Expte. 73.019     Cám. 25631/02

Comisión Nacional de Valores “Banco Piano S.A. s/incumplimiento R.G. 340”

 

Excma. Cámara:

1.   La Comisión Nacional de Valores, mediante resolución Nº 14.137, sancionó a Banco Piano S.A. con una multa de treita y dos mil quinientos ($32.500) en virtud de lo dispuesto por el art. 10 inc. b) de la ley 17.811, por infracción a lo establecido en el art. 4 Cap. II y art. 3 bis Capítulo XVII NORMAS (N.T. 1997).

2.   La autoridad de control verificó que Banco Piano presentó el acta correspondiente a la Asamblea celebrada el 30-10-90, con una tardanza de ciento setenta y cuatro días corridos posteriores a su celebración, en lugar de los diez díaz que impone el art. 4 inc. c), Cap. II de las NORMAS.  Con relación a la Asamblea celebrada el 29.10.99 verificó tres infracciones: 1) la demora en informar sobre la convocatoria, que tuvo lugar con dos días de anticipación al acto y no con diez como lo requiere el art.4º Capítulo II de las Normas; 2) la omisión de informar sobre la no realización de la asamblea dentro de los dos días de convocada de acuerdo al art. 4º del Capítulo citado; 3) la presentación del acta de Directorio que la convocó noventa y dos días corridos despues de la fecha designada para celebrarla, contrariando una vez  más el art. 4º inc. a. 1 del Capítulo II que establece un plazo de 10 días de anticipación.

Por otra parte, con relación a la Asamblea celebrada el 5.11.99 registró los siguientes incumplimientos: 1) Se informó a la CNV sobre su realización con dos días de anticipación, sin adjuntar el acta de directorio y el texto de la convocatoria infringiendo lo dispuesto en los inc. a.1 y a.2 del Cap. II; 2) con un día de anticipación presentó el texto del orden del día debiendo ser diez días antes (art. 4º inc. a.2 del cap. II de las NORMAS); 3) El acta de asamblea fue presentada al organismo cincuenta y dos días posteriores a la misma, incumpliendo el art. 3º inc. c del Cap. II; 4) presentó copia del acta de directorio que convocaba a una nueva asamblea  ochenta y cinco días corridos posteriores a su celebración.

Asimismo, el Banco Piano S.A. admitió haber omitido la exigencia de informar sobre la independencia de los candidatos a integrar la comisión fiscalizadora e informó a la CNV sobre el cambio de integración antes de que tuviera lugar.  Por último, los síndicos fueron responsabilizados por el incumplimiento al deber de vigilancia que impone el art. 294 inc. 9º LS.

3.   Los recurrentes no niegan la comisión de las infracciones que se les atribuyen pero objetan la cuantía de la sanción aplicada por considerarla desproporcionada, alegando que la falta de antecedentes sancionatorios ameritaba un mero apercibimiento.

A mi modo de ver, la argumentación que desarrollan en su memorial no es idónea para modificar lo resuelto, máxime que ya fue refutada por la autoridad de control en su resolución de fs. 149/164, sin que aquellos se hagan cargo – concretamente – de esos fundamentos pues se limitan, en líneas generales, a reiterar los términos de su descargo.

Sin perjuicio de ello, señalo que, en mi opinión, la sanción aplicada es proporcional a la relevancia del interés público cuya custodia persigue en el caso el ejercicio del poder disciplinario y en vista a su finalidad preventiva, para que la sociedades que han incurrido en incumplimientos ajusten en adelante su actuación a la observancia de sus deberes legales,

Estas exigencias son particularmente más intensas en relación a las sociedades que intervienen en la oferta pública de títulos valores, en las cuales, la intervención estatal se orienta a la protección del público inversor –especialmente a los que forman la media común de los habitantes- que por carecer de la información necesaria pueden padecer en mayor grado la actividad de empresas improvisadas o carentes de la solidez exigida para un seguro y productivo destino del ahorro público (Guastavino, Elias P. “Tratado de la jurisdicción administrativa y su revisión judicial”, pág. 349 y ss.).

La Comisión Nacional de Valores debe recibir los datos que son necesarios para el ejercicio de su poder de policía en la forma y condiciones que establece la reglamentación, lo cual no puede quedar librado a la discrecionalidad de la sociedad controlada.

Si bien es cierto que los imputado no registraban sanciones anteriores a la fecha de la resolución apelada, cabe ponderar la reiteración de infracciones, el interés público comprometido y la naturaleza fundamentalmente preventiva de la potestad disciplinaria, para confirmar la cuantía de la multa impuesta.

Es que, cuando se obstaculiza el ejercicio del poder de policía del Estado al incumplir el deber de información, se crea una situación de grave riesgo para el público que eligió invertir sus ahorros en títulos negociables.  Como dice Alejandro Nieto, a diferencia de lo que sucede en el derecho penal, en el derecho administrativo sanconador la regla es la de los “ilícitos de riesgo”; la infracción de la norma constituye cabalmente la esencia de la infracción (Conf. “Derecho Administrativo Sancionador” pág. 37/38, 1993, Gal Tecnos, Madrid).

Asimismo, estimo correcta la extensión de responsabilidad a los síndicos ya que, éstos deben denunciar al organismo de fiscalización las irregularidades en que hubiese incurrido el directorio en el cumplimiento de las NORMAS de este organismo (arg. Art. 10 inc. c) de la ley 24.083).  Por ello, debieron –cuanto menos- dejar constancia de la irregularidad cometida en la reunión del órgano de gobierno en la que no se informó, antes de la votación, de la condición de independencia de los síndicos propuestos; así como instar o denunciar la demora, considerable, en cumplir con el deber de información sobre las asambleas.

En definitiva, por los fundamentos expuestos, opino que V.E. debe desestimar el recurso.

Buenos Aires, 17 de marzo de 2003.-

Gdo “arg” y “24083” : vale.-

FIRMADO: Alejandra Gils Carbó – Fiscal General Subrogante.