Comisión Nacional de Valores. Expte. Nº 74.791

“El Doblón s/denuncia Ref: Nougués Hnos. S.A. y Nougués S.A.”

 

 

Excma. Cámara:

 

              1.- La Comisión Nacional de Valores, mediante resolución Nº 14.286, del 22 de agosto de 2002, (v. fs. 2158/2193) canceló la autorización de Nogués S.A. para efectuar oferta pública de valores negociables prevista en el artículo 10 inciso d) de la ley 17.811 (actualmente art. 10, inc. e).

              El ente de control tuvo en cuenta diversas irregularidades constatadas, a saber: a) que se vendieron 14.159 hectáreas de la Estancia Bouvier sin la debida autorización del directorio, en infracción al art. 59 L.S.; b) omisión de contabilizar en el balance al 30-9-97 la venta de la Fracción de la Estancia Bouvier, por lo que se habrían infringido los artículos 43 y 51 del Código de Comercio, arts. 63, 64 y 65 de la LSC y normas conos.; c) transferencia de fondos sociales a cuentas de terceros y registro contable de gastos sin respaldo documental rendidos por Raúl FIORI, ello agravado porque la documentación omitida fue solicitada y no entregada (fs. 1122/4, 1354 y 1355 punto 11); d) omisión de presentar balances de una subsidiaria auditados por un contador público independiente; e) omisión de notificar oportunamente al organismo de contralor la promoción de diversas causas judiciales ( fs. 1141/ y 1178), f) la sociedad omitió además comunicar hechos relevantes al organismo de contralor, todo lo que a criterio de este organismo configuró la falta de diligencia en la conducción de los asuntos sociales de NOUGUES, incompatible con el estándar del buen hombre de negocios.

              2.- Contra dicha medida, interpusieron recursos el presidente de NOUGUES S.A. (fs. 2550/2574) y el señor Fernando Secundino del Corazón de Jesús Nougués (2576 y 2580).

              En el primer recurso, el presidente de NOUGUES S.A. sostuvo que a partir del 31 de octubre de 1997 se celebró la asamblea ordinaria de Nougués S.A. y se dispuso la designación de un nuevo directorio. Dice que a raíz de ello, tres de los directores desplazados comenzaron acciones de hostigamiento en la justicia a fin de obtener las declaraciones de nulidad de dicha asamblea y realizaron diversas denuncias. Agregó que el nuevo directorio comenzó a tomar diversas medidas para preservar la actividad de la sociedad debido al estado caótico de la situación empresaria. Para ello, se normalizaron las comunicaciones y presentaciones de los estados contables a la Comisión Nacional de Valores y la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, se levantaron embargos, se pagaron sueldos al personal y se intentó localizar y reconstruir toda la documentación societaria y contable. Finalmente con fecha 18 de septiembre de 2000 la asamblea ordinaria de accionistas decidió aumentar el capital social por un monto de $ 10.147.377 y así, revertir una situación de patrimonio neto negativo de $ 1.030.668 en una situación de patrimonio neto positivo de $ 10.624.803. Todo ello, pudo realizarse aún ante la falta de cooperación y el hostigamiento del accionista minoritario de El Doblón S.A. y de sus dueños, Fernando Secundino del Corazón Nougués (padre) y Fernando Ramón Nougués (hijo).

              Resaltó que, en la actualidad, la situación de la empresa es sólida, toda vez que se colocó íntegramente una emisión de acciones que permitió la cancelación de todos los pasivos exigibles y se efectuaron importantes inversiones que permitieron mejorar los rendimientos de las explotaciones de limón y de caña de azúcar, se aumentó la existencia de ganado y crecieron los índices de preñez y parición.

              Señaló que los balances de la empresa se presentan en tiempo oportuno y que se encuentra al día con sus obligaciones. Concluyó, por ello, que NOUGUES S.A. es en la actualidad una empresa recuperada y saneada que ha sido preservada como ente productor de bienes en beneficio de sus accionistas, empleados y de las haciendas nacionales, provinciales y municipales, ligadas a los lugares en que se hallan asentadas sus explotaciones.

              Destacó que NOUGUES S.A. utilizó todos los recursos legales a su alcance para que se declare la nulidad de la venta de la fracción de la estancia Bouvier. Coincidió en que esta venta se realizó sin la debida autorización del directorio, pero destacó que dicha ausencia de autorización no implicaba la nulidad del acto, Destacó que el único órgano competente para decidir la venta de un bien de uso es el Directorio y, por ello, dicho acto no sería imputable a la sociedad.

              Alegó que la contabilización de la venta de la estancia Bouvier no infringió la normativa citada por la CNV y reflejó la realidad fáctica existente, con motivo de la acción de nulidad de dicha venta deducida por Nougués S.A. ante la justicia. En este sentido, expresó que la Comisión Fiscalizadora le exigió al Presidente en funciones en ese momento, Fernando S. Nougués, una ratificación del acto de venta pero éste no sólo no produjo tal ratificación sino que no se ocupó del tema, según surge de las constancias del sumario. Agregó que los nuevos directores iniciaron juicio de nulidad y se dictó una medida precautoria que le permite a Nougués S.A. mantener la posesión del inmueble. A su entender, si Nougués S.A. mantiene la posesión del inmueble inválidamente vendido y sigue desarrollando en el su actividad ganadera, es erróneo que la CNV sostenga que el boleto de compraventa y las escrituras traslativas de dominio a la fecha no han sido declaradas nulas por la justicia. Por ello, concluye el organismo de contralor desconoce los diferentes criterios que autorizan las normas contables para registrar la realidad económica sin ocultar información a los accionistas. Además, la sociedad no debía registrar una operación que se considera nula considerando la prohibición de distribuir utilidades que no fuesen líquidas y realizadas (LS art. 244, primer párrafo).

              Puso en tela de juicio la resolución recurrida en cuanto ésta puntualizó meras irregularidades administrativas ocurridas en el año 1997 ignorando el estado de necesidad en que se hallaba la sociedad. Agregó que no hubo perjuicio para el ente ni para terceros y que, en la actualidad, la sociedad tiene una adecuada organización administrativa.

              Impugnó las conclusiones del organismo de contralor en cuanto, consideró erróneamente que el señor Fiori no era independiente para auditar los estados contables de TAYI S.A. y que no valoró la inexistencia de perjuicios o irregularidad alguna. Expresó que el señor Fiori no era dependiente de Nougués S.A. sino que sólo le prestaba servicios de asesoramiento contable en forma autónoma y no era accionista de ninguna empresa.

              En relación a la información tardía de hechos relevantes que le fuera imputada, resaltó que esto no implicó omisión del deber informativo ni generó perjuicio alguno. Por otra parte, señala que, en la medida en que los juicios que no fueron informados han tenido un resultado favorable, no existe infracción alguna que justifique la aplicación de una sanción. Se agravió por entender que la sanción aplicada es arbitraria, desproporcionada y significa la disolución de la sociedad como persona jurídica.

              Por su parte, el recurrente Fernando S. del Corazón de Jesús Nougués, expresó agravios a fs. 2576/2580, a los que me remito por razones de brevedad.

              3.- En primer lugar, señalo que el recurso interpuesto por el señor Fernando Secundino del Corazón de Jesús Nougués, se limita a realizar manifestaciones genéricas sobre hechos en los que se alude a su actuación en el trámite de estas actuaciones y sobre la notificación que se le realizara en el marco del artículo 2º de la Resolución 14.286 dictada en el presente sumario.

              Sus manifestaciones sólo constituyen juicios de valor sobre su actuación como ex Presidente del directorio de Nougués S.A. que no se ajusta a las prescripciones del art. 14 de la Ley 17.811 (Texto Nº 677/01), en tanto el apelante carece de legitimación para recurrir –por sí- la sanción impuesta a la sociedad.

              4. En cuanto a los agravios vertidos por Nougués S.A. debe tenerse en cuenta que conforme lo señala la Subgerencia de Coordinación Económico Contable de la Comisión Nacional de Valores, la venta de la fracción de la estancia Bouvier debía contabilizarse al inscribirse la misma al 24-9-97, por lo que el balance al 30-9-97, aprobado el 19-6-98, debió haber reflejado tal situación (fs. 1350/2). La apelante no logra desvirtuar la infracción que se le imputa ya que su argumentación desarrollada en el sentido de que los asientos contables reflejaron “la realidad económica” porque la operación era supuestamente nula por haberse realizado sin aprobación del directorio, desatiende que la transferencia del bien operó ante los terceros por la inscripción registral y así debió reflejarlo el balance. La nulidad de la venta dependía del éxito de una acción judicial, de modo que es inaceptable considerar que era esa la realidad económica.

              Como señala Halperín (“Sociedades Anónimas”, 2º edición, 1978, pág. 468 y ss.), el balance, que tiene importancia en cualquier empresa, cobra especial significado en la sociedad anónima para los socios y los terceros, por su triple función de hacer conocer el estado patrimonial de la sociedad, asegurar la integridad del capital, con la realización de amortizaciones y formación de reservas, etc.; dar a conocer los negocios sociales y su consecuencia, la distribución de utilidades o la distribución de las pérdidas.”

              Estas exigencias son particularmente más intensas en relación a las sociedades que intervienen en la oferta pública de títulos valores. Al respecto, la intervención estatal se orienta a la protección del público inversor, especialmente a los que forman la media común de los habitantes y que por carecer de la información necesaria pueden padecer en mayor grado la actividad de empresas improvisadas o carentes de la solidez exigida para un seguro y productivo destino del ahorro público (Guastavino, Elías P. “Tratado de las jurisdicción administrativa y su revisión judicial”, pág. 349 y ss.).

              Por otro lado, la alegación de un estado de necesidad en que se hallaría la sociedad en ese momento y sobre la falta de perjuicio, no son idóneas para revertir una decisión sancionatoria de esta naturaleza. Es que resulta inconducente determinar en el caso, si la omisión produjo perjuicio a terceros, pues en el ámbito disciplinario lo que interesa es el correcto cumplimiento de las obligaciones que han sido impuestas al sujeto responsable, en función del interés general en aras del cual han sido instituidas. La existencia de daño constituye un presupuesto de la responsabilidad civil, no así de la responsabilidad administrativo-disciplinaria, para la cual la infracción es el incumplimiento de un deber que generó un riesgo, desconectado en principio de sus consecuencias. Como dice Alejandro Nieto, la infracción de la norma constituye cabalmente la esencia de la infracción (“Derecho Administrativo Sancionador”, Ed. Tecnos, Madrid. año 2002, pág. 37/38).

              5.- La misma reflexión merece su agravio relativo a que no incumplió el deber informativo “por omisión” sino que la información fue tardía.

              En efecto, según lo establecido por el artículo 2º del Capítulo XVII de las NORMAS (N.T. 1997) los administradores y demás integrantes del órgano de fiscalización de sociedades emisoras en el régimen de oferta pública deben informar al organismo de contralor todo hecho o situación que sea apto para afectar la colocación o negociación de los valores negociables de ésta en forma inmediatamente posterior a producido el hecho. En este sentido, establece como hechos que deban ser informados “las causas judiciales de cualquier naturaleza que se promuevan por la entidad o contra ella”. Según surge de las constancias de autos, la sociedad informó en forma tardía sobre la promoción de cinco causas: a) “Nougués Hnos. S.A. y otros c/Nougués Hnos. s/sumario” (Expte. Nº 72.207)”. En el caso no se informó sobre la iniciación de la causa si bien la sociedad conocía de su existencia desde el 28-11-97. Sólo comunicó el rechazo de una medida precautoria (fs. 1878) y el rechazo de la demanda (fs. 1801), b) “Nougués Ercilia y otros c/Nougués Hnos. S.A. s/ sumario (Expte. Nº 72.218). En relación a esta causa el atraso en la comunicación fue de 9 meses y seis días, c) “Nougués, Ercilia y otros c/Nougués Hnos. S.A. s/sumario”. No se acreditó la comunicación respectiva y la sociedad sostuvo que si bien no encontró la comunicación al organismo de contralor debió despacharse en tiempo oportuno (fs. 1893), d) audiencia de mediación en la causa caratulada “Nougués Fernando Ramón del Corazón de Jesús c/Nougués Hnos. S.A. s/sumario” (Expte. Nº 900.638/99). La sociedad consideró que por ser una medida precautoria no era oportuna su comunicación (fs. 1688); y e) causa penal Nº 13.282/98 del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal de Instrucción Nº 35. La sociedad comunicó que presentaría denuncias penales contra algunos de sus ex directores y otras autoridades, lo que no fue oportunamente informado.

              Corresponde señalar que el deber de informar establecido por las normas infringidas, se apoya en la necesidad de posibilitar el eficaz funcionamiento del poder de policía del Estado sobre las sociedades emisoras en el régimen de oferta pública. Tal control se vería gravemente perturbado si quedase al arbitrio de los entes objeto de fiscalización el modo, tiempo o clase de la información a suministrar a la autoridad de control, a fin de que esas atribuciones puedan ser puestas en ejercicio.

              Tampoco puede prosperar, a mi modo de ver, la contradicción sostenida por la recurrente invocando la doctrina de los actos propios, toda vez que la autorización otorgada con fecha anterior no es un óbice para la adopción de medidas como la que aquí se cuestiona.

              Corresponde señalar, por último, que el acto atacado goza de adecuada causa y motivación. Destaco que la motivación es un elemento esencial del acto administrativo y aparece como una necesidad tendiente a la observancia del principio de legalidad en la actuación de los órganos estatales que, desde el punto de vista del administrado, traduce una exigencia fundada en la idea de una mayor protección de los derechos individuales, ya que, de su cumplimiento depende que el particular pueda conocer de una manera efectiva y expresa los antecedentes y razones que justifiquen el dictado del acto.

              Analizado el acto administrativo objeto de apelación, bajo los lineamientos señalados, se desprende que éste goza de regularidad ya que en él se expresa concreta y fundadamente los incumplimientos en los que incurrió la entidad al momento de imponerse la sanción.

              Asimismo, es inatendible la argumentación que ensaya la apelante respecto de la violación al derecho de defensa en juicio pues no logra demostrar que las pruebas que dice no haber podido producir, sean idóneas para revertir la decisión apelada.

              En consecuencia, estimo que los aspectos examinados bastan para justificar la sanción aplicada.

              Por las razones expuestas, opino que corresponde confirmar el acto administrativo impugnado.

              Buenos Aires, 31 de marzo de 2004.

Firmado. Alejandra Gils Carbó. Fiscal General Subrogante.