Comisión Nacional de Valores. Expte. nº 65.663.

S.A.F.J.P. s/denuncia sr. Jorge Donoso c/S.C.R. Ratto Humpreys.

Excma. Cámara:

I

Mediante la resolución nº 13.047 que se recurre y en lo que aquí interesa, la Comisión Nacional de Valores impuso al señor Juan Ángel Ratto una multa de dos mil pesos, prevista en el artículo 10 inciso b) de la ley 17.811 (texto según el artículo 154 de la ley 24.241), por infracción al artículo 11, inciso a) del decreto 656/92 y artículos 10, inciso e) y 41, inciso 5) de la ley 21.526.

Contra dicha medida, el afectado trae el recurso fundado en fs. 314/318.

II

El señor Ratto había sido inhabilitado por la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias del Banco Central de la República Argentina, por el término de dos años, para desempeñarse como director titular de calificadoras de riesgo, por aplicación de lo dispuesto en el artículo 42, inciso 5º) de la ley 21.526 de Entidades Financieras.

En este sumario, se le imputó haber violado la restricción que le había sido impuesta, porque –luego de notificada la medida- continuó desempeñándose como director de una sociedad dedicada a ese menester: Ratto Humpreys, Calificadora de Riesgo S.A.

III

El señor Ratto reconoce que el 27 de septiembre de 1994 se le impuso la inhabilitación aludida, por parte de la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias.

En su descargo, alega lo siguiente:

a) Que contra ello interpuso recurso de apelación, procedimiento precedido por una solicitud de suspensión de la medida, a título cautelar. Esta última –agrega- fue acogida favorablemente en la primera instancia del fuero en lo contenciosoadministrativo federal, el 16 de diciembre de 1994. Empero, la respectiva cámara la revocó el 16 de mayo de 1995.

b) Que –como manifestación de la buena fe que lo motivaba- renunció irrevocablemente como director y como miembro del consejo de calificación de la sociedad el 25 de noviembre de 1994.

c) Que, posteriormente, reasumió esos cargos; como director, el 30 de abril y como miembro del consejo el 12 de octubre de 1996.

d) De tal modo, alega, durante el período de la inhabilitación impuesta, la violación se habría producido tan sólo durante siete meses y no los veinticuatro de los que se hizo cargo el ente de control.

e) Que no obstante lo apuntado, esos siete meses en que se desempeñó no son relevantes para tener por configurada la infracción que aquí se le imputó. Y ello en función de los siguientes argumentos:

1. Que según la reglamentación del Banco Central de la República Argentina, las inhabilitaciones del tipo de las que aquí se trata serán comunicadas una vez que hayan quedado firmes.

2. Que la inhabilitación aplicada al recurrente nunca adquirió firmeza, porque fue revocada judicialmente.

3. Que, en tales condiciones, la cuestión había devenido abstracta, pues este sumario se inició cuando ya la inhabilitación había sido dejada sin efecto por la cámara en lo contenciosoadminstrativo federal, por considerar que se la había aplicado incurriendo en un "exceso punitivo".

4. Aduce que tal exceso punitivo importa la nulidad absoluta del procedimiento administrativo. Ello (aquí el afectado cita a Cassagne) produce efecto ex tunc, lo que lo lleva a afirmar que debe considerarse como jurídicamente inexistente el acto sancionatorio del Banco Central.

5. La nulidad del acto que sirvió de antecedente al que aquí se recurre debe llevar –según el criterio del recurrente- a la revocación de la pena atacada, por quedar privada de sustancia.

IV

Pienso que los agravios descritos no deben prosperar. Y ello porque encuentro que el razonamiento del afectado falla por la base: no es exacto que el acto originario, esto es, la aplicación de una pena de inhabilitación al recurrente, haya sido anulado. Fue, sí, revocado parcialmente, y tan sólo lo referido a la gradación de la sanción que había sufrido el señor Ratto, lo cual, por cierto, no lleva aparejada la nulidad del procedimiento administrativo que dio origen al presente sumario.

Agrego que la tesis del recurrente choca, además, con las contingencias habidas en el trámite de la anterior causa. En efecto, según lo reconoce el propio afectado, él se sometió al procedimiento jurisdiccional respectivo, e interpuso recurso contra el acto sancionatorio. Requirió allí cautelarmente la suspensión de la pena hasta que recayese decisión final, pero no tuvo éxito. De tal modo, su actual planteo importa volver contra sus propios actos y, además, desconocer los alcances de lo allí juzgado, que le imponía el acatamiento de la inhabilitación que había recobrado vigor, hasta que fue revocada.

Finalmente, destaco –además- que el artículo 42 de la ley 21.526, aplicable a dichos procedimientos, determina que "Aquellas sanciones a que se refieren los incs. 3,4,5, y 6 del artículo anterior (allí se impuso la del 5º) serán apelables al solo efecto devolutivo por ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal de la Capital Federal". De seguirse el criterio del recurrente, se asignaría al recurso efecto suspensivo, lo que choca con esa regla.

Por tanto, debió el señor Ratto abstenerse de actuar como lo hizo y, al haberlo hecho, incurrió en nueva falta, que es lo que aquí se sanciona. Tengo, pues, para mí, que el afectado violó objetivamente la prohibición de ocupar cargos en la administración de sociedades calificadoras de riesgo que aquí se juzga.

V

Corresponde, por lo expuesto, confirmar el acto recurrido.

Buenos Aires, 25 de agosto de 2000.