORMAND ("Normand") y miembros de la comisión fiscalizadora señores Hugo A. LUPPI ("Luppi"), Esteban Luciano LOUGE ("Louge"), Enrique C. ABRAMOVICH ("Abramovich") y Alberto A. ALLEMAND ("Allemand"), por posible infracción a lo establecido en los artículos 2 y 3 inciso i) (fs. 352/55).

Que de acuerdo con lo solicitado por el apoderado de RENAULT, la Conductora del Sumario dispuso una prórroga del plazo para la presentación de los descargos (fs. 367/8).

Que el apoderado de RENAULT efectuó el descargo en representación de dicha firma, sus directores y ex directores, y los miembros de la comisión fiscalizadora lo realizaron por derecho propio (fs. 560/71 vta. y 404/418, respectivamente).

Que con excepción del señor Kasinsky, todos los directores y ex directores adhirieron al descargo y ratificaron la gestión efectuada por el apoderado de RENAULT (fs. 572/6, 588 y 595/9).

Que en definitiva, todos los sumariados, con la salvedad indicada en el párrafo precedente, evacuaron en tiempo y forma los traslados corridos y ofrecieron la prueba que hacía a su derecho de acuerdo con lo prescripto por el artículo 12 de la Ley N 17.811 (fs. 602/3).

Que por Disposición de fecha 1-3-00 la conductora del sumario dispuso la apertura a prueba del sumario, tuvo por agregada la prueba documental ofrecida y dispuso el libramiento de los oficios pertinentes (fs. 379/403, 440/559, 577/86 y 607/10).

Que todos los pedidos de informe fueron contestados y agregados a las actuaciones durante el periodo de prueba correspondiente con excepción de la informativa vinculada con la quiebra de Tommasi Automotores S.A. que se incorporó con posterioridad (fs. 679/99, 722/1044, 1048/244, 1253/381, 1412/444 y 1446).

Que producida la totalidad de la prueba ofrecida, mediante Disposición de fecha 27-9-01 la conducción del sumario ordenó la clausura del periodo de prueba (fs. 1442/6).

Que solicitada prórroga en el plazo para la presentación de memoriales, ella fue concedida por Disposición de fecha 15-10-01 haciendo uso de tal derecho todos los sumariados con excepción del señor Kasinsky (fs. 1479/80, 1483/8, 1490/2 y 1494/8).

Que conforme surge de copia legalizada de certificado de defunción acompañado, el 26-4-00 se produjo el deceso del señor Abramovich (fs. 1455, 1501/3).

IV. CARGOS FORMULADOS.

Que se atribuyó a los sumariados no haber informado a esta CNV, inmediatamente después de haber tomado conocimiento de ella, la promoción de los juicios: 1) Donati Hnos. S.A. c/ Renault Argentina S.A. y otros s/ ordinario (Expte. N 39915) (Juzgado Comercial N 5, Secretaría N 9) ("Donati Hnos."); 2) Automotores y Servicios Grandola S.A. c/ CIADEA S.A y/o Renault Argentina y/o Plan Rombo S.A s/ Ordinario (Expte. N 72300) (Juzgado Comercial N 13, Secretaría N 26) ("Automotores Grandola"); y 3) Tommasi Automotores S.A. c/ CIADEA S.A. y/o Plan Rombo S.A. s/ Ordinario (Expte. N 70151) (Juzgado Comercial N 1, Secretaría N 1) ("Tommasi Automotores") (conjuntamente "los juicios").

Que la información omitida es uno de los supuestos ejemplificativos del artículo 3 del Capítulo XVII de las NORMAS (NT 1997) y en conjunto los montos de demanda de los juicios mencionados presentaban una significatividad del 18,62% del patrimonio neto de RENAULT correspondiente al ejercicio contable finalizado el 31-12-98 (fs. 352/5).

Que teniendo como antecedentes los dictámenes del Gerente de Emisoras, Subgerente de Coordinación Económico Contable y Gerente de Fiscalización y Control, se concluyó que los sumariados se hallaban incursos en posible infracción al deber de información ocasional instituído por los artículos 2 y 3 inciso i).

V. DEFENSAS ARTICULADAS.

1.Defensas comunes.

Que todos los sumariados, sin perjuicio de reconocer que la promoción de los juicios no fue informada a esta CNV, sostuvieron que no existió infracción y por tal motivo correspondía disponer su sobreseimiento en las actuaciones.

Que afirmaron que tanto la interpretación como el cumplimiento de las prescripciones contenidas en los artículos 2 y 3 inciso i) son resorte de los órganos de administración y control de la sociedad y a ellos quedan librados por encontrarse en mejor posición para evaluar la ocurrencia de los supuestos descriptos (fs. 405).

Que alegaron la no concurrencia de hecho alguno susceptible de afectar la colocación y/o curso de negociación de los valores negociables de RENAULT, habiendo arribado a esa conclusión luego de un profundo análisis en cuanto a hechos, fundamentos, documentación y rubros reclamados en demanda, y opinión jurídica emitida por sus asesores legales respecto de los juicios en cuestión (fs. 406/7 y 562/3).

Que cuestionaron el criterio aplicado por el Gerente de Fiscalización y Control para "cuantificar el deber de informar" por no ajustarse a la normativa vigente y ser irrazonable, pues la base de cálculo utilizada fue el monto reclamado en los juicios únicamente sin ninguna otra consideración; y éstos no tenían asidero desde el punto de vista de la realidad jurídica (fs. 406 y 568).

Que fue esgrimida también generalidad en los artículos 2 y 3 inciso i), que obligó al órgano administrador de RENAULT a recurrir a un criterio de razonabilidad para determinar los hechos o situaciones que debían ser comunicados a esta CNV (fs. 561).

Que se consideró erróneo el tratamiento conjunto de los juicios para dar surgimiento al deber de informar por cuanto ellos no poseen unidad procesal, ni conexidad objetiva, subjetiva o jurisdiccional que lo autorizase (fs. 562).

Que fueron referidos aspectos particulares de los juicios a tenor de los cuales Allende & Brea dictaminó que el riesgo de perjuicio significativo para RENAULT era remoto, enfatizándose que los hechos y actuaciones judiciales posteriores corroboran la prudencia y razonabilidad de la evaluación previa practicada (fs. 412/5 y 562/5).

Que en general se destacó la improcedencia de los reclamos efectuados por los ex concesionarios pues el Reglamento de Concesionarios autorizaba la terminación de las concesiones con el solo recaudo del preaviso (fs. 412/5 y 563/5).

Que se referenció el pronunciamiento de la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION ("CSJN") de fecha 4-8-88 en autos: AUTOMOVILES SAAVEDRA S.A.C.I.F. c/ FIAT ARGENTINA S.A.C.I.F. ("Automotores Saavedra") en cuanto convalidó la facultad de terminación de las concesiones sin expresión de causa cuando ellas son por tiempo indeterminado (fs. 412/5 y 564/5).

Que calificaron como elemento distorsionador de la transparencia y el desarrollo del mercado bursátil a "la publicidad despojada de un adecuado análisis respecto a las reales probabilidades de que prosperen demandas de esta naturaleza", máxime cuando la información iba a ser interpretada por legos en la materia (fs. 407/8 y 566 vta.).

    1. Defensa Particular.
    2. Que el Doctor M. Bomchil además de adherir al descargo presentado por RENAULT, esgrimió falta de conocimiento sobre los hechos que motivaron la presunta infracción pues no se hallaba cumpliendo funciones ejecutivas al momento de su ocurrencia (fs. 574/5).

      VI. HECHOS DE LA CAUSA.

      Que RENAULT, a la época de los hechos investigados se encontraba autorizada para hacer oferta pública de sus valores negociables hallándose sujeta al régimen informativo vigente en la materia (fs. 3).

      Que los sumariados, sin perjuicio de haber fundamentado su proceder en los respectivos descargos, reconocieron no haber informado a esta CNV la promoción de ninguno de los juicios (fs. 406/7 y 562/3).

      Que las notificaciones de las demandas incoadas en los juicios individualizados con los números 1, 2 y 3 tuvieron lugar los días 20-10-97, 20-10-97 y 16-12-97, respectivamente (fs. 308 Expte. N 686/98 acum. Expte. N 986/98).

      Que dichos litigios fueron promovidos por las sumas de $34.051.441, $28.524.149,23 y $9.876.382,05, respectivamente, con más intereses y costas (fs. 334/8 Expte. N 686/98 acum. Expte. N 986/98).

      Que las acciones articuladas en los juicios comprenden básicamente similares rubros, pues se reclaman daños y perjuicios emergentes de una supuesta cancelación abusiva de las concesiones, cobros de comisiones y márgenes comisionales del 2% (fs. 308/10 y 334/340 Expte. N 686/98 acum. a Expte. 986/98; y fs. 730/1, 803/4, 1260 vta. y 1272 vta./4).

      Que RENAULT informó que las causas Automotores Santiago S.C.A. c/CIADEA S.A. y otro s/ Ordinario (Juzgado Comercial N 13, Secretaría N 25) ("Automotores Santiago") y Fortaleza de la Frontera S.A. c/CIADEA S.A. y Plan Rombo S.A. s/Sumarísimo (Expte. N 3/97) (Juzgado Federal de Catamarca) ("Fortaleza de la Frontera"), promovidos por rubros similares a los juicios, fueron previsionadas en sus balances (fs. 67/71, 968, 972/3 y 1123 vta.).

      Que los juicios individualizados con el 1, 2 y 3 presentaban una significatividad del 18,62% como mínimo respecto del valor del patrimonio neto de RENAULT correspondiente al ejercicio finalizado el 31-12-98 e individualmente del 8,72%, 7,30% y 2,53%, respectivamente (fs. 401 Expte. N 686/98 acum. a Expte. 986/98).

      Que a la fecha en que los sumariados tuvieron conocimiento de la promoción de los juicios indicados en el párrafo precedente (20-10-97 y 16-12-97), los sumariados Gómez, E. Antelo y Kasinsky no cumplían funciones en el directorio de RENAULT, Daneri era director suplente y Abramovich, quien posteriormente falleciera, no integraba la comisión fiscalizadora (fs. 344 y 1501/3).

      Que los acuerdos para el sector automotriz en principio habían expirado el 31-12-92 (fs. 311/7).

      VII. ANALISIS DE LAS DEFENSAS.

      1. Potestad jurisdiccional de la CNV.

      Que los artículos 2 y 3 inciso i) de las NORMAS ponen en cabeza de administradores e integrantes del órgano de fiscalización la obligación de comunicar a esta CNV el acaecimiento de los supuestos fácticos por ellos descriptos como información relevante.

      Que en los descargos se sostuvo que "la interpretación y el cumplimiento de ambas normas cuya relevancia en manera alguna desconocemos- quedan librados a la apreciación de los administradores e integrantes del órgano de fiscalización" (fs. 405).

      Que resulta incuestionable la facultad de esta CNV para evaluar la relevancia de tal información y consecuente deber de informar por parte de la emisora RENAULT, pues el organismo posee "amplias facultades para fiscalizar el cumplimiento de las normas legales, estatutarias y reglamentarias en lo atinente al ámbito de aplicación de la ley 17.811" (Small De Bello, CSJN, 3-10-85, ED. 117-119).

      Que la determinación de la subsunción de los supuestos fácticos en la hipótesis del artículo 3 inciso i) no es una facultad exclusiva de los órganos de administración y fiscalización de RENAULT, sino por el contrario, concurrente con las de esta CNV a la cual corresponde establecer en último término si el análisis y evaluación practicados por los órganos societarios han sido realizados adecuada o correctamente.

      Que la conclusión de que el acogimiento al régimen informativo queda librado a la sola determinación por los órganos societarios de una emisora sin ninguna ingerencia del organismo de control, desvirtúa la esencia misma del ordenamiento regulatorio pues imposibilita su efectiva aplicación.

      2. Deber de Información Ocasional.

      Que los sumariados sustentaron la falta de información de los juicios promovidos en su contra en que después de un profundo y completo análisis de las demandas y opinión de sus asesores legales, llegaron a la conclusión que tales reclamos no constituían información susceptible de afectar la colocación y/o negociación de los valores negociables de RENAULT (fs. 406/7, 562/3 y 568).

      Que cuestionaron el criterio empleado por el Gerente de Fiscalización y Control para "cuantificar el deber de informar" pues entendieron no se ajustaba a la normativa vigente y era irrazonable toda vez que se utilizó como base de cálculo solamente el monto reclamado en las demandas sin ninguna otra consideración y éstos no tenían asidero desde el punto de vista de la realidad jurídica (fs. 406/7 y 568)

      Que el artículo 2 establece el deber de informar a esta CNV todo hecho o situación que por su importancia sea apto para afectar en forma sustancial la colocación o curso de negociación de los valores negociables de la emisora.

      Que el artículo 3, cuyo origen al igual que el del artículo 2 se retrotrae a la RG N 190/91, dispone que: "Los hechos mencionados en el artículo 2 incluyen, pero no se limitan, a: ..." y sigue una descripción de distintas situaciones de hecho consideradas información relevante, algunas de las cuales pueden cuantificarse y otras no.

      Que el artículo 2 citado hace mención a un supuesto genérico del deber de informar y el artículo 3 a una ejemplificación de situaciones fácticas que el autor de la reglamentación declara incluídas en aquél.

      Que la ejemplificación de situaciones fácticas descripta sin calificación o limitación con la alocución "susceptibles de afectar la colocación y/o curso de negociación de los valores negociables" de una emisora, indica que el legislador ha realizado una evaluación previa y determinación a priori de la existencia de esa habilidad o idoneidad.

      Que el artículo 3 inciso i) impone el deber de informar a esta CNV las causas judiciales que se promuevan contra la emisora que sean de importancia económica notoria o de trascendencia para el desenvolvimiento de sus actividades.

      Que una interpretación literal de esta norma revela que su significado es de suma amplitud y quedarían comprendidos en dicho deber todos aquellos juicios que tuvieren importancia económica evidente.

      Que resulta pertinente hacer uso del método sistemático de interpretación de las leyes a fin de precisar el significado y alcance de la expresión "importancia económica notoria," tal como ha sido resuelto en reiteradas oportunidades por la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION ("CSJN") y destacara el Gerente de Fiscalización y Control (fs. 409/10 Expte. N 686/98 acum. a Expte. N 986/98).

      Que la facultad del órgano de control para "... especificar(a) en y para cada caso concreto aquella tipificación genérica del legislador..." ha sido reconocida expresamente, concluyéndose que dicha "... forma de actuación es de toda legitimidad" (CNCOM, Sala D, "Laboratorios Alex s/Informe de auditoría BCBA. CNV 7-2-86").

      Que se impone a esta CNV la obligación de ejercer sus facultades con respeto de la garantía de razonabilidad de los actos estatales (fallo cit.), aspecto éste que fue reconocido también por los sumariados al aceptar como adecuada la aplicación de un "criterio de razonabilidad para determinar cuáles son los hechos o situaciones que deben ser comunicados... o qué causas judiciales poseen importancia económica o trascendencia para el desenvolvimiento de las actividades de la sociedad..." (fs. 561).

      Que el criterio utilizado por el Gerente de Fiscalización y Control para precisar el alcance de la expresión "importancia económica notoria" fue el receptado en el artículo 3 inciso m), que prescribe la obligación de informar el otorgamiento de fianzas y avales por operaciones no vinculadas con la actividad de la empresa cuando superen en conjunto el 1% de su patrimonio neto (fs. 409/10).

      Que dicho criterio no sólo fue concebido por idéntica causa y con idéntica finalidad que el supuesto del artículo 3 inciso i), sino que además la hipótesis que lo contiene guarda similitud con la situación fáctica cuya subsunción en esta norma se realiza.

      Que el supuesto descripto en el artículo 3 inciso m), al igual que los juicios, es un supuesto de hecho susceptible de ser cuantificado monetariamente y si bien los avales y fianzas son constituidos por montos determinados y los juicios promovidos por montos también determinados, en ambos casos los importes finales que una emisora ha de afrontar resultan inciertos y dependen de circunstancias ajenas a ella.

      Que a su vez, el objeto de dichos juicios por su carácter no habitual o extraordinario resulta asimilable a operaciones no vinculadas directamente a la actividad principal de la sociedad emisora.

      Que no resultaba atinado recurrir a otra norma o tipo de situaciones para precisar o interpretar el significado del artículo 3 inciso i) cuando el legislador ya había proporcionado una pauta objetiva o ejemplo de hecho relevante en otro inciso de la misma norma o artículo.

      Que en definitiva, no puede sostenerse válidamente que el criterio interpretativo elegido sea irrazonable, pues ha sido incorporado por el legislador al artículo 3 inciso m) en función de idénticas valoraciones y estimaciones que las del artículo 3 inciso i).

      Que lo cuestionado principalmente no fue el criterio de significatividad en sí, sino que se aplicara sobre los montos reclamados en las demandas sin ninguna otra consideración, máxime cuando éstos no tenían asidero (fs. 406/7, 562/3 y 568).

      Que para dar surgimiento al deber de informar, el artículo 3 inciso i) sólo formula una clasificación de los juicios basada en el carácter de sujeto de la relación procesal, a saber: juicios promovidos por accionistas contra la emisora, acciones entabladas por terceros contra la emisora y finalmente juicios iniciados por la emisora contra terceros.

      Que a su vez, exceptuando los juicios promovidos por los accionistas, establece una subclasificación en función de la importancia económica notoria de ellos o la trascendencia para el desenvolvimiento de las actividades de la emisora.

      Que dicha norma no prevé otros parámetros o criterios a considerar, tal como el de los grados del convencimiento judicial que refieren los sumariados para la generación de este deber de informar.

      Que por aplicación del principio de interpretación que impide distinguir donde la ley no distingue, resulta obvio que no es factible adoptar criterios distintos a los contenidos en dicha norma.

      Que igual observación cabe formular con relación al argumento de tratamiento conjunto erróneo de los juicios no obstante la falta de conexidad entre ellos, pues la norma tampoco establece tal exigencia para el nacimiento de la obligación de informar.

      Que dejando a salvo la conclusión vertida, del análisis del objeto de los juicios cuyo tratamiento conjunto se realizó, se advierte por otra parte que ellos comprenden rubros similares, pues los accionantes promovieron juicios por daños y perjuicios emergentes de una supuesta cancelación abusiva de las concesiones, cobro de comisiones y márgenes comisionales del 2 % básicamente (fs. 334/40 y 308/10).

      Que se observa también que si bien los juicios 1, 2 y 3 no se notificaron el mismo día, lo fueron en la misma época (fs. 334/40).

      Que a este respecto, el artículo 2 impone el deber de informar todo "hecho o situación", lo cual implica que no sólo se hallan comprendidos en dicho deber los hechos aislados sino también un conjunto de hechos que se producen, desarrollan y en un momento dado alcanzan cierta entidad que los convierte en situaciones.

      Que la objeción al tratamiento conjunto de los juicios para determinar su significatividad respecto del patrimonio neto de RENAULT carece también de relevancia, ya que aún considerados individualmente, el número 1 representa el 8,72% del patrimonio neto de RENAULT a la época considerada, el 2 un 7,30% y el número 3, un 2,53% superando de este modo ampliamente el 1% establecido por la norma (fs. 401 Expte. N 686/98 acum. Expte. N 986/98).

      Que corresponde tomar como base para el cómputo de la significatividad de los juicios sólo el monto reclamado sin ninguna otra consideración, porque el artículo 3 inciso i) establece que deben informarse las causas judiciales que se "promuevan" contra la sociedad, aludiendo de ese modo al comienzo de un litigio lo cual implica que la importancia económica deba ser evaluada o cuantificada en esa etapa procesal.

      Que por otra parte, los únicos importes ciertos conocidos al momento de promoción de un juicio son los reclamados en demanda.

      Que la consagración de la importancia económica significativa de los litigios como criterio de determinación del carácter de información relevante y consecuente deber de informar, por contraposición a la merituación de cuestiones de otra índole incluídas las estrictamente jurídicas, refleja que el legislador ha pretendido sancionar una pauta cierta y objetiva de valoración que no genere discusiones en torno a materias opinables.

      Que dejando a salvo la no competencia de esta CNV para el análisis de cuestiones relacionadas con particulares reclamos a la emisora, la evaluación de diversas circunstancias que los sumariados sostuvieron debían considerarse para establecer la importancia económica notoria además del monto reclamado, denota que la falta total de verosimilitud del derecho de los accionantes al tiempo de la promoción de los juicios no puede sostenerse de manera concluyente.

      Que el reclamo de los demandantes referido a un accionar abusivo de RENAULT para la cancelación de sus concesiones ha generado diversas circunstancias de hecho y derecho a resolver en las sentencias, que no permitían al momento de promoción de los juicios pronosticar definitivamente fallos desfavorables para los accionantes (fs. 730/1, 803/4, 1260 vta. y 1272 vta./4).

      Que la CSJN en "Automotores Saavedra" no sólo reconoció validez a la cláusula que permite denunciar unilateralmente las concesiones y sin causa justificada sino también, contrariamente a lo sostenido por los demandados, el derecho de indemnización a favor de los concesionarios cuando la rescisión hubiere sido dispuesta intempestivamente o de mala fe.

      Que con relación a la retención del margen comisional del 2%, contrariamente a lo esgrimido, puede afirmarse que de la lectura de los Acuerdos para el sector automotriz se desprende también que su expiración pudo haber tenido lugar el 31-12-92, con lo cual existiría una supuesta deuda a favor de los demandantes (fs. 311/7).

      Que los aspectos controvertidos en los litigios no habrían permitido afirmar de manera concluyente que las consecuencias adversas para RENAULT resultaban remotas como dictaminaron sus asesores legales (fs. 339 Expte. N 686/98 acum. Expte. N 986/98).

      Que la previsión de las causas Automotores Santiago y Fortaleza de la Frontera, de objeto similar a los juicios 1, 2 y 3, en los balances realizada e informada a esta CNV por RENAULT, indica una incongruencia con las alegaciones de los sumariados en cuanto a que el riesgo de un perjuicio significativo para la firma no era remoto (fs. 310 y 339 Expte. N 686/98 acum. Expte. N 986/98).

      Que en definitiva, al tiempo de promoción de los juicios, el monto reclamado en las respectivas demandas aparece como la única información objetiva para la determinación de su importancia económica.

      Que se adujo además que la publicidad despojada de un adecuado análisis respecto a las reales probabilidades de los juicios distorsionaría la transparencia en razón de que la información iba a ser interpretada por legos en la materia (fs. 408 y 566 vta.).

      Que por ser la publicidad principal objeto de regulación, corresponde al legislador y a esta CNV la determinación de qué información y cuánta información debe divulgarse al mercado, la modalidad en que debe hacerse y quiénes son sus destinatarios, no siendo de ingerencia de los participantes en la oferta pública resolver sobre el particular, ni realizar evaluación o procesamiento de ningún tipo según quienes sean sus destinatarios.

      Que el objetivo principal de la normativa es garantizar una revelación completa y equitativa de información referida a la emisora y sus valores negociables, con lo cual RENAULT tendría que haber comunicado la promoción de los juicios con más todas las aclaraciones que estimara convenientes (fs. 386 Expte. N 686/98 acum. a Expte. N 986/98).

      Que la falta de conocimientos jurídicos o técnicos específicos por inversores y público en general en modo alguno constituye una circunstancia contemplada por el legislador para la determinación del tipo de información que debe divulgarse al mercado.

      Que en definitiva, la promoción de los juicios individualizados con los números 1, 2 y 3 debió comunicarse a esta CNV inmediatamente de notificadas las demandas y su omisión constituye infracción al deber de información ocasional instituido por los artículos 2 y 3 inciso i) toda vez que, razonablemente determinada, dichos litigios poseían importancia económica notoria.

    3. Responsabilidad.

Que conforme se expuso, el deber de informar a esta CNV estatuido por los artículos 2 y 3 inciso i) pesa tanto sobre los administradores como miembros de la comisión fiscalizadora de la emisora y el reproche por su incumplimiento es extensivo a todos los que integran dichos órganos societarios tal lo prescripto por el artículo 10 de la Ley N 17.811 ("artículo 10").

Que este artículo 10 estatuye que las personas físicas y jurídicas que no cumplan con las disposiciones de la ley y su reglamentación serán pasibles de las sanciones en él contempladas y para el caso de multa, ella se hará efectiva en la persona de sus directores, administradores, síndicos y gerentes en forma solidaria.

Que a efectos de merituar la responsabilidad que cupo a los sumariados en la infracción cometida, cabe hacer aplicación por analogía de los principios, doctrina y jurisprudencia elaborados en torno a los directores de las sociedades comerciales (Cám.Fed. de Apel. de Mendoza, Sala B, "Bolsa de Comercio de San Juan s/Verificación 28-8-95", N 66.184-B-3743).

Que para la imputación de responsabilidad, se prescinde de todo juicio de atribución basado en el obrar individual de los sumariados; que no se trata de una responsabilidad objetiva, sino de una presunción de culpabilidad de todos los miembros del órgano colectivo que provoca una inversión de la carga probatoria y que obliga a tener que demostrar la diligencia y lealtad con que han actuado para poder liberarse de ella (fallo cit.).

Que la responsabilidad de los integrantes de los órganos societarios nace de la sola circunstancia de integrar estos últimos y cualquiera sean las funciones que efectivamente cumplen; sus conductas deben ser juzgadas en función de la actividad (u omisión) desplegada por el órgano, aunque el sumariado alegue que no actuó efectivamente en los actos reputados disvaliosos o su función hubiese sido meramente nominal (C.N.Com., Sala C, 11.06.96, "Minetti y Cía. Ltda.S.A., J.A. 1997-I-612 N 970620).

Que en el periodo comprendido entre el 20-10-97 y 16-12-97 los señores Gómez, E. Antelo y Kasinsky no cumplían funciones en el directorio de la emisora, Daneri era director suplente y Abramovich no integraba la comisión fiscalizadora (fs. 344).

Que siendo el desempeño de funciones en el directorio y comisión fiscalizadora de RENAULT en carácter de titular un presupuesto para la atribución de responsabilidad administrativa, a los administradores y síndicos precedentemente citados no puede reprocharse ningún tipo de incumplimiento.

Que a la época de comisión de la infracción los señores M. Antelo, Menard, Ghosn, Goñi, Schwartz, M. Bomchil y Normand eran directores de RENAULT y los señores Luppi, Louge y Allemand integrantes de su comisión fiscalizadora (fs. 344).

Que con relación a estos sumariados, no obran en las actuaciones constancias que permitan establecer la existencia de circunstancias que releven a ninguno de ellos de la responsabilidad emergente.

Que ni las actas de reunión de directorio, ni las de reunión de la comisión fiscalizadora fueron ofrecidas como prueba, documentación ésta que eventualmente hubiera permitido determinar exención de responsabilidad por pronunciamiento en contra de la decisión de no informar los juicios.

Que los únicos instrumentos incorporados a las actuaciones referidos al análisis pormenorizado de los litigios que los directores y síndicos alegaron haber realizado para decidir sobre la relevancia de la información y consecuente obligación de informar, son los informes producidos por los asesores legales de RENAULT (fs. 452, 514, 537 y 385/403).

Que la defensa articulada por el Dr. Bomchil referida al desconocimiento de la promoción de los juicios en razón de no haber desempeñado función ejecutiva resulta improcedente, no solo porque no se produjo medida alguna tendiente a acreditar este extremo sino porque tampoco demostró haber actuado con diligencia.

Que, en este sentido, un director sólo puede eximirse de responsabilidad demostrando que no conoció ni participó en la producción del accionar cuestionado siempre que su ignorancia o ausencia no pueda ser considerada negligente, pues la falta de ejercicio de facultades y deberes legales no puede servir como causal de exculpación (Cám.Fed. de Apel. de Mendoza, Sala B, "Bolsa de Comercio de San Juan s/Verificación 28-8-95", N 66.184-B-3743 y (ACUERDO 650 CNV 15-7-70).

Que dejando a salvo lo expuesto, conforme establecen los artículos 269 y 279 in fine de la Ley N 19.550, la delegación de tareas tampoco excusa la infracción ni excluye la responsabilidad de los directores, pues son ellos quienes deben vigilar con el debido cuidado y diligencia la actuación del comité ejecutivo que se hubiere constituido o de los gerentes designados.

Que a efectos de la graduación de la sanción de multa que se aplica es merituada la circunstancia de que ninguno de los sumariados registra antecedentes por infracciones al régimen de la oferta pública.

Que la presente se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 10 (texto sustituido por art. 39 del Decreto N 677/01) y 12 de la Ley N 17.811.

Por ello,

LA COMISION NACIONAL DE VALORES

RESUELVE:

ARTICULO 1.- Aplicar a RENAULT ARGENTINA S.A. la sanción de multa que se fija en la suma de PESOS CINCUENTA MIL ($ 50.000) por la infracción acreditada a los artículos 2 y 3 inciso i) del Capítulo XVII de las NORMAS (NT 1997) (actualmente arts. 2 y 3 inciso 9) del Capítulo XXI de las NORMAS (NT 2001), la que se hará efectiva en la persona de sus directores, señores Manuel Fernando ANTELO, Luc Alexandre MENARD, Carlos GHOSN, José Javier GOÑI, François SCHWARTZ, Máximo Luis BOMCHIL y Gilles José Luis NORMAND y miembros de la comisión fiscalizadora, señores Hugo A. LUPPI, Esteban Luciano LOUGE y Alberto A. ALLEMAND en forma solidaria, conforme lo establece el artículo 10 inciso b) de la Ley N 17.811 (texto sust. por art. 39 del Decreto N 677/01).

ARTICULO 2.- El pago de la multa deberá realizarse en la Subgerencia de Administración de esta COMISION NACIONAL DE VALORES (sita en calle 25 de Mayo N 175, Piso 11 de esta ciudad, de lunes a viernes en el horario de 10 a 15 hs.). En caso de que la multa sea pagada fuera del término fijado en esta Resolución la mora se producirá de pleno derecho, devengándose los correspondientes intereses.

ARTICULO 3.- Absolver de los cargos formulados a los señores, Manuel GOMEZ, Omar Esteban DANERI, Esteban Eduardo ANTELO y Roberto KASINSKY.

ARTICULO 4.- Declarar extinguida la acción por fallecimiento respecto del señor Enrique C. ABRAMOVICH (LE N 3.232.015).

ARTICULO 5.- Regístrese, notifíquese con copia autenticada de la presente Resolución a todos los sumariados, a quienes se hará saber que la multa deberá ser efectivizada por las personas físicas sancionadas dentro del plazo de QUINCE (15) días hábiles, e incorpórese en el sitio Web del Organismo en www.cnv.gov.ar.

ARTICULO 6.- Notifíquese con copia autenticada de la presente Resolución a la BOLSA DE COMERCIO DE BUENOS AIRES para su publicación en su Boletín Diario.

FIRMADO: J. Andrés Hall, María Silvia Martella, Hugo L. Secondini.