"Banco Unión Comercial e Industrial s/ calificación" (Expte. 82818 - Cám. 78025/03).

 

Excma. Cámara:

             1. En la resolución apelada de fs. 637/661, la Comisión Nacional de Valores aplicó a Fitch Argentina Calificadora de Riesgo S.A., en su carácter de continuadora de Duff & Phelps de Argentina Sociedad Calificadora de Riesgo S.A., una sanción de multa de $ 24.000 por infracción al art. 2 de la RG 226, indicando que la misma se hará efectiva en la persona de los Sres. David Roberts, Hernán Chayre Valenzuela, José R. Valente Vias, Ernest Elsner, Jaime Vatter Gutiérrez, Gabriel E. Rubinstein, Sergio D. Bonacossa, Ana Gavuzzo y Juan A. Desimone en forma solidaria.

             Esa sanción fue impuesta tras comprobarse la falta de uso de información actualizada en su dictamen del 31.3.97 con relación a la calificación de las obligaciones negociables emitidas por el Banco Unión Comercial e Industrial S.A. (Banco BUCI).

             2. Apelaron  Fitch Argentina Calificadora de Riesgo S.A. y los Sres. David Roberts, Hernán Chayre Valenzuela, José R. Valente Vias, Ernest Elsner, Jaime Vatter Gutiérrez, Gabriel E. Rubinstein, Sergio D. Bonacossa y Ana Gavuzzo. Expresaron agravios a fs. 668/672. Cuestionaron el monto de la multa por considerarla excesiva y no ajustada a derecho. Expresaron que el sumario fue iniciado por varias presuntas infracciones, que luego se redujeron a la determinación de un solo cargo. Manifestaron que la conducta sancionada carece de efectos nocivos para terceros y que el cargo que origina la sanción no afecta la calificación a que se llega en el mismo; destacaron la relativa importancia de la omisión en que incurrió Fitch al no considerar el balance al 31.12.96, por cuanto a pesar de ello, los elementos de juicio que poseía le permitían calificar las obligaciones negociables y que esa calificación no fue observada por la Comisión Nacional de Valores. Señalaron que no se aplicó correctamente el criterio de gradualidad, pues aquí se trata de una infracción de menor gravedad de la anterior; que se trata de un hecho ocurrido en 1997 y que desde ese momento ningún reclamo ocasionó el dictamen en cuestión. Solicitaron que se reduzca la multa al importe mínimo que prescribía la ley a la fecha de la infracción, que ascendía a $ 1.000.

             3. En primer lugar, corresponde señalar que la sociedad sumariada se encuentra en una relación de sujeción especial voluntariamente asumida respecto de la autoridad de control, y requirió habilitación para el ejercicio de una específica actividad que requiere una alta especialización y un especial cuidado y prudencia.

             Ello halla su fundamento en la exigencia de proteger al inversor en títulos cotizables, en vista a que la canalización del ahorro colectivo hacia los mercados de capitales tiende al desarrollo de la industria y del comercio.

             Desde tal perspectiva, considero que la sanción aplicada  es proporcional a la finalidad del interés público que se persigue con su aplicación y en consideración a su finalidad preventiva, para que las sociedades que han incurrido en incumplimientos en adelante ajusten su actuación a la observancia de sus deberes legales.

                   Ello, máxime teniendo en cuenta que la sumariada registra antecedentes disciplinarios por infracción al régimen de la oferta pública. En efecto, el 27.01.00 se le aplicó una sanción de apercibimiento por apartamiento del Manual y no utilización de balances disponibles para la calificación de ciertos valores y el 25.04.02 se le aplicó, en su carácter de absorbente de Duff & Phelps, una multa de $ 8.500 en forma solidaria con los restantes sumariados por publicación de calificaciones fuera del plazo y sin respeto de los requisitos establecidos en la normativa aplicable.

              Con respecto a las manifestaciones relativas a la inexistencia de perjuicios a terceros, considero que resulta inconducente determinar si se produjo ese perjuicio. Es que en el ámbito del control estatal lo que interesa es el correcto cumplimiento de las obligaciones que han sido impuestas al sujeto responsable, en función del interés general en aras del cual han sido instituidas, en la especie, vinculado a la tutela del ahorro público. La existencia de daño constituye un presupuesto de la responsabilidad civil, no así de la responsabilidad administrativa, para la cual la infracción es el incumplimiento de un deber que generó un riesgo, desconectado en principio de sus consecuencias. Como dice Alejandro Nieto, la infracción de la norma constituye cabalmente la esencia de la infracción (“Derecho Adminsitrativo Sancionador”, Ed. Tecnos, Madrid, año 2000, pág. 37/38).

             Por tales consideraciones, opino que debe rechazarse el recurso de apelación interpuesto.

             Buenos Aires, agosto 24 de 2004.

7.

 

 

Dictamen N° 101.078

 

Firmado. Alejandra Gils Carbó. Fiscal General Subrogante.