Expte. 75.380    Cám. 72.001/02

Comisión Nacional de Valores “SHOPPING ALTO PALERMO S.A. s/Posible Incumplimiento al artículo 11” Capítulo XXVI de las Normas (N.T. 2001)

 

 

Excma. Cámara.

1.       La Comisión Nacional de Valores, mediante resolución Nº 14.232 (fs. 59/67), sancionó a SHOPPING ALTO PALERMO S.A. con una multa de doce mil ($18.000) la que se hizo efectiva en la persona de los directores, por infracción a lo establecido en el art. 11 del Capítulo XXVI de las NORMAS (N.T. 2001).  Dicha responsabilidad se extendió también a los síndicos sociales.  Contra esa decisión interpusieron recursos de apelación los afectados (fs. 72/75).

2.       La autoridad de control verificó que SHOPPING ALTO PALERMO S.A. incumplió a partir del día 20-7-00 con la obligación de presentar sus estados contables mediante la (AIF), los de sus controladas y vinculadas, los estados contables resumidos con vencimiento a partir del 31-12-99, actas de asamblea, prospectos y suplemento de prospectos, información relevante y notificaciones varias a la CNV.  Asimismo a partir del 2-7-01 debió haber remitido cualquier información relacionada con los prospectos y suplementos de prospectos, incluyendo las comunicaciones de precios, pagos de interés o amortización; actas de directorio; nóminas de directores, síndicos y gerentes de primera línea; fichas individuales de sus directores, síndicos y gerentes de primera línea de conformidad con lo dispuesto por el Capítulo II “Directorio” y la información trimestral requerida en el artículo 20 del Capítulo XXIII “Régimen Informativo Periódico”.  Asimismo S.A.P.S.A fue intimada por esta C.N.V. en seis (6) ocasiones a remitir la información exigida por el artículo XXVI de las NORMAS (N.T. 2001) y la emisora no contestó tales intimaciones ni el requerimiento para que informara los motivos de su mora (v. fs. 12 y 13).

3.       Los recurrentes no niegan la comisión de las infracciones que se les atribuyen pero cuestionan la sanción impuesta.

Alegan que al momento de analizar el caso de autos, corresponde tener en cuenta otros elementos, a saber que la sociedad en la actualidad ha regularizado sus situación al obtener su clave de firmante, y actualmente vuelca la información pertinente.  Resaltaron que durante la sustanciación del sumario se le denegaron las pruebas ofrecidas.  Agregaron que la información solicitada fue presentada en el organismo en soporte papel, por lo que en este momento existe una verdadera duplicación de la carga informativa que deben soportar las emisoras.  Pusieron de resalto que SAPSA no posee acciones que coticen en el mercado nacional, ni en el exterior y  y que debe su ingreso al régimen de oferta pública a partir de la emisión conjunta efectuada con su controlante (100%) Alto Palermo S.A.  Advirtieron, por último, que el incumplimiento de la normativo relativa a la Autopista de Información Financiera resultó ser consecuencia de lo novedoso del entorno tecnológico y su operatoria, la inexperiencia de los operadores y la falla de los recursos informáticos requeridos.

4.       Opino que el recurso no debe progresar.

En efecto, la Comisión Nacional de Valores debe recibir los datos que son necesarios para el ejercicio de su poder de policía en la forma y condiciones que establece la reglamentación, lo cual no puede quedar librado a la discrecionalidad de la sociedad controlada.

Resulta inatendible la alegación de que el incumplimiento no se originó en una negligencia culpable sino en las dificultades de implementar un sistema informático, porque desde que la sociedad ingresó al régimen de la oferta pública asumió la observancia de reglas específicas impuestas para el correcto funcionamiento del sistema y orientadas a la protección del público inversor.  En esa inteligencia, el art. 10 inc. c) de las NORMAS (N.T. 2001) exige a las entidades que se encuentran en la oferta pública que posean durante toda su permanencia, una organización administrativa que les permita atender los deberes de información que les corresponde.

Por otra parte, resulta inconducente determinar si se produjo perjuicio a terceros.  Es que en el ámbito del control estatal lo que interesa es el correcto cumplimiento de las obligaciones que han sido impuestas al sujeto responsable, en función del interés general en aras del cual han sido instituidas, en la especie, vinculado a la tutela del ahorro público.  La existencia de daño constituye un presupuesto de la responsabilidad civil, no así de la responsabilidad administrativa, para la cual la infracción es el incumplimiento de un deber que generó un riesgo, desconectado en principio de sus consecuencias.  Como dice Alejandro Nieto, la infracción de la norma constituye cabalmente la esencia de la infracción (“Derecho Administrativo Sancionador”, Ed. Tecnos, Madrid, año 2000, pág. 37/38).

Corresponde señalar en relación a la prueba que ha sido denegada que constituye una prerrogativa del órgano administrativo admitir aquellas pruebas que estime conducentes a fin de esclarecer la verdad material de los hechos controvertidos y, en el caso no se ha demostrado que las ofrecidas tengan aptitud para modificar lo decidido.  En este caso resulta dirimente que el incumplimiento existió; la sociedad omitió los deberes formales impuestos por el organismo de contralor y el acatamiento de su actuación a las normas dictadas.

De acuerdo a un criterio de gradualidad, de la sanción, a tenor de las circunstancias específicas del caso, teniendo en cuenta, fundamentalmente, que era un sistema novedoso y que se había acompañado la información en soporte papel, estimo que en un monto de $ 8.000.-, la multa guardaría mejor proporción respecto de la entidad de las faltas cometidas.

Por lo expuesto, postulo que se confirme el acto administrativo impugnado, salvo en cuanto al monto de la sanción impuesta.

Buenos Aires, 30 de junio de 2003.-

 

FIRMADO: Alejandra Gils Carbó – Fiscal General Subrogante.