Comisión Nacional de Valores.  Expte. nº 418/00

Autos “Cresud S.A. Directivos y Accionistas s/incumplimiento arts. 8 y Cap. XVII NORMAS (N.T. 1997).

 

 

Excma. Cámara:

 

1.                      La Comisión Nacional de Valores, mediante Resolución nº 14.126, aplicó una sanción de multa a los señores Eduardo Elsztain ($ 5.000.-), Marcos Mindlin ($ 5.000.-) y Clarisa Lifsic ($ 3.000.-), por infracción reiterada al art. 7  de la Resolución General nº 227, luego sustituido por el art. 8 del Capítulo XVII de las NORMAS (N.T. 1997) (ver fs. 701/9).  Contra esa decisión interpusieron recurso de apelación los afectados (fs. 728/33).

2.                      El citado art. 8º establece la obligación de los directores de una sociedad abierta de informar el número de acciones que “posean o administren directa o indirectamente” en tal sociedad.  Sobre dicha base, en el caso se juzgó que los imputados no cumplieron ese deber de informar en razón de que revestían la calidad de únicos socios de CONSULTORES ASSET MANAGMENT S.A., la cual era titular del 100% de las managment shares que conferían el control de QUANTUM DOLPHIN LIMITED PLC.  A su vez, esta sociedad era una importante accionista de CRESUD S.A., lo que constituía una tenencia indirecta de los directores, que generaba la obligación de denunciarla.

3.                      Los apelantes sostienen que las normas invocadas no permiten suponer que los directores de una sociedad que actúa como manager de un fondo de inversión (Quantum Dolphin Limited PLC) puedan considerarse tenedores indirectos a los efectos del deber informativo mencionado.  Señalan que no ha existido ocultamiento intencional de la información, porque ha sido difundida públicamente en otros medios y documentos, que a diferencia de las declaraciones juradas – cuya omisión se reprocha- son de acceso público.  Se agravian de que la autoridad de control no haya ponderado el carácter de institución de inversión colectiva o fondo de inversión de “Dolphin” y de que se le haya atribuido a “Consultores” la calidad de controlante.  Destacan, asimismo, la imprecisión de la normativa aplicable y se agravian de que deban soportar esa falencia.

4.                      De las constancias de autos surge que los emplazados fueron requeridos en reiteradas oportunidades a proporcionar la información que se pide, sin resultado positivo (ver dictamen de fs. 483/9, especialmente nota 4 y fs. 202/6 y 493/501), en virtud de lo cual se dispuso la instrucción de un sumario (ver fs. 516/22).

En esas condiciones, es mi parecer que la invocada imprecisión de la normativa aplicable podría haberse considerado, eventualmente, mas no en este caso en que los emplazados asumieron una conducta contumaz  al no contestar satisfactoriamente los requerimientos de la autoridad de control, presentando declaraciones juradas sin admitir la existencia de tenencias indirectas (v. también fs. 367).  Luego de que la CNV requirió información a Caja de Valores, realizó cuadros comparativos (v. fs. 250/6) y comprobó la existencia de tenencias accionarias indirectas, pasaron a desarrollar argumentos tendientes a justificar que no estaban obligados a denunciarlas por las características de la sociedad.

Lo tardío de la defensa ensayada torna inconducente su examen, pues más allá de las dudas que pudiera suscitar la reglamentación, la conducta reticente evidenciada en autos basta para mantener la sanción aplicada.

La argumentación de los apelantes en cuanto a que no ha mediado un ocultamiento intencional, carece de entidad para revertir la sanción porque la autoridad de control debe recibir los datos que son necesarios para el ejercicio de su poder de policía en la forma y condiciones que establece la reglamentación, lo cual no puede quedar librado a la discrecionalidad de los sujetos controlados.

Por los fundamentos expuestos, opino que V.E. debe confirmar la resolución apelada.

Buenos Aires, marzo 28 de 2003.

 

Alejandra Gils Carbó

Fiscal General Subrogante