Expte. 77.162   Cám. 104662/02

Comisión Nacional de Valores “Goffre, Carbone y Cía. S.A. s/posible incumplimiento al art.11, Capítulo XXVI de las Normas (NT 2001)”

 

 

Excma. Cámara:

1.   La Comisión Nacional de Valores, mediante resolución Nº 14.299, sancionó a Goffre, Carbone y Compañía Sociedad Anónima Comercial e Industrial con una multa de seis mil pesos ($ 6.000) la que se hizo efectiva en la persona de los directores en virtud de lo dispuesto por el art. 10 inc. b) de la ley 17.811, por infracción a lo establecido en los art. 3º y 11 del Capítulo XXVI de las NORMAS (N.T. 2001).  Dicha responsabilidad se extendió también a los síndicos sociales.  Contra esa decisión interpusieron recursos de apelación los afectados (fs. 99/105).

2.   Los recurrentes pusieron de resalto que adjuntaron en tiempo y forma las presentaciones de la documentación y datos requeridos, por escrito y que, al momento de enviar los datos por la vía electrónica (AIF), se sucedieron diferentes trastornos de índole administrativo (vgr. un virus informático que obligó a formatear la PC que operaba vía A.I.F., cambios en el personal del área de sistemas y escasa comunicación y asesoramiento por parte de la C.N.V.).  Solicitaron la aplicación del informalismo a favor del administrado, es decir, la carencia de formas escritas.  Destacaron que la Comisión Nacional de valores aplicó una multa por haber intimado en seis ocasiones por vía electrónica a Goffre a regularizar su situación, intimaciones que nunca fueron recibidas, por cuanto para recepcionarlas era indispensable estar habilitado para usar la A.I.F..  Por ello, la empresa no tenía vía de acceso a recibir dichas intimaciones.  Agregaron que correspondía aplicar en el caso el principio de la verdad jurídica objetiva toda vez que si bien se tardó en cumplir con el suministro de información por medio de la AIF, en tiempo y forma, fue presentada la misma documentación por escrito.  Advirtieron que difícilmente podían dar cumplimiento al sistema electrónico por cuanto ni siquiera el personal de la Comisión Nacional de Valores tenía claro su funcionamiento.

Solicitaron, asimismo, la morigeración de la sanción impuesta, por resultar elevada e irracional atento la falta de perjuicio.  Agregaron, por último, que la multa carecía de fundamentación.

3.   La sanción aplicada se deriva de la falta en la que incurrió la sociedad al no ingresar por vía electrónica la información financiera de la entidad, para lo cual se la intimó en seis oportunidades (v. fs. 1/7).

Los recurrentes admiten que si bien no cumplieron en tiempo y forma con el suministro de la información por medio de la AIF presentaron ante el organismo de contralor la misma documentación y datos por escrito (v. fs. 110).

Corresponde señalar que la Comisión Nacional de Valores debe recibir los datos que son necesarios para el ejercicio de su poder de policía en la forma y condiciones que establece la reglamentación, lo cual no puede quedar librado a la discrecionalidad de la sociedad controlada.

Asimismo, resulta inatendible la alegación de que el incumplimiento se originó en las dificultades de implementar un sistema informático, porque desde que la sociedad ingresó al régimen de la oferta pública asumió la observancia de las reglas específicas impuestas para el correcto funcionamiento del sistema y orientadas a la protección del público inversor.  En esa inteligencia, el art. 10 inc. o) de las NORMAS (N.T. 2001) exige a las entidades que se encuentran en la oferta pública que posean durante toda su permanencia, una organización administrativa que les permita atender los deberes de información que les correspondan.

Por otra parte, resulta inconducente determinar si se produjo perjuicio a terceros.  Es que en el ámbito del control estatal lo que interesa es el correcto cumplimiento de las obligaciones que han sido impuestas al sujeto responsable, en función del interés general en aras del cual han sido intituidas, en la especie, vinculado a la tutela del ahorro público.  La existencia de daño constituye un presupuesto de la responsabilidad civil, no así de la responsabilidad administrativa, para la cual la infracción es el incumplimiento de un deber que generó un riesgo, desconectado en principio de sus consecuencias.  Como dice Alejandro Nieto, la infracción de la norma constituye cabalmente la esencia de la infracción (“Derecho Administrativo Sancionador”, Ed. Tecnos, Madrid, año 2000, pág. 37/38).

Asimismo, el art. 12 de la ley 22.315 establece que la C.N.V, dentro del ámbito de su competencia, aplicará sanciones a las sociedades por acciones, asociaciones y fundaciones, a sus directores, síndicos o administradores y, a toda persona o entidad que no cumpla con su obligación de proveer información, suministre datos falsos o que de cualquier manera, infrinja las obligaciones que les impone la ley, el estatuto o los reglamentos o dificulte el desempeño de sus funciones.

El fundamento para que los directivos y síndicos de una sociedad anónima bursátil estén sujetos a determinadas obligaciones y sean pasibles de imputación de responsabilidad administrativa, directa o indirecta, se halla en la exigencia de proteger al inversor en títulos cotizables, en vista a que la canalización del ahorro colectivo hacia los mercados de capitales tiende al desarrollo de la industria y del comercio.

A la luz de tales principios, el reproche dirigido contra los directores y síndicos se encuentra justificado en razón del incumplimiento de sus deberes orgánicos impuestos por la Ley 19.550 (arts. 58, 59 y 294).

Los recurrentes no pueden justificar el incumplimiento de las disposiciones vigentes invocando el informalismo propio del derecho administrativo ya que este principio no es incompatible con las normas establecidas a fin de que el organismo de contralor ejerza la fiscalización que le es propia.

Por último, corresponde señalar, que la multa impuesta no carece de fundamentación, toda vez que según surge del punto VII de la resolución recurrida, al momento de fijar la sanción se tuvo en cuenta la entidad del incumplimiento, el tiempo transcurrido desde la obligación de cumplir con las normas y se ponderó para su graduación, la circunstancia de no registrar la emisora sanciones anteriores, lo novedoso del régimen informático instaurado y el trámite de solicitud de operador efectuado en agosto de 2000, cuya conclusión se afectó por la desvinculación de la empresa de la persona designada como operador responsable.

No hallo excesiva la sanción aplicada como postula el apelante de acuerdo a un criterio de proporcionalidad, en vista al fin de interés público que se persigue con su aplicación y en consideración a su finalidad preventiva, para que la sociedades que han incurrido en incumplimientos ajusten en adelante su actuación a la observancia de sus deberes legales.

Por las razones expuestas opino que V.E. debe desestimar el recurso.

Buenos Aires, 19 de agosto de 2003.-

Galo “agosto”; vale.-

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FIRMADO: Alejandra Gils Carbó – Fiscal General Subrogante.