Resolucin N 14.078

BUENOS AIRES, 28 de diciembre de 2001.-

VISTO el Expediente N 239/00 rotulado "PLUSDINER S.A. SOCIEDAD GERENTE DE FONDOS COMUNES DE INVERSION s/ incumplimiento del inciso b) del artículo 27 de las NORMAS (N.T. 1997 to. mod. R.G. N 299)"; lo dictaminado por la Subgerencia de Coordinación Jurídica; conformidad prestada por la Gerencia de Fiscalización y Control; y

CONSIDERANDO:

Que por Resolución N 13.553 de fecha 21-09-00 esta COMISION NACIONAL DE VALORES (CNV) instruyó sumario a PLUSDINER S.A. SOCIEDAD GERENTE DE FONDOS COMUNES DE INVERSION ("PLUSDINER") y a sus directores titulares señores Roberto Pastor DIOS, Carlos Ernesto LANUS y Marta Silvia SANZ de DIOS por incumplimiento a los artículos 27 incisos a) y b) del Capítulo X de las NORMAS (N.T. 1997 to. mod. por R.G. N 299) -hoy art. 23 incs. a) y b) del Cap. XI de las NORMAS (N.T. 2001 to. mod. R.G. N 376)- y 10 de la Ley N 24.083 de Fondos Comunes de Inversión (LFCI) (fs. 50/53).

Que posteriormente, esta CNV por Resolución N 13.837 de fecha 7-06-01 amplió los cargos instruidos oportunamente a PLUSDINER S.A. y a sus directores señores DIOS, LANUS y SANZ de DIOS por incumplimiento al artículo 1 inciso e) del Capítulo X de las NORMAS (N.T. 1997) hoy art. 1 (N 6 del Anexo I) del Cap. XI de las NORMAS (N.T. 2001)- e incluyó en el presente sumario a sus síndicos titulares señores Gabriel M. CASADO, Liliana MAS y Horacio O. CABANILLAS por incumplimiento a los artículos 1 inciso e) del Capítulo X de las NORMAS (N.T. 1997) hoy art. 1 del Cap. XI de las NORMAS (N.T. 2001)-, 10 inciso c) de la LFCI y 294 inciso 9) de la Ley N 19.550 de Sociedades Comerciales (LSC) (fs. 86/91).

Que PLUSDINER ejerció su derecho de defensa ante las dos Resoluciones mencionadas y acompañó documental (fs. 59/73 y 140/145/vta.); los señores DIOS, SANZ de DIOS y LANUS éstos dos últimos en conjunto- presentaron sus descargos a la Resolución N 13.837 a fs. 145/145/vta. y 151/152/vta.; y el señor CASADO presentó su descargo a la Resolución N 13.837 como presidente de la comisión fiscalizadora y en representación del resto de sus integrantes (fs. 138/139/vta.), pero los señores MAS y CABANILLAS no ratificaron su gestión oficiosa, por lo que corresponde tenerlos por no presentados.

Que la documental acompañada por los señores CASADO, DIOS, SANZ de DIOS y LANUS, es de idéntico tenor (fs. 133/137, 140/144 y 146/150, respectivamente).

Que PLUSDINER argumentó causales de fuerza mayor que impidieron remitir los estados contables a esta CNV en término, las cuales informó a este Organismo a fs. 35/36, y que los cuotapartistas no sufrieron perjuicio porque tenían acceso a la información (fs. 72).

Que agregó haber contado en todo momento con comisión fiscalizadora (fs. 72/72/vta.).

Que LANUS y SANZ de DIOS consideraron no era su deber reiterar lo oportunamente informado por el representante legal de PLUSDINER; que no infringieron el artículo 1 inciso e) del Capítulo X de las NORMAS (N.T. 1997) y que su responsabilidad debía evaluarse de acuerdo al artículo 274 de la LSC (fs. 151/vta./152/vta.).

Que al igual que los directores, CASADO manifestó que la comisión fiscalizadora no infringió el artículo 1 inciso e) del Capítulo X de las NORMAS (N.T. 1997); dio cumplimiento al deber de vigilancia y consideró innecesario informar a esta CNV lo ya puesto en conocimiento por el representante legal de PLUSDINER (fs. 138/vta.).

Que adicionalmente, señaló que esta CNV ignoró lo dispuesto por el artículo 296 de la LSC al momento de examinar la responsabilidad de la comisión fiscalizadora (fs. 139/vta.).

Que LANUS, SANZ de DIOS y CASADO plantearon la nulidad de la Resolución N 13.837 (fs. 138/vta. y 151/vta.).

Que la documental ofrecida a fs. 59/71, consistente en transcripción de actas de asambleas del 21-10-98 y 20-05-99 y balance anual de PLUSDINER al 31-12-98 es atendible y pertinente a la cuestión debatida en estas actuaciones, por corroborar la existencia de comisión fiscalizadora.

Que de igual forma debe considerarse la documental ya obrante en este Expediente a fs. 35/36 consistente en nota cursada por PLUSDINER a esta CNV, por corroborar los dichos de la sociedad gerente con respecto a que puso en conocimiento de este Organismo las circunstancias que habrían impedido la remisión de la información contable en término.

Que no obstante lo expuesto, la prueba mencionada es ineficaz para rebatir los cargos de la Resolución N 13.553, como será analizado posteriormente.

Que por otra parte, la documental de fs. 137 reiterada a fs. 144 y 150- consistente en copia de nota N 16.651 de fecha 2-08-01 dirigida por PLUSDINER a esta CNV no es pertinente, toda vez que no existe adecuación entre ella y los hechos controvertidos en estos actuados (Cfr. PALACIO, Lino E. "Manual de Derecho Procesal Civil", Ed. Abeledo-Perrot, 1998, Bs. As., pág. 417).

Que cabe recordar que el artículo 27 inciso a) y b) del Capítulo X de las NORMAS (N.T. 1997 mod. R.G. N 299) hoy art. 23 incs. a) y c) del Cap. XI de las NORMAS (N.T. 2001 mod. R.G. N 376)- establece un plazo de presentación para la información contable de SETENTA (70) días corridos después de cerrado el ejercicio para el caso de balances anuales y CUARENTA Y DOS (42) días corridos para el caso de balances trimestrales, respectivamente.

Que el inciso a) del mencionado artículo, también exige que las sociedades gerente de fondos comunes de inversión remitan a este Organismo los informes de sindicatura referidos a sus estados contables anuales.

Que en consecuencia, toda presentación fuera de esos términos constituye una infracción, a excepción de existir circunstancias que configuren causales de justificación.

Que si bien a fs. 71 consta que PLUSDINER adjuntó copia del informe de sindicatura referido al balance anual al 31-12-98 al presentar su descargo, tal agregación es extemporánea, ya que se produjo recién el 1-11-00 y el artículo antes citado exige que esa presentación se efectivice dentro de los SETENTA (70) días corridos de cerrado el ejercicio.

Que a su vez los retardos imputados por la presentación de estados contables son los siguientes: a) balance anual al 31-12-98 fue presentado el 5-04-00 registrando una demora de TRESCIENTOS NOVENTA Y UNO (391) días corridos; b) balances trimestrales al: i) 31-03-99 fue presentado el 1-07-99 registrando una demora de CINCUENTA (50) días, ii) 30-06-99 fue presentado el 11-08-99 registrando una demora de CIENTO SETENTA Y SEIS (176) días y iii) 30-09-99 fue presentado el 11-11-99 registrando una demora de OCHENTA Y CUATRO (84) días; y c) balance anual al 31-12-99 fue presentado el 26-01-01 registrando una demora de TRESCIENTOS VEINTIDOS (322) días (fs. 10, 19 y 167).

Que al referirse al impedimento por fuerza mayor, PLUSDINER sostuvo que no existió incumplimiento al "...ART. 27, INC. b) DE LAS NORMAS" (sic) toda vez que informó a esta CNV las circunstancias de esa índole que habrían imposibilitado la observancia de los plazos establecidos por las NORMAS, a saber: renuncia de la depositaria BANCO TRASANDINO S.A. (TRASANDINO) el 07-08-97; tratativas, auditorías permanentes, requerimiento de la documentación correspondiente a los Fondos y compulsa de todos los libros de la sociedad por parte de las distintas entidades financieras que se mostraban interesadas en ser depositarias hasta llegar a la aceptación de NUEVO BANCO DE LA RIOJA S.A. el 06-04-00; (fs. 72 cfr. fs. 35/36).

Que el Código Civil (de aplic. según art. 106 del Dto. 1759/72 to. ord. 1991 Reg. de Proc. Administrativos) define al caso fortuito en el artículo 514 como aquél que no ha podido preverse o que previsto, no ha podido evitarse.

Que si bien no existe definición legal de fuerza mayor y Velez Sarfield, siguiendo a Tropolong en la nota al artículo, realizó la distinción de acuerdo a la causa generadora de lo imprevisible o inevitable el hecho de la naturaleza en el caso fortuito y el hecho del hombre en la fuerza mayor-, la doctrina y jurisprudencia entendieron que son equiparables (BELLUSCIO, Augusto C. y ZANNONI, Eduardo A., "Código Civil y leyes complementarias. Comentado, anotado y concordado" T. 2, Ed. Astrea, 1993, pág. 662).

Que a los fines de este análisis, autorizada doctrina enumera entre los caracteres constitutivos del caso fortuito o la fuerza mayor a: a) hecho imprevisible, cuando supera la aptitud normal de previsión que es dable exigirle al deudor, en función de sus condiciones personales y la naturaleza de la obligación, pero que deja de serlo cuando excede el curso normal de los acontecimientos o situaciones; b) hecho inevitable, cuando el deudor sin culpa de su parte y enclavado en la circunstancia que le sea propia, ha sido impotente para impedir el hecho que obsta al cumplimiento; c) hecho actual; d) obstáculo insuperable para el cumplimiento de la obligación, el obstáculo debe ser absoluto y configurarse una verdadera imposibilidad (Cfr. LLAMBIAS, Jorge J., "Código Civil Anotado. Doctrina-Jurisprudencia", T. II-A, Ed. Abeledo-Perrot, 1989, pág. 125 y BELLUSCIO-ZANNONI, ob. cit. pág. 664).

Que de lo expuesto se concluye que los argumentos presentados por PLUSDINER no reúnen los requisitos constituyentes del supuesto de fuerza mayor, toda vez que la renuncia de la sociedad depositaria el 07-08-97 al estar a los dichos de PLUSDINER-, pudo haber constituido un hecho imprevisible e inevitable en ese momento, pero no a la fecha de cierre del primer balance presentado con retardo; es decir balance anual al 31-12-98 QUINIENTOS ONCE (511) días corridos más tarde del supuesto acontecimiento originante de los inconvenientes-.

Que más aún, deja de ser causal de justificación cuando el primero de la serie de retardos computados, que se mencionaran anteriormente, fue de TRESCIENTOS NOVENTA Y UNO (391) días corridos; es decir con motivo de la presentación del balance anual al 31-12-98 (fs. 52, cfr. fs. 19).

Que a mayor abundamiento, la jurisprudencia concluyó que: "El caso fortuito [fuerza mayor, en este caso] requiere imprevisibilidad, que no se da si el hecho invocado tuvo lugar y fue conocido con anterioridad al acto con el cual se lo vincula (C.Civ., Sala D, ED 58-621; C. Com., LL 46-145; C. 2, La Plata, JA 1944-III-83)" (Jurisp. cit. en LLAMBIAS, ob. cit., pág. 130).

Que a criterio de PLUSDINER no hubo perjuicio, dado que los cuotapartistas nunca dejaron de tener acceso a la información, podían evacuar sus consultas en TRASANDINO y acceder a los balances trimestrales de los Fondos; además, su representante legal comunicaba personalmente las circunstancias por las que atravesaba la sociedad a los cuotapartistas que querían efectuar el rescate (fs. 72).

Que aún si los cuotapartistas tuvieron acceso a la información contable de los fondos a través de TRASANDINO y de la situación de la sociedad gerente a través del presidente de PLUSDINER, igualmente los estados contables debieron haber sido presentados en este Organismo en los términos previstos.

Que con respecto a la inexistencia de daño aludida, la responsabilidad disciplinaria derivada de la violación de la ley, estatuto o reglamento no deviene de los daños producidos por tales actos, sino de la mera infracción al orden jurídico que regula la vida societaria (Cfr. MASCHERONI "El directorio de la sociedad anónima", Bs. As., 1978, pág. 109).

Que en ese orden de ideas, y conforme sostuvo la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza, Sala B, en el Expediente N 66.184-B-3743 en fallo del 1-09-00, "BOLSA DE SAN JUAN s/Verificación 28.08.95", la falta de presentación de estados contables no es un incumplimiento meramente formal, ya que "... [d]ados los intereses en juego y las modalidades propias del ámbito que se regula, es lógico la exigencia de múltiples recaudos, establecidos a veces por la misma ley, y otras en las reglamentaciones de la Comisión Nacional de Valores, y que tienden al control, eficacia, seguridad y transparencia de los mercados. Ello hace que el incumplimiento de los mismos se configuren como infracciones (artículo 10 de la Ley N 17.811), más allá de las efectivas consecuencias que puedan aparejar; ya que el sistema necesita de su cumplimiento formal. En otras palabras, la existencia de infracciones de este tipo se encuentra justificada por la importancia de los intereses en juego, circunstancia ésta que hace necesario extremar el cumplimiento de los recaudos que posibilitan tanto su correcto funcionamiento, como su debido control" (Fallo también cit. en el Expte. CNV N 409/00 - "TIA S.A. s/ Retardo en la presentación de estados contables" a fs. 136/137) (el destacado no aparece en el original).

Que en ello encuentra razón la tutela ejercida por esta CNV, ya que "... en el ahorrador individual que adquiere los títulos [en este caso el cuotapartista que adquiere una participación en el fondo] concurren las mismas características del consumidor que son las relevantes para justificar su protección, pues tiene las mismas dificultades que aquél para tener una información adecuada, para no ser objeto de engaños, de abusos y hacer valer sus derechos" (BERCOVITZ, Alberto en "El derecho del mercado financiero" Ed. Cívitas, Madrid, 1992, págs. 102/103; cit. por PAOLANTONIO, Martín "Fondos Comunes de Inversión. Mercado financiero y mercado de capitales. Securitización o titulización", Ed. Depalma, Bs. As., 1992, págs. 161/162).

Que PLUSDINER negó carecer de comisión fiscalizadora (fs. 72), ofreció como prueba la transcripción del acta de asamblea del 21-10-98, de donde surge la designación de los síndicos señores CASADO, MAS y CABANILLAS (fs. 59), y dejó constancia que las asambleas se realizaban en presencia de los miembros del órgano de fiscalización (fs. 60 y 72).

Que PLUSDINER adujo la existencia de un malentendido, que habría surgido de una información que vía fax enviara a este Organismo en donde sólo se refería a los directores, pero aclaró que las actas de asamblea daban cuenta de la presencia del órgano de contralor (fs. 72/72/vta.).

Que no debe considerarse como causal de justificación al incumplimiento del artículo 1 inciso e) del Capítulo X de las NORMAS (N.T. 1997) hoy art. 1 del Cap. XI de las NORMAS (N.T. 2001)- la mala redacción de las actas y el rigorismo formal excesivo, aludido por los sumariados.

Que previo a la apertura del sumario, se había requerido a la Subgerencia de Fondos Comunes de Inversión (SFCI) por Memorándum N 1107/GFyC (fs. 33) la nómina de directores y síndicos titulares de PLUSDINER hasta el 13-04-00, contestándose que la única información obrante hasta ese momento era la nota N 7955 y la transcripción del acta de asamblea del 20-05-99 (fs. 19/20 y 30, respectivamente), de las que no resulta la integración de la comisión fiscalizadora.

Que posteriormente, la SFCI remitió la fotocopia de la nota dirigida por PLUSDINER con fecha 5-07-00 a esta CNV, en la que sólo surge el nombre de los directores titulares (fs. 43).

Que en consecuencia, este Organismo tomó conocimiento por primera vez de la identidad de los integrantes de la comisión fiscalizadora de PLUSDINER recién con la presentación del descargo, a través de la transcripción del acta del 21-10-98, que la sociedad gerente ofreció como prueba y está agregada a fs. 59.

Que nuevamente, tal agregación recién en oportunidad de presentar descargos es extemporánea, ya que conforme lo previsto por el artículo 3 inciso 3) del Capítulo XVII de las NORMAS (N.T. 1997) hoy art. 3 inc. 3) del Cap. XXI de las NORMAS (NT 2001)- de aplicación conforme artículo 46 inciso d) del Capítulo X de las NORMAS (N.T. 1997) hoy art. 5 inc. d) del Cap. XII de las NORMAS (N.T. 2001)-, las altas y bajas que se produzcan en la sindicatura deben ser informadas inmediatamente de producidas.

Que a este respecto, cabe recordar que a fs. 39 se indicó que al 19-04-00 PLUSDINER no había contestado lo requerido sobre la elección de miembros de la sindicatura, y que la documentación de fs. 59, ingresada recién el 1-11-00, se refiere a la designación de síndicos el 21-10-98, de donde resulta evidente el retraso incurrido; todo ello, al margen de que tal presentación no fue efectivizada en forma espontánea como correspondía sino en virtud de la instrucción de sumario.

Que el descargo a la Resolución N 13.837 de PLUSDINER, conjuntamente con su representante legal señor DIOS, fue de igual contenido que el de la Resolución de apertura del sumario (fs. 145/145/vta.).

Que los señores LANUS y SANZ de DIOS negaron su participación personal en cualquier acto violatorio al artículo 1 inciso e) del Capítulo X de las NORMAS (N.T. 1997), como también conocimiento de la existencia de ese incumplimiento y omisión alguna de informar a esta CNV al respecto (fs. 151/vta.).

Que coincidieron con que el supuesto incumplimiento fue originado por un malentendido y agregaron que adoptaron los recaudos necesarios para remitir la información requerida (fs. 151/vta.).

Que el directorio tenía conocimiento de las circunstancias por las que atravesaba la empresa como así también de las notas que presentaba en esta CNV su presidente (fs. 152).

Que en consecuencia, entendieron que no existían razones para reiterar lo oportunamente informado por su representante legal a este Organismo (fs. 152).

Que la responsabilidad debería ser evaluada individualmente, como reza el artículo 274 de la LSC, razón por la cual no sería de igual envergadura que la del presidente de PLUSDINER (fs. 152/152/vta.).

Que al respecto cabe consignar que no constan en estas actuaciones que los directores se hayan opuesto o tratado de subsanar tanto la demora imputable, como la omisión de informar la conformación de la comisión fiscalizadora.

Que aún cuando en cabeza del presidente de PLUSDINER estaba la tarea de poner en conocimiento los acontecimientos expuestos, nuevamente es aplicable el criterio adoptado por la jurisprudencia en los autos "BOLSA DE COMERCIO DE SAN JUAN s/ Verificación 28.08.95": "Dado que el directorio de la sociedad anónima es un órgano colegiado, el reproche por mal desempeño del cargo está dirigido, en principio, contra todos los integrantes del órgano, a quienes la Ley (art. 274, ley de sociedades comerciales) hace ilimitada y solidariamente responsables por los perjuicios causados a la sociedad, a los accionistas y a los terceros. ... Para la imputación, la norma prescinde de todo juicio de atribución basado en el obrar individual de los directores que permita distinguir los grados o matices de culpa o dolo que pudiera existir entre ellos. No se trata de una responsabilidad objetiva, ni derivada de una obligación de resultados, sino de una presunción de culpabilidad de todos los miembros del órgano colectivo que provoca una inversión de la carga probatoria, y que obliga al director a tener que demostrar la diligencia y lealtad con que ha actuado para poder liberarse de responsabilidad. Y existen razones que fundamentan ese criterio. La voluntad de la sociedad se expresa a través de sus órganos, y esos órganos sólo cobran vida, actúan y deciden por medio de la acción de sus integrantes. Voluntades diversas de seres concretos se transforman en la voluntad única de un ente ideal. Así es que, de la deliberación del órgano de administración sólo emana una voluntad social, completamente diferente de la de sus integrantes. En consecuencia, podemos decir que cada director sólo cumple su función en la medida en que se encuentra integrado al resto de los componentes del directorio. Luego, ya sea por comisión, ya por omisión, todos los administradores deben responder por los actos negligentes. (Diego Emilio Rangugni, "Algunos Aspectos de la Responsabilidad de los Directores de la Sociedad Anónima", en Rev. La Ley 1999-B, pág. 120). Este criterio es el que ha sido adoptado jurisprudencialmente en reiteradas oportunidades: ... "La responsabilidad del directorio de una sociedad anónima nace de la sola circunstancia de integrar el órgano de gobierno. Cualquiera sean las funciones que efectivamente cumple un director, su conducta debe ser juzgada en función de la actividad obrada por el órgano, aunque el imputado alegue que su función fue meramente nominal o no haya actuado efectivamente en los hechos que se reputan disvaliosos" (C.N.Com., Sala C, 11.06.96, "Minetti y Cía Ltda. S.A.", J.A. 1997-I-612, N 970620)".

Que de igual forma debe entenderse la responsabilidad atribuida por el artículo 296 de la LSC a los síndicos de la sociedad anónima.

Que el descargo del señor CASADO reiteró las cuestiones hasta aquí vertidas (fs. 138/139/vta.).

Que al estar a sus dichos, en el cumplimiento del deber de vigilar el accionar de los órganos sociales que dispone el artículo 294 inciso 9 de la LSC, la comisión fiscalizadora no detectó ninguna irregularidad (fs. 138/vta.).

Que asimismo, con relación a los retardos en la presentación de información contable, argumentó que no existían razones para que la comisión fiscalizadora pusiera en conocimiento de esta CNV lo que ya había informado oportunamente el representante legal de la sociedad gerente (fs. 138/vta.).

Que en su opinión, este Organismo al momento de considerar la responsabilidad de la comisión fiscalizadora no tomó en cuenta lo dispuesto por el artículo 296 de la LSC, de donde se desprendería su carácter privado de control de legalidad de la gestión, independientemente de la fiscalización estatal permanente ejercida por esta CNV que, al estar a los dichos del sumariado, conocía la totalidad de las circunstancias antes mencionadas (fs. 139/vta).

Que sin perjuicio de lo establecido por el artículo 294 de la LSC, conforme al artículo 10 de la LFCI son deberes de los síndicos de la sociedad gerente los de certificar la cuenta de resultados y los estados patrimoniales del fondo en las épocas previstas por el reglamento de gestión debiendo ser uno de los síndicos contador inscripto en la matrícula respectiva-; vigilar permanentemente el estado de la cartera y denunciar al organismo de fiscalización las irregularidades en que hubiesen incurrido las sociedades gerente y depositaria.

Que si bien conforme fuera expresado anteriormente, fue acreditada la existencia de comisión fiscalizadora por parte de PLUSDINER, debe puntualizarse que debido a los reiterados retardos observados en la remisión de los estados contables, persiste el incumplimiento al artículo 10 inciso c) de la LFCI por parte de los síndicos, toda vez que no consta en este Organismo ninguna denuncia de irregularidad realizada por la comisión fiscalizadora.

Que cabe recordar lo dispuesto por el artículo 294 inciso 9 de la LSC al imponer a los síndicos la vigilancia de los órganos sociales para que den debido cumplimiento a la ley, estatuto, reglamento y decisiones asamblearias.

Que si el órgano de administración en este caso incumplió con lo dispuesto por las NORMAS (N.T. 1997) de este Organismo, el órgano de fiscalización debió utilizar todos los medios para que no se cause perjuicio a la sociedad ya sea dejando asentada su protesta en libros o convocando a una asamblea.

Que claramente se expidió el Fiscal de Cámara Dr. Calle Guevara refiriéndose a la culpa in vigilando de los administradores de una sociedad: "Esa responsabilidad se extiende, desde mi punto de vista a los síndicos sociales. Es cierto que éstos no ejercen la dirección de la sociedad. Empero, ellos son los encargados por la ley de una fiscalización constante, rigurosa y eficiente de las disposiciones del directorio, por lo que sus funciones a los efectos de la normal marcha de la sociedad son más importantes individualmente que las de cada uno de los directores. La falta deliberada o no del debido ejercicio de las múltiples obligaciones que la ley les impone entre otras, las de control, asistencia, convocatoria a asambleas (Ley de Sociedades, artículos 294/296)- los hace incurrir en gravísima falta" (Conf. Dict. N 66.266, del 27-04-92, in re: "Comisión Nacional de Valores Cía Argentina del Sud S.A. s/ verificación contable", a cuyos fundamentos remitió la Sala "C" del Trib., sent. el 7-10-92, cit. en Res. N 13.275 del Expte. N 1006/99 "PAPELERA TUCUMAN S.A. s/retardo en presentación de información contable").

Que en consecuencia no fue respetado el deber de vigilancia; así quedó demostrado en los reiterados retardos en la presentación de estados contables en esta CNV como también en la falta de información acerca de la existencia y composición de la comisión fiscalizadora.

Que por último, los señores LANUS y SANZ de DIOS manifestaron en forma conjunta que la cuestión original era la presunta infracción a los artículos 27 incisos a) y b) del Capítulo X de las NORMAS (N.T. 1997 to. mod. R.G. N 299) y 10 de la LFCI por parte de PLUSDINER "... a la que se le da fin..." en la Resolución N 13.553 que al estar a sus dichos- nunca les fue notificada, privándolos así de toda intervención previa en el sumario (fs. 151).

Que en virtud de ello, consideraron que la Resolución señalada es nula de nulidad absoluta con respecto a la supuesta infracción del directorio y que en esta instancia se veían limitados a oponer defensas únicamente con respecto a la posible infracción al artículo 1 inciso e) del Capítulo X de las NORMAS (N.T. 1997) (fs. 151/vta.).

Que por su parte, el señor CASADO también planteó la nulidad de la Resolución N 13.553 (fs. 138/vta.).

Que resultan improcedentes las nulidades interpuestas en los descargos de los señores LANUS, SANZ de DIOS y CASADO, toda vez que no sólo las decisiones dictadas al instruirse sumario y durante su sustanciación son irrecurribles (art. 14 de la Ley N 17.811 to. mod. Dto. N 677/01), sino que tampoco se acreditaron los extremos enumerados en el artículo 14 incisos a) y b) de la Ley N 19.549 de Procedimientos Administrativos.

Que la voluntad de la CNV no fue excluida; su decisión no fue viciada por error esencial ni se tuvieron como existentes hechos o antecedentes inexistentes o falsos; como tampoco la Resolución cuestionada por los sumariados fue emitida mediando falta de causa por no existir o ser falsos los hechos o el derecho invocados, violación de la ley aplicable, de las formas esenciales o de la finalidad que inspiró su dictado.

Que tampoco es cierto que determinadas cuestiones hayan sido resueltas con la primera Resolución de instrucción de sumario y que no se haya dado traslado de algunos de los cargos a los sumariados que formularon esta impugnación, ya que según surge con meridiana claridad a fs. 129, se notificó en un mismo acto al señor CASADO tanto la Resolución N 13.553 como la N 13.837 -las que contienen la totalidad de los cargos formulados-.

Que en el caso de los señores LANUS y SANZ de DIOS, la Resolución N 13.553 les fue debidamente notificada, conforme consta a fs. 55 y 74, mientras que la Resolución N 13.837 le fue también notificada a SANZ de DIOS, según surge a fs. 132 y 154.

Que si bien no consta en estos actuados el aviso que acredite la recepción por LANUS de la Resolución N 13.837, sí se desprende de su descargo (fs. 151/vta.) que estaba impuesto del cargo formulado en ella -posible infracción al art. 1 inc. e), Cap. X de las Normas (NT 1997)-, por lo que no se configuró violación de la garantía de defensa en juicio a su respecto.

Que a fin de concluir con este punto, la jurisprudencia tomó de la doctrina que "[l]as nulidades en nuestro derecho no están tasadas ni enumeradas taxativamente pero el principio es que hay que declararlas con criterio restrictivo. Como principio general, la gravedad del vicio invocado debe estar en relación directa con la gravedad de la sanción, más no siempre es así, ya que deben considerarse, entre otras cosas, las circunstancias del caso. No basta cualquier omisión de un trámite en el expediente administrativo para motivar la nulidad de la resolución que en él recaiga, sino que hay que ponderar en cada caso concreto las consecuencias producidas por tal omisión a la parte interesada, la falta de defensa que ella realmente haya originado y, sobre todo, lo que hubiera podido variar el acto administrativo origen del recurso o acción en caso de observarse el trámite omitido, pues un elemental principio de economía procesal, tendiente a evitar posibles reiteraciones innecesarias de trámites, impide que se anule la resolución y parcialmente las actuaciones, retrotrayéndolas al momento en que se omitió un trámite preceptivo si, aún subsanando el defecto con todas sus consecuencias, es de prever lógicamente que volvería a producirse un acto administrativo igual al que se anula" (C. Nac. Cont. Adm. Fed., Sala 1, 19/03/1998, - "Stefanos Importación y Exportación v. Estado Nacional /Secretaría de Rec. Nat. y Amb. II de la Presid. de la Nación Res. 47/96. Causa N 30987/96", cons. 4 cfr. HUTCHINSON, Tomás "Ley Nacional de Procedimientos Administrativos", Tomo I, Ed. Astrea, Buenos Aires, 1985, págs. 158, 294 y 303).

Que acreditadas las infracciones imputadas y a los efectos de graduar la sanción a aplicar, a pesar de no tener antecedentes administrativos, deben ponderarse los reiterados retrasos en la remisión de los balances, su magnitud y en general, la falta de organización administrativa que le permita atender a los deberes de información propios del régimen de oferta pública.

Que teniendo en cuenta las infracciones detectadas corresponde imponer la sanción de multa, la que deberá ser efectivizada por los directores y síndicos responsables, y que a los fines de cuantificar su monto, se ha de proceder al agrupamiento de los sumariados en atención a las funciones desempeñadas.

Que la sanción de multa mayor ha de recaer en los directores titulares señores Roberto Pastor DIOS, Carlos Ernesto LANUS y Marta Silvia SANZ de DIOS, por ser inherente a la función del órgano de administración la aprobación y remisión de los estados contables a este Organismo como también la información de la composición de su órgano de fiscalización.

Que con rango menor debe aplicarse la sanción de multa a los integrantes de la comisión fiscalizadora de PLUSDINER, señores Gabriel Martín CASADO, Liliana MAS y Horacio Oscar CABANILLAS.

Que dicha multa deberá ser efectivizada por las personas físicas mencionadas en forma solidaria dentro de cada uno de los grupos formados a los efectos de la aplicación de la sanción, dentro del plazo de QUINCE (15) días a partir de la notificación de esta Resolución.

Que la presente Resolución se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 10 y 12 de la Ley N 17.811 (to. mod. Dto. N 677/01).

Por ello,

LA COMISION NACIONAL DE VALORES

RESUELVE:

ARTICULO 1.- Imponer a PLUSDINER S.A. SOCIEDAD GERENTE DE FONDOS COMUNES DE INVERSION la sanción de MULTA prevista en el artículo 10 inciso b) de la Ley N 17.811 (to. mod. por art. 39 Dto. N 677/01) que se fija en la suma de PESOS QUINCE MIL ($15.000), la que se hará efectiva en las siguientes proporciones: a) PESOS NUEVE MIL ($9.000) en la persona de los señores directores Roberto Pastor DIOS, Carlos Ernesto LANUS y Marta Silvia SANZ de DIOS, en forma solidaria, por la infracción constatada a los artículos 27 incisos a) y b) del Capítulo X de las NORMAS (N.T. 1997 to. mod. R.G. N 299) hoy art. 27 del Cap. XI de las NORMAS (N.T. 2001 mod. R.G. N 376)-, 1 inciso e) del Capítulo X de las NORMAS (N.T. 1997) hoy art. 1 (N 6 del Anexo I) del Cap. XI de las NORMAS (N.T. 2001)-; y b) PESOS SEIS MIL ($6.000) la que se hará efectiva en la persona de los señores síndicos Gabriel Martín CASADO, Liliana MAS y Horacio Oscar CABANILLAS, en forma solidaria, por la infracción constatada a los artículos 1 inciso e) del Capítulo X de las NORMAS (N.T. 1997) hoy art. 1 (N 6 del Anexo I) del Cap. XI de las NORMAS (N.T. 2001)-, 10 inciso c) de la Ley N 24.083 de Fondos Comunes de Inversión y 294 inciso 9 de la Ley N 19.550 de Sociedades Comerciales.-

ARTICULO 2.- El pago de la multa deberá realizarse en la Subgerencia de Administración de esta COMISION NACIONAL DE VALORES (sita en la calle 25 de Mayo 175, piso 11 de esta Ciudad de Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario de 10.00 a 15.00 hs.). En el caso de que la multa sea pagada fuera del termino fijado en esta Resolución la mora se producirá de pleno derecho, devengándose los correspondientes intereses.-

ARTICULO 3.- Regístrese y notifíquese con copia autenticada de la presente Resolución a todos los sumariados, a quienes se hará saber que la multa deberá ser efectivizada por las personas físicas sumariadas dentro del plazo de QUINCE (15) días, y a la BOLSA DE COMERCIO DE BUENOS AIRES a los efectos de la publicación en su Boletín Diario e incorpórese en el sitio web de este Organismo en www.cnv.gov.ar.-

FIRMADO: J. Andrés Hall, Jorge Lores, María Silvia Martella, Hugo L. Secondini.