Resolucin N 14.121

BUENOS AIRES, 21 de febrero de 2002.

VISTO el Expediente N 470/00 rotulado "F.C.I. CHACARERO II s/ Investigación"; lo dictaminado por la Subgerencia de Coordinación Jurídica, y

CONSIDERANDO:

Que por Resolución N 13.554 del 21-9-00 (fs. 117/20) esta COMISION NACIONAL DE VALORES ("CNV") instruyó sumario a AGRA FOND SOCIEDAD GERENTE DE FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN ("AGRA FOND"), a sus directores titulares señores Juan Fergus GREHAM, Adrián Fernando PEREZ y Laura MORAY y a los síndicos titulares señores Nelson Jesús LLORENTE, Néstor Claudio GAITAN y Carlos DE VEDIA por la posible infracción al artículo 3 de la Ley N 24.083, que establece que "La dirección y administración de fondos comunes de inversión estará a cargo de una... sociedad gerente".

Que el cargo se formuló porque AGRA FOND implementó un sistema administrativo contable que no permitió verificar la totalidad de las registraciones contables con las transacciones llevadas a cabo por el Fondo Común de Inversión Chacarero II (el "Fondo") por ella administrado (fs. 118/9).

I. Antecedentes

A. La auditoría externa. Actuaciones subsecuentes

Que los auditores externos del Fondo (Harteneck López y Cía.) realizaron el informe del 28-2-00 sobre el "... balance general... al 31 de diciembre de 1999, y los estados de resultados, de evolución del patrimonio neto y de origen y aplicación de fondos del ejercicio económico irregular de 19 meses y 26 días finalizado en dicha fecha, con sus notas... " (fs. 24/6).

Que este informe señaló que "El Directorio de la Sociedad Gerente, en su carácter de Administradora del Fondo, ha utilizado para su gestión un sistema administrativo-contable que no ha permitido verificar la totalidad de las registraciones contables de las transacciones llevadas a cabo por el Fondo" (fs. 25).

Que agregó que "No se ha implementado la utilización de un sistema prenumerado de órdenes de venta de cereales cosechados para las distintas zonas geográficas en las cuales operó el Fondo... " y que "... no se han utilizado órdenes de compra prenumeradas para las adquisiciones de insumos, semillas, y solicitudes de servicios de laboreos, trabajos de cosechas y almacenamiento de cereales, ni se ha utilizado un sistema de órdenes de pago prenumeradas" (fs. 25).

Que señaló que "Por lo expuesto, no hemos podido satisfacernos de los saldos contables de las cuentas a cobrar y las cuentas por pagar al 31 de diciembre de 1999, con sus respectivos impactos en los estados de resultados, de evolución del patrimonio neto y de origen y aplicación de fondos por el ejercicio finalizado a dicha fecha" (fs. 25).

Que también indicó que "... ciertas transacciones del Fondo no cuentan con la correspondiente documentación respaldatoria tales como: romaneos de cosechas, remitos de proveedores, devoluciones de arrendamientos de campos en aparcería, gastos de cosecha y sus respectivos impactos en los rubros de ventas, costos de la mercadería vendida y gastos de comercialización, respectivamente, expuestos en el estado de resultados al 31 de diciembre de 1999" (fs. 25).

Que en base a tales observaciones concluyó su informe expresando que "nos abstenemos de opinar sobre los estados contables... " (fs. 25).

Que la Subgerencia de Fondos Comunes de Inversión de esta CNV indicó la gravedad de una abstención de opinión y recomendó la intervención de la Subgerencia de Asesoramiento Técnico Contable de esta CNV ("SATC") (fs. 27/9).

Que la SATC informó que lo señalado por el auditor externo demostraba que AGRA FOND implementó un sistema administrativo contable para registrar el patrimonio del Fondo que adolecía de serias fallas, de magnitud tal que llevaron a limitar la tarea de auditoría al grado de una abstención de opinión sobre el contenido de los estados contables (fs. 94).

Que señaló la SATC que en consecuencia los estados contables al 31-12-99 no son confiables para la toma de decisiones, en particular la fijación de valores de reembolso a los cuotapartistas.

B. Los descargos

Que presentaron su descargo, en legal tiempo y forma, Agra FoNd conjuntamente con los directores Juan Fergus GREHAM, Adrián Fernando PEREZ y Laura MORAY (fs. 361/85) quienes acompañaron prueba documental y ofrecieron prueba pericial e informativa (fs. 377/79); los síndicos Nestor Gaitán (fs. 385), Nelson Jesús Llorente (fs. 385 vta.) y Carlos de Vedia (fs. 387/8), quien ofreció prueba documental (fs. 388) y a cuyo descargo adhirieron los otros dos síndicos (fs. 385 y 385 vta.).

C. La prueba

Que por Disposición del 27-6-01 se abrió a prueba el presente sumario, ordenándose: i) tener por agregada la documental acompañada, ii) intimar a AGRA FOND que acompañe la documental ofrecida por el síndico Carlos de Vedia, iii) designar al Contador Público Nacional Señor Jorge Luis PERDOMO para realizar una pericial sobre los estados contables del Fondo (conf. ptos. 1 a 8, fs. 378 vta.), iv) requerir como medida de mejor proveer a la Dra. Inés Roselló, funcionaria de este Organismo, un informe sobre lo actuado por dicho perito contador y v) librar oficio al estudio "Ferrari Herrero Auditores Consultores" para que informe sobre las características del sistema informático-contable por ellos proveído (fs. 399/405).

Que en base a ello se recabaron los siguientes elementos de prueba: i) la prueba documental presentada por AGRA FOND (fs. 133/360), ii) la prueba documental requerida a la misma (fs. 410/20), iii) el informe pericial (fs. 425/37), iv) la prueba de informes por la que se evalúa la prueba pericial (fs. 440/2) y v) la prueba de informes presentada por el estudio "Ferrari Herrero Auditores Consultores" (fs. 421/4).

Que por Disposición del 3-10-01 se cerró el período de prueba (fs. 449/50).

D. Los alegatos

Que presentaron memorial, en legal tiempo y forma, el síndico Carlos de Vedia (fs. 462/4), Agra Fond (fs. 465/8), el síndico Nestor Gaitan (fs. 469) y el síndico Nelson Jesús Llorente (fs. 471/6).

II. Análisis de los descargos a la luz de la prueba recabada y demás antecedentes obrantes

A. El descargo de la sociedad y sus directores.

(i) Cuestión preliminar

Que se agraviaron los sumariados porque la Resolución N 13.554 afirmó (fs. 118) que AGRA FOND no agotó un traslado conferido previo a la apertura del sumario (fs. 361 vta.).

Que entendieron que no surge de la lectura del traslado ni de las posteriores diligencias que la vista conferida lo fue a AGRA FOND (fs. 361 vta.).

Que AGRA FOND aclaró en resguardo de su derecho de defensa que la vista no se contestó porqué no tenía conocimiento que había sido conferida (fs. 362).

Que tales afirmaciones son incorrectas ya que la Gerencia de Emisoras de esta CNV oportunamente dispuso correr traslado (fs. 97) por dos días de lo dictaminado a fs. 1024 por la SATC (fs. 94 en la actual foliación).

Que el Sector Administrativo de esta CNV el 28-4-00 dejó constancia (fs. 100) que se comunicó al teléfono 4393-2406 perteneciente a AGRA FOND y le informó que debía comparecer a este Organismo para tomar vista del dictamen de foja 1027 (fs. 97 en la actual foliación).

Que en consecuencia la vista fue correcta y claramente comunicada y fue evidente la necesidad de responderla.

Que a ello cabe agregar que el señor Nestor Gaitán tomó vista del Expediente (fs. 102), con lo cual se impuso (o debió haberse impuesto) de lo actuado hasta ese momento, lo que incluía la vista otorgada (fs. 97) y la comunicación de la misma (fs. 100).

Que si Agra Fond no respondió la vista por desconocimiento del traslado, ello se debe a su propio error que no puede alegar en su beneficio, ya que nadie puede alegar en su defensa su propia torpeza, en el caso, no haber respondido una vista (fs. 97) oportuna y claramente traslada (fs. 100), de cuya existencia, por añadidura, la sumariada debió haberse impuesto al tomar la vista antes nombrada (fs. 102).

(ii) Contabilidad deficiente

Que respecto del cargo de haber utilizado un "sistema administrativo contable que no permitió verificar la totalidad de las registraciones contables con las transacciones llevadas a cabo por el F.C.I. Chacarero II... " (fs. 118/9), señaló la sumariada que, contrariamente a lo sostenido por su auditor externo, el sistema administrativo contable utilizado para la gestión satisfacía adecuadamente el control de las transacciones llevadas a cabo, y que en consecuencia, los estados contables cerrados al 31-12-99 presentan razonablemente la situación patrimonial, resultado de las operaciones, evolución del patrimonio neto, orígenes de fondos por el ejercicio terminado en esa fecha ajustándose a las leyes y normas en general que rigen su actuación (fs. 362 y 362 vta.).

Que en relación a la implementación concreta del sistema contable, que es lo que se cuestiona y no su diseño en abstracto, se detectaron ciertas irregularidades que se pueden sintetizar en lo siguiente: (a) falta de sistema prenumerado en cierta documentación y (b) falta de documentación respaldatoria para ciertas operaciones del Fondo.

Que en otras palabras, como el auditor externo no pudo cotejar cierta documentación por ser deficiente (no estar prenumerada) o inexistente, no pudo determinar la corrección de los saldos de ciertas cuentas, con lo que el sistema contable dejó de ser confiable para la toma de decisiones, entre otras, la fijación del valor de la cuota del Fondo (fs. 94).

(a) Falta de sistema prenumerado en cierta documentación

Que tales documentos son las órdenes de venta, órdenes de compra de bienes y servicios y la órdenes de pago (con su consecuente impacto en las cuentas a cobrar y las cuentas por pagar al 31-12-99, con sus respectivos efectos en los estados de resultados, de evolución del patrimonio neto y de origen y aplicación de fondos por el ejercicio finalizado a dicha fecha -fs. 25-).

Que señalaron los imputados que la prenumeración de dicha documentación no es exigida por la legislación vigente (fs. 370 vta.).

Que la sumariada ofreció prueba pericial (fs. 378 vta.) por la que se requirió al perito que indique "si la inexistencia de órdenes de compra impide el adecuado control de ingresos y egresos".

Que el perito informó que la prenumeración es una cuestión que permite un ordenamiento determinado, pudiendo existir otras formas de ordenamiento tan eficaces como ella y que el Fondo contaba con un método de control interno en el cual se confeccionaba un Registro de Compras a los efectos de tener un parámetro de control de las compras y la posterior revisión de la facturación realizada a los proveedores (fs. 429).

Que indicó también que la efectividad de este registro puede estar demostrada en que no obstante el volumen de negocios no han habido situaciones litigiosas según resultan de la documentación puesta a su consideración.

Que tal conclusión no es aceptable puesto que la ausencia de litigios a la fecha de la pericia no garantiza necesariamente que no ocurran en el futuro ni que el registro es eficaz.

Que de los dichos del perito se desprende que en su opinión el sistema prenumerado de órdenes de compra no es necesario puesto que pueden "existir otras formas de ordenamiento tan eficaces como ella".

Que no obstante, el perito no afirma que la imputada haya adoptado tales formas, indicando tan solo que la ausencia de litigios puede demostrar la efectividad de los sistemas adoptados sin expedirse afirmativamente al respecto.

Que por ello la opinión del perito en cuanto al punto carece de virtualidad, ya que es evasivo en sus conclusiones.

Que el informe de la Dra. Inés Roselló que analizó esa pericia indicó que las conclusiones del perito respecto de dicho punto probaron la inexistencia de un sistema prenumerado de órdenes de compra, y que su opinión, disidente con la del perito, ello constituye una grave falla de control interno que, casi con certeza, dará lugar a que la cifras registradas en los libros, por insumos y demás, no sean verídicas (fs. 442).

Que los informes del auditor externo, de la profesional de este Organismo y del perito de parte acreditan la falta de documentación prenumerada y la opinión de los dos primeros es clara en cuanto a que dicha irregularidad impidió controlar ciertos saldos contables, y si bien la prenumeración no es requerida por una norma en particular, su omisión obstó al desarrollo de las tareas de contralor implementadas por el auditor externo llevándolo a abstenerse de emitir opinión sobre los estados contables del Fondo.

Que respecto del informe producido por el diseñador del sistema informático-contable, estudio "Ferrari Herrero Auditores Consultores" (fs. 421/4) cabe señalar que el mismo es inconducente (pues no "... sirve para dilucidar el conflicto... " v. Tomás Hutchinson, "Régimen de Procedimiento Administrativo", pág. 294, Textos Legales Astrea, Buenos Aires, 1994) ya que no se refiere ni analiza la utilización del sistema en concreto (fs. 423).

Que en autos ha quedado debidamente acreditada la falta de prenumeración en la documentación mencionada a la fecha de la auditoría externa, lo que, junto con otras irregularidades que se analizan más adelante, constituye una irregularidad contable de importancia que sustenta la imputación efectuada, a saber, una administración deficiente.

(b) Falta de documentación respaldatoria para ciertas operaciones del Fondo

Que el informe del auditor externo de Agra Fond señaló la falta de documentación respaldatoria para ciertas operaciones (romaneos de cosechas, remitos de proveedores, devoluciones de arrendamientos de campos en aparcería, gastos de cosecha, con sus respectivos efectos en los rubros de ventas, costos de la mercadería vendida y gastos de comercialización, respectivamente, expuestos en el estado de resultados al 31-12-99 -fs. 25-).

Que señaló AGRA FOND que las transacciones sin respaldo documental son transacciones reales y verificables (fs. 371 vta.).

Que ofreció como punto de pericia que el perito "indique respecto de las operaciones que se cuestionan como sin respaldo documental si existen reclamos de los involucrados,... " (fs. 378 vta.), indicando el perito que "de los libros contables y documentación respaldatoria no surgen reclamos por las operaciones que se cuestionan como sin respaldo documental" (fs. 430).

Que como se observa AGRA FOND no solicitó al perito que determine si la documentación respaldatoria existe o existía al tiempo de verificarse la auditoría externa, sino que determine si "existen reclamos... involucrados" en los casos de falta de documentación, lo que le quita virtualidad probatoria a su opinión puesto que las operaciones indocumentadas no generan conflictos necesariamente.

Que a ello debe sumarse que el síndico Carlos de Vedia expresó en su descargo que la sindicatura alertó en diversas oportunidades sobre la falta de documentación respaldatoria de ciertas transacciones llevadas a cabo por el Fondo, así como también de las consecuencias en caso de no poder obtener las mismas (fs. 387/8).

Que también indicó que en los informes a los accionistas (respecto de los balances trimestrales y los estados contables cerrados al 31-12-99) la comisión fiscalizadora realizó observaciones vinculadas a la falta de documentación respaldatoria, y su impacto en el rubro ventas, costos de mercaderías vendida, cuentas a cobrar en los estados de resultados (fs. 388).

Que ello desautoriza el argumento presentado por el síndico en el memorial por el que pretende luego relativizar dichas omisiones (fs. 463).

Que las deficiencias que provocaron la abstención de opinión fueron apuntadas por los auditores externos en la revisión limitada efectuada al 30-9-99 sin que las mismas fueran subsanadas (conforme surge del acta del reunión de directorio del 28-2-00 -fs. 417-).

Que la imputada acompañó documental (fs. 132/360) por la que pretendió demostrar que sus registraciones contables tienen respaldo documental, lo que que es inconducente porque ella misma reconoció (fs. 371 vta.) que no contaba con la misma al tiempo de la auditoría externa, que es lo que se discute en autos.

Que la imputada afirma que obtuvo parte de la documentación faltante, por ejemplo, recibos de cereal, tras arduas gestiones (fs. 372).

Que conforme surge del acta de directorio del 28-02-00, dichas gestiones se habrían iniciado con posterioridad a la abstención de opinión de los auditores externos (fs. 417).

Que ello demuestra que la obtención de las mismas no era imposible y sólo requería un nivel de diligencia mayor al observado.

Que frente a cambios en las circunstancias o hechos que afecten la opinión del auditor éste puede emitir una rectificación de informe o modificar su opinión en ejercicios posteriores (ver Mario Wainstein y Armando Miguel Casal, "Informes de Auditoría", Editorial Cangallo S.A.C.I., 1992, pág. 129/31).

Que si efectivamente la documentación obtenida subsana las deficiencias apuntadas, AGRA FOND podría haber requerido que la auditoría externa rectificara su informe, lo que no consta en autos.

Que por el contrario, en reuniones posteriores a la abstención de opinión de los auditores externos, y conforme surge del acta de directorio del 8-3-00, AGRA FOND no pudo persuadirlos de modificar su informe debido a la magnitud de la deficiencias detectadas (fs. 418).

Que si AGRA FOND intenta obtener tal rectificación (expresa o tácitamente) en los informes sobre ejercicios posteriores, debido a que sostiene que la documentación acompañada subsana las observaciones efectuadas, la completividad y exactitud de la documentación presentada deberán ser analizadas en dicha oportunidad, en relación a la universalidad de la documentación existente y la totalidad de los estados contables.

Que en todo caso tal rectificación sería sólo un atenuante y no eximiría a AGRA FOND de su responsabilidad por las deficiencias que dificultaron la realización de la auditoría externa.

Que en relación a la afirmación de los sumariados de que las operaciones subyacentes son reales, no debe olvidarse que no se les ha imputado el asentar contablemente operaciones inexistentes (lo que plantearía la posible existencia de un balance falso -art. 300 inc. 3 del código penal-), sino que la falta del debido respaldo documental impidió la realización de la auditoría externa, revelando con ello una administración deficiente.

Que el artículo 43 del Código de Comercio establece que "Las constancias contables deben complementarse con la documentación respectiva" y que en tal sentido se ha señalado que "Dentro de los presupuestos que debe satisfacer la contabilidad para que se la considere regularmente llevada es menester el respaldo documental de los asientos" (C. Civ. y Com., Trenque Lauquen, 29-12-1992, "Cadorín, Jorge Conrado y otros v. Fernández, Oscar y otros s/ Daños y perjuicios") y que "Si bien los libros de comercio llevados legalmente constituyen una prueba particularmente convincente entre quienes los llevan o deben llevarlos (art. 63 CCom.), es necesaria la complementación de los asientos contables con documentación respaldatoria." (CNCom., sala E, 4-4-1989, "Molino Nuevo S.A. v. Sánchez, José M.").

Que la administración de un fondo incluye la realización de tareas de administración ordinaria, entre las cuales se encuentra llevar la contabilidad del mismo (Martín PAOLANTONIO, "Fondos Comunes de Inversión", Editorial Depalma, 1994, N 5.3.1., pág. 115) en forma ordenada, lo que no se verificó en el presente caso.

Que en conclusión, en autos ha quedado debidamente acreditada la falta de documentación respaldatoria a la fecha de la auditoría externa, lo que constituye una irregularidad contable de importancia que sustenta plenamente la imputación efectuada, a saber, una administración deficiente.

B) El descargo de los síndicos

(i) La responsabilidad de los síndicos y su ámbito de competencia

Que alegó el síndico Carlos de Vedia que en el derecho argentino la fiscalización del síndico se limita al control formal de la administración, quedando excluidos de intervenir en la gestión social (fs. 387).

Que sostuvo que resulta resorte del directorio y no de los síndicos la elección del sistema administrativo contable (fs. 387 vta.).

Que en tal sentido, cabe señalar que no se cuestiona la elección del sistema contable sino su implementación, en la que se cometieron las irregularidades ya apuntadas que sí son de competencia de los síndicos evitar.

Que los síndicos hayan advertido al directorio sobre la seriedad de las irregularidades que ahora se analizan, es prueba cabal de que los síndicos entendieron que tal control caía dentro de su competencia.

Que la Ley N 19.550 dispone en su artículo 294 que "Son atribuciones y deberes del síndico: 1) Fiscalizar la administración de la sociedad, a cuyo efecto examinará los libros y documentación siempre que lo juzgue conveniente y, por lo menos, una vez cada tres (3) meses... 9) vigilar que los órganos sociales den debido cumplimiento a la ley, estatuto, reglamento y decisiones asamblearias".

Que en las sociedades sometidas al régimen de oferta pública los síndicos son responsables por las infracciones cometidas por la sociedad por obligaciones que le corresponden a los directores, y asimismo, son responsables a tenor de lo dispuesto por el artículo 294 incisos 5 y 9 de la Ley N 19.550 (Acuerdo 2522 CNV del 20-12-74).

Que claramente se expidió el Fiscal de Cámara Dr. Calle Guevara refiriéndose a la culpa in vigilando de los administradores de una sociedad: "Esa responsabilidad se extiende, desde mi punto de vista a los síndicos sociales. Es cierto que éstos no ejercen la dirección de la sociedad. Empero, ellos son los encargados por la ley de una fiscalización constante, rigurosa y eficiente de las disposiciones del directorio, por lo que sus funciones a los efectos de la normal marcha de la sociedad son más importantes individualmente que las de cada uno de los directores. La falta deliberada o no del debido ejercicio de las múltiples obligaciones que la ley les impone entre otras, las de control, asistencia, convocatoria a asambleas (Ley de Sociedades, artículos 294/296)- los hace incurrir en gravísima falta" (conf. dict. N 66.266, del 27-04-92, in re: "Comisión Nacional de Valores Cía Argentina del Sud S.A. s/ verificación contable", a cuyos fundamentos remitió la Sala "C" del Trib., sent. el 7-10-92, cit. en Res. N 13.275 del Expte. CNV N 1006/99 "PAPELERA TUCUMAN S.A. s/retardo en presentación de información contable").

(ii) Eximición de la responsabilidad

Que alegan los síndicos que haber dejado constancia de las irregularidades de marras, en particular en las actas de la comisión fiscalizadora (fs. 410/20), los eximiría de responsabilidad ante esta CNV (fs. 388).

Que en tal sentido cabe señalar que los síndicos tienen diferentes niveles de responsabilidad, ya sea frente a los directores, la persona jurídica que controlan, los accionistas, terceros, la sociedad en general y los entes de contralor.

Que sus deberes se hacen más intensos en entes o estructuras que acuden al ahorro público y que extreman la disociación entre propiedad y gestión.

Que no obstante ello, debe reconocerse la existencia de remedios para que el síndico pueda eximirse de responsabilidad cuando detecte una irregularidad, ya que de lo contrario, se estaría generando un sistema contraproducente de incentivos que favorecerían el ocultamiento.

Que en tal sentido la adopción de tales remedios y la progresividad en su implementación deberá adecuarse a la gravedad de las irregularidades detectadas.

Que entre tales remedios se cuentan la exposición de las mismas en el libro de actas de la comisión fiscalizadora, pero también la advertencia y eventualmente la concreción de intimaciones por medios fehacientes, convocatoria de asambleas (arts. 264 y 294 inc. 7 de la Ley N 19.550), inclusión de la cuestión en el orden del día (art. 294 inc. 8 de la Ley N 19.550), intervención en la asamblea y reuniones de directorio (art. 240 de la Ley N 19.550) y denuncia de la irregularidad a la autoridad administrativa.

Que con respecto a este último remedio, y en el caso de fondos comunes de inversión la misma Ley N 24.083 establece en su artículo 10 que "El o los síndicos de la sociedad gerente... están obligados a... c) denunciar al organismo de fiscalización las irregularidades en que hubiesen incurrido las sociedades gerente y depositaria".

Que dicha previsión explicita claramente el nivel de diligencia que la Ley espera de los síndicos cuando detectan irregularidades y el estándar desde el cual evaluar su eximición de responsabilidad.

Que dicha denuncia no existió en el caso bajo examen, por lo que los síndicos no se han eximido de las responsabilidad apuntada.

Que sin perjuicio de lo anteriormente señalado, se observa que conforme surge de las copias de las actas de la comisión fiscalizadora acompañadas (fs. 410/20) los síndicos apuntaron la existencia de documentación faltante (acta N 20 del 27-12-99 de la comisión fiscalizadora -fs. 411-, acta N 22 del 4-2-00 -fs. 412-, y acta N 25 del 9-3-00 -fs. 413-) y convocaron a la reunión de directorio del 28-2-00 (fs. 417) para tratar el punto.

Que en consecuencia, los síndicos no fueron totalmente pasivos ante la irregularidades detectadas, lo que si bien no los exime de responsabilidad será particularmente merituado al resolverse estos actuados.

(iii) La renuncia del síndico como eximente de responsabilidad

Que el señor Nelson Jesús Llorente, ex síndico de Agra Fond, indicó en su descargo que cesó en el desempeño de su cargo de síndico por renuncia formulada el 7-5-99 y aceptada por el directorio el 8-5-99, por lo cual entiende que no le cabe responsabilidad alguna (fs. 385).

Que de las constancias de autos surge que las deficiencias detectadas en la contabilidad de la empresa son sistémicas y no se circunscriben a un período temporal específico.

Que en tal sentido, el Señor Nelson Jesús Llorente no aportó ningún elemento de juicio tendiente a demostrar que las irregularidades detectadas se produjeron únicamente con posterioridad a su renuncia.

Que si bien el síndico renunció el 8-5-99, los estados contables en cuestión son al 31-12-99 por el ejercicio económico irregular de 19 meses y 26 días finalizado en dicha fecha (fs. 24), por lo que el síndico en cuestión no participó de la sindicatura de Agra Fond sólo en los últimos 7 meses de un período de casi 20, con lo cual su argumento carece de virtualidad, sin perjuicio de que la menor duración en el cargo sea merituado al resolverse estos actuados

Que surge de recibos presentados por AGRA FOND, fechados 1-2-99, que los mismos se solicitaron a instancia del auditor externo para poder efectuar sus tareas (fs. 140, 149 y 167), con lo que se afirma la convicción de que las irregularidades detectadas existían durante el mandato del síndico por lo que su renuncia no puede eximirlo de responsabilidad.

(iv) La teoría de los actos propios

Que señalan los síndicos que los auditores externos no realizaron observaciones a los estados contables con anterioridad al informe del 28-2-00 y que por ello no deberían realizarlas con posterioridad, puesto que ello sería inconsistente con la teoría de los actos propios (fs. 463).

Que similar argumento, aunque sin encuadrarlo dentro de la teoría de los actos propios es sustentado por Agra Fond y los directores (fs. 371).

Que la teoría de los actos propios requiere las siguientes condiciones para ser aplicada: "a) una conducta anterior relevante y eficaz; b) el ejercicio de una facultad o derecho subjetivo, atentatorio de la buena fe y contradictoria con la anterior y c) la identidad de sujetos que se vinculan en ambas conductas... " (Alejandro Borda: "La Teoría de los Propios Actos", p. 68, citado en "Suc. Francisco Muñoz Doña C/Blanquer Vila, Juan Domingo - Incumplimiento de Contrato-Ordinario" L. De S. T 77 - F 145/153 - Fecha: 13-04-00).

Que el argumento del imputado no es aceptable porque el mismo no puede alegar la teoría de los actos propios contra esta CNV por actos de un tercero (el auditor externo) y la conducta del auditor externo (apuntar las irregularidades), no es facultativa sino obligatoria en el marco de la auditoría encargada.

III. SanciOn

Que ha quedado claramente acreditado en las presentes actuaciones que AGRA FOND llevó de manera deficiente la contabilidad del Fondo a su cargo y con ello no lo administró idóneamente, por lo que corresponde se le imponga la sanción de multa, merituándose como circunstancia atenuante su falta de antecedentes administrativos sancionatorios, y como agravantes los inconvenientes causados en la auditoría externa y en la confiabilidad en la fijación del valor de la cuota antes expuestos.

Que asimismo, corresponde tener en cuenta como atenuante respecto de los síndicos que estos dejaron constancia en las actas de la comisión fiscalizadora de las irregularidades detectadas y convocaron a una reunión de directorio para su tratamiento, y la falta de reacción oportuna de los directores será tenida en cuenta como agravante a su respecto.

Que la multa deberá hacerse efectiva por las personas físicas alcanzadas en forma solidaria dentro de cada uno de los grupos formados a los efectos de la aplicación de la sanción, dentro del plazo de QUINCE (15) días a partir de la notificación de esta Resolución.

Que la presente Resolución se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 10 y 12 de la Ley N 17.811 y 35 de la Ley N 24.083.

Por ello,

LA COMISION NACIONAL DE VALORES

RESUELVE:

ARTICULO 1.- Aplicar a AGRA FOND SOCIEDAD GERENTE DE FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN S.A. la sanción de multa que se fija en la suma de PESOS dieciséis mil quinientos ($16.500) prevista en el artículo 10 inciso b) de la Ley N 17.811, la que será soportada en forma solidaria en las personas de los directores titulares Juan Fergus GREHAM, Adrián Fernando PEREZ y Laura MORAY y de los síndicos titulares Néstor Claudio GAITAN, Carlos DE VEDIA y Nelson Jesús LLORENTE por la infracción constatada al artículo 3 de la Ley N 24.083.

ARTÍCULO 2.- El pago de la multa deberá realizarse en la Subgerencia de Administración de esta COMISION NACIONAL DE VALORES (sita en la calle 25 de Mayo N 175, piso 11 de esta Ciudad, de lunes a viernes en el horario de 10 a 15 hs.). En caso de que la multa sea pagada fuera del término fijado en esta Resolución la mora se producirá de pleno derecho, devengándose los correspondientes intereses.

ARTÍCULO 3.- Regístrese y notifíquese con copia autenticada de la presente Resolución a todos los sumariados, a quienes se hará saber que la multa deberá ser efectivizada por las personas físicas sumariadas dentro del plazo de QUINCE (15) días hábiles; y a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires a los efectos de la publicación en su Boletín Diario; e incorpórese en el sitio Web del Organismo en www.cnv.gov.ar.

FIRMADO: J. Andrés Hall, Jorge Lores, María Silvia Martella, Hugo L. Secondini.