Resolucin N 13.416

BUENOS AIRES, 8 de junio de 2000.-

VISTO estas actuaciones que tramitan por Expediente N 697/99 rotulado "VALUE CALIFICADORA DE RIESGO S.A. s/posible infracción art. 1 Cap. XII NORMAS (N.T. 1997) O.N. Bco. Velox INVESTIGACION", lo dictaminado a fs. 141/ 147; lo ordenado por este Directorio a fs. 149, y

CONSIDERANDO:

Que por Resolución N 13.078 de fecha 4 de noviembre de 1999 (fs. 37/41) se instruyó sumario a VALUE CALIFICADORA DE RIESGO S.A. (VALUE) y a sus directores titulares y miembros de su Consejo de Calificación por la posible infracción al artículo 59 de la Ley de Sociedades Comerciales N 19.550 (LS) conforme las especificaciones contenidas en los artículos 4, primera parte; 14, primera parte y 24 del Decreto N 656/92 y 5 del Capítulo XII de las NORMAS (N.T. 1997); y al síndico titular por la posible infracción al artículo 294, inciso 9 LS.

Que el fundamento de ello fue que en su reunión del 27 de mayo de 1999 VALUE calificó la Tercera Serie de Obligaciones Negociables por u$s5.500.000 de Banco Velox S.A., en base a los estados contables al 31 de diciembre de 1998, cuando el balance trimestral al 31 de marzo de 1999 había sido presentado por la entidad financiera el 20 de mayo de 1999 en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (BCBA) y el día siguiente (21-5-99) en este Organismo.

Que los sumariados ejercieron su derecho de defensa mediante un escrito conjunto que obra a fs. 99/109 en el que manifestaron que cuando VALUE solicitó a Banco Velox S.A. los estados contables al 31 de marzo de 1999, la emisora le informó que la confección de los mismos estaba demorada y que la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (BCBA) le había concedido prórroga para presentarlos, y que la calificación del 27 de mayo de 1999 fue confeccionada con información actualizada, ya que contaba con la evolución de los depósitos hasta mayo de 1999 y los requisitos mínimos de liquidez hasta febrero de ese año.

Que en ese escrito, además VALUE adujo que la emisora presentó los estados contables al 31 de marzo de 1999 en esta COMISION NACIONAL DE VALORES (CNV) cuando el Consejo de Calificación ya había sido convocado, circunstancia que tornó imposible evaluar ese balance porque no existe tiempo material para ello en SETENTA Y DOS (72) horas; que una vez recibidos los nuevos estados contables, el 8 de junio de 1999 realizó una recalificación de la emisión, que implicó ratificar la calificación del 27 de mayo anterior, por lo que no hubo negligencia de su parte ni perjuicio para los inversores, y que la serie de obligaciones negociables calificada no había sido emitida.

Que también sostuvieron que la imputación de una posible infracción al artículo 59 de la Ley de Sociedades Comerciales N 19.550 carece de suficiente sustento, por cuanto la referencia a la diligencia y lealtad de un buen hombre de negocios es una pauta interpretativa, que como tal no alude a un hombre sabio, sino a un hombre de negocios normal, susceptible de cometer errores propios e inevitables de una correcta actuación empresaria.

Que por Disposición de fecha 2 de diciembre de 1999 (fs. 112/114) se tuvo por presentada la prueba documental acompañada a fs. 53/98 y se abrió el sumario a prueba a los efectos de sustanciar la informativa ofrecida por los sumariados, consistente en el requerimiento a la BCBA de copia autenticada de copia de las actuaciones relacionadas con el pedido de prórroga efectuado por Banco Velox S.A. para la presentación de los estados contables al 31 de marzo de 1999.

Que esa prueba fue cumplida a fs. 123/130 y de allí surge que la BCBA hizo lugar a la solicitud de Banco Velox S.A., y en consecuencia le concedió prórroga hasta el 20 de mayo de 1999 para presentar ese balance trimestral, circunstancia que no tiene incidencia en la materia de cargo en estas actuaciones.

Que por Disposición de fecha 15 de febrero de 2000 se clausuró el período probatorio y se hizo saber a los sumariados que podían presentar el memorial prescripto en el artículo 12, párrafo 5 de la Ley N 17.811, derecho que ejercitaron mediante el escrito conjunto de fs. 136/140.

Que en el escrito aludido precedentemente, los sumariados reiteraron los términos del descargo de fs. 99/109 y recordaron que la Resolución General N 347 de esta CNV fue dictada como consecuencia de los planteos formulados por las sociedades calificadoras de riesgo acerca de la imposibilidad de calificar en base a información surgida de estados contables muy recientes.

Que lo argumentado en cuanto a que VALUE confeccionó la calificación de fecha 27 de mayo de 1999 con información actualizada, aún cuando no consideró el último balance presentado por la sociedad calificada, circunstancia que quedó demostrada por el idéntico resultado que arrojó el dictamen de recalificación del 6 de junio de 1999, no resulta apto para enervar el cargo efectuado.

Que ello es así por cuanto la información parcial que brindan las emisoras puede verse afectada por otros datos, circunstancia que sólo puede ser evaluada en el contexto integral que significa el balance y resulta crucial al momento de calificar.

Que el hecho que en el caso no haya habido diferencias significativas entre la calificación y su revisión no quita reproche a la actitud de VALUE, toda vez que bien podrían haber existido esas diferencias y en tal caso, estas recién hubieran sido notadas cuando el perjuicio estuviera ocasionado.

Que al respecto cabe recordar que es fin primordial del sistema jurídico el evitar y desalentar la producción de perjuicios.

Que en el caso se considera de especial relevancia el hecho que al momento de confeccionar la calificación (el 27-5-99 toda vez que la reunión convocada el 20-5-99 fue pospuesta para esa fecha), era pública la existencia del balance trimestral al 31 de marzo de 1999 de Banco Velox S.A., en virtud de que el 20 de mayo de 1999 fue presentado en la BCBA, entidad que informa tal circunstancia de inmediato en su Boletín Diario.

Que en relación a lo sustentado con respecto a la inexistencia de infracción al artículo 59 de la Ley de Sociedades Comerciales N 19.550, y sin perjuicio de la solución a la que se arriba, cabe recordar que la pauta de conducta allí establecida, la del "buen hombre de negocios", es un concepto jurídico indeterminado y "...En la aplicación de un concepto" "jurídico indeterminado la ley por hipótesis- no nos da resuelta, como ocurre con los" "conceptos jurídicos determinados (por ejemplo, la fijación de la mayoría de edad), la" "solución concreta de cada caso, de modo que esta debe ser buscada acudiendo a criterios de" "valor o de experiencia, según la naturaleza del concepto; pero lo característico es que ese" "valor propio del concepto o esa experiencia a que el concepto remite deben ser objeto de" "una estimación jurídica según el sentido de la ley que ha creado el concepto jurídico" "indeterminado en cuestión..."(Garcia de Enterria, Eduardo cit. por Alberto B. Bianchi en "Proceso Administrativo y Constitucional"; Alberto B. Bianchi y Guido S. Tawil, ed. Ciencias de la Administración, 1 ed., pág. 394).

Que en el caso la constatación acerca de si se cumplió o no con la regla de actuación del buen hombre de negocios debe ser hecha partiendo del sentido de la Ley de Sociedades Comerciales, cual es la de reglar la actuación de sujetos de comercio con una estructura compleja y especializada en él; por ello este concepto, en lo que hace a los directores de las sociedades debe ser entendido con el alcance de un avezado hombre de negocios y no con el de un simple comerciante minorista.

Que lo antedicho en modo alguno implica condicionar el cumplimiento de ese deber de diligencia al resultado económico de la gestión, este es un aspecto independiente de la cuestión y a cuyo respecto se considera admisible la comisión de errores en tanto se haya obrado de buena fe y con razonable previsión; lo inadmisible es el desapego o el desconocimiento del marco legal en el que se desenvuelve la actuación societaria.

Que las sociedades calificadoras de riesgo deben tener esta actividad como objeto social exclusivo (art. 6, inc. b, Dec. 656/92), de donde la prescripción legal de actuar con la diligencia de un buen hombre de negocios impuesta a sus administradores sólo puede ser cumplida mediante el estricto apego a las normas reglamentarias de la actividad, a saber Decretos N 656/92, 304/95 y las NORMAS (N.T. 1997) de esta CNV.

Que en este sentido en el derecho español se ha dicho, en relación al artículo 79 de la Ley de Régimen Jurídico de las Sociedades Anónimas de 1951 que establecía como pauta de conducta de los administradores la diligencia de un ordenado comerciante, que "la" "fórmula de la diligencia que impone al administrador el artículo 79 no debe entenderse" "como una fórmula rígida, idéntica para todos los casos. Al contrario, debe ser adaptada a las" "circunstancias y a las exigencias concretas de cada sociedad...No se exige, por tanto la" "diligencia de un ordenado comerciante y de un representante leal de cualquier sociedad," "sino esa misma diligencia referida a la sociedad singular en que el problema de la" "responsabilidad haya de plantearse" (Garrigues, J. en Garrigues, J y Uría, R "Comentario a la Ley de Sociedades Anónimas", t. II, pp. 159 y 160, citado por Rodriguez Artigas, Fernando "El deber de diligencia", en El Gobierno de las Sociedades Cotizadas", Ediciones Jurídicas y Sociales S.A., Madrid, 1999, pág. 425).

Que además es criterio de esta CNV que las sociedades calificadoras de riesgo se encuentran en una relación de especial sujeción voluntariamente asumida respecto de esta autoridad administrativa de contralor; requieren habilitación para el ejercicio de una específica actividad que conlleva una alta especialización y especial cuidado y prudencia, razón por la cual la obligación profesional de diligencia y buena fe exigibles tiene límites superiores a los normales y precisas pautas en la observación de las normas en aplicación, y que la ausencia de perjuicio no tiene incidencia en orden a la configuración de la infracción, sino a su graduación.

Que tomando en consideración que con fecha 16 de diciembre de 1999 este Directorio dictó la Resolución General N 347 que estableció pautas más flexibles para el desempeño de su labor por parte de las sociedades calificadoras de riesgo en lo que respecta a la actualización de las calificaciones, y que VALUE procedió a revisar la calificación SIETE (7) días hábiles después de emitir el dictamen motivo de cargo, se considera pertinente aplicar a la sociedad la sanción de apercibimiento prevista en el artículo 10, inciso a) de la Ley N 17.811.

Que la presente se dicta en virtud de las facultades conferidas por los artículos 10 y 12 de la Ley N 17.811 y 25 del Decreto N 656/92.

Por ello,

LA COMISION NACIONAL DE VALORES

RESUELVE:

ARTICULO 1.- Imponer a VALUE CALIFICADORA DE RIESGO S.A. la sanción de apercibimiento prevista en el artículo 10, inciso a) de la Ley N 17.811, por la infracción acreditada a los artículos 4, primera parte; 14, primera parte y 24 del Decreto N 656/92. ARTICULO 2.- Regístrese y notifíquese con copia autenticada de la presente Resolución a todos sumariados.

ARTICULO 3.- Notificar a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires con copia autenticada de la presente Resolución para su publicación en el Boletín Diario de dicha institución.

Firmado: Guillermo A. Fretes, J. Andrés Hall, Guillermo Harteneck, Jorge Lores.-