119392.00 Comisión Nacional de Valores c/Sociedad Comercial del Plata S.A. s/sumario.

 

 

Buenos Aires, 8 de noviembre de 2002.

Y VISTOS:

1.                      Apelaron a fs. 521/537 los integrantes de la comisión fiscalizadora, y a fs. 538/546 la Sociedad Comercial del Plata S.A. y sus administradores; respondida por el organismo -Comisión Nacional de Valores- a fs. 572/580.

Los fundamentos del precedente dictamen fiscal –que esta Sala comparte en lo sustancial, y a los que cabe remitirse por razones de brevedad- sustentan la desestimación del recurso.

Destácase, (conf. Considerandos del Dec. 677/01) que resulta necesario asegurar la plena vigencia de los derechos consagrados en el artículo 42 de la constitución nacional, y los derechos del “consumidor financiero”, en el ámbito de la oferta pública, que tienen al objetivo de promover el desarrollo, y favorecer su liquidez, estabilidad, solvencia y transparencia, y crear mecanismos que permitan garantizar la eficiente asignación del ahorro hacia la inversión, y para ello es primordial la confianza y seguridad necesaria para facilitar la operatoria de los llamados “inversores institucionales” como agentes principales de la canalización del ahorro que impone la protección del público inversor.

La norma antes citada procura evitar la inseguridad jurídica generada a través de sistemas deficientes, o que ocasionan la distorsión en las decisiones de ahorro o inversión de los agentes económicos.  Y entre las regulaciones más importantes se destaca el concepto de “valores negociables”, donde se siguen los lineamientos del moderno derecho del mercado de valores abarcativos de los valores escriturales o anotados en registros contables, modalidad casi excluyente cuando se trata de valores emitidos o agrupados en serie en el mercado de capitales.

En el mencionado marco regulatorio se establece que en el caso de los valores anotados en cuenta o escriturales (conf. art. 4 e) se podrán expedir comprobantes del saldo de cuenta a efectos de legitimar al titular para reclamar judicialmente, o ante jurisdicción arbitral en su caso, incluso mediante acción ejecutiva si correspondiere, presentar solicitudes de verificación de crédito o participar en procesos universales para lo que será suficiente título dicho comprobante, sin necesidad de autenticación u otro requisito.  Y en particular agrega, que se podrán expedir comprobantes de los valores representados en certificados globales a favor de las personas que tengan una participación en los mismos, a los efectos y con el alcance indicados en el inciso e).

Con la regulación mencionada se cubre el vacío legal que había generado dificultades en materia de ejecuciones, pedidos de quiebra y solicitudes de verificación sobre la base de obligaciones negociables escriturales o representadas por certificados globales (ver Marcelo Villegas y Mario O Kenny, “El nuevo régimen legal sobre transparencia en el Mercado de capitales y mejores prácticas en el Gobierno corporativo.  Doctrina Societaria y Concursal”, Ed. Errepar Nº 166, septiembre de 2001, pág. 281).

Aún con anterioridad a la vigencia de la norma antes referida se declaró procedente la citación prevista por la LC 84, cuando el estado de cesación de pagos se fundó en la insatisfacción de obligaciones negociables, adjuntandose certificado expedido por la caja de valores S.A., del que resultara la calidad de acreedor del peticionante, y el vencimiento del plazo de la deuda, así como las condiciones de emisión de los títulos (confr. C.N.Com. Sala E, in re; “Alpargatas S.A.I.C. pedido de quiebra por Gómez García Manuel María”, del 14.04.99).

El informe producido por el estudio Muñoz de Toro & Muñoz de Toro (-v.fs.10/13) –y admitido por la emisora como justificación para negar al obligacionista el otorgamiento del certificado individual- refiere que “...el señor Tawil ha expresado su intención de iniciar acciones judiciales para cobrar su deuda.”, “la distribución de Títulos certificados individuales (certificated notes) daría lugar al inicio de numerosos reclamos individuales contra el emisor, contraviniendo una de las principales razones por las cuales se emitieron los bonos en forma global además de permitir a pequeños grupos tenedores obstaculizar el actual objetivo del Emisor de negociar una reestructuración concensuada”, “Por lo expuesto, el canje por certificados individuales alentará la prosecución de juicios de particulares tendientes a obtener el cobro de los montos adeudados y muy probablemente llevará al emisor a perseguir su reestructuración a través de un costoso concurso preventivo...”

Las razones invocadas resultan inadmisibles, ya que procuran la frustración de las acciones individuales tendientes a obtener el cobro de lo debido, e impiden a los inversores actuar en defensa de sus derechos, sin dificultad ni cortapisa alguna imponiendoles su participación coactiva en una indeseada negociación colectiva.

La conducta asumida por la emisora, a través de sus administradores y la comisión de fiscalización se aprecia contraria al deber de buena fe; y para la interpretación de los contratos los jueces tienen la función, es decir la facultad-deber, de promover con prudente arbitrio y equidad que los convenios se cumplan del modo que acordaron las partes, y con buena fe.  Por ello, para interpretar sus alcances no deben limitarse tan solo a lo fundamental expresado, sino que resulta menester tomar en consideración las consecuencias que del propio accionar de las partes derivan (Cciv. 1197, 1198 y conc., y Ccom.218).  Por ello, el tribunal debe buscar que se mantenga el debido equilibrio en los acuerdos de voluntades, utilizando como principio rector la buena fe, que es el predicado general que se encuentra en toda la vida del derecho.  Buena fe, creencia en la preparación y celebración del contrato, lealtad y probidad en la interpretación, cumplimiento y término (confr. C.N.Com., esta Sala, in re: “Marquinez y Perrota c/Esso SAPA s/ordinario”, del 11.04.95).

Subráyase la inconsistencia de lo argumentado por los administradores y síndicos para eludir la responsabilidad que les cabía.  Es que esa invocación no contrarresta los motivos legales desarrollados en la resolución recurrida para sustentar la sanción (art. 10, b de la ley17.811; C.Civ.1071; y 1198; art. 29 Ley 23.576; 59 L.S.C., 54 del Capítulo VI de las Normas (N.T. 1997) y 294 inc. 9º Ley 19.550).

Empero, la proporcionalidad y equidistancia que debe mediar entre el hecho reprochado y la sanción, aconsejan su limitación, que debe adecuarse al incumplimiento que motivó la denuncia; ello así, pues debe examinarse la conducta de los administradores y sindicatura a la luz del principio “in dubio pro administrado” por aplicación analógica del Cpr. 3, las multas aplicadas, ($130.000 de los cuales $100.000, se aplican a los administradores, y $30.000 a los síndicos), no se adecuan al incumplimiento reprochado del pago de intereses por U$S 50.000, y por consiguiente se limitarán a la suma de pesos sesenta y cinco mil ($65.000), de las cuales, ($50.000 se aplican a los administradores, y $15.000 a los síndicos).

Se desestima la apelación de fs. 521/537 y 538/546, y se confirma la resolución Nº 13595 de la Comisión Nacional de Valores, con la salvedad prevista precedentemente, en cuanto a los importes de las multas.  La señora Juez de Cámara Dra. Ana I. Piaggi no interviene por hallarse excusada (art. 109 R.J.N.).

FIRMADO: María I. GOMEZ ALONSO de DIAZ CORDERO, Enrique M. BUTTY