Expte. 77.046   Cám. 11082/03

Comisión Nacional de Valores “Banco Velox S.A. s/presentación de Balance”           

 

 

Excma. Cámara:

              1. La Comisión Nacional de Valores, mediante resolución N° 14.403, sancionó a Banco Velox S.A. con una multa de pesos veintiseis mil ($26.000) en virtud de lo dispuesto por el art. 10 inc. b) de la ley 17.811, por infracción a lo establecido en el  art. 1º inciso b) del Capítulo XXIII de las NORMAS (N.T. 2001); y  a los síndicos por infracción a sus respectivos deberes. Contra esa decisión interpusieron recursos de apelación los afectados José María Simone, Jorge Néstor Carracedo,  Carlos Ricardo Esteves y, en forma conjunta, Jorge Jabib Salvador Bulleraich y Moira Inés Frehner en fs. 319/330, fs. 331/342, fs. 343/354 y fs. 355/374 respectivamente).

               2. La autoridad de control verificó que Banco Velox  incumplió la obligación presentar en término sus estados contables anuales  al 31.12.01.

               3. Los recurrentes mediante los recursos interpuestos y con similares argumentos, no niegan la comisión de la infracción que se les atribuye pero destacan que no se han tenido en cuenta distintas circunstancias al momento de imponer la sanción. Ponen de resalto, entre ellas, situaciones derivadas de las entidades financieras del exterior que no suministraron la información necesaria y en las que el Banco no tenía injerencia y  la situación económica que afectó al país durante el año 2001. Asimismo, que no hubo afectación del bien jurídico protegido puesto que durante ese lapso no hubo en el mercado transacciones relativas a los títulos emitidos.

               Los  síndicos, por su parte, entendieron que se conducta fue analizada con un rigor formal excesivo en la interpretación de las facultades y deberes. Ello por cuanto la sociedad era una sociedad cerrada y administrada por sus propios accionistas. Argumentaron que la convocatoria a asamblea que deberían haber efectuado para poner en conocimiento de los accionistas del directorio  que la emisora adeudaba el balance al 31-12-01, carecía de fundamento, toda vez que los señores accionistas estaban debidamente anoticiados del atraso en la presentación. Destacaron la imposibilidad de contar con la presencia y colaboración de quienes se desempeñaban como presidente y vicepresidente del Banco Velox S.A. y la situación de entidades financieras vinculadas operativamente a Banco Velox S.A. en su carácter de integrantes del denominado “Grupo Velox”.

               4. A mi modo de ver, la argumentación que desarrollan los apelantes en su memorial,  no es idónea para revertir la sanción.

               En efecto, los recurrentes admiten el incumplimiento que se le atribuye y desarrollan consideraciones en orden a justificar su falta.

               No obstante, señalo que la demora en la presentación de balances es una falta al deber de información que merece ser sancionada. 

               En efecto, como señala Halperín (“Sociedades Anónimas”, 2º edición, 1978, pág. 468 y ss.), el balance, que tiene importancia en cualquier empresa, cobra especial significado en la sociedad anónima para los socios y los terceros, por su triple función  de hacer conocer el estado patrimonial de la sociedad, asegurar la integridad del capital, con la realización de amortizaciones y formación de reservas, etc.; dar a conocer los negocios sociales y su consecuencia, la distribución de utilidades o la distribución de las pérdidas.”

               La alegación de que se trata de una falta que no ha causado perjuicio alguno, no es atendible.

               Es que, cuando se obstaculiza el ejercicio  del poder de policía del Estado al incumplir el deber de información, se crea una situación de grave riesgo para el público que eligió invertir sus ahorros en títulos negociables. Como dice Alejandro Nieto, a diferencia de lo que sucede en el derecho penal, en el derecho administrativo sancionador la regla es la de los “ilícitos de riesgo”; la infracción de la norma constituye cabalmente la esencia de la infracción (Conf. “Derecho Administrativo Sancionador” pág. 37/38, 1993, Ed. Tecnos, Madrid).

               Por ello, la alegación de la falta de perjuicio no es idónea para revertir la sanción, pues -aun ante  esa circunstancia- resta la necesidad de preservar el interés  general, en aras del cual no debe quedar impune el incumplimiento  de las normas a las que debe sujetarse una entidad que capta el ahorro público (cfr. dictamen emitido en autos "Superintendencia de Administración de Fondos de Jubilaciones y Pensiones s/ rec. de apelación  por Máxima AFJP" Expte. 60.123).

               Es obligación de la sociedad el cumplimiento de los deberes formales impuestos por el organismo de contralor y  el acatamiento de su actuación a las normas dictadas.

               En este sentido los distintos argumentos expuestos por lo recurrentes a fin de atenuar la responsabilidad  en el cumplimiento de las obligaciones que la ley  les exige carecen de virtualidad frente a las normas que en el caso, han incumplido.

                Estas exigencias son particularmente más intensas en relación a las sociedades que intervienen en la oferta pública de títulos valores, en las cuales, la intervención estatal se orienta a la protección del público inversor -especialmente a los que forman la media común de los habitantes- que por carecer de la información necesaria pueden padecer en mayor grado la actividad de empresas improvisadas o carentes de la solidez exigida para un seguro y productivo destino del ahorro público (Guastavino, Elías P. “Tratado de la jurisdicción administrativa y su revisión judicial”, pág. 349 y ss.).

                Corresponde señalar que la fiscalización que ejerce la Comisión Nacional de Valores debe abarcar desde el momento en que se otorga la autorización hasta su cancelación.  Es jurisprudencia corriente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación la que establece que el voluntario sometimiento del interesado a un régimen legal o a sus beneficios, sin reservas expresas, importa un inequívoco acatamiento que determina la improcedencia de su ulterior impugnación (Fallos: 270:26; 294:220; 308:1837; 310:1624; 311:1880; 313:63).

               La recurrente se halla en tales condiciones, por lo que la alegaciones que ensaya resultan inatendibles.

               Asimismo, estimo que el reproche dirigido contra los directores y síndicos se encuentra justificado en razón del incumplimiento de sus deberes orgánicos impuestos por la Ley 19.550.

               El art. 12 de la ley 22.315 establece que la C.N.V , dentro del ámbito de su competencia, aplicará sanciones a las sociedades por acciones, asociaciones y fundaciones, a sus directores, síndicos o administradores y, a toda persona o entidad que no cumpla con su obligación de proveer información, suministre datos falsos o que de cualquier manera, infrinja las obligaciones que les impone la ley, el estatuto o los reglamentos o dificulte el desempeño de sus funciones.

               El fundamento para que los directivos y síndicos de una sociedad anónima bursátil estén sujetos a determinadas obligaciones y sean pasibles de imputación de responsabilidad administrativa, directa o indirecta, se halla en la exigencia de proteger al inversor en títulos cotizables, en vista a que la canalización del ahorro colectivo hacia los mercados de capitales tiende al desarrollo de la industria y del comercio.

              Esa responsabilidad se extiende, desde mi punto de vista, a los síndi­cos sociales. Es cierto que éstos no ejercen la dirección de la sociedad. Empero, ellos son los encargados por la ley de una fiscalización constante, rigurosa y  eficiente de las disposiciones del directorio, por lo que sus funciones a los efectos de la normal marcha de la sociedad es más importante individualmente que las de cada uno de los directores. La falta deliberada o no del debido ejercicio de las múltiples obligaciones que la ley les impone ‑entre otras, las de control, asistencia, convocación a asam­bleas (Ley de Sociedades, artículos 294/296)‑ los hace incurrir en gravísíma falta (conf. dictamen nº 66.266, del 27 de abril de 1992. in "Comisión Nacional de Va­lores ‑ Cía. Argentina del Sud S.A. s/verificación contable", a cuyos fundamentos remitió la sala C del Tribunal, sentencia del 7 de octubre de 1992).

           A la luz de tales principios, el reproche dirigido a los síndicos se encuentra justificado, a raíz de las demoras en la presentación de los estados contables, con relación a la cual no surge de autos que hayan formulado todas y cada una de las objeciones ni realizado los actos necesarios para evitar los hechos que dieron lugar a la imputación administrativa. La recriminación no se halla en absoluto controvertida en el recurso, por lo que pienso que el acto atacado debe mantenerse por falta de adecuada crítica.

              Por último, cuadra advertir que la arbitrariedad aducida por los directores de Banco Velox S.A. no se encuentra configurada en el caso. Ello, toda vez que dicho supuesto es de aplicación a los casos en los que se aprecia un desvío notorio  de las leyes o ausencia total de fundamentación. En el caso el acto administrativo atacado se encuentra debidamente fundado en las omisiones en las que incurrió la sociedad en el cumplimiento de las normas dictadas por el organismo de contralor.

              Corresponde señalar que los recurrentes amparándose en circunstancias particulares desconocieron las normas dictadas por quien ejerce el poder de policía en la especifica materia de que aquí se trata, con miras al amparo del público inversor, cuya protección -a través de informes claros, veraces y temporáneos- es el fin primordial de la injerencia del Estado a través de los mecanismos previstos en la ley 17.811.

              Desde esa perspectiva la multa impuesta no resulta desproporcionada si se consideran el interés público comprometido y la naturaleza fundamentalmente preventiva de la potestad disciplinaria.

              Por los fundamentos expuestos, opino que corresponde desestimar el recurso.

              Buenos Aires, 29 de agosto de 2003.

Firmado. Alejandra Gils Carbó. Fiscal General Subrogante.

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