Fallo de la Sala B de la Excma. Cámara Comercial de fecha 31 de octubre de 2005

 

 

 

Expte. Nro. 41.221/04 - "Comisión Nacional de Valores c/Electromac s/Verificación".

 

Buenos Aires, 31 de octubre de 2005.

 

Y VISTOS.

 

l. Apelaron Electromac S.A., Juan Francisco Leis y Ricardo Luciano Pettis (en su calidad de directores) y Julio A. Zeller, Gustavo Carlos Ferraroti y Maria Gabriela Corner (síndicos) la Resolución Nro. 14.799 de la Comisión Nacional de Valores (fs. 162/78) que les impuso una multa solidaria de cuarenta mil pesos ($ 40.000) por infracción a los arts. 1°, inc. b) y c) del Capítulo XXIII, 16 del Capítulo V y 10 del Capítulo VI de las Normas (N.T. 2001) y 294, inc. 9° de la ley 19.550. Los fundamentos de su recurso (fs. 187/97) fueron contestados por la C.N.V. a fs. 240/4. La Sra. Fiscal General se expidió a fs. 246/50.

 

2. Las consideraciones efectuadas en el dictamen fiscal resultan -en lo pertinente- compartidos por este tribunal, más no la solución propuesta.

 

3. (a) Los recurrentes critican la decisión, por cuanto a su juicio habrían evaluado incorrectamente las circunstancias fácticas y sus consecuencias jurídicas atinentes a la materia involucrada.

 

(b) Procede imponer la sanción de multa cuando se verifica que el estado contable general al 30/09/02 fue presentado con ciento cuarenta y cuatro (144) días de atraso (fs. 39), el estado contable trimestral al 31/12/02 con noventa y tres (93) días de demora (fs. 44) y el trimestral correspondiente al 31/03/03 con una dilación de nueve (9) días (fs. 163).

 

No enerva lo expuesto que -según los apelantes- dicha situación haya carecido de efectos nocivos para terceros, ya que no es menester que el incumplimiento de sus deberes haya inducido a engaños en casos concretos. Ello es así, pues el control que ejerce la C.N.V. tiene un tangible e incontrovertible fin que apunta a preservar la fe pública. Por consiguiente, el argumento en relación a la inexistencia de perjuicio a terceros resulta inaudible. Más allá de las consecuencias, lo que no puede soslayarse es el objetivo, claro –y hasta reconocido- incumplimiento.

 

Es que en el ámbito de control estatal, lo que interesa es el correcto cumplimiento de las obligaciones al sujeto responsable en función del interés general en aras del cual han sido instituidas, en el caso, la tutela del ahorro público, pues el daño constituye un presupuesto de responsabilidad civil, en tanto que la responsabilidad administrativa presupone una infracción, o sea el incumplimiento de un deber que generó un riesgo, desconectado en principio de sus consecuencias.

 

(c) Postulan los quejosos que la introducción de “virus” en el sistema informático se erigió como causa del retardo en las presentaciones de los estados contables. Así alegaron la existencia de un “…hecho fortuito, de carácter extraordinario, que aún cuando el buen administrador pudo prever, no pudo ser evitado…” (fs. 190 vta.).

 

Establece el art. 514 del Código Civil que el “caso fortuito es el que no ha podido preverse, o que previsto, no ha podido evitarse”.

 

Los caracteres del mismo resultan ser la imprevisibilidad, la inevitabilidad, la imputabilidad, la actualidad y la imposibilidad (cfr. Belluscio-Zannoni, “Código Civil…”, ed. Astrea, T. 2, pág. 661 y ss).

 

La imprevisibilidad ha de ser razonable de acuerdo a las circunstancias de persona, tiempo y lugar, obrando el deudor con prudencia en el proceder porque de lo contrario lo imprevisto se debe a su propia negligencia. Debe tratarse de un obstáculo que no puede superar, y por consiguiente se halle en la imposibilidad de evitar las consecuencias del obrar, estando claro que si el acontecimiento es previsible el deudor debe acreditar haber empleado todos los recursos a su alcance para evitarlo (arts. 512, 513, 514, 900, 911 del C.Civil).

 

Cotejadas las constancias de autos, surge que Electromac S.A. cuenta con antecedentes sobre el tema toda vez que resultó reconocido por los propios recurrentes que en oportunidad anterior se vio impedida de cumplir con la autopista de información financiera por la existencia de otro "virus" que motivara una sanción. Asimismo, la respuesta nueve del testigo Casares refirió: “...siempre me llamaron porque había muchos problemas en el sistema de red implementado, y eso ocasionaba que el sistema funcionara mal. Porque siempre se caía el sistema por problemas de comunicación con el servidor...” (fs. 127). La tesis de los quejosos se desestimará porque su conducta debe apreciarse conforme al standard de responsabilidad agravada exigible al profesional titular de un emprendimiento con alto nivel de especialización, que por propia voluntad se sujetó a la autoridad de control y requirió habilitación para el ejercicio de su específica actividad.

 

(d) En punto a la falta de comunicación del cambio de sede social al ente de contralor, la recurrente imputa la demora en un error del escribano actuante quien presentó la documentación pertinente directamente a la Inspección General de Justicia; destácase al respecto que el error no puede exonerar los efectos del mismo (art. 923 CC).

 

(e) Los síndicos sociales si bien no ejercen la dirección de la sociedad, son legalmente encargados de la fiscalización constante, rigurosa y eficiente de las disposiciones del directorio, por lo que sus funciones a los efectos de la normal marcha de la sociedad es mas importante individualmente que las de cada uno de los directores; la falta deliberada o no del debido ejercicio de las múltiples obligaciones que la ley les impone (control, asistencia, etc.) los hace incurrir en gravísima falta. La no presentación tempestiva del balance, justifica la aplicación de la sanción de multa al síndico por parte de la Comisión Nacional de Valores (CNCom., esta Sala, "Comisión Nacional de Valores c. Editorial Lozada SA s. incumplimiento remisión balances", del 30/11/92).

 

Procede imponer a una sociedad anónima una multa por aplicación de la ley 17811: 10-b), que se hizo extensiva a sus directores en forma solidaria, y a los síndicos por infracción a sus respectivos deberes. En tal sentido cabe precisar, que el fundamento para que los directores y síndicos de una sociedad anónima bursátil estén sujetos a determinadas obligaciones y sean pasibles de imputación de responsabilidad administrativa, directa o indirecta, se halla en la exigencia de proteger al inversor en títulos cotizables, en vista a que la canalización del ahorro colectivo hacia los mercados de capitales tiende al desarrollo de la industria y del comercio. A la luz de tales principios, el reproche dirigido contra los directores y síndicos se encuentra justificado en razón del incumplimiento de sus deberes orgánicos impuestos por la LS (arts 58, 59 Y 294-5°) (CNCom, esta Sala, "Comisión Nacional de Valores c. Ind. Siderúrgicas Grassi SA s. retardo en la presentación de estados contables", del 30/1 0102).

 

(f) Respecto a la cuantía de la multa, a efectos de no apartarse del principio que dispone que las sanciones se graduarán razonablemente y que se impondrán teniendo en cuenta la gravedad del incumplimiento y las reincidencias en que el infractor hubiere incurrido, es menester considerar que -tal como fuera expuesto- la recurrente posee antecedentes sancionatorios en la materia.

 

Así, observando la proporcionalidad que siempre debe mediar entre la falta reprochada y la sanción (C.N.Com., esta Sala, "Superintendencia de Administradores de Fondos de Jubilaciones y Pensiones c/Orígenes AFJP s/recurso de apelación", del 2-3-99), la sanción impuesta debe ser confirmada.

 

4. Por lo expuesto, se desestima la apelación de fs. 187/97. Notifiquese a la Sra. Fiscal de Cámara en su despacho. Cumplido, devuélvase al a quo encomendándole las notificaciones. El Sr. Juez de Cámara Dr. Enrique M. Butty no interviene por hallarse en uso de licencia (art. 109, R.J.N.).

 

 

Fdo. María L. Gomez Alonso de Diaz Cordero.

Fdo. Ana I. Piaggi.