Expte. 73.272    cám. 66575/02

Comisión Nacional de Valores “HULYTEGO S.A. s/posible incumplimiento al capítulo XXVI de las NORMAS (N.T. 2001)”

 

 

Excma. Cámara:

 

1.   La Comisión Nacional de Valores, mediante resolución Nº 14.225, sancionó a HULYTEGO S.A. con una multa de doce mil ($ 12.000) por infracción al deber de registrar una credencial de operador y dos de firmantes, y al de ingresar por vía electrónica la información requerida en el art. 11 del Capítulo XXVI de las NORMAS (N.T. 2001), la cual se hizo extensiva a sus directores y síndicos en forma solidaria.  Contra esa decisión interpuso recurso de apelación la sociedad afectada (fs. 96/100).

2.      En su memorial, la recurrente sostiene que la infracción ha sido meramente formal, que no registra antecedentes sancionatorios y que los hechos examinados en el sumario no son el producto de una conducta negligente sino de los problemas propios de la adaptación a un nuevo sistema informático.

Se agravia de que no se haya tenido en cuenta  que las tres comunicaciones que la autoridad de control le envió por ese motivo no fueron recepcionadas y objeta el rechazo de la prueba documental ofrecida para acreditar esos extremos.  Por último, critica la magnitud de la multa en vista a las circunstancias del caso y la desatención de las pautas de graduación que establece la ley.

3.   A mi modo de ver, las explicaciones que desarrolla el apelante son suficientes para tener por admitida la falta que se le atribuye resultando inconducente proveer a la prueba replanteada.

En efecto, resulta inatendible la alegación de que el incumplimiento no se originó en una negligencia culpable sino en las dificultades de implementar un sistema informático, porque desde que la sociedad ingresó al régimen de la oferta pública asumió la observancia de reglas específicas impuestas para el correcto funcionamiento del sistema y orientadas a la protección del público inversor.  En esa inteligencia, el art. 10 inc. c) de las NORMAS (N.T. 2001) exige a las entidades que se encuentran en la oferta pública que posean durante toda su permanencia, una organización administrativa que les permita atender los deberes de información que les correspondan.

En la especie, la intervención estatal se orienta a la protección del público inversor especialmente a los que forman la media común de los habitantes y que por carecer de la información necesaria pueden padecer en mayor grado la actividad de empresas improvisadas o carentes de la solidez exigida para un seguro y productivo destino del ahorro público (Guastavino, Elias P. “Tratado de la jurisdicción administrativa y su revisión judicial”, pág. 349 y ss.).

Por otro lado, resulta inconducente examinar los argumentos relativos a la falta de recepción de las intimaciones cursadas por la autoridad de control, porque el cumplimiento de los deberes reglamentarios impuestos a las sociedades emisoras no depende de una intimación previa.

Por último, no hallo excesiva la sanción aplicada como postula el apelante de acuerdo a un criterio de proporcionalidad, en vista al fin de interés público que se persigue con su aplicación y en consideración a su finalidad  preventiva, para que la sociedades que han incurrido en incumplimientos ajusten en adelante su actuación a la observancia de sus deberes legales.

La Comisión Nacional de Valores debe recibir los datos que son necesarios para el ejercicio de su poder de policía en la forma y condiciones que establece la reglamentación, lo cual no puede quedar librado a la discrecionalidad de la sociedad controlada.

Es que, cuando se obstaculiza el ejercicio del poder de policía del Estado al incumplir el deber de información, se crea una situación grave de riesgo para el público que eligió invertir sus ahorros en títulos negociables.  Como dice Alejandro Nieto, a diferencia de lo que sucede en el derecho penal, en el derecho administrativo sanconador la regla es la de los “ilícitos de riesgo”; la infracción de la norma constituye cabalmente la esencia de la infracción (Conf. “Derecho Administrativo Sancionador” pág. 37/38, 1993, Ed. Tecnos, Madrid).

En definitiva, por los fundamentos expuestos, opino que V.E. debe desestimar el recurso.

Buenos Aires, 24 de marzo de 2003.-

 

Alejandra Gils Carbó

Fiscal General Subrogante