Resolucin N 14.099

BUENOS AIRES, 22 de enero de 2002.-

VISTO el Expediente N 178/99 rotulado "EMPRESA DISTRIBUIDORA SUR S.A. (EDESUR S.A.) s/ seguimiento"; lo dictaminado a fojas 741/760, conformidad prestada por la Subgerencia de Coordinación Jurídica, y

CONSIDERANDO:

Que por Resolución N 12.869 de fecha 5/8/99 (fs. 212/217), esta Comisión Nacional de Valores ("CNV") instruyó sumario a EMPRESA DISTRIBUIDORA SUR S.A. (EDESUR S.A.) -"EDESUR" o la "emisora"-; sus directores titulares al momento de los hechos examinados señores José A. GUZMAN MATTA, Ramón YAVAR, Federico ARGENTO, Pablo IHNEN, Rafael FERNANDEZ MORANDE, Ernesto SILVA BAFALLUY, Jorge ORTUZAR SANTA MARIA, Marcelo SILVA IRIBARNE y Roberto L. RUBIO por posible infracción a lo establecido por el artículo 2 y 3 inciso h) del Capítulo XVII de las NORMAS (N.T. 1997) actualmente arts. 2 y 3 inc. 8) del Cap. XXI de las NORMAS (N.T. 2001)-; y a sus síndicos titulares al momento de los hechos examinados señores Daniel RENNIS, Claudio A. ONETTO y Jorge L. PEREZ ALATI por posible infracción a los artículos antes referidos y al artículo 294 inciso 9 de la Ley de Sociedades Comerciales N 19.550 ("LSC").

Que el artículo 2 del Capítulo XVII de las NORMAS (N.T. 1997) impone a los administradores e integrantes del órgano de fiscalización de entidades que se encuentren en el régimen de la oferta pública, el deber de informar a esta CNV todo hecho o situación que por su importancia sea apto para afectar en forma sustancial la colocación de los valores negociables de la emisora o la evolución de los precios y del volumen en los mercados.

Que asimismo, en cuanto a la forma y el tiempo de presentación, el artículo 2 aludido en su segunda parte establece que la información debe ser comunicada en forma directa, veraz y suficiente; inmediatamente después de producido el hecho o situación de carácter relevante, o de haber tomado conocimiento del mismo si se hubiera originado en terceros.

Que el artículo 3 del mismo Capítulo enumera en forma meramente ejemplificativa los hechos relevantes a ser comunicados, y su inciso h) establece: "Hechos de cualquier naturaleza y acontecimientos fortuitos que obstaculicen seriamente el desenvolvimiento de sus actividades, especificándose sus consecuencias respecto de la situación de la entidad".

Que la instrucción de este sumario se fundó en la posible demora en la comunicación de: la falla técnica ocurrida en la Subestación Azopardo el 15/2/99, y la notificación de la Resolución ENRE N 290/99 emitida con fecha 18/2/99 (fs. 370/372) -que dispuso abrir sumario a EDESUR por infracción a lo dispuesto en los incisos a), g) y m) del artículo 25 del Contrato de Concesión y disponer la realización de inspecciones en la Subestación Azopardo-.

Que notificados los sumariados debidamente de la Resolución N 12.869 (fs. 226), por nota ingresada bajo cargo CNV N 19636 de fecha 20/8/99 (fs. 232) se presentaron en tiempo oportuno: el señor Mariano F. GRONDONA: (i) por la representación de EDESUR acreditada en autos (fs. 227/229), y (ii) como gestor oficioso en los términos del artículo 48 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación ("CPCCN") por los señores José A. GUZMAN MATTA, Ramón YAVAR, Federico ARGENTO, Pablo IHNEN, Rafael FERNANDEZ MORANDE, Ernesto SILVA BAFALLUY, Jorge Ortuzar SANTA MARÍA, Marcelo SILVA IRIBARNE, Roberto L. Rubio, Daniel RENNIS y Claudio ONETTO; y el señor Jorge L. PEREZ ALATI, por derecho propio; constituyeron domicilio legal en Suipacha 1111, piso 18 de esta Ciudad, y solicitaron prórroga para presentar los descargos, la que fue concedida con fecha 23/8/99 por un plazo de DIEZ (10) días hábiles bursátiles (fs. 234/235).

Que a fojas 238/241, 246/249, 254/257, 258/261, 262/265, 268/271, los sumariados como defensa contra la Resolución de cargo interpusieron: su nulidad absoluta y solicitaron la suspensión del sumario hasta tanto se resuelva; y recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio; ampliando en sus fundamentos los recursos planteados mediante nota N 20825 de fecha 6/9/99 (fs. 276/304).

Que es primordial determinar en primer término la aplicabilidad de la Ley N 17.811 ("LOP") en la solución de los recursos, para luego analizar los argumentos que sustentan su planteo.

Que debe recordarse que el artículo 2 de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos N 19.549 ("LNPA") habilita al Poder Ejecutivo Nacional ("PEN") a determinar los procedimientos administrativos especiales al momento de la sanción de la Ley que continuarían vigentes.

Que cumpliendo lo así dispuesto, se dictó el Decreto N 9101/72, sustituido en su artículo 1 por el Decreto N 722/96 que establece: a) en el ámbito de la Administración Pública Nacional centralizada y descentralizada serán únicamente aplicables los procedimientos de la LNPA y su reglamento, y b) no obstante, continuará en vigencia la norma especial que disponga y sólo en relación con ello: 1) el cumplimiento de los requisitos previos a la interposición del recurso administrativo de que se trate; 2) la suspensión de los efectos del acto recurrido, y 3) la existencia de un recurso judicial directo.

Que asimismo, el artículo 2 del Decreto N 9101/72 texto según Decreto N 1155/97- dispone que sin perjuicio de la aplicación supletoria de las normas contenidas en la LNPA y en su reglamento, continuarán en vigencia los procedimientos administrativos especiales que regulen entre otras materias, los procedimientos sumariales y lo inherente al ejercicio de la potestad correctiva interna de la Administración Pública Nacional (inciso f).

Que en esa línea de razonamiento, y con concreta referencia a la aplicación del procedimiento especial de la LOP, en la Exposición de Motivos de dicha norma se expresa: "Con el fin de garantizar adecuadamente los derechos de las personas y entidades sometidas a la fiscalización de la Comisión Nacional de Valores, se crea un recurso judicial contra sus decisiones. Este sistema elimina los recursos administrativos y la primera instancia judicial que resultan innecesarios, atenta la índole que reviste dicho organismo estatal..."; y es específicamente contemplado dicho principio en el primer párrafo del artículo 14 LOP: "Las resoluciones definitivas aplicando sanciones, salvo la de apercibimiento, sólo son recurribles ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Federal de la jurisdicción que corresponda, dentro del plazo de quince días desde su notificación.".

Que consecuentemente, es dable concluir que el cuerpo legal aplicable en cuanto a la viabilidad de los recursos es la LOP, por lo que deben ser resueltos conforme el criterio sustentado por la Procuración del Tesoro de la Nación ("PTN") a fojas 4683/4692 del Expediente N 711/92 rotulado "SEVEL ARGENTINA s/ antecedentes licitación acciones y adjudicación ofertas", publicado en el Boletín Oficial, Segunda Sección, con fecha 7/4/99, cual es: "El procedimiento de la Ley N 17.811 establece que las decisiones adoptadas por la Comisión Nacional de Valores "durante" la sustanciación del sumario son "irrecurribles" (v. art. 12); la norma no autoriza a efectuar distinción alguna, por lo que debe entenderse referida a cualquier decisión adoptada por la Comisión "durante" la sustanciación del sumario constituya o no un acto definitivo y tenga por destinatario la sede judicial como la administrativa... Ello no excluye que estas decisiones dictadas "durante" el proceso sumarial puedan ser cuestionadas judicialmente al interponerse el recurso respectivo si se apelara la resolución definitiva en los términos del artículo 12, sexto párrafo LOP. Esta posibilidad preserva el derecho de defensa de los sumariados y la revisión judicial suficiente reiteradamente exigida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación a partir del leading case "Fernandez Arias c/Poggio" (Fallos 247:646)".

Que sin perjuicio de lo anterior se analizarán en forma individual los fundamentos de los recursos planteados.

Que como sustento de la nulidad absoluta de la Resolución que instruye sumario los sumariados en primer lugar, entendieron que en los considerandos de la Resolución atacada ha existido "un claro prejuzgamiento" que vicia de nulidad dicha decisión (pto. IV, apartado f) (i) fs. 300/301).

Que cabe recordar que el prejuzgamiento aludido fue objeto de una recusación implícita en virtud de lo dispuesto por el artículo 17 inciso 7) del CPCCN, desestimada por la Subsecretaría de Servicios Financieros de la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economía (fs. 730/732).

Que no corresponde sea atendida dicha defensa como sustento de nulidad dado que la Resolución N 12.869 tanto en sus considerandos como en su parte resolutiva señaló la posibilidad de existencia de infracciones administrativas, y en función de lo dispuesto en su artículo 3 los sumariados en ejercicio de su derecho de defensa, tuvieron la facultad mediante el descargo y correspondientes medios de prueba que la ley le otorga de demostrar que su conducta fue acorde a lo dispuesto por las normas que sustentan el objeto del presente sumario; derecho que fue ejercido -como fuera mencionado- al presentar los descargos.

Que en ese sentido, los considerandos 12, 13 y 14 (fs. 215) de la Resolución establecen que "... la demora en comunicar la falla técnica ocurrida en la Subestación Azopardo y el dictado de la Resolución ENRE N 290/99... podría configurar infracción a los artículos 2 y 3 inciso h)...", "... la información reunida al presente resulta suficiente para proceder a la apertura del sumario ... a fin de investigar las posibles infracciones mencionadas." , y "... también resulta procedente instruir sumario a los miembros titulares del órgano de fiscalización... a fin dilucidar el posible incumplimiento a lo establecido en..." (el subrayado y resaltado no constan en el original), respectivamente.

Que contrariamente a lo invocado a fojas 301 no ha sido violado el derecho de defensa previsto en el artículo 18 de la Constitución Nacional, ya que el presente sumario ha cumplido los recaudos previstos en el artículo 12 LOP dado que los sumariados ejercieron en plenitud ese derecho respecto de los cargos imputados, conforme consta a fojas 238/241, 246/249, 254/257, 258/261, 262/265, 268/271 y 276/304.

Que por otra parte, en el punto IV, apartado f) (ii) del descargo (fs. 301/302), los sumariados manifestaron que ha sido violada la finalidad que inspiró el dictado de la Resolución, dado que según afirman "Si la CNV pretende entonces castigar la falta de información oportuna de un hecho que podía leerse en la primera plana de los diarios, está invocando una finalidad que claramente encubre otros propósitos que no alcanzo a comprender pero que indudablemente existen."; y que "... se trata de una decisión arbitraria fundada en la voluntad de algunos funcionarios, que no respeta las constancias del expediente, carente de razonabilidad jurídica, y como tal violatoria del derecho de defensa de quienes se ven afectados por ella.", dado que a tenor de sus dichos- contradice lo dictaminado a fojas 200/202.

Que el artículo 14 en su inciso b) LNPA expresa que el acto estará viciado de nulidad por "violación... de la finalidad que inspiró su dictado", es decir, cuando exista falta de adecuación entre los móviles que inspiraron la actuación administrativa con los queridos por la ley "sin poder perseguir encubiertamente otros fines... distintos de los que justifican el acto" (art. 7 inc. f); por lo que como bien afirman los sumariados (fs. 301/302) el fin que el acto persigue configura un requisito que hace a la legalidad del acto y debe hallarse en el marco de la función administrativa y el ordenamiento jurídico.

Que conforme disponen los artículos 6 incisos d) y f) de la LOP la CNV tiene la función de fiscalizar el cumplimiento de las normas legales, estatutarias y reglamentarias en lo referente al ámbito de esa ley, y establecer las normas a que deben ajustarse las personas físicas y jurídicas autorizadas para la oferta pública de valores negociables y quienes actúan por cuenta de ellas.

Que así este Organismo en el marco de sus atribuciones (fiscalización del cumplimiento de las normas) dictó la Resolución N 12.869 que implicó el inicio de un proceso administrativo que tiene como finalidad determinar posibles infracciones al deber de información ocasional impuesto en los artículos 2 y 3 inciso h) de las NORMAS (N.T. 1997), las que quedaron sujetas a que mediante el ejercicio del derecho de defensa de los sumariados (fs. 238/305) sean contrarrestadas o confirmadas, por lo que se excluye de esta forma cualquier otro propósito insinuado por los imputados a fojas 302.

Que al tener que expedirse la CNV sobre la cuestión sustanciada resulta imperativo dar satisfacción a la exigencia establecida por el artículo 7, inciso d) LNPA, que considera como elemento esencial del acto administrativo el dictamen proveniente de los servicios permanentes de asesoramiento jurídico cuando aquél puede afectar derechos subjetivos e intereses legítimos, como es señalado por los sumariados a fojas 301/302.

Que es importante destacar que el dictamen del señor Gerente de Fiscalización y Control no resulta vinculante para el Directorio de esta CNV, por lo que el mencionado requisito que asegura un control de legalidad de la actividad administrativa en el caso que nos ocupa, ha sido cumplimentado por esta CNV teniendo en cuenta el dictamen jurídico agregado a fojas 152/153 y conformidad prestada por la Subgerencia de Sociedades Emisoras a fojas 154.

Que en virtud de lo anterior, es forzoso concluir que el acto no se encontraba viciado en su finalidad, y contiene los requisitos previstos en el artículo 7 inciso d) LNPA, por lo que corresponde sean desestimados los argumentos esgrimidos por los sumariados en relación con el punto en análisis.

Que los sumariados manifestaron (fs. 241, 249, 257, 261, 265, 271, pto. V) que la instrucción del sumario "si bien es formalmente de mero trámite, materialmente constituye un acto asimilable a definitivo", que afectó sus derechos subjetivos, por lo que plantearon recurso de reconsideración.

Que la apertura del sumario constituye aplicación del ejercicio de la función de fiscalización que posee este Organismo, y no pone fin a ninguna cuestión ni constituye una verdad legal, sino muy por el contrario, importa el inicio de un procedimiento que resguarda tanto la garantía del debido proceso como la de defensa (art. 12 LOP) (v. fallo C.N.A.Com., sala B, 30.10.70, in re "E. FLAIBAN, S.A. s/ sumario", J.A., T. 10 págs. 31/41).

Que en sentido coincidente al señalado por los sumariados la instrucción de sumario es de "mero trámite", y no constituye resolución final, único supuesto en el que expresamente el artículo 12 de la Ley aludida permite sea cuestionada judicialmente (excepto en el caso de apercibimiento que da lugar al recurso de reconsideración ante este Organismo previsto en el art. 15 LOP).

Que adicionalmente cabe ponderar que, si bien no es aplicable al caso en concreto la reforma establecida a la LOP por el Decreto N 677/01 que aprobó el régimen de transparencia de la oferta pública, la nueva normativa supone ser mejor, más justa, adecuada a la realidad, y mejorada en cuanto a su texto; y en relación con los recursos establece su artículo 39 en la parte pertinente lo siguiente: "Artículo 14. Las decisiones que dicte la COMISION NACIONAL DE VALORES instruyendo sumario y durante su substanciación serán irrecurribles, pero podrán ser, cuestionadas al interponerse el recurso respectivo si se apelara la resolución definitiva." (el subrayado no consta en el original), criterio que igualmente ya se seguía en la práctica con anterioridad a su dictado.

Que en función del análisis precedente, opino corresponde rechazar la vía recursiva intentada, haciendo saber a los sumariados que sólo pueden ser cuestionadas las resoluciones finales en oportunidad de la apelación prevista en el artículo 12 de la LOP.

Que en cuanto a la posible demora en la comunicación de la falla técnica producida en la Subestación Azopardo, los sumariados mencionaron que "Su trascendencia no está determinada por la cantidad de usuarios afectados sino por la extensión en el tiempo de la interrupción del suministro de energía eléctrica.", "Es la prolongación en el tiempo y las dificultades en restablecer la normalidad completa del servicio lo que hicieron de este hecho un acontecimiento jurídicamente computable y que mereció la atención del ENRE." (pto. IV a) (i), fs. 291/292), y con "... la situación acaecida el 15 de febrero de 1999... no se afectó el desenvolvimiento de la actividad de la sociedad, ni dicha actividad fue obstaculizada en ningún sentido." (pto. IV, apartado c) fs. 295).

Que en cuanto a la posible demora en la comunicación de la Resolución ENRE N 290/99 que instruye sumario notificada a la sociedad con fecha 19/2/99, señalaron que "... la instrucción dispuesta por el ENRE en modo alguno implicó per se la imposición de sanciones, ni el juicio del ENRE en cuanto a que se hallaran configuradas situaciones de violación o incumplimiento de disposición alguna del Contrato de Concesión que contenga montos expresos de sanciones... por lo tanto... habría sido imprudente informar como relevante el inicio de un sumario en el cual debía efectuarse el análisis de las circunstancias, el encuadre de los actos como incumplimientos bajo las disposiciones aplicables y la definición de las sanciones aplicables a los eventuales incumplimientos..." (fs. 288 primer y segundo párr.).

Que por último, alegaron la inexistencia de afectación del bien jurídico protegido "... atento a que la compañía no tiene títulos valores que sean negociados en la BCBA, pues sus acciones, si bien están autorizadas a cotizar, no tienen negociación real en dicha bolsa, y las obligaciones negociables emitidas sólo cotizan en la Bolsa de Luxemburgo." (pto. IV, apartado c) fs. 295); y dado que la interrupción de energía ocurrida el 15/2/99 no consistió en un hecho relevante, el haber comunicado dicha situación "... hubiera sido haber dado información incierta, imprecisa y apresurada sobre un hecho (el corte de suministro eléctrico) y sin conocerse a ese momento los alcances y consecuencias técnicas y económicas del mismo" (pto. IV, apartado c) fs. 295/296).

Que a fojas 297, alegaron que "Conforme los argumentos expuestos, al considerar que la sociedad no incumplió la normativa que se le imputa en la Resolución N 12.869, los síndicos de ningún modo pueden ser encuadrados en el incumplimiento de las disposiciones del artículo 294 inc. 9 de la Ley de Sociedades Comerciales, atento a que los mismos observaron la normativa aplicable." (pto. IV, apartado d) fs. 297).

Que es menester precisar en primer lugar si la falla en la Subestación Azopardo de fecha 15/2/99 que provocó el corte de energía mencionado, constituye un hecho relevante cuya posible demora es objeto del presente sumario; y a ese efecto corresponde diferenciar un hecho notorio y de importancia para una cantidad de usuarios afectados, de aquel hecho que como disponen los artículos 2 y 3 inciso h) del Capítulo XVII de las NORMAS (N.T. 1997) pueda afectar en forma sustancial la colocación de los valores negociables de la emisora o su curso de negociación, obstaculizando seriamente el desenvolvimiento de sus actividades.

Que la emisora mediante nota bajo cargo CNV N 3889 de fecha lunes 22/2/99, presentada a las 11:06 horas, relacionó el comienzo de la interrupción del fluido eléctrico que manifiesta alcanzó "una magnitud no prevista", adjuntando en esa oportunidad documentación en copia remitida al ENRE que describe las principales acciones y recaudos adoptados, tendientes a superar la emergencia en la zona afectada (fs. 5/104); y comunicó a este Organismo las medidas dispuestas por el ENRE mediante Resolución N 291/99 (notificada a EDESUR el 19/2/99) consistentes en: intimación para reestablecer el servicio y apercibimiento de aplicación de las penalidades dispuestas en el Contrato de Concesión que prevé la aplicación de sanciones de posible relevancia y/o la ejecución de las garantías otorgadas por EDESUR, por deficiencias en la calidad del servicio.

Que la prolongación en el tiempo del corte de energía constituyó un requisito sustancial para la aplicación de las medidas dispuestas en el Contrato de Concesión conforme resaltó el ENRE en los siguientes términos "... la magnitud de la referida interrupción, con su afectación a un número muy importante de usuarios, la extensión geográfica de la misma, y, en especial, su continuidad en el tiempo más allá de toda pauta razonable, que no ha sido superada en los intentos de solución de la misma... constituyen el incumplimiento de una obligación sustancial del Contrato de Concesión" y "... en consecuencia, este organismo entiende que se encuentran dadas las circunstancias para intimar a la distribuidora a regularizar la situación... bajo el apercibimiento previsto en el artículo 37 inciso a) de su Contrato de Concesión y, en su caso, notificar a la Concedente a los fines de la eventual ejecución de las garantías otorgadas." (SIC) (v. Res. ENRE N 291/99, tercer y quinto párrafo - fs. 2/4).

Que surge del texto de la parte dispositiva de dicha Resolución que donde dice inciso a) debería decir inciso b).

Que el artículo 37 inciso b) del Contrato de Concesión (fs. 567/588) establece que el ENRE podrá ejecutar las garantías otorgadas por EDESUR cuando la emisora incumpliese en forma reiterada sus obligaciones contractuales sustanciales y hubiese sido intimada por el ENRE a regularizar tal situación dentro de un plazo y no lo hiciere (el subrayado no consta en el original).

Que asimismo, la Resolución ENRE N 293/99 (fs. 116/117) destacó la persistencia del servicio como causa de la intimación efectuada por la Resolución N 291/99 y la posterior configuración de lo establecido en el artículo 37 inciso b) del Contrato de Concesión de EDESUR; y en ese sentido también la Resolución N 471/99 (fs. 169/193) emitida con fecha 6/4/99 , reconoció que el mantenimiento del corte de energía determinó que el incumplimiento adquiriera una magnitud y duración que lo convirtió en un caso excepcional, lo que motivó la imposición de distintas medidas en parte individualizadas anteriormente, y la necesidad de reparación integral por parte de EDESUR dictándose a ese efecto la Resolución N 292/99.

Que por lo anterior, y lo mencionado por el ENRE en su Resolución N 292/99 (fs. 376/381) en cuanto a que el corte de energía en un primer momento se encontraba dentro de las "previsiones normales de contingencias", opino que la falla en la Subestación Azopardo que provocó el corte de energía el día 15/2/99, considerada en forma aislada no constituyó un hecho apto para afectar en forma sustancial la colocación de los valores negociables de la emisora o su curso de negociación.

Que en este punto, no debe perderse de vista que según lo manifestado por los sumariados en el punto II, apartado b) (fs. 282), los 156.000 usuarios afectados en un primer momento representaron un 7,4% del total, mientras que la noche del mismo lunes 15/2/99 sólo el 2,8% de los usuarios estaban afectados por el corte.

Que no obstante lo cual, su prolongación en el tiempo -así lo señaló el ENRE en su Res. N 291/99-, y consecuente posibilidad de imposición de penalidades económicamente importantes o la ejecución de las garantías establecidas en el Contrato de Concesión; convirtió dicha situación en un hecho relevante en los términos de los artículos 2 y 3 inciso h) del Capítulo XVII de las NORMAS (N.T. 1997), el cual fue comunicado por la emisora en las dos primeras horas del día inmediato y siguiente hábil al de la notificación de la Resolución, por lo que debe considerarse recepcionada el día en que la misma se produjo.

Que en cuanto a la posible demora en la comunicación de la Resolución ENRE N 290/99 de fecha 18/2/99 que resolvió la instrucción del sumario a EDESUR, esta CNV tomó conocimiento de dicho acto administrativo, a través de la publicación de fecha 23/2/99 en el Boletín Diario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires de la Resolución ENRE N 294/99 que dispuso la ampliación de los cargos, y fax enviado a este Organismo por la emisora en la misma fecha a las 16:36 horas (fs. 124/134).

Que la Resolución N 290/99 fue emitida el día 18/2/99, es decir con anterioridad al momento en el cual el ente regulador estableció la posibilidad de imposición de penalidades relevantes en virtud del tiempo transcurrido -hasta el 19/2/99- sin que la falla en la Subestación Azopardo haya sido superada (v. Res. N 291/99 primer y sexto párr. fs. 2/4).

Que en función de lo expresado, y teniendo en cuenta que el acto objeto de análisis dispuso junto con la instrucción del sumario únicamente la realización de inspecciones imprescindibles a fin de constatar y/o determinar la causa, efectos y toda aquella circunstancia que coadyuve a evaluar la gravedad de la falta, sin determinar la aplicabilidad de las medidas establecidas en su Contrato de Concesión y sanciones relevantes; el deber de comunicar comenzó al momento de la notificación a la emisora de la Resolución N 291/99, es decir el día 19/2/99.

Que como pauta de valoración adicional para resolver estos actuados, es importante destacar que a diferencia de lo prescripto por el artículo 3 inciso i) del Capítulo XVII de las NORMAS (N.T. 1997), que exigen sea comunicada la promoción (es decir, iniciación) de determinadas causas judiciales, el inciso r) de ese mismo artículo únicamente exige sean informadas las sanciones (previa sustanciación de un procedimiento sumarial), impuestas por las autoridades de control, aún cuando no se encuentren firmes.

Que si bien la enumeración que hace el artículo 3 referido no es taxativa sino meramente enunciativa y no agota las previsiones genéricas del artículo 2, al regular determinados supuestos específicos como el que nos ocupa cabe entender que el deber de informar se satisface cumpliendo las comunicaciones con el alcance previsto para cada uno de esos casos particulares.

Que en función de estas conclusiones, corresponde absolver a EDESUR en relación con los cargos objeto del presente sumario, no siendo necesaria la mención expresa de sus directores y síndicos en la parte dispositiva de esta Resolución.

Que la inclusión de los nombrados reconoció su razón en la circunstancia que, de aplicarse sanción y ser ésta de multa, ella habría debido ser efectivizada por los funcionarios responsables de ese banco, lo cual no habría podido ejecutarse sin afectación de su derecho de defensa y prueba, si previamente no hubieran sido parte en el procedimiento.

Que la presente se dicta en virtud de las facultades conferidas por los artículos 10 (texto sustituído por el art. 39 del Dto. N 677/01) y 12 LOP.

Por ello,

LA COMISION NACIONAL DE VALORES

RESUELVE:

ARTICULO 1.- Absolver a EMPRESA DISTRIBUIDORA SUR S.A. (EDESUR S.A.) de los cargos formulados en el presente sumario.

ARTICULO 2.- Regístrese y notifíquese con copia autenticada de la presente Resolución a todos los sumariados.

ARTICULO 3.- Notificar a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires a los efectos de la publicación en su Boletín Diario, e incorpórese en el sitio Web del Organismo en www.cnv.gov.ar.

FIRMADO: J. Andrés Hall, Jorge Lores, Hugo L. Secondini.