Resolución Nº 11.314

BUENOS AIRES, 16 de Mayo de 1996

VISTO, las presentes actuaciones caratuladas "Fleitas Rossano y J.Eichenblatt c/Azucarera Argentina s/reclamo pago derecho de receso", que tramitan por expediente n° 528/95, lo dictaminado por la Subgerencia de Coordinación Jurídica, conformidad prestada por la Gerencia de Fiscalización y Control y,

CONSIDERANDO

Que por Resolución n° 11.187 de fecha 20.12.95 -v.fs.48/50- se instruyó sumario a S.A. AZUCARERA ARGENTINA, sus Directores y miembros de la Comisión Fiscalizadora por la posible infracción al art. 245 de la Ley 19.550, cargo que fue debidamente notificado conforme constancia de fs. 55.

Que en fecha posterior -23.01.96- se amplió el cargo formulado, por Resolución n° 11.211 (fs.79/80) por el posible infracción al art. 58 de las NORMAS (T.O. 1987 conf. RG N° 195 modif. por RG N° 255) de esta Comisión, también notificado.

Que por Resolución n° 11.273 de fecha 25.03.96 se ampliaron nuevamente los cargos,esta vez por la posible infracción a lo establecido en los arts. 57 y 58 de las NORMAS (T.O. 1987 conf. RG N° 195 modif. por RG N° 255) de esta Comisión (fs.91/92).

Que la sociedad sumariada en esta causa efectuó su descargo referido a la primer Resolución instructoria citada, con la presentación suscripta por su presidente Sr. H.Castañón (69/76) y la adhesión al mismo por parte de los sumariados Sres. E.Fasulo, H.Fernández, J.Zunino, D.Marchese y F.Macías -en término legal-; posteriormente adhirió al descargo citado el Sr. J.Oraindi fuera del término legalmente previsto. Ofrecen prueba documental consistente en copia simple de los convenios de refinanciación suscriptos con los accionistas recedentes; copia simple de los recibos relativos al pago parcial efectuado a los recedentes y copia simple del pagaré emitido al Sr. Eichenblatt acreditando el pago total de su deuda; la que corre agregada a fs. 61/68.

Que no se presentaron descargos en referencia a las dos posteriores ampliaciones instruídas, que tratan de incumplimientos por la falta de presentación de estados contables.

Que en su defensa, manifiestan los sumariado que la sociedad el 04.10.94, celebró Asamblea Extraordinaria en la que resolvió el retiro de la oferta pública y posteriormente otra Asamblea del 16.12.94 ratificó el retiro del régimen y de la cotización y establecieron un compromiso de pago diferido para los recedentes -que fue aceptado por los interesados- para el 31.07.95. Que a tal vencimiento la sociedad no canceló las deudas contraídas con los recedentes -a estar a sus dichos- por los gravísimos problemas económicos que se presentaron en el país. Fue acordado con los recedentes que se apersonaban para el cobro- la refinanciación de sus créditos, abonándoles el 25% de la deuda al contado, y entregándoles nuevos pagarés con vencimiento al 31.07.96 por el saldo con interés.

Que respecto al denunciante Sr. J.Eichenblatt, sostiene la sumariada que le fue cancelada totalmente su deuda -adjunta copia del pagaré en poder de la sociedad- y en referencia al Sr. Fleitas Rossano que acordaron el procedimiento de refinanciación antes mencionado -adjunta copia-; por lo que en definitiva, considera abstracto el sumario en relación a los denunciantes mencionados, quienes actualmente han satisfecho su crédito en un caso, y refinanciado voluntariamente su deuda en otro.

Que en alusión al denunciante Sr. Woelfin, han mantenido conversaciones para saldar su deuda, manifestando el nombrado a la sociedad su decisión de accionar judicialmente el reclamo de su acreencia.

Que sin perjuicio de que la sociedad satisfizo la deuda reclamada por uno de los denuciantes -v.fs.10- no ocurrió lo mismo en el caso de otros accionistas -v. fs.15 Sr. Woelfin- con quien la sociedad reconoce no haber podido renegociar; y asimismo obra la presentación efectuada por otro accionista (fs.86) quien a pesar de haber aceptado la refinanciación hasta el 31.07.96, solicita la intervención de esta Comisión ante la situación en que se encuentran los recedentes de Azucarera Argentina S.A.

Que manifiesta asimismo la sumariada, no puede escapar a esta Comisión, que la sociedad al emitir pagarés está otorgando título de crédito ejecutable judicialmente, por lo que la deuda con los accionistas recedentes se halla "totalmente amparada por un título ejecutivo" lo que otorga seguridad al efectivo pago de la dueda, siendo en definitiva inexistente el incumplimiento imputado al art. 245 de la ley 19.550 y además por cuanto la sociedad ha establecido un plazo de pago de común acuerdo con los recedentes, debiendo primar la voluntad de las partes. Así, que aunque esta Comisión entendiera que la sociedad no cumplió con los plazos previstos por el art. 245 citado, no se le puede atribuir la infracción por mala fe o dolo, en tanto la sociedad no ha desconocido a los accionistas su derecho derivado del receso ejercido.

Que la intervención de la Comisión es procedente por mantener competencia -conforme Ley 17.811, 22.169 y NORMAS de esta Comisión- hasta tanto la sociedad egrese del régimen de la oferta pública, período en el que deberá cumplir con las disposiciones y obligaciones emergentes del mismo y en tanto se autorice su retiro.

 

Que asimismo los acuerdos de la sociedad alcanzados con sus ex –accionistas –hoy acreedores-no pueden entenderse con incidencia para constituir obstáculo a tener por configurado el incumplimiento a expresos plazos legales señalados en la ley 19.550 (art. 245, párrafo 5to.); siendo dichos plazos no disponibles para la sociedad frente a su autoridad administrativa de contralor.

Que dichos plazos no son disponibles para la sociedad frente a la autoridad administrativa de contralor, por cuanto la ley señala plazos diferenciados según las causales que den lugar al derecho de receso y así pueden llegar al año para efectivizar el pago.

Que en el caso la causal de receso fue el retiro voluntario de la oferta pública que decidió el órgano asambleario, y en tal supuesto la ley indica que el pago debe ser realizado dentro de los sesenta días. Si ello no se observa, la sociedad incumple la norma, porque la sociedad se debe suponer cuenta con los medios para atender los compromisos que se dispone asumir.

Que quienes en su momento, adoptaron decisiones de inversión en la especie valoraron que los títulos valores se encontraban admitidos a la cotización y oferta pública y al dejar de ser ello subsistente, la ley introduce un sistema alternativo para ser reintegrados en la inversión por falta de liquidez de la inversión.

Que en el establecimiento de los plazos y su debida observancia por las sociedades participantes del régimen de oferta pública, está en juego la seriedad y confiabilidad de la normativa de aplicación, es decir entra en juego un interés general o público que excede al privado de las partes y que éstas no pueden modificar, neutralizar ni desnaturalizar, sin afectar el régimen de oferta pública.

Que no corresponde a esta autoridad de contralor, el juzgamiento de los acuerdos celebrados con acreedores –ex accionistas- sino sólo ponderar si la sociedad ha cumplido o no con la exigencia normativa y en su caso decidir, si encuentra configurada infracción, determinar la sanción que corresponde adoptar.

Que la exigencia de conducta dolosa se explica y justifica en la norma penal; mas en el ámbito de la policía de las sociedades, en la responsabilidad por el incumplimiento de las funciones en la organización de la sociedad, la culpa es suficiente para la medida de policía de que se trata (del voto del Dr. Halperín en re Flaiban S.A. CNCom. Sala B, 30.10.70).

Que se considera en el caso, y en razón de todo lo antes expresado, acreditada al infracción por la sociedad a lo establecido por el art. 245 de la Ley de Sociedades Comerciales (t.m. por ley 22.903).

Que con respecto a las posteriores ampliaciones instruídas, las que constataron la falta de presentación de estados contables trimestrales con cierre al 30.12.94, 30.06.95, 30.09.95, 31.12.95, y el Balance General al 31.03.95; hasta la fecha la sociedad no ingresó ninguno de los balances adeudados; así, manifiesta la Subgerencia de Sociedades Emisoras a fs. 87 que el último estado contable ingresado por la sociedad corresponde al período con cierre al 30-09.94.

Que a los efectos de la sanción a aplicar, se ponderan los antecedentes en incumplimientos registrados por la sociedad sumariada, así, el Apercibimiento impuesto por Resolución n° 8348 de fecha 02.02.88 por la infracción a los arts. 51 y 52 del Cód. de Comercio, art. 294 inc. 1° de la Ley 19.550 y 12 de la Ley 22.315; y la Multa impuesta por Resolución n° 10.393 de fecha 11.01.94 por la infracción a los arts. 57 y 58 de las NORMAS que fuera precedida por la Advertencia formulada a través de la Resolución n° 10.013 de fecha 27.04.93 por un inicial y similar retardo.

Que ha quedado dicho que "Del examen del art. 10 de la Ley 17.811 no resulta que no puedan acumularse las sanciones de multa impuesta a los Directores y la prohibición de la oferta pública de valores a la sociedad ni lo resuelto por la Comisión Nacional de Valores importa una duplicidad de sanciones de las cuales una sea excluyente de la otra. La multa se impone a los Directores por la responsabilidad que les cabe en la conducción de la sociedad y la prohibición de realizar oferta pública se refiere a la misma sociedad y en la medida tendiente a evitar la colocación de valores en salvaguardia de los posibles suscriptores por la situación en que se encuentra la sociedad".(CNCom. Sala C, 22.07.71, Mancusso y Rossi S.A. s/Sumario - Acuerdo 805 - CNV).

Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la ley 17.811,

 

LA COMISION NACIONAL DE VALORES

RESUELVE

 

ARTICULO 1°: Aplicar a S.A. AZUCARERA ARGENTINA, la sanción de Multa de PESOS CUARENTA MIL($ 40.000) prevista en el art. 10 inc.b) de la Ley 17.811, la que se hará efectiva en la persona de los sumariados Directores Sres. Héctor Albino CASTAÑON, Juan Pascual ZUNINO, Héctor Oscar FERNANDEZ, Eduardo Jorge FASULO, Joaquín de Jesús REYES y miembros de la Comisión Fiscalizadora Sres. Julio José ORAINDI, Francisco Pedro Macías y Domingo Mario MARCHESE en forma solidaria; conjuntamente con la de PROHIBICION para efectuar oferta pública de sus títulos valores de conformidad con lo establecido en el art. 10 inc.d) de la Ley 17.811, por la infracción a los arts. 245 de la Ley 19.550 (t.m. pr ley 22.903), y arts. 57 y 58 de las NORMAS (T.O. 1987 conf. RG N° 195 modif. por RG N° 255) de esta COMISION NACIONAL DE VALORES.

ARTICULO 2°: Notificar a los sumariados con copia autenticada de la presente.

ARTICULO 3°: Notificar a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires para su publicación en el Boletín Diario de dicha Institución.

FIRMADO: J. Andrés Hall, Jorge Lores, Eduardo Rueda y Francisco Susmel.