COMISIÓN NACIONAL DE VALORES.

“Renault Argentina S.A. s/ Informe BCRA”. Expte. Cám. nº 17.977/02 – Nº Fiscalía 71.585.

 

Excma. Cámara:

La Comisión Nacional de Valores, mediante resolución nº 14.125, del 21 de febrero 2002, aplicó a Renault Argentina S.A. y a los directores y miembros de la comisión fiscalizadora que allí se mencionan, una multa de cincuenta mil pesos en forma solidaria, por infracción al deber de informar establecido por los arts. 2 y 3 inc. 9 del Capítulo XXI de las NORMAS (N.T. 2001).

Los afectados interpusieron recursos fundados a fs. 1577/93 y 1594/9.  Señalan, en primer lugar, que inicialmente la CNV objetó la omisión de denunciar cinco juicios, en tanto que sin aportar explicación alguna luego redujo el número a tres.  Se agravian de que el organismo haya considerado genuinos esos reclamos judiciales cuando no había mediado pronunciamiento judicial y señalan que Renault Argentina S.A. solicitó el dictamen de expertos acerca de la razonabilidad de las demandas interpuestas, cuya opinión desfavorable motivó que no fueran informadas para no distorsionar la apreciación del público inversor, si se daban a publicidad . Afirman que la persona idónea para determinar si esos juicios eran de los que debían informarse a la autoridad de control, era la sociedad.  Argumentan que se ha violado el principio de legalidad al establecer, por analogía, la aplicación de la pauta prevista en el art. 3º inc. m) –ahora 13- de las NORMAS para calificar un juicio como de “importancia económica significativa”.  Señalan que la inexistencia de pautas precisas sobre el particular no pude interpretarse en contra de los recurrentes y añaden que no informaron sobre esas demandas porque no afectaban la colocación o curso de la cotización, ni los reclamos revestían importancia económica para la compañía.  Destacaron que en cuatro años y medio la omisión imputada no produjo ninguna consecuencia desfavorable.

3. A mi modo de ver, es claro que la argumentación desarrollada por los recurrentes se concentra en detalles formales eludiendo el tema sustancial, el cual es, la omisión de denunciar la existencia de tres juicios de importancia económica significativa, según lo exigen las normas aplicables (arts. 2 y 3 inc. 9 cit).

En efecto, no han aportado explicaciones satisfactorias ni demostraron, en forma concreta, que el contenido de las demandas en cuestión no merezca la calificación de importancia económica significativa.  En cambio, se limitaron a negar que pudiera atribuírseles tal calidad, sin aportar datos sobre su contenido,  lo cual sólo puede ser interpretado en su contra pues ello constituirá el presupuesto fáctico de su defensa.

Resulta intrascendente si primero eran tres juicios y luego cinco, o si la CNV sustentó esa calificación en el criterio de estimarla según un mínimo del 1% del patrimonio neto –considerado por otra norma para el caso de fianzas y avales- porque tal estimación sólo constituyó un argumento ejemplificativo o corroborante.  Lo dirimente es que los apelantes no proporcionaron ninguna pauta para desvirtuar la relevancia atribuida a la omisión informativa, más allá de una negativa dogmática.

Idéntica suerte ha de correr la defensa ensayada en cuanto a que nadie mejor que la sociedad para determinar cuál es la medida de su obligación de informar, porque la aceptación de ese postulado neutralizaría el ejercicio de la actividad estatal de contralor.  Si fuera potestativo de las sociedades sujetas al régimen de oferta pública determinar el alcance de sus obligaciones ante la autoridad de control, huelga decir que ello atentaría contra la protección debida al público inversor y la transparencia del sistema, pues es la lógica consecuencia de colocar a las personas en situación de colisión de intereses.

En definitiva, Renault Argentina SA no ha logrado desvirtuar la infracción que se le atribuye al deber de informar impuesto por el art. 3 inc. 9 y 2 de las NORMAS (N.T.2001) respecto de las “causas judiciales de cualquier naturaleza, que promuevan o se le promuevan, de importancia económica significativa o de trascendencia para el desenvolvimiento de sus actividades, causas judiciales que contra ella promuevan sus accionistas; y las resoluciones relevantes en el curso de todos esos procesos” (inciso 9 cit).  Asimismo, el art. 12 de la ley 22.315 establece que la CNV, dentro del ámbito de su competencia, aplicará sanciones a las sociedades por acciones, asociaciones y fundaciones, a sus directores, síndicos o administradores y a toda persona o entidad que no cumpla con su obligación de proveer información, suministre datos falsos o que de cualquier manera, infrinja las obligaciones que les impone la ley, el estatuto o los reglamentos o dificulte el desempeño de sus funciones.

El fundamento para que los directivos de una sociedad anónima bursátil estén sujetos a determinadas obligaciones específicas y sean pasibles de imputación de responsabilidad administrativa, directa o indirecta, se halla en la exigencia de proteger al inversor en títulos cotizables.  La canalización del ahorro colectivo hacia los mercados de capitales tiende al desarrollo de la industria y del comercio y es lo que suscita la necesaria protección del público inversor.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha determinado que las funciones asignadas a las bolsas para dictar normas generales, verificar su cumplimiento, emitir autorizaciones y aplicar sanciones exceden el marco estricto del derecho privado, para adoptar las características típicas del ejercicio del poder de policía que compete al Estado.  Afirmó el Tribunal que de los términos de la ley 17.811 se desprende que su propósito no es sólo regular ciertas relaciones entre particulares, sino que apunta a un objetivo eminentemente público: crear las condiciones e instrumentos necesarios para asegurar una efectiva canalización del ahorro hacia fines productivos (Fallos 303:1812).

La infracción también compromete la responsabilidad de los síndicos, por aplicación de las normas antes citadas que autorizan a extenderles la sanción, habida cuenta de que en vista a su deber específico de vigilar que los órganos sociales den debido cumplimiento a la ley (art. 294 inc. 9º de la ley 19.550) debieron realizar alguna actividad para que el acto antijurídico no se consume, cuanto menos, informando a la Comisión Nacional de Valores sobre el incumplimiento en que incurría el directorio.  Tal omisión trae aparejada su responsabilidad administrativa prevista en el art. 12 de la ley 22.315.

Por último, señalo que en materia de infracciones administrativas como la de autos, no se requiere la acreditación de un daño concreto para que proceda la sanción –aunque podría estimarse para graduar la pena- porque la actuación irregular en desmedro de intereses de orden público basta para castigar al infractor.  Asimismo, la impugnación del apelante con respecto a la actuación de la instructora sumariante que firma la resolución apelada –por una alegada incompatibilidad- deviene abstracta ante la revisión judicial de ese acto.

Por los fundamentos expuestos, opino que V.E. debe desestimar el recurso.

Buenos Aires, septiembre 10 de 2002.

Golo “constituía”. vale.-

 

FIRMADO: Alejandra Gils Carbó – Fiscal General Subrogante.