Expte. 73.976 Cám. 71999/02

Comisión Nacional de Valores “Electromac S.A. s/posible incumplimiento al Capítulo XXVI de las Normas (NT 2001)

 

 

Excma. Cámara:

1.     La Comisión Nacional de Valores, mediante resolución Nº 14.223, sancionó a Electromac S.A. con una multa de doce mil ($12.000) la que se hizo efectiva en la persona de los directores en virtud de lo dispuesto por el art. 10 inc. b) de la ley 17.811, por infracción a lo establecido en los arts. 3º y 11 del Capítulo XXVI de las NORMAS (N.T. 2001).  Dicha responsabilidad se extendió también a los síndicos sociales.  Contra esa decisión interpusieron recursos de apelación los afectados (fs. 88/93).

2.     Los recurrentes no niegan la comisión de las infracciones que se les atribuyen pero cuestionan la cuantía de la sanción impuesta.  Se agravian de que no se hayan tenido en cuenta las pautas establecidas por el art. 10 de la ley 17.811 (texto conf. dec. Ley 677/01), por cuanto la decisión sancionatoria no se ha fundado en el daño a la confianza en el mercado de capitales; ni en la magnitud de la infracción; ni en los beneficios o perjuicios ocasionados.  Sostienen que tampoco consideró el volumen operativo del infractor, dado que Electromac S.A. no registra operaciones en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires desde el mes de febrero de 1996.  Señalan que no se tuvo en cuenta la actuación individual de los miembros de los órganos de administración y fiscalización y su vinculación con el grupo de control.  Destacan asimismo que al momento de dictarse el acto sancionatorio se había regularizado la situación.

Alegan que al momento de analizar el caso de autos, corresponde tener en cuenta otros elementos, a saber: la novedad del Régimen instaurado por la Resolución General de la CNV 345/99; la situación actual de las sociedades emisoras y la regularización de la AIF.  En esas condiciones sostienen que la única sanción aplicable es la de apercibimiento.

3.     La sanción aplicada se deriva de la mora en la que incurrió la sociedad al ingresar por vía electrónica la información financiera de la entidad, para lo cual se la intimó en tres oportunidades a través de la Nota Nº 2503/EMI de fecha 27.06.01; el 20.09.01 por vía electrónica se le requirió el envío de la reseña normativa, y por Nota Nº 5455/EMI de fecha 17 12.01, las que no fueron respondidas.  Concluyen, por las razones expuestas que la resolución apelada es nula por carecer de fundamentación.

En primer lugar, entiendo que la resolución apelada no es nula por falta de fundamentación porque el art. 10 de la ley 17.811 –modificado por el decreto 677/01- establece pautas orientadoras para la graduación a ser ponderadas por el órgano administrativo, mas no requisitos taxativos como sugiere el apelante.

La motivación es un elemento esencial del acto administrativo y aparece como una necesidad tendiente a la observancia del principio de legalidad en la actuación de los órganos estatales y que, desde el punto de vista del administrado traduce una exigencia fundada en la idea de una mayor protección de los derechos individuales, ya que, de su cumplimiento depende que el particular pueda conocer de una manera efectiva y expresa los antecedentes y razones que justifiquen el dictado del acto.

Analizado el acto administrativo objeto de apelación, bajo los lineamientos antes señalados, se desprende que éste goza de regularidad ya que en él se expresa concreta y fundadamente los incumplimientos en los que incurrió la entidad.

A su vez, los recurrentes admiten los incumplimientos que se les atribuyen aunque desarrollan argumentos tendientes a atenuar su punición, que hallo inatendibles.

En efecto, la Comisión Nacional de Valores debe recibir los datos que son necesarios para el ejercicio de su poder de policía en la forma y condiciones que establece la reglamentación, lo cual no puede quedar librado a la discrecionalidad de la sociedad controlada.

Resulta inatendible la alegación de que el incumplimiento no se originó en una negligencia culpable sino en las dificultades de implementar un sistema informático, porque desde que la sociedad ingresó al régimen de la oferta pública asumió la observancia de reglas específicas impuestas para el correcto funcionamiento del sistema y orientadas a la protección del público inversor.  En esa inteligencia, el art. 10 inc. c) de las NORMAS (N.T. 2001) exige a las entidades que se encuentran en la oferta pública que posean durante toda su permanencia, una organización administrativa que les permita atender los deberes de información que les correspondan.

Asimismo, ha sido correcto extender la sanción a directores y síndicos, conforme lo autoriza el art. 12 de la ley 22.315, por cuanto en una sociedad anónima bursátil están sujetos a determinadas obligaciones y son pasibles de imputación de respondabilidad administrativa, -directa o indirecta-, en razón de la exigencia de proteger al inversor en títulos cotizables, en vista a que la canalización del ahorro colectivo hacia los mercados de capitales, para proveer al desarrollo de la industria y del comercio.

Por úlitmo no hallo excesiva la sanción aplicada como postula el apelante de acuerdo a un criterio de proporcionalidad, en vista al fin de interes público que se persigue con su aplicación y en consideración a su finalidad preventiva, para que la sociedades que han icurrido en incumplimientos ajusten en adelante su actuación a la observancia de sus deberes legales.

Por otra parte, la circunstancia de que no se haya producido un perjuicio concreto no es relevante para suprimir la sanción porque cuando se obstaculiza el ejercicio del poder de policía del Estado al incumplir el deber de información, se crea una situación de grave riesgo para el público que eligió invertir sus ahorros en títulos negociables.  Como dice Alejandro Nieto, a diferencia de lo que sucede en el derecho penal, en el derecho administrativo sanconador la regla es la de los “ilícitos de riesgo”; la infracción de la norma constituye cabalmente la esencia de la infracción (Conf. “Derecho Administrativo Sancionador” pág.37/38, 1993, Ed. Tecnos, Madrid).

Por las razones expuestas opino que V.E. debe desestimar el recurso.

Buenos Aires, 4 de abril de 2003.-

 

FIRMADO: GILS CARBÓ, Alejandra