RESOLUCIÓN GENERAL Nº  594 CREACIÓN DE LA OFICINA DE COORDINACIÓN DE POLÍTICAS DE DERECHOS HUMANOS, MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA.

 

 
 


                                                                   

 

                                                                         

 

          BUENOS AIRES, 10 de noviembre de 2011.-

 

VISTO las actuaciones que tramitan por Expediente Nº 1383/11 caratulado “ACCESO A INFORMACIÓN. SECRETARÍA DDHH ARCHIVO NACIONAL DE LA MEMORIA”, y

 

CONSIDERANDO:

Que en el año 2003, el Estado Argentino asumió el compromiso de luchar contra la impunidad y reconstruir la MEMORIA, la VERDAD y la JUSTICIA frente al terrorismo de Estado y las graves, masivas y sistemáticas violaciones a Derechos Humanos cometidas por el gobierno de facto.

Que en la construcción de una política de Estado en esta materia, se dictó el Decreto Nº 1259/2003, que creó el ARCHIVO NACIONAL DE LA MEMORIA, con la finalidad de analizar, clasificar, digitalizar y archivar información, testimonios, y todo documento relacionado al quebrantamiento del orden constitucional, la violación a los derechos humanos por parte del Estado Argentino y, las diferentes respuestas que social e institucionalmente se han ensayado frente a estas violaciones.

Que el artículo 6º del decreto citado establece que “ …los organismos integrantes de la administración centralizada y descentralizada del PODER EJECUTIVO NACIONAL, incluyendo las Fuerzas Armadas y de Seguridad deberán enviar a la SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS, con destino al ARCHIVO NACIONAL DE LA MEMORIA, de oficio y en forma global, las informaciones, testimonios y documentos relacionados con la materia de este decreto conforme a las normas legales en vigencia…”

Que como parte de esta misma política de Estado, en el año 2010 se dictó el Decreto Nº 4 que relevó la clasificación de seguridad a toda la información y documentación vinculada con el accionar de las FUERZAS ARMADAS durante el período comprendido entre los años 1976 y 1983.

Que estas dos decisiones son pilares esenciales del esfuerzo permanente del Estado Argentino para evitar que se perpetúe la impunidad.

Que a partir de la sanción de la Ley 25.779, que declaró la nulidad de las leyes 23.492 y 23.521 y la decisión adoptada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Simón, Julio Héctor y otros s/ privación ilegítima de la libertad”, se procedió a la reapertura de las causas por violación a derechos humanos y la investigación del accionar de las FUERZAS ARMADAS durante el gobierno de facto.

Que en este aspecto, es muy importante destacar que el golpe militar contó también con la activa participación de sectores civiles, que tomaron parte en la comisión de delitos de lesa humanidad, no sólo en la apropiación de menores, sino también en otro tipo de hechos criminales que aún exigen mayor investigación.

Que durante el terrorismo de Estado, los organismos rectores del sistema financiero estuvieron bajo intervención de personal civil designado por la Junta Militar, al inicio del gobierno de facto y, en tal carácter participaron de los mismos hechos.

Que, asimismo el equipo económico de la dictadura militar también estuvo conducido por sectores civiles que tomaron decisiones y ejecutaron acciones, cuyas consecuencias generaron graves daños para la economía nacional y el conjunto del pueblo argentino.

Que el proceso democrático y la consolidación del Estado de Derecho plantean como exigencia permanente la investigación de las diferentes dimensiones y actores involucrados con el terrorismo de Estado, como parte del compromiso histórico que el Estado ha asumido con la MEMORIA, la VERDAD y la JUSTICIA.

Que ello, también forma parte de las obligaciones asumidas en materia de derechos humanos frente al conjunto de la sociedad,  que tiene el derecho inalienable a conocer el pasado histórico de su país.

Que en virtud de estas consideraciones, la firma del Convenio Marco para el  Fortalecimiento de Políticas de Derechos Humanos, Memoria, Verdad y Justicia en el Mercado de Capitales,  representa un paso más, en los esfuerzos que el Estado Argentino viene adoptando desde el año 2003,  por la reconstrucción histórica de la MEMORIA, la VERDAD y la búsqueda permanente de JUSTICIA.

Que el Convenio Marco referido viene así a instrumentar también una política clara en materia de acceso a la información razón por la cual es necesario acompañar el mismo de la creación de una unidad especifica para canalizar los pedidos.

Que por otro lado, la instrumentación de esta unidad permitirá dotar al convenio referido de la mayor agilidad y vitalidad posible en miras al cumplimiento de los propósitos y fines que hacen al desarrollo e investigación de todos los temas relacionados con esta materia.

 

Por ello,

LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES

RESUELVE:

 ARTÍCULO 1°.- Aprobar como artículos 5º, 6º, 7º y 8º del Capítulo XXXII DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS de las NORMAS (N.T. 2001 y mod.) los siguientes:  

“XXXII.3 OFICINA DE COORDINACIÓN DE POLÍTICAS DE DERECHOS HUMANOS, MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA.

ARTÍCULO 5º.- Créase la Oficina de Coordinación de Políticas de Derechos Humanos, Memoria, Verdad y Justicia, dependiente del Directorio de la Comisión Nacional de Valores.

 ARTÍCULO 6°.-  La Oficina de Coordinación de Políticas de Derechos Humanos, Memoria, Verdad y Justicia, tendrá las siguientes funciones:

  1. Organizar y mantener actualizados los archivos y documentación relacionada sobre la actuación de la CNV durante el período comprendido entre marzo 1976 y el año 1983.
  2. Dar trámite a los requerimientos de información que sobre dicha documentación, sean canalizados por organismos públicos, organismos de derechos humanos, autoridades del Poder Judicial y del Ministerio de Público de la Nación
  3. Prestar colaboración activa dentro de las competencias específicas, en la consolidación de la política del Gobierno Nacional de lucha por la memoria, la verdad y contra la impunidad por las graves violaciones a los Derechos Humanos;
  4. Promover políticas y acciones orientadas a crear una cultura de respeto de los derechos humanos dentro de la institución y el mercado de capitales. 
  5. Promover acciones orientadas a la reconstrucción de la memoria histórica, la verdad y la justicia con relación a la intervención de funcionarios a cargo de la CNV durante el período comprendido entre los años 1976 y  1983.
  6. Desarrollar actividades de capacitación continua y permanente, sea mediante el asesoramiento requerido y/o la promoción de actividades de diversa índole orientadas a este fin.
  7. Desarrollar investigaciones orientadas a medir los impactos y consecuencias económicas, políticas y sociales ocasionadas por las políticas económicas desplegada durante el gobierno de facto para el mercado de capitales.
  8. Promover, evaluar y desarrollar investigaciones sobre economía, política y derechos humanos.
  9. Brindar asesoramiento al directorio en aquellos temas que puedan tener implicancias sobre la vigencia de los derechos humanos.

ARTÍCULO 7°.-  La Oficina de Coordinación de Políticas de Derechos Humanos, Memoria, Verdad y Justicia,  estará integrada por un Coordinador de Políticas de Derechos Humanos y personal de apoyo técnico, quienes deberán contar con antecedentes en la defensa, respeto y promoción de los derechos humanos.

 ARTÍCULO 8°.-  La Oficina de Coordinación de Derechos Humanos, Memoria, Verdad y Justicia, deberá elaborar un plan de trabajo anual que deberá ser aprobado por el Directorio de la CNV al inicio de cada año.”

ARTÍCULO 2º.- La presente Resolución General tendrá vigencia a partir del día siguiente al de su publicación.

ARTÍCULO 3°.- Regístrese, publíquese, comuníquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial, incorpórese en la página de Internet de la Comisión sita en www.cnv.gob.ar y archívese.