Comisión Nacional de Valores.  Expte. nº 70.114.

“Industrias Siderúrgicas Grassi S.A. s/retardo en la presentación de estados contables” – Expte. nº 793/00.

 

 

Excma. Cámara:

 

1.        La Comisión Nacional de Valores, mediante Resolución nº 13.944, sancionó a Industrias Siderúrgicas Grassi SA con una multa por la suma de $ 8.000.- por aplicación del art. 10 inc. b) de la ley 17.811, que se hizo extensiva a sus directores en forma solidaria, por infracción a lo establecido en el art. 10 inc. c del Capítulo IV de las NORMAS (N.T. 2001) y 1º incisos b) y c) del Capítulo XVIII de las NORMAS (N.T. 1997) – actualmente art. 1 incisos b) y c) del Capítulo XXIII de las NORMAS (N.T. 2001); y a los síndicos por infracción a sus respectivos deberes.  Contra esa decisión interpusieron recursos de apelación los afectados (fs. 153/62).

2.        Los recurrentes sostienen que la autoridad de control realizó una deficiente valoración de la prueba porque no tuvo en cuenta que la interrupción de energía eléctrica en la planta fabril y administración obstó a la confección oportuna de los balances y que ello se debió al incumplimiento de la compañía prestadora del servicio.  Acompañan como prueba copia de resoluciones judiciales que ordenaron la reconexion del suministro.  Sobre dicha base, objetan que el juez no ponderó la existencia de “caso fortuito” eximente de responsabilidad, máxime en consideración a la situación de concurso preventivo de la sociedad, que derivó en la declaración de quiebra el 8-3-01.  Asimismo, señalan que la Comisión Nacional de Valores no tuvo en cuenta que la sociedad tenía suspendida la cotización por aplicación del art. 42 inc. d del Régimen de Cotización.  Por último, cuestionan la competencia de la Comisión Nacional de Valores en razón del domicilio (fs. 168/72 y 183/7).

3.        En primer lugar, señalo que es inadmisible el planteo de incompetencia deducido sobre la base de que Industrias Siderúrgicas Grassi S.A. tendría su domicilio legal en la ciudad de Rosario, porque ese extremo no fue debidamente acreditado, ya que las dos notas emanadas de la misma sociedad, invocadas a tal efecto, carecen de eficacia probatoria porque constituyen documentos unilaterales emitidos por la interesada (fs. 173/4).  Por el contrario, a fs. 85 su vicepresidente manifestó que la sede legal se encontraba en la Capital Federal y su concurso preventivo –hoy quiebra- se halla radicado ante los tribunales nacionales de esa ciudad (ver fs. 100/6), lo que indica que el domicilio social inscripto se encuentra en esa jurisdicción (art. 3 ley 24.522).

A mi modo de ver, las explicaciones desarrolladas por los recurrentes son suficientes para tener por admitido el incumplimiento que se les atribuye con relación a la presentación de los balances al 30-6-99 -ocurrida el 20-9-99- y al 31-12-99, cuya obligatoriedad está fuera de cuestión.

La excusa invocada, relativa a la interrupción del suministro eléctrico por la empresa prestadora, no eximía a los responsables de adoptar las medidas necesarias para confeccionar los estados contables, ya que esa tarea –huelga destacarlo – es ajena a la paralización de sus actividad productiva y el corte de luz no constituye un obstáculo invencible para su elaboración.

Desde que la sociedad ingresó al régimen de la oferta pública asumió la observancia de reglas específicas impuestas para el correcto funcionamiento del sistema y orientadas a la protección del público inversor.  En esa inteligencia, el art. 10 inc. c) de las NORMAS (N.T. 1997) exige a las entidades que se encuentran en la oferta pública que posean durante toda su permanencia, una organización administrativa que les permita atender los deberes de información que les correspondan y, a su vez, establece plazos máximos de setenta y cuarenta y dos días corridos, para la presentación de los balances anuales y trimestrales, respectivamente (art. 1 incisos b y c del Capítulo XVIII de las NORMAS, N.T. 1997); que en la especie no fueron observados.

La sobrecarga de tareas administrativas derivada de la tramitación del concurso preventivo, no resulta un atenuante ante el incumplimiento de una obligación impuesta para la tutela del crédito y los derechos de terceros.  Asimismo, la suspensión de la cotización tampoco releva de ese deber legal, por cuanto esa situación sólo implica que los títulos emitidos no podrán negociarse en la rueda del mercado de valores, pero no obsta a que un tenedor pueda vender sus acciones admitidas en la oferta pública en otro ámbito, en el cual la circunstancia de que la sociedad emisora no haya presentado balances obstruiría el hallazgo de un comprador interesado.

Concluyo, pues, que la sanción ha sido bien aplicada.  Como señala Halperin (‘Sociedades Anónimas’, 2ª edición, 1978, pág. 468 y ss.), el balance, que tiene importancia en cualquier empresa, cobra especial significado en la sociedad anónima para los socios y los terceros, por su triple función de hacer conocer el estado patrimonial de la sociedad, asegurar la integridad del capital, con la realización de amortizaciones y formación de reservas, etc.; dar a conocer los negocios sociales y su consecuencia, la distribución de utilidades o la distribución de las pérdidas.

Estas exigencias son particularmente más intensas en relación a las sociedades que intervienen en la oferta pública de títulos valores.  Al respecto, la intervención estatal se orienta a la protección del público inversor especialmente a los que forman la media común de los habitantes y que por carecer de la información necesaria pueden padecer en mayor grado la actividad de empresas improvisadas o carentes de la solidez exigida para un seguro y productivo destino del ahorro público (Guastavino, Elias P. “Tratado de la jurisdicción administrativa y su revisión judicial”, pág. 349 y ss.).

Asimismo, el art. 12 de la ley 22.315 establece que la CNV, dentro del ámbito de su competencia, aplicará sanciones a las sociedades por acciones, asociaciones y fundaciones, a sus directores, síndicos o administradores y a toda persona o entidad que no cumpla con su obligación de proveer información, suministre datos falsos o que de cualquier manera, infrinja las obligaciones que les impone la ley, el estatuto o los reglamentos o dificulte el desempeño de sus funciones.

El fundamento para que los directivos y síndicos de una sociedad anónima bursátil estén sujetos a determinadas obligaciones y sean pasibles de imputación de responsabilidad administrativa, directa o indirecta, se halla en la exigencia de proteger al inversor en títulos cotizables, en vista a que la canalización del ahorro colectivo hacia los mercados de capitales tiende al desarrollo de la industria y del comercio.

A la luz de tales principios, el reproche dirigido contra los directores y síndicos se encuentra justificado en razón del incumplimiento de sus deberes orgánicos impuestos por la Ley 19.550 (arts. 58, 59 y 294 inc. 5), en lo que respecta a la demora y omisión en la presentación de los estados contables, ya que no surge de autos que hayan realizado, en forma personal, los actos necesarios para evitar los hechos que dieron lugar a la imputación administrativa.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha determinado que las funciones asignadas a las bolsas para dictar normas generales, verificar su cumplimiento, emitir autorizaciones y aplicar sanciones exceden el marco estricto del derecho privado, para adoptar las características típicas del ejercicio del poder de policía que compete al Estado.  Afirmó el Tribunal que de los términos de la ley 17.811 se desprende que su propósito no es sólo regular ciertas relaciones entre particulares, sino que apuntan a un objetivo eminentemente público; crear las condiciones e instrumentos necesarios para asegurar una efectiva canalización del ahorro hacia fines productivos.

Por los fundamentos expuestos, opino que V.E. debe confirmar la resolución apelada.

Buenos Aires, 2 de septiembre de 2002.

 

ALEJANDRA GILS CARBO