Buenos Aires, agosto 16 de 2006.- Considerando: 1.a) La Comisión Nacional de Valores impuso sanción de multa de $ 1.000.000 al Banco General de Negocios S.A., ordenando que se haga efectiva en la persona de sus directores y síndicos a la época de los hechos y en forma solidaria (ver resolución copiada a fs. 2154/2174).

 

b) Llegan a conocimiento de la sala los recursos de apelación interpuestos contra dicha decisión por: (i) Arturo Lisdero, Ricardo Demattei y Eduardo Cariglino (fs. 2209/2227); (ii) Alejandro A. Dodero (fs. 2232/2243); (iii) Brian D. O'Neill (fs. 2267/2278); (iv) William B. Harrison (fs. 2302/2312); (v) José A. A. Martínez de Hoz y Adolfo E. Zuberbühler (fs. 2313/2346); (vi) Lukas Mühlemann (fs. 2360/2375); (vii) David Campbell Mulford (fs. 2390/2407); (viii) Gerd R. Häeusler (fs. 2420/2432); (ix) Ernst-Moritz Lipp (fs. 2447/2457); (x) Heinz-Jörg Platzek (fs. 2470/2482); (xi) Holger Sommer (fs. 2497/2510); (xii) Carlos A. Rohm y José E. Rohm (fs. 2511/2515); (xiii) Héctor E. Puppo (fs. 2516/2520); y (xiv) Julio C. Tielens (fs. 2521/2527).

 

c) A fs. 2549/2553 corre agregada la respuesta de la Comisión Nacional de Valores.

 

d) La representante del Ministerio Público se expidió a fs. 2613/2627.

 

2. La sala comparte -con la salvedad que se hará infra respecto del planteo de prescripción (pto. 3 del dictamen)- los fundamentos expuestos por la representante del Ministerio Público Fiscal ante esta Cámara en el aludido dictamen de fs. 2613/2627; por lo que habrá de resolverse la cuestión según lo que allí se propone.

 

En particular, cuadra destacar:

 

a) (i) Martínez de Hoz y Zuberbühler plantearon (ver fs. 2316 pto. 6) la prescripción de los hechos imputados, alegando que, a la fecha en que acontecieron -excepto aquel del 19/11/2001- la normativa aplicable no establecía un plazo de prescripción, por lo que cabría acudir supletoriamente al plazo bienal previsto por el art. 62  inc. 5 CPen. Sostuvieron que, entre la fecha de la resolución por la que se formuló la imputación (21/2/2002) y fecha en que se aplicó la sanción (16/8/2005), transcurrió el plazo aludido.

 

(ii) Sin embargo, desde que ese planteo fue introducido recién en el memorial de agravios, debe reputarse extemporáneo. Véase que en oportunidad de formular el descargo (ver presentación de fs. 662/682) nada se dijo al respecto; por ende, esa cuestión no fue analizada en la resolución apelada de fs. 2154/2174. Entonces, y como la prescripción debe oponerse en la primera presentación en el juicio que haga quien intente oponerla (art. 3962  CCiv.) el planteo fue, sin dudas, tardío.

 

(iii) Eventualmente, tampoco podría ser objeto de consideración en esta alzada, por no haber sido sometido a la consideración del organismo de origen (arg. art. 277  CPCCN. [11]). Máxime tratándose de un recurso concedido en relación, que supone circunscribir el análisis a los elementos de convicción ponderados para la emisión del pronunciamiento apelado (conf. art. 275  CPCCN.).

 

(iv) A mayor abundamiento y aunque se soslayara esos óbices, destácase que tampoco sería necesario juzgar en el caso sobre la aplicabilidad o no del plazo bienal previsto por el art. 62  inc. 5 CPen. -ante la ausencia de norma específica que fije el plazo de prescripción en la ley 17811  , con anterioridad a la modificación introducida por el decreto 677/2001  , que fijó un plazo de prescripción de 6 años-.

 

Sucede que, al margen de cualquier consideración que pueda formularse al respecto, lo cierto es que, como el planteo de prescripción pareciera haber quedado circunscripto al plazo transcurrido entre la resolución que formuló la imputación -del 21/2/2002- y la resolución sancionatoria apelada -del 16/8/2005- (ver fs. 2318 vta. párr. 2º); nunca transcurrió el plazo. Ello, conforme surge del detalle de los actos interruptivos formulado por la representante del Ministerio Público en el pto. 3.7 de su dictamen.

 

 (v) Los agravios relativos a esta cuestión, por ende, serán desestimados.

 

b) Han quedado objetivamente evidenciadas las faltas imputadas: (*) que cierta acta de directorio no fue transcripta en el libro respectivo; (**) que otras no fueron suscriptas por la totalidad de los miembros del directorio presentes; (***) que se celebraron reuniones de directorio sin reunir el quórum exigido; y, finalmente, (****) que se celebraron reuniones de dicho órgano sin contar con la presencia de miembros del órgano de fiscalización. Todo ello, en infracción a los arts. 73  , 260  y 294  inc. 3 LSC. y 54  inc. 2 CCom.

 

El análisis de la índole de las decisiones adoptadas en las reuniones efectuado por la fiscal (ver fs. 2422/2424, ptos. i, ii, iii, iv, v, vi, vii, viii, ix) es suficientemente ilustrativo en orden a descartar la reiterada alegación de los recurrentes de que se trató de meras reuniones informativas con los directores residentes en el exterior a fin de interiorizarlos sobre la marcha de los asuntos sociales.

 

c) La responsabilidad de los sancionados fue justificada en cada caso (ver pto. 4 del dictamen del Ministerio Público); o bien por la directa participación en las reuniones cuestionadas de algunos de los directores -al margen de su carácter de suplentes-; o bien por el incumplimiento de los deberes inherentes al cargo -por el solo hecho de integrar el órgano de administración-, en el caso de los que no intervinieron directamente; y, finalmente, por el incumplimiento de su función de control de los actos del directorio, en el caso de los miembros de la Comisión de Fiscalización.

 

Destácase en ese sentido que no son atendibles las quejas vinculadas por no haberse efectuado una imputación subjetiva o diferenciada de responsabilidad.

 

En efecto, los administradores de una sociedad deben obrar con lealtad y con la diligencia de un buen hombre de negocios y son responsables por las faltas en los términos del art. 59  LSC. La responsabilidad del directorio de una sociedad anónima nace de la circunstancia de integrar el órgano de gobierno, de manera que cualesquiera que sean las funciones que efectivamente cumple un director, su conducta debe ser juzgada en función de la actividad obrada -o no realizada- por el órgano. Ello, aunque el imputado alegue funciones nominales o que no haya actuado efectivamente en relación con los hechos que se reputan disvaliosos, o no haya tenido conocimiento de ellos; porque es función de cualquier integrante del órgano de conducción la de controlar la calidad de la gestión empresaria. Su incumplimiento da lugar a una suerte de culpa in vigilando, pues el distingo entre la condición de administradores y su ejercicio efectivo en torno a una cuestión concreta, antes de dispensarlos de responsabilidad, la agrava, porque comporta no haberse interesado debidamente de la actuación del ente (ver esta sala, "Banco Medefín S.A.", del 23/4/1996).

 

Esa responsabilidad se extiende a los síndicos sociales, aun cuando no ejerzan la dirección de la sociedad. Porque son los encargados por la ley de una fiscalización constante, rigurosa y eficiente del actuar del directorio (ver esta sala, precedente "Banco Medefín", citado).

 

d) Por último, será morigerada la sanción, reduciéndose la multa a la suma de $ 500.000.

 

Es que, a criterio de la sala, ese monto guarda mejor proporción respecto de la entidad de las faltas cometidas y parece más acorde con la existencia de cierto antecedente sancionatorio de apercibimiento referido por el organismo de control (resolución 14365 del 5/12/2002, dictada en el expediente 706/02, caratulado "Banco General de Negocios S.A. s/presentación de balance; ver fs. 2173, pto. 5), con lo cual se atiende a un razonable criterio gradual, a fin de dar auténtico sentido al ejercicio del poder disciplinario.

 

3. Por ello, y de acuerdo con lo dictaminado -en lo pertinente- por la representante del Ministerio Público, se resuelve: a) rechazar los agravios en lo principal, aunque reduciendo la multa impuesta a la suma de $ 500.000; b) distribuir las costas de esta alzada en el orden causado atento el resultado de los recursos (arg. art. 71  CPCCN.).

 

Notifíquese y, oportunamente, devuélvanse las actuaciones a la autoridad de origen.- Rodolfo A. Ramírez.- Martín Arecha.- Ángel O. Sala. (Sec.: Sebastián I. Sánchez Cannavó).

 

 

NOTAS:

 

 

(1) t.o. 1984, LA 1984-A-46 - (2) LA 2001-B-1573 - (3) JA 1988-III, síntesis - (4) JA 1963-II-152 - (5) JA 1963-VI-III - (6) JA 1948-IV-471 - (7) ALJA 1968-B-1280 - (8) JA 1990-I-664 - (9) JA 1990-I-666 - (10) JA 1994-I-423 - (11) t.o. 1981, LA 1981-B-1472.