Comisión Nacional de Valores.  Expte nº 71.435

“Sociedad Comercial del Plata – Expte. nº 6/2000.

 

 

Excma. Cámara:

1.                      La Comisión Nacional de Valores mediante Resolución nº 13.595 del 20 de octubre de 2000 aplicó a Sociedad Comercial del Plata S.A. una multa por la suma de $ 130.000 por aplicación del art. 10 inc. b) de la ley 17.811 (modif. Por el art. 154 de la ley 24.241) que se hizo extensiva a sus directores en forma solidaria por infracciones a lo establecido por los arts. 1071, 1197, 1198 del Código Civil; art. 29 de la ley de Obligaciones Negociables nº 23.576; art. 59 de la ley 19.550 y art. 54 del Capítulo VI de las NORMAS (N.T. 1997); y a los síndicos por infracción constatada al art. 294, inciso 9 de la ley 19.550.  Contra esa decisión interpusieron sendos recursos de apelación los afectados (fs. 521/37 y 539/46).

2.                      El sumario se inició con motivo de la denuncia de un tenedor de obligaciones negociables emitidas por la sociedad imputada ante la falta de pago de intereses y la negativa a extenderle un certificado individual, conforme lo previsto en el Contrato de Fideicomiso, Sección 4.5. y 4.6.; el cual había sido solicitado para ejercitar sus derechos mediante una acción judicial.

3.                      En su memorial, los recurrentes sostienen que el acreedor denunciante había expresado su voluntad de solicitar la quiebra de la empresa ante el incumplimiento en el pago de intereses vencidos y que sus asesores legales había expresado que el solicitante carecía de derecho para obtener ese título.  Manifiestan que la sociedad se halla en concurso preventivo y que ha debido afrontar un proceso de reestructuración que le impidió el cumplimiento puntual de sus compromisos contractuales.

Alegan los afectados que la Comisión Nacional de Valores no tiene facultades para aplicar sanciones en virtud de la desatención de obligaciones contractuales sino sólo de fiscalizar la observancia de las disposiciones de la ley 17.811 y reglamentarias.  Afirman que el denunciante siempre estuvo en condiciones de promover acciones judiciales, según lo autorizaba el art. 29 de la ley 23.576 y el art. 54 Capítulo VI de las Normas de la Comisión Nacional de Valores y que incurrió en un abuso de derecho al solicitar la emisión de un certificado individual para pedir la quiebra de la sociedad.  Además, señalan que esa solicitud requería un procedimiento específico que no fue observado.

En cuanto a la responsabilidad de los directores éstos alegan que procedieron con profesionalidad y transparencia, toda vez que requirieron asesoramiento jurídico de primer nivel y finalmente denegaron la solicitud en vista el proceso de reestructuración empresaria en que se hallaba la sociedad para salir de sus dificultades económicas, y a la necesidad de proteger el interés de los demás obligacionistas, frente al anunciado pedido de quiebra.  También tuvieron en cuenta el reducido importe del crédito pretendido por el denunciante, correspondiente a intereses sobre un capital no vencido de U$S 50.000.-, dentro de una emisión de obligaciones negociables de U$S 400.000.000.  Sobre dicha base, sostienen que como directores observaron el estándar jurídico del art. 59 de la ley de Sociedades porque obraron con lealtad y diligencia.  Asimismo, se agravian de la denegatoria a producir la prueba testimonial ofrecida a fs. 168 y de informes individualizada a fs. 168/9 y del monto fijado a la multa, por considerarlo excesivo.

4.                      A mi modo de ver, las explicaciones desarrolladas por las recurrentes –ya expresadas en su descargo de fs. 30- son suficientes para tener por admitido el incumplimiento en el pago y en la entrega del certificado individual que se les atribuye, resultando inconducente proveer a la prueba replanteada.  En esa pieza inicial (fs. 30) la sociedad explicó que ante el requerimiento de algunos obligacionistas de canjear sus participaciones por títulos cartulares, The Bank of New York había considerado que ese canje “no sería en el mejor interés de los obligacionistas, por cuanto afectaría el plan de reestructuración de la Sociedad que se encuentra negociando con sus acreedores financieros e implicaría elevados costos para la misma”.  Asimismo, en el memorando confidencial de fs. 11/13 se especificó que “el canje por Certificados Individuales alentará la prosecución de juicios de particulares tendientes a obtener el cobro de los montos adecuados y muy probablemente al Emisor a perseguir su reestructuración a través de un costoso concurso preventivo.  En consecuencia, a fin de reducir costos y evitar obstaculizar los esfuerzos del Emisor de negociar una reestructuración consensuada, éste no emitirá el Certificado Individual solicitado por el señor Tawil”.

De este modo, quedó admitido que se ha obstruido ejercicio legítimo de los derechos del tenedor por razones de conveniencia, en violación a normas legales, la emisión de obligaciones negociables.

El canje de la participación en el título global por un certificado individual resultaba necesaria para que el tenedor contara con un instrumento representativo de sus derechos a fin de accionar judicialmente, según lo previsto por el art. 29 de la ley 23.576.  Es más, como se vio, fue justamente la habilidad de ese título para formular un reclamo judicial lo que persuadió a la sociedad de no otorgarlo.

El art. 54 de las NORMAS CNV (1997) establece que los títulos deberán otorgar a sus tenedores la posibilidad de recurrir –en caso de incumplimiento de la emisora- a la vía ejecutiva de acuerdo con lo dispuesto al respecto por las leyes y regulaciones aplicables, en el caso, la ley 23.576 de Obligaciones Negociables (art. 29).  Asimismo, el Contrato de Fideicomiso dispuso expresamente que los tenedores pueden exigir en forma individual el cumplimiento de las Obligaciones Negociables ante los tribunales argentinos y que ese derecho no debía ser menoscabado ni afectado sin consentimiento de ese tenedor (v. Secciones 4.5. in fine y 4.6. a fs. 58).

En esas condiciones, es claro que Sociedad Comercial del Plata S.A. no cumplió sus obligaciones como emisora, lo que torna procedente la aplicación de la multa según lo autoriza el art. 10 inc. b) de la ley 17.811 (ref. art. 154 ley 24.241) en ejercicio de las facultades que a la Comisión Nacional de Valores confieren los arts. 6 y 7 de la ley 17.811; arts. 3, 4 y conc. De la ley 23.576 y art. 1º inc. c) de la ley 22.169.  Asimismo, el art. 12 de la ley 22.315 establece que la Comisión Nacional de Valores, dentro del ámbito de su competencia, “aplicará sanciones a las sociedades por acciones, asociaciones y fundaciones, a sus directores, síndicos o administradores y a toda persona o entidad que no cumpla con su obligación de proveer información, suministre datos falsos o que de cualquier manera, infrinja las obligaciones que les impone la ley, el estatuto o los reglamentos o dificulte el desempeño de sus funciones”.  Sobre dicha base, y por las razones que explicaré, la sanción ha sido bien extendida a los directores y síndicos.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha determinado que las funciones asignadas a las bolsas para dictar normas generales, verificar su cumplimiento, emitir autorizaciones y aplicar sanciones exceden el marco estricto del derecho privado, para adoptar las características típicas del ejercicio del poder de policía que compete al Estado.  Afirmó el Tribunal que de los términos de la ley 17.811 se desprende que su propósito no es sólo regular ciertas relaciones entre particulares, sino que apunta a un objetivo eminentemente público: crear las condiciones e instrumentos necesarios para asegurar una efectiva canalización del ahorro hacia fines productivos.  Sobre esa base, las atribuciones mediante las cuales la bolsa determina las condiciones de emisión y rescate de títulos valores no derivan del poder correctivo interno de las asociaciones sino del ejercicio de los poderes estatales ligados a la reglamentación del comercio y a la provisión de lo conducente a la prosperidad del país (conf. Art. 75, incisos 13 y 18 de la Constitución Nacional) (Fallos: 303:1812).

A su vez, el fundamento para que los directivos y síndicos de una sociedad anónima bursátil estén sujetos a determinadas obligaciones específicas y sean pasibles de imputación de responsabilidad administrativa, directa o indirecta, se halla en la exigencia de proteger al inversor en títulos cotizables.  La canalización del ahorro colectivo hacia los mercados de capitales tiende al desarrollo de la industria y el comercio y es lo que suscita la necesaria protección del público inversor.

En el caso, las alegaciones vertidas por directores para justificar su proceder pretendiendo que han obrado con lealtad y diligencia, revela que han omitido considerar un elemento esencial de su conducta: su antijuridicidad.  Parece obvio señalar que para defender la continuidad de la sociedad y la igualdad de los demás obligacionistas y acreedores debieron emplear recursos legítimos; en cambio, abusaron de su posición dominante para obstruir deliberadamente el ejercicio de los derechos de un tenedor de obligaciones negociables que eligió invertir su dinero en títulos cotizables.  La evaluación de que su reclamo dinerario era exiguo ante la totalidad de la emisión se asienta en el desprecio por los derechos individuales de terceros y abreva en la creencia de que el fin justifica el empleo de medios antijurídicos.

Desde esa, perspectiva, y considerando la envergadura de los intereses confiados al manejo de esta sociedad(el monto de la emisión total me parece un elemento indicativo) estimo adecuado el monto de la multa aplicada.

La infracción también compromete la responsabilidad de los síndicos por aplicación de las normas antes citadas habida cuenta que en vista a su deber específico de vigilar que los órganos sociales den debido cumplimiento a la ley (art. 294 inc. 9º de la ley 19.550) debieron realizar alguna actividad para que el acto antijurídico no se consume, cuanto menos, informando a la Comisión Nacional de Valores sobre el incumplimiento en que incurría el directorio.  Tal omisión trae aparejada su responsabilidad administrativa prevista en el art. 12 de la ley 22.315, máxime que la Ley de Obligaciones Negociables 23.576 específicamente determina su solidaridad ante la violación a las disposiciones de esa ley (art. 34).  Por ello, es inatendible la argumentación que desarrollan los síndicos en su memorial relativa a que no les correspondía ejercer un control de la gestión sino sólo la legalidad pues, justamente, ante la pasividad del órgano de fiscalización se violó la ley (art. 29 ley 23.576), las normas reglamentaria (art. 54 de las NORMAS CNV (1997) y las condiciones de emisión establecidas en el Contrato de Fideicomiso (Sec. 4.5. y 4.6.) que habilitaban al tenedor a exigir un título individual para ejercer sus derechos.  Para entenderlo, no se requiere de complejos conocimientos en legislación extranjera, como alegan en su memorial.

Por los fundamentos expuestos, opino que V.E. debe confirmar la resolución apelada.

Buenos Aires, 4 de junio de 2002.

FIRMADO: Alejandra GILS CARBO