Expte. 73.674   Cám. 59706/02

Comisión Nacional de Valores “Banco República S.A. s/demora en presentación de información contable periódica”           

 

 

Excma. Cámara:

                                   1. La Comisión Nacional de Valores, mediante resolución 14.214, sancionó a Banco República S.A. con una multa de diecinueve mil ($19.000) en virtud de lo dispuesto por el art. 10 inc. b) de la ley 17.811, por infracción a lo establecido en el  art. 4º del Capítulo XXI de las NORMAS (N.T. 1997); y  a los directores y síndicos por infracción a sus respectivos deberes. Contra esa decisión interpusieron recursos de apelación los afectados (fs. 372/388).

               2. La autoridad de control verificó que Banco República incumplió la obligación presentar en término sus estados contables trimestrales al 30.09.99.

               3. Los recurrentes no niegan la comisión de la infracción que se les atribuye pero destacan que no han causado perjuicio toda vez que al momento del incumplimiento la sociedad no cotizaba valores negociables. Ello, por cuanto solicitaron al Banco Central la revocación para funcionar como banco comercial  y, la Comisión Nacional de Valores el 11 de mayo de 2000, dispuso la cancelación de la autorización de oferta pública.

               Asimismo, señalan que la falta no fue intencional y obedeció a un error excusable de interpretación.  Cuestionaron la facultad del organismo de contralor de aplicar sanciones cuando las obligaciones fueron rescatadas o amortizadas en su totalidad. Resaltaron que en el mes de septiembre de 1999 presentaron una nota manifestando la imposibilidad de presentar sus balances trimestrales en término debido al Plan de Regularización y Saneamiento.

               4. A mi modo de ver, la argumentación que desarrollan los apelantes en su memorial,  no es idónea para revertir la sanción.

               En efecto, los recurrentes admiten el incumplimiento que se les atribuye y desarrollan consideraciones en orden a justificar su falta.

               La demora en la presentación de balances trimestrales una falta al deber de información que merece ser sancionada. En efecto, como señala Halperín (“Sociedades Anónimas”, 2º edición, 1978, pág. 468 y ss.), el balance, que tiene importancia en cualquier empresa, cobra especial significado en la sociedad anónima para los socios y los terceros, por su triple función  de hacer conocer el estado patrimonial de la sociedad, asegurar la integridad del capital, con la realización de amortizaciones y formación de reservas, etc.; dar a conocer los negocios sociales y su consecuencia, la distribución de utilidades o la distribución de las pérdidas.”

               La alegación de que se trata de una falta meramente formal que no ha causado perjuicio alguno, o que no fue intencional es inatendible.

               Es que, cuando se obstaculiza el ejercicio  del poder de policía del Estado al incumplir el deber de información, se crea una situación de grave riesgo para el público que eligió invertir sus ahorros en títulos negociables. Como dice Alejandro Nieto, a diferencia de lo que sucede en el derecho penal, en el derecho administrativo sancionador la regla es la de los “ilícitos de riesgo”; la infracción de la norma constituye cabalmente la esencia de la infracción (Conf. “Derecho Administrativo Sancionador” pág. 37/38, 1993, Ed. Tecnos, Madrid).

               Por ello, la alegación de la falta de perjuicio no es idónea para revertir la sanción, pues -aun ante  esa circunstancia- resta la necesidad de preservar el interés  general, en aras del cual no debe quedar impune el incumplimiento  de las normas a las que debe sujetarse una entidad que capta el ahorro público (cfr. dictamen emitido en autos "Superintendencia de Administración de Fondos de Jubilaciones y Pensiones s/ rec. de apelación  por Máxima AFJP" Expte. 60.123).

               Es obligación de la sociedad el cumplimiento de los deberes formales impuestos por el organismo de contralor y  el acatamiento de su actuación a las normas dictadas.

               Corresponde señalar que la fiscalización que ejerce la Comisión Nacional de Valores debe abarcar desde el momento en que se otorga la autorización hasta su cancelación que, en el caso, operó el 11.05.00 (v. fs. 34/35). Es jurisprudencia corriente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación la que establece que el voluntario sometimiento del interesado a un régimen legal o a sus beneficios, sin reservas expresas, importa un inequívoco acatamiento que determina la improcedencia de su ulterior impugnación (Fallos: 270:26; 294:220; 308:1837; 310:1624; 311:1880; 313:63), por ello mal puede cuestionar la recurrente las normas dictadas por quien ejerce el poder de policía en la especifica materia de que aquí se trata.

                      La recurrente se halla en tales condiciones, por lo que la alegaciones que ensaya resultan inatendibles.

               Asimismo, estimo que el reproche dirigido contra los directores y síndicos se encuentra justificado en razón del incumplimiento de sus deberes orgánicos impuestos por la Ley 19.550.

               El art. 12 de la ley 22.315 establece que la C.N.V , dentro del ámbito de su competencia, aplicará sanciones a las sociedades por acciones, asociaciones y fundaciones, a sus directores, síndicos o administradores y, a toda persona o entidad que no cumpla con su obligación de proveer información, suministre datos falsos o que de cualquier manera, infrinja las obligaciones que les impone la ley, el estatuto o los reglamentos o dificulte el desempeño de sus funciones.

               El fundamento para que los directivos y síndicos de una sociedad anónima bursátil estén sujetos a determinadas obligaciones y sean pasibles de imputación de responsabilidad administrativa, directa o indirecta, se halla en la exigencia de proteger al inversor en títulos cotizables, en vista a que la canalización del ahorro colectivo hacia los mercados de capitales tiende al desarrollo de la industria y del comercio.

               Considero por ello, que corresponde extender la responsabilidad de los síndicos por haber incumplido el deber de control y asistencia que la ley les impone (art 294/296 L.S).

               Por último, opino que debe  hacerse lugar a los agravios de los apelantes respecto del monto de la sanción impuesta por el organismo de control.

                                   En efecto, a tenor de las circunstancias  específicas del caso, teniendo en cuenta, fundamentalmente, la falta de  antecedentes  de la entidad cuya  conducta  se  cuestiona, estimo que en un monto de $ 8000, la multa   guardaría mejor proporción  respecto de la entidad de la falta cometida.

                                   Por lo expuesto, postulo que se  confirme  el acto administrativo impugnado, salvo en cuanto al monto de  la sanción impuesta.

               Buenos Aires, 29 de agosto de 2003.

Firmado. Alejandra Gils Carbó. Fiscal General Subrogante.

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