Resolución Nº 14.317

BUENOS AIRES, 26 de Septiembre de 2002

                        VISTO el Expediente Nº 1.042/2002 caratulado “PEDIDO DE INVESTIGACIÓN s/ Subasta acciones de HAVANNA, y

                        CONSIDERANDO:

                        Que este organismo ha tomado conocimiento de los avisos publicados en los distintos medios de prensa anunciando la subasta de las acciones de la sociedad “HAVANNA S.A.”.

                        Que se trata de una subasta pública extrajudicial, dispuesta por la autoridad del acreedor en el marco de una prenda comercial (arts. 583, 584 y 585 Cód. de Com.).

                        Que la interesada arguye que la instrumentación del remate de las acciones en la forma efectuada se corresponde con las viejas previsiones contempladas en los artículos 580 y siguientes del Código de Comercio; cuerpo  que, en su versión original, contenía un título dedicado a las “Bolsas y Mercados de Comercio”, expresamente derogado por la Ley Nº 17.811.

                        Que actualmente el orden normativo nacional contiene previsiones posteriores y especiales cuya vigencia, en principio, debe alcanzar un mayor vigor respecto de prescripciones anteriores, por no advertirse razones que justificadamente permitan descartar la preeminencia de la ley posterior en el tiempo y especial por razón de la materia.

                        Que sin desconocer en lo más mínimo la alegada habilitación del acreedor “por el derecho de fondo para ejecutar su garantía prendaria sobre las acciones de HAVANNA” se estima que, sistemáticamente, ello no puede fundarse únicamente en un haz aislado de normas, sino que cabe aplicar el orden positivo en su conjunto que, obviamente, impone computar la existencia de la Ley Nº 17.811.

                        Que el Artículo 3º del Capítulo XVII de las NORMAS(N.T. 2.001) señala: “Los agentes de bolsa podrán realizar remates de valores negociables en  los siguientes casos: a)Los ordenados por los jueces, conforme el artículo 36, segunda parte de la Ley Nº 17.811. b)Los correspondientes a valores negociables con o sin oferta pública autorizada, cuando se efectúen conforme a las disposiciones que establezcan los respectivos mercados de valores en sus reglamentos y no existan limitaciones resultantes de leyes especiales”.

                        Que con un sentido puramente gramatical, los oferentes interpretan que la previsión “sólo faculta a los agentes de bolsa” y “en ningún modo impone que dichos remates deban ser realizados por los agentes de bolsa”.

                        Que la reglamentación, por lo contrario, disciplina la actividad de los agentes de bolsa como “rematadores o martilleros” con  relación a un determinado y especializado objeto de subasta, los “títulos valores” en el marco de atribuciones del Organismo vinculado con la oferta pública; lo cual, por su carácter extraordinario, por constituir  una adición a las funciones ordinarias de los agentes en cuestión requiere de necesaria pormenorización.

                        Que con el mismo método interpretativo y haciendo mérito de la Ley Nº 17.811 participan que “el artículo 16 de dicho cuerpo legal establece que sólo las ofertas efectuadas por un sujeto activo particularmente definido se encuentran comprendidas dentro del concepto legal de oferta pública (y, consiguientemente, sujetas a la competencia de la CNV y las NORMAS)”.

                        Que, sin embargo, el extremo ha merecido una diferente inteligencia que pugna con el entendimiento que tienen los oferentes; la Corte Suprema de Justicia (ED 117 – 159), ha entendido que la característica del sujeto que efectúa la oferta no resulta definitoria del concepto de oferta de títulos valores, pues admitir lo contrario, equivaldría a excluir del ámbito de aplicación de la ley a quienes sin cumplir los requisitos enumerados, realizaren ofertas públicas irregulares, lo cual frustraría el control instituido por la ley, tendiente – entre otros fines -, a fiscalizar a los sujetos que no siendo emisores ni personas dedicadas en forma parcial o exclusiva al comercio de títulos valores, efectúen invitaciones a realizar actos jurídicos con dichos títulos, mediante procedimientos de difusión masiva.

                        Que el carácter forzoso de la subasta resulta irrelevante para considerar si existe o no oferta pública cuando, como se desprende de lo tratado, la ley y la reglamentación tienen en cuenta la posibilidad de los remates como un género amplio que, como tal, abarca a las especies forzadas y voluntarias.

                        Que asimismo es irrelevante la indicación acerca de que, mediante la subasta, no se persigue captar ahorro del público inversor, ya que se busca “un” comprador único y se trata de una venta en bloque sin intención de dispersar las acciones entre una “pluralidad de adquirentes”.

                        Que, tratándose de una compraventa de acciones la obligación más relevante de quien resulte adquirente, de entre el público a quien se encontraron dirigidos  los avisos, consistirá en pagar un precio en dinero.

                        Que no siendo desconocido que la oferta constituye “una invitación a personas en general o a sectores o grupos determinados” y no existiendo en la legislación argentina un criterio cuantitativo predeterminado mínimo en relación con el número de destinatarios,  para reputar cuando un ofrecimiento es público, debe atenderse a la singularidad o pluralidad de los destinatarios en primera instancia, cuando se plantea el negocio; no a quien, posteriormente, brinde  su consentimiento; más aún, es posible que en la segunda estación no exista siquiera un único aceptante por falta de interés, no de divulgación.

                        Que en el caso que nos ocupa importa la indeterminación de los destinatarios (“quivis e populo”).

                        Que sin poner en duda la intención subjetiva que pudo haber animado a la publicidad, a partir de la misma publicación que determinó la formación del presente expediente, como dato objetivo de la realidad, se constata que los avisos periodísticos aparecidos en medios de difusión masiva produjeron una alteración trascendente en el medio.

                        Que si en el orden regular el recurso a medios publicitarios implica la difusión de la oferta fuera de un círculo restringido de personas y, por tanto, una apelación al ahorro público que requiere de tutela, no encuentra justificación  inferir que tratándose de una invitación irregular, fuera de toda regulación y control, lo afirmado pierda sentido.

                        Que se encuentra admitida por los involucrados la realización de una invitación en los términos de la publicación periodística.

                        Que el instrumento utilizado para servir de vehículo, también está reconocido, y constituyó un procedimiento de difusión pública con posibilidades para hacer llegar el mensaje indeterminadamente a cualquier sujeto.

                        Que el objeto de la oferta, así efectuada, son acciones de una sociedad anónima; de un valor económico significativo.

                        Que verificada la existencia de un ofrecimiento de carácter público de valores negociables sin oferta pública, el mismo queda comprendido en el Capítulo XVII de las NORMAS C.N.V. (N.T. 2001)

                        Que la presente Resolución se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 6º, inciso f) de la Ley Nº 17.811.

                        Por ello,

                                    LA COMISION NACIONAL DE VALORES

                                                            RESUELVE:

ARTICULO 1º.- Intimar a los oferentes para que cesen inmediatamente  la actividad  observada, la que deberá ser encuadrada dentro de las normas legales y reglamentarias vigentes.

ARTICULO 2º.-Regístrese, notifíquese a los oferentes y al martillero, a la BOLSA DE COMERCIO DE BUENOS AIRES, publíquese en el sitio web www.cnv.gov.ar y, archívese.