Expte. 75.233     Cám. 66163/02

Comisión Nacional de Valores “Banco Piano S.A. s/posible incumplimiento al Capítulo XXVI de las Normas (NT 2001)”

 

 

Excma. Cámara:

1.  La Comisión Nacional de Valores, mediante resolución Nº 14.222, sancionó a Banco Piano S.A. con una multa de catorce mil ($ 14.000) en virtud de lo dispuesto por el art. 10 inc. b) de la ley 17.811, por infracción a lo establecido en el art. 3º y 11 del Capítulo XXVI de las NORMAS (N.T. 20001); y a los síndicos por infracción a sus respectivos deberes.  Contra esa decisión interpusieron recursos de apelación los afectados (fs. 67/71).

2.   La autoridad de control verificó que Banco Piano incumplió la obligación de obtener por lo menos dos credenciales de operador y firmante para remitir información a la Comisión Nacional de Valores a través de la Autopista de la Información Financiera, y no ingresó sus estados contables trimestrales al 31.03.01 y anual al 31.06.01 completos y resumidos conforme lo establece el art. 3º y 11 del Capítulo XXVI de las NORMAS (N.T. 2001).

3.   Los recurrentes no niegan la comisión de las infracciones que se les atribuyen pero destacan que no han causado perjuicio alguno puesto que no existían al momento de los hechos, valores con oferta pública en circulación.  Sostienen que la sanción aplicada no refleja los factores de ponderación considerados en el art. 10 de la ley 17.811 (texto conf. dec. Ley 677/01).  Asimismo, señalan que la falta fue formal y alegan que media desproporción entre la falta cometida y la sanción impuesta.  Por último, destacan la imposibilidad real de que los síndicos cumplan todas las funciones que le asigna la ley y las deficiencias sustantivas que muestra la normativa societaria respecto de la sindicatura.

4.   A mi modo de ver, la argumentación que desarrollan los apelantes en su memorial, no es idónea para revertir la sanción.

En efecto, los recurrentes admiten los incumplimientos que se les atribuyen y desarrollan consideraciones genéricas relativas a la desproporcionalidad de la sanción aplicada, sin referencia específica a las circunstancias particulares de la causa, ya que no hacen siquiera mención a los hechos que motivaron la infracción, en orden a justificar su alegada insignificancia.  Ello bastaría para desestimar el recurso.

No obstante, señalo que la demora en la presentación de balances trimestrales al 31-3-01 y anual al 30-6-01 constituye una falta al deber de información establecido por el artículo 11 del Capítulo XXVI de las NORMAS (N.T. 2001) que merece ser sancionada.

En efecto, como señala Halperin (“Sociedades Anónimas”, 2º edición, 1978, pág. 468 y ss.), el balance, que tiene importancia en cualquier empresa, cobra especial significado en la sociedad anónima para los socios y los terceros, por su triple función de hacer conocer el estado patrimonial de la sociedad, asegurar la integridad del capital, con la realización de amortizaciones y formación de reservas, etc.; dar a conocer los negocios sociales y su consecuencia, la distribución de utilidades o la distribución de las pérdidas.”

La alegación de que se trata de una falta meramente formal que no ha causado perjuicio alguno, es inatendible.

Es que, cuando se obstaculiza el ejercicio del poder de policía del Estado al incumplir el deber de información, se crea una situación de grave riesgo para el público que eligió invertir sus ahorros en títulos negociables.  Como dice Alejandro Nieto, a diferencia de lo que sucede en el derecho penal, en el derecho administrativo sancionador la regla es la de los “ilícitos de riesgo”; la infracción de la norma constituye cabalmente la esencia de la infracción (Conf. “Derecho Administrativo Sancionador” pág. 37/38, 1993, Ed. Tecnos, Madrid).

Estas exigencia son particularmente más intensas en relación a las sociedades que intervienen en la oferta pública de títulos valores, en las cuales, la intervención estatal se orienta a la protección del público inversor – especialmente a los que forman la media común de los habitantes – que por carecer de la información necesaria pueden padecer en mayor grado la actividad de empresas improvisadas o carentes de la solidez exigida para un seguro y productivo destino del ahorro público (Guastavino Elías P. “Tratado de la jurisdicción administrativa y su revisión judicial”, pág. 349 y ss.)

Desde esa perspectiva la multa impuesta no resulta desproporcionada si se consideran los antecedentes sancionatorios, el interés público comprometido y la naturaleza fundamentalmente preventiva de la potestad disciplinaria.

Asimismo, estimo que el reproche dirigido contra los directores y síndicos se encuentra justificado en razón del incumplimiento de sus deberes orgánicos impuestos por la Ley 19.550.

El art. 12 de la ley 22.315 establece que la C.N.V., dentro del ámbito de su competencia, aplicará sanciones a las sociedades por acciones, asociaciones y fundaciones, a sus directores, síndicos o administradores y, a toda persona o entidad que no cumpla con su obligación de proveer información, suministre datos falsos o que de cualquier manera, infrinja las obligaciones que les impone la ley, el estatuto o los reglamentos o dificulte el desempeño de sus funciones.

El fundamento para que los directivos y síndicos de una sociedad anónima bursátil estén sujetos a determinadas obligaciones y sean pasibles de imputación de responsabilidad administrativa, directa o indirecta, se halla en la exigencia de proteger al inversor en títulos cotizables, en vista a que la canalización del ahorro colectivo hacia los mercados de capitales tiende al desarrollo de la industria y del comercio.

Con relación a los síndicos cabe recordar, en especial, que el legislador ha proporcionado una pauta de interpretación sobre el alcance de “su” responsabilidad que estimo ponderable por analogía, cuando establece “en” el art. 10 inc. c) de la ley 24.083, la obligatoriedad de denunciar al organismo de fiscalización las irregularidades en que hubiesen incurrido las sociedades gerente y depositaria.

En definitiva, por los fundamentos expuestos, opino que V.E. debe desestimar el recurso.

Buenos Aires, 26 de marzo de 2003.-

El: “su”; “en”; vale.-

Alejandra Gils Carbó

Fiscal General Subrogante