Ministerio público de la Nación

Investigación negociación especies Canale y Celulosa durante el período 8/81

a 10/81. Expte. n 67.030.

Exma. Cámara:

I

La Comisión Nacional de Valores, en su resolución n 8447, del 2 de junio de 1988, impuso al señor Isidoro de Carabassa el máximo de la multa fijada por la ley 17.8i1, por infracción al artículo 40 de las Normas del organismo. También sancionó al Mercado de Valores de Buenos Aires S.A., a sus directores, señores Juan B Peña, Federico G. Schumacher, Ricardo May, Alberto C. Álvarez. César de Tezanos Pinto, Roberto M. Ferronato y Luis Domingo Trucco, y a su gerente, Juan José Gismondi, en forma individual, la misma pena, por trasgresión a los artículos 37, 48 y 59 de la misma ley.

II

Así lo decidió, tras considerar el resultado de la investigación efectuada a raíz del inusual volumen de negociaciones habido en la bolsa de Comercio de Buenos Aires entre el 21 de agosto y el 27 de octubre de 1981, con respecto a las acciones de las empresas Celulosa y Canale.

Se expresa en el acto que:

a) La transacción de los títulos de la primera se vio incrementada en un 480% respecto de lo operado en el primer semestre de ese año, en tanto que la segunda aumentó el mismo volumen en un 2284%.

b) El órgano determinó que un solo comitente, el imputado Isidoro de Carabassa, operaba simultáneamente como comprador y vendedor, y lo hacia ya a su nombre, ya al de su cónyuge o por medio de una sociedad que presidía, y a través de diversos agentes de bolsa. En el período considerado (agosto octubre de l981) este señor tuvo una participación que representó -en la especie Celulosa- el

79% del total de ventas y 89% del total de las compras y -en Canale- el 78% del total de las ventas y el 91% del total de las compras.

c) También se comprobó que dicho comitente nunca retiró las acciones que adquiría, que eran transferidas a cuentas bancarias y de allí al agente de bolsa encargado de venderlas y que ordenaba directamente esas operaciones en el recinto bursátil.

d) Tal proceder -según la Comisión- afectó seriamente el normal desenvolvimiento no sólo de las acciones referidas, sino de la bolsa en general, en la que aumentó sin causa legítima el precio de todos los valores que cotizaban, con lesión de la confianza del público en el sistema.

III

El acto es impugnado en fs. 1223/1224 por Juan José Gismondi, quien mejora fundamentos en fs. 1254/1261; en fs. 1225/1240, por el Mercado de Valores de Buenos Aires SA y los señores Juan Bautista Peña, Alberto C. Álvarez, César de Tezanos Pinto, Roberto M. Ferronato, Federíco Schumacher, Luis Domingo Trucco y Ricardo May; y en fs, 1242/1249, por Isidoro de Carabassa.

a) El señor Gismondi, que fue sancionado en razón de sus funciones de gerente del Mercado de Valores de Buenos Aires SA, cuando se produjeron los hechos que dieron lugar al presente sumario, resiste la sanción. A tal fin, cuestiona los dos cargos que se le efectuaron, esto es, la demora en la entrega de documentos relacionados con el caso a la Asesoría Letrada del Mercado, para que ésta dictaminase y la imputación de no haber abierto el sumario.

Con respecto al primero, alega que consideró en su momento innecesario entregar los mentados documentos, habida cuenta de que el asesor letrado del Mercado estaba en perfecto conocimiento de los hechos, pues asistía a todas las reuniones de directorio, entre las que se cuenta aquella en la que se debatió al respecto De tal modo, la comunicación supuestamente demorada constituyó una mera

formalidad. Agrega que la interdependencia era la norma entre las distintas áreas del Mercado, por lo que toda la información relevante era inmediatamente conocida por todos; no hubo tal demora en la comunicación, porque todos los datos ya obraban en conocimiento del mentado asesor.

Controvierte la segunda impugnación con el argumento de que no estaba dentro de su esfera de competencia -sino la del directorio del Mercado- resolver la apertura de sumarios.

Adelanto que no analizaré los argumentos volcados por el señor Gismondi en su escrito de fs. 1254/1261, presentado el 12 de julio de 1988. En efecto, el señor Gismondi fue notificado de la resolución que impugna el 3 de junio (conf. fs, ll 99). Como ya señalé, en fs, 1223/1224 interpuso recurso de reposición, con apelación en subsidio. Por tanto, la "mejora de fundamentos" fue propuesta con posterioridad al vencimiento del término del artículo 14 de la ley 17,811; es extemporánea y creo que no debe ser considerada.

b) El mercado de Valores de Buenos Aires SA- y sus administradores entienden que el acto de apertura del sumario está viciado de nulidad. Relatan que en esa época se pasaba por un período de extrema tensión entre la Comisión Nacional de Valores y las autoridades del Mercado, al cual -según expresan- se lo acosaba con imputación de irregularidades y promoción de sumarios.

En este estado de cosas, aducen que no debieron los miembros del directorio de la Comisión abstenerse de adoptar resolución alguna en la causa. Por el contrario -manifiestan- el órgano de control dispuso abrir sumario, para luego excusarse. Con el agravante de que, tras esa excusación, se designó instructor sumariante, designación que recayó en uno de los miembros del directorio que se acababa de excusar. En apoyo de esta postura, citan diversa doctrina que sustentaría su postura en el sentido de que debió el directorio de la Comisión apartarse inmediatamente del conocimiento de la causa, sin adoptar resolución alguna, ante la existencia de una razón expresa que imponía su apartamiento.

Esa conclusión los lleva a postular la declaración de invalidez de todo el procedimiento, por constituir, según su criterio, una consecuencia necesaria de un acto viciado de nulidad absoluta.

Alegan que las incidencias producidas en el curso de las actuaciones determinaron que se les diese por decaído a los recurrentes el derecho de contestar los cargos que se les efectuaron, lo que afectó su derecho de defensa.

Pese a ello, los afectados proceden a analizar la cuestión de fondo, esto es ejercitan su defensa con relación a los cargos administrativos.

Añaden que no existió falta alguna por parte del Mercado, al cual no tenía porqué constarle la maniobra que se le endilga al imputado principal en la causa, señor Isidoro Carabassa. Así lo entienden, porque a la autoridad delegada del Mercado en el recinto bursátil, el director semanero, no tenía por qué extrañarle la actitud del mentado Carabassa, de hallarse reunido con ciertos agentes de bolsa, máxime ante "la evidencia y el conocimiento público (dentro del ambiente bursátil) que merecía este Señor como importante inversor". Tampoco encuentra que se le deba achacar el hecho no denunciado por los agentes de bolsa de haber recibido órdenes cruzadas por parte del mentado Carabassa.

Agregan que el Mercado se tomó su tiempo para investigar la actividad de Carabassa, porque -no obstante que le llamó la atención su conducta- fue necesario efectuar las correspondientes auditorías para desentrañar los hechos, y ello con el cuidado que exige tal indagación, para no alterar la evolución del mercado.Describe los pasos sucesivos del Mercado para desentrañar los hechos, primero al iniciar la indagación, luego al ampliarla para comprobar contablemente si había existido alguna ilicitud en la "operatoria". Manifiestan ignorar por qué el gerente general no entregó los antecedentes a la Asesoría Letrada, no obstante lo ordenado por el directorio, para obtener el correspondiente dictamen. Añade que aquél sólo tomó conocimiento de la presunta trasgresión normativa cuando se produjo ese dictamen legal, pues antes de ello no existía imputación de irregularidades.Tachan de incongruente al acto, en tanto expresan que se pronunció de diversa forma con respecto a otros coimputados, que fueron absueltos, pese a estar en la misma condición que los recurrentes. Entiende que se afectó con ello la garantía de igualdad.Expresan que la demora, si existió, es imputable al gerente general del Mercado, y no a su directorio.

Señalan, para finalizar, que las mismas demoras que se les imputa para corregir las irregularidades, pueden ser atribuidas a la Comisión Nacional de Valores, a quien también compete hacer respetar las normas que aseguran la transparencia de las operaciones bursátiles.c) Por último, en fs. 1242/1249 se escriben los agravios del imputado principal, señor Isidoro de Carabassa.Protesta contra lo que entiende vicios del procedimiento, el lento trámite del sumario. Entiende que la decisión a la que se arribó se hallaba preconstituida, en tanto ninguna diligencia se practicó durante el trámite para indagar los hechos. Afirma que se han alterado las etapas del juicio con afectación de su derecho de defensa.Impugna asimismo la decisión de incorporar un peritaje producido en otra causa, sin control alguno de su parte, ni posibilidad de impugnar su contenido.Cuestiona la objetividad de quienes intervinieron en el proceso, que mantenían procesos criminales con el recurrente. Por ello, tacha de nulo lo actuado por los instructores.Pone también en tela de juicio el ejercicio de las facultades sancionatorias de la Comisión en su contra, pues entiende que, como inversor particular, su condición escapa al control del organismo.Finalmente, aduce no haber actuado con dolo, pues su única intención al operar en el mercado fue adquirir la mayor cantidad de acciones de Celulosa S.A. y Canale S.A. al menor costo financiero.

IV

Paso a analizar los argumentos contenidos en los recursos de los recursos de los que se me corre vista. Por razones de método, alteraré el orden en que fueron propuestos.a) Comienzo por la tacha de nulidad de las actuaciones (tema común a todos los recurrentes) por afectación del derecho de defensa que derivaría de haberse decretado la iniciación del sumario por parte de quienes tendrían comprometida su imparcialidad.En el acto que decretó la apertura del sumario (punto 8), sus firmantes se excusaron para entender en él. La excusación se fundó en la existencia de pleito pendiente del Mercado de Valores de Buenos Aires SA- contra los entonces miembros de la Comisión Nacional de Valores. Esta excusación fue proveída favorablemente por el superior jerárquico del organismo, el Ministro de Economía (según consta en fs. 1425/1427), el 1 de junio, por resolución n 551.A contrario de lo que se afirma en el recurso, entiendo que el acto de apertura del sumario no causa, en sí mismo, lesión a los derechos subjetivos de los afectados. Constituye tan sólo una prevención en el sentido de que sus conductas serán objeto de juzgamiento, en trámite dentro del cual podrán hacer valer todas las defensas a su alcance. Observo, en tal sentido, que los recurrentes no traen argumento alguno del que se pueda inferir lo contrario.Destaco, además, que tanto la recusación con causa del Mercado de Valores, como de sus directores de fs. 704, como la de Isidoro de Carabassa de fs. 711/715 fueron propuestas con posterioridad al aludido decreto de apertura del sumario y tras su notificación, de tal modo que sus efectos -de ser procedente el planteo- sólo se podrían haber producido para el futuro, sin afectar los actos procesales válidamente cumplidos con anterioridad, entre los que -por cierto- se encuentra el acto de apertura.También me parece que el planteo es extemporáneo. En efecto, los luego recurrentes soportaron pacíficamente diversas medidas instructorias ordenadas por los funcionarios luego recusados. Así, en fs. 207/208, el imputado Carabassa se negó a prestar declaración testimonial porque la Comisión "llevaba a cabo una

investigación referente a posibles irregularidades verificadas en la compra de acciones encomendada por nosotros". Pero no recusó al directorio.

En fs. 209/211 compareció el presidente del Mercado de Valores y dio testimonio en el marco de esta indagación, sin recusar. Lo mismo ocurrió entre otras- en las actuaciones de fs. 279/280. Luego, el Mercado acató la intimación (confr. fs. 506) del órgano de control de iniciar sumario -también en el marco de esta investigación- a ciertos agentes de bolsa que habían intervenido en las maniobras atribuidas a de Carabassa (fs. 312/313). Y no recusó al directorio.Ocurre aquí que lo que se pretende es otorgar efecto retroactivo al pedido de separación del directorio de la Comisión Nacional de Valores, cuando - insisto- los nulidicentes ya habían consentido la actuación de aquellos a quienes luego tacharon de parciales.No advierto, pues, razón alguna que justifique que se declare la invalidez pretendida, pues, resumo, no se puede asignar efecto retroactivo a una recusación que, además, fue extemporánea; no advierto afectación al derecho de defensa de los recurrentes y, finalmente, porque la resolución condenatoria no lleva la firma de los directores cuestionados, que se apartaron de la causa ni bien fue admitida su excusación.b) Sigo con los agravios del imputado de Carabassa, quien cuestiona las facultades de la Comisión Nacional de Valores para intervenir en su contra.El artículo 40 de las Normas (t.o, 1971) entonces vigente, determinaba "se considera violatorio de la ley 17.811 cualquier acto o práctica que afecte o pueda afectar el normal desenvolvimiento de la oferta o negociación de valores, ya sea que las mismas fueran ejecutadas por personas físicas o jurídicas actuando directamente y a través de cualquier medio o instrumento apto a la consecución de tal fin".Ello lleva determinar cuáles son los intereses que deben ser protegidos mediante la amenaza penal del ataque que representan las acciones descriptas, lo que hace -a su vez- necesaria la determinación del bien jurídico tutelado a través de dicha amenaza.La intervención estatal en materia de oferta pública de títulos valores se orienta a la protección del público inversor "especialmente a los que forman el medio común de los habitantes y que por carecer de la información necesaria pueden padecer en mayor grado la actividad de empresas improvisadas o carentes de la solidez exigida para un seguro y productivo destino del ahorro público" (Guastavino, Elías P , "Tratado de la 'jurisdicción' administrativa y su revisión judicial", pág. 349 y ss.). Así en el mensaje y exposición de motivos de la ley 17.811, se expresa que la finalidad a perseguir por la Comisión Nacional de Valores es la protección del público inversor, especialmente a los que forman el medio común de los habitantes y que, por carecer de información necesaria pueden padecer en mayor grado las consecuencias de la actividad de empresas improvisadas o carentes de la solidez exigida para un seguro y productivo destino del ahorro público.Por su parte, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha determinado que las funciones asignadas a las bolsas para dictar normas generales, verificar su cumplimiento, emitir autorizaciones y aplicar sanciones exceden el marco estricto del derecho privado, para adoptar las características típicas del ejercicio del poder de policía que compete al Estado. Afirmó el Tribunal que de los términos de la ley 17,811 se desprende que su propósito no es sólo regular ciertas relaciones entre particulares, sino que apunta a un objetivo eminentemente público: crear las condiciones e instrumentos necesarios para asegurar una efectiva canalización del ahorro hacia fines productivos. Sobre esa base, las atribuciones mediante las cuales la bolsa determina las condiciones de emisión y rescate de títulos valores no derivan del poder correctivo interno de las asociaciones sino del ejercicio de los poderes estatales ligados a la reglamentación del comercio y a la provisión de lo conducente a la prosperidad del país (conf. art. 75, incisos 13 y 18 de la Constitución Nacional) (Fallos: 303:1812).No existe, pues, diferencia esencial que permita diferenciar entre el ejercicio del poder de policía estatal en materia bancaria de aquél que asume en materia bursátil: en ambos supuestos lo hace en virtud de las recordadas atribuciones legislativas, a las que se suma hoy la contenida en el inciso 19 del artículo 75. La canalización del ahorro colectivo hacia los mercados de capitales tiende al desarrollo de la industria y del comercio y, a la vez, suscita la necesaria protección del público inversor. Encuentro que el interés público comprometido en esta materia no es ni debe ser menor que el que suscita la actividad financiera y bancaria.Sobre tales bases, encuentro cumplida, a través de la aludida reglamentación, la exigencia de esa par determinación legislativa previa de hechos punibles y sanciones a aplicar. Pienso, así, que las resoluciones atacadas se dictaron en el marco del razonable ejercicio del poder de policía estatal tendiente a asegurar la necesaria transparencia del sistema de oferta pública de títulos valores, habida cuenta del valor que el legislador ha acordado al bien jurídico a proteger. Cabe deducir, al respecto, que aquél ha considerado necesario proteger mediante sanciones ciertas actividades de las que depende el individuo para su vida social, y la pena a la que habrá recurrido será la que resulte del valor que haya acordado a dicha actividad respecto de otros bienes jurídicos, y al modo de ataque que los afecta (Fallos: 312:1920).3. La protesta que se dirige al moroso trámite del sumario no debe, a mi juicio, correr mejor suerte: no expresa el inversor cuál es el agravio concreto que le ocasionó esa demora, que más bien parece haberlo favorecido, en tanto -según interpreta- la multa que se le aplicó asciende a diez centavos de austral.4. Bajo el título "Fundamentos de la apelación", el inversor pretende justificar su conducta con el argumento que su único propósito fue el de acrecentar sus tenencias de acciones de Celulosa SA y Canale SA-, pero no hubo de su parte intención de afectar el normal desenvolvimiento de la oferta o negociación de valores; no hubo dolo. Califica de "disparatada" la responsabilidad que se le atribuye en el aumento de la cotización de otros valores.A mi modo de ver, esta crítica es débil frente al claro y circunstanciado análisis que efectuó la Comisión Nacional de Valores de su conducta. Al respecto, observo que en el acto atacado se destacaron los siguientes hechos, sobre los cuales el afectado no da explicación atendible alguna, que permita inferir que actuó inocentemente.Reitero que en la resolución administrativa se asienta que el imputado actuaba simultáneamente como comprador y vendedor, a través de distintos agentes de bolsa, con una participación en la especie "Celulosa", del 79% del total de las ventas y el 82% de las compras; en la especie "Canale", del 78% de las ventas y el 91% de las compras. Además, nunca retiró físicamente las acciones en las compras, sino que las hizo transferir a una cuenta bancaria, desde donde se efectuaba una segunda transferencia a quien se le encomendaron las ventas. Estás operaciones eran ordenadas desde la baranda del recinto bursátil. Explica la Comisión Nacional de Valores que esa conducta afectó seriamente el desenvolvimiento de la oferta pública Asimismo encontró que el accionar del señor Isidoro de Carabassa no sólo tuvo incidencia en la cotización de los valores aludidos, sino que se proyectó sobre todo el mercado en general.Conceptúo que ese proceder contraviene nítidamente la obligación del artículo 40 de las Normas (t.o. 1971) ya trascrito; pues lo que hizo Isidoro de Carabassa objetivamente afectó o pudo afectar "el normal desenvolvimiento de la oferta o negociación de valores". Y no se diga que su accionar fue inocente, que no previo o no pudo prever una consecuencia riesgosa. Nadie que maneja tan importantes porcentajes de una o varias especies - durante un lapso prolongado- comprando y vendiendo al mismo tiempo los mismos valores, realiza una operación corriente de mercado. Por el contrario, la sola mecánica operatoria habla por sí misma de la intención de manipular los precios, de aprovecharse de una ausencia de control que le facilitó la obtención de una ganancia que no habría de responder al flujo normal de los negocios, de incidir -mediante operaciones ficticias- en el desenvolvimiento de los precios.No controvierte el recurrente el detallado análisis en el sentido de que su accionar merece en el punto 2 del acto atacado, bajo el rótulo "La conducta del Sr. de Carabassa", a través del cual se llega a la conclusión -con la que coincido- de que el sumariado marginó a sabiendas las leyes competitivas que deben imperar para garantizar la existencia de un mercado transparente.También coincido con el ente de control -en juicio que tampoco es alcanzado por una crítica admisible- en la ya mentada proyección de lo que hizo Carabassa, en que su conducta tuvo "una marcada incidencia en el aumento de los volúmenes negociados, que ella incidió no sólo en los precios de las especies en que operó -Canale y Celulosa Argentina- sino que marcó tendencias en el comportamiento general del Mercado, lo cual se aprecia con total nitidez en los momentos en que estuvo impedido de operar".Agrego que no puede ahora sostenerse con seriedad, como lo hace el inversor, que su accionar no fue doloso. Vale la pena reiterar que Carabassa compraba y vendía al mismo tiempo, sin transferir los títulos. Y no dio explicación coherente de esta actitud aparentemente disparatada, que permita asumir que su intención era otra que la de ejercer influencia indebida sobre el mercado, que la de manejar los precios mediante ese cruce de operaciones. Hay aquí deliberación de provocar un resultado, hay dolo, no la mera aspiración de incrementar sus tenencias accionarias. Este razonamiento, a mi modo de ver, hace inoficioso el análisis de los fundamentos del fallo cuya incorporación a la causa fue resistida por el sumariado en fs 1355/1355, oposición desestimada por V.E, en fs. 1374/1375.En suma, basta, para mí, con las constancias ya analizadas del proceso para desestimar los agravios del principal imputado, y así lo postulo.

4. Son también correctas, a mi entender, las conclusiones a que arriba el organismo fiscalizador con respecto a la conducta del Mercado y sus directores.

a) Todos ellos se quejan de que, por defectos en la forma de conducir el sumario, se vieron privados de formular descargos y probarlos en el curso del procedimiento.Creo que lo atinente a los vicios del trámite anteriores al dictado de la sentencia, no puede proponerse por la vía elegida, es decir, la del artículo 253, Código Procesal. En esta denuncia no hay manifestación que muestre que haya defectos de la sentencia en los términos de esa norma; lo que se aduce que hubo, en verdad, es defecto en actos cumplidos antes de su dictado. La impugnación ensayada en tales términos en el recurso, hecha con abstracción de denuncias incidentales de nulidad, es de suyo inadmisible (v. Fenochietto, C.E - Arazi, R., "Código...", T. l, pág. 793, n 3 y sus notas, Buenos Aires, 1983).Además, no indica el Mercado de Valores de Buenos Aires (tampoco lo hacen sus directores) en qué medida el acto que se dice omitido hubiese incidido en una distinta solución de la causa; por lo tanto, la invalidez del acto conduciría a declararla por la nulidad misma, lo que está vedado a los jueces (artículo 172 del Código Procesal).Advierto, finalmente, que es sabido que cualesquiera sean las omisiones observables en el procedimiento administrativo, ellas no bastan para configurar una restricción al derecho de defensa, cuando nada obsta para que la parte afectada alegue y pruebe lo pertinente en la instancia judicial (Fallos: 305:1878).b) Se dicen ajenos a los hechos endilgados al imputado Isidoro de Carabassa y alegan que, ni bien tuvieron conocimiento de su comisión, desplegaron la diligencia necesaria para evitar que se reprodujeran las trasgresiones. El directorio entiende que, si hubo algún responsable, fue el gerente de la entidad, cuyas funciones lo acercaban más al conocimiento de lo que ocurría en la rueda.A mi juicio, la imputación de haber actuado fuera del marco de razonable discrecionalidad en que se deben desempeñar los administradores y representantes de una sociedad anónima está plenamente justificada. La ley les impone la obligación de desempeñarse con diligencia y lealtad (artículo 59 de la ley 19.550), con la diligencia de un buen hombre de negocios.Isaac Halperín en Sociedades Anónimas (pág. 450 y ss.) manifiesta que en esta norma la ley ha fijado, al referirse al buen hombre de negocios, un cartabón o standard jurídico para apreciar la debida diligencia del director en el desempeño de sus funciones, precisando la obligación que el artículo 902 del Código Civil imponme al obrar. Este cartabón establece un criterio objetivo de comparación, pero no una responsabilidad objetiva, en contraposición al criterio angloamericano, que juzga la responsabilidad conforme a la capacidad intelectual y cualidades del director en concreto. Expresa Halperín que la noción de un buen hombre de negocios establece una auténtica responsabilidad profesional, ya que implica capacidad técnica, experiencia y conocimiento. Y para apreciarla en concreto se deberá tener en cuenta: a) la dimensión de la sociedad; b) su objeto; las funciones genéricas que le incumben como director y las específicas que se le hubiesen confiado y di las circunstancias en que debió actuar y cómo cumplió con su deber de diligencia.En sentido coincidente, se ha afirmado (Sánchez Calero, F., "Administradores. Arts. 123 a 43" en Comentarios a la Ley de Sociedades Anónimas, dirigidos por F. Sánchez Calero, T. IV, Madrid, 1994), que la circunstancia de que unos administradores afirmen que han estado por completo ignorantes de la gestión de la sociedad, lejos de constituir un causa de exoneración de su responsabilidad, constituye una confesión del incumplimiento del deber de vigilancia que corresponde a todo miembro de la administración, por lo cual la trasgresión se configura cuando no se pone remedio, en la medida de lo posible, a las irregularidades de los otros administradores.Se ha comprobado en autos que el imputado Carabassa realizó maniobras irregulares. Y lo hizo en el propio recinto bursátil, durante un lapso relativamente extenso. También surge de ello que medió afectación del recto funcionamiento de la oferta y la demanda de títulos por la manipulación de ciertos valores, lo que se proyectó sobre el funcionamiento de mercado en general, con las consiguientes consecuencias disvaliosas para valores que el Estado busca preservar en aras de garantizar la confianza pública y el fomento del ahorro productivo, en definitiva, de proveer al bienestar general.No es del caso volver aquí sobre las ya tan mentadas funciones delegadas con que cuentan los mercados de valores para contribuir a esa delicada omisión los cuales además de constituir el ámbito donde se efectúa principalmente la oferta pública de los títulos valores, son los organismos encargados tanto del fomento de la actividad, como de su reglamentación y supervisión.Aquí, me parece nítido, falló esta última y lo fue por negligencia de quienes debían velar por la preservación de los bienes jurídicamente tutelados que he descrito Así, no encuentro admisible que el Mercado y sus directores se excusen en la ignorancia de lo ocurrido, cuando esa ignorancia fue producto de la desaprensión que, precisamente, se les atribuye; de haber declinado o descuidado el deber de control que les compele sobre las operaciones que se realizan en su ámbito de actuación Una maniobra de la naturaleza de la que aquí se analiza, con la proyección que asumió, no debió haber escapado al menos avisado de los funcionarios del Mercado, máxime cuando, como se expresa en el recurso, las ruedas bursátiles deben ser controladas por un delegado del organismo: el "director semanero". Y si, como se afirma, la maniobra fue advertida, poco se hizo para ponerle inmediato remedio.Lo mismo cabe predicar con respecto al gerente general, quien curiosamente adopta la misma actitud que los directores: afirma que lo ocurrido escapaba a su órbita de actuación; que los únicos responsables de lo ocurrido eran estos últimos. Se llega así a una imputación cruzada en la que unos y otros se excusan a través de acusaciones recíprocas. Ocurre, empero, que todos tienen razón, porque todos son responsables de negligencia, pienso, en efecto, que competía a cada uno de ellos ejercer la fiscalización que se omitió. Analizada la cuestión desde otro ángulo, estimo que puede considerarse que una mayor diligencia puesta por directores y gerente, hubiese determinado que los hechos que aquí se analizan no hubieran ocurrido Es esta actitud morosa o prescindente la que permitió que Isidoro de Carabassa perpetrara los hechos que afectaron la transparencia del mercado.Es por ello que, a mi modo de ver, existe en autos violación a lo dispuesto por el artículo 23 de la ley 17.811, que determina que las Bolsas o Mercados de Valores deben asegurar la realidad de las operaciones y la veracidad de su registro y publicación. En este sentido, se ha afirmado que "está prohibido registrar operaciones que no correspondan a una negociación real y efectiva o que sean hechas meramente para incidir sobre el precio de los valores, así como circular rumores tendientes a presionar sobre el precio de un valor determinado" (sala B, In re: "Servente y Cía", JA-, 1980, III, 417). También que el "perjuicio de terceros" que requiere el tipo de infracción se configura en los casos en que se efectúen operaciones aparentes mediante las cuales se altera en forma artificial el juego de la oferta y la demanda, con la intención de modificar el precio de la acción y que puedan ocasionar o que ocasionen un menoscabo patrimonial a los inversores, que son los destinatarios de la protección instaurada (Fallos: 304:883).3. No existe, en mi parecer, afectación al principio de igualdad ante la ley, pues carece de interés jurídico para invocarla, quien alegue que el hecho que se acrimina en la causa no se haya imputado a personas que habrían realizado acciones análogas (Fallos. 237:266; 248:422; 262:87; 293:295, entre otros), a lo que cabe agregar que ese derecho permite corregir falencias emergentes de las propias leyes, pero no deficiencias en su aplicación.

V

Por las razones expuestas, opino que corresponde desestimar los recursos de los que se me corrió vista.

Buenos Aires, 30 de noviembre de 2001.

FIRMADO: Raúl A. Calle Guevara. Fiscal de Cámara.